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Legitimidad de la Prueba

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by

Carolina Quiroz Torres

on 15 April 2015

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Transcript of Legitimidad de la Prueba

Principio Procesal Penal de la Legitimidad de la Prueba
Según Gilberto Felix Tasayco
Cuando hablamos del principio de legalidad de la prueba se entiende que para que la prueba se incorpore al proceso y para que sea valorada dentro del proceso, debe cumplir con requisitos legales, es decir, ha de estar debida no sólo a las ritualidades o formalidades establecidas en la ley procedimental sino que además debe cumplir con requisitos de derecho sustancial.
"PETROAUDIOS"

Conclusion
La Prueba
Es así como se consagra el principio de Legitimidad de la Prueba en nuestro
Código Procesal Penal ubicado en el Título Preliminar artículo VIII:

1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e
incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente
legítimo.
2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o
indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos
fundamentales de las personas.
3. La inobservancia de cualquier regla de garantía Constitucional
establecida a favor del procesado no podrá valer en su perjuicio.

Constituye el pilar de mayor relevancia en el proceso penal porque solo con ella se va a poder enervar la presunción de inocencia del ciudadano sometido al proceso.
PROCESO PENAL
En el auto apertorio se argumenta sobre los indicios razonables que vinculan a los procesados con delitos como los de tráfico de influencias (art. 400° CP), cohecho pasivo (art. 393° CP), entre otros. Como consecuencia de la medida de detención provisional de resolución judicial se dictó una orden de arresto domiciliario al procesado Alberto Quimper Herrera y un mandato de detención a Rómulo León Alegría, ambos principales involucrados y protagonistas de los audios de la denuncia periodística. Estas medidas se cumplen, en el caso Quimper Herrera, desde la fecha de dicha resolución judicial.
¿En qué consiste el problema del caso de los PETROAUDIOS?
El auto de apertura cuestionado afecta los derechos al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso de los afectados.

Aparentemente nuestro CPP del 2004 parece haber acogido esta teoría, según la cual dice que el restarle merito a la prueba ilegalmente obtenida afecta a todas las otras pruebas que, si bien son en sí mismas legales, están basados en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, llegándose a concluir que tampoco esas pruebas legales puedan ser admitidas.
Esta doctrina sostiene los efectos extensivos o expansivos de la prueba ilícita. La cuestión en la doctrina se desarrolla en el sentido de establecer relaciones de causalidad entre la prueba ilícita y de las pruebas lícitas que se deriven de esa que ha sido ilícitamente obtenida.
La doctrina americana y europea sostiene, que respecto de esas pruebas lícitas que tiene su origen en una prueba ilícita se produce lo que ellos llaman "efecto dominó", es decir, que con esa prueba ilícitamente obtenida se caen todas las pruebas lícitamente obtenidas. Allí se plantea al juez un dilema bien complicado porque el juez tiene que resolver entre dos extremos:
¿VERDAD o SEGURIDAD JURÍDICA?

Principio Procesal de Legitimidad de la Prueba
LOS PETROAUDIOS
"Un procedimiento constitucionalmente legitimo implica la tutela de los derechos fundamentales de la persona en un debido proceso[...] un medio de prueba que haya sido obtenido con infracción de derechos fundamentales de la persona no podrá ser admitido al proceso, porque estaría en contradicción con el sistema mismo. Sin embargo la legalidad de los hechos supera indefectiblemente los principios lógicos del sistema, haciéndolo entrar en conflicto, siendo esta la razón por la cual estos se encuentran en constante transformación, que se da a través de la jurisprudencia de nuestro Juzgados y Tribunales de Justicia."
La pregunta entonces que tenemos que formularnos y que debemos desarrollar es si la verdad, que es lo que se pretende encontrar en el proceso, se superpone a la seguridad jurídica, es decir, si es más importante la verdad que el cumplimiento de los requisitos de ley para la incorporación de las pruebas al proceso; o el otro extremo, si es más importante la seguridad jurídica, el cumplimiento de los requisitos procesales, que la verdad.
El Estado a través del órgano persecutor del delito como es el Ministerio Público tiene que acreditar en el juicio la comisión del delito penal que le imputa a un ciudadano, para que el juez emita su sentencia condenatoria; por lo que si bien resulta obligación del Ministerio Público probar lo que alega, como titular de la acción penal, sin embargo ello no significa que esa condición le otorgue un poder ilimitado, toda vez que no podrán ser valorados aquellas pruebas que han sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales, es decir, existen límites a la actividad probatoria.
TEORÍA DEL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO
¿Qué sucedió en este caso?
"CUARTO PODER" hizo público cuatro audios en el que se puede escuchar las voces de Rómulo León y Alberto Quimper Herrera, quienes coordinaban las gestiones para la adjudicación de cinco lotes petroleros a cambio de un pago mensual de
$ 10 000 dólares
americanos a los funcionarios involucrados en la licitación irregular.
EXISTEN DOS EXTREMOS:
¿Lo que realmente debe decidirse es un
problema de admisibilidad de la prueba o un
problema de apreciación o valoración de la
prueba?
El Artículo 159 del CPP garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso.

La doctrina conviene en la inutilizabilidad de la prueba ilícita y también de esa prueba lícita cuando se establece una relación de causalidad entre las pruebas lícitas que son derivadas de una prueba ilícita.
La utilización de la prueba
En la constitucionalización del proceso penal importa que la prueba sea obtenida, actuada y valorada conforme el respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales.
Desde nuestra perspectiva se deben excluir las pruebas ilícitas que taxativamente la Constitución los excluye de toda valoración, así como cuando la afectación proviene de garantías procesales de orden constitucional.
La Corte Suprema no tiene una posición firme respecto a la prueba ilícita y su exclusión, situación que se plasma en el caso de los “PETROAUDIOS”.
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