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GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Lic. Luisa Leiva
by

juan pablo chupina cardona

on 27 October 2012

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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Licda. Luisa María Leiva Mazariegos GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Licda. Luisa Leiva GENERALIDADES La Constitución Política de la República de Guatemala, CPRG, en su parte dogmática establece y desarrolla un conjunto de derechos que representan una protección mínima a todas las personas.
Estos derechos, pueden denominarse garantías ¿QUE ES UNA GARANTÍA
CONSTITUCIONAL? Las garantías constitucionales son todos aquellos
recursos legales con los que
el Estado respalda a todos los ciudadanos para que
puedan disfrutar del ejercicio de sus derechos
tanto públicos como privados. Cabanellas define como el “conjunto de declaraciones,
medios y recursos con que los textos constitucionales
aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute
y ejercicio de los derechos públicos y privados
fundamentales que se les reconocen.” ¿CUAL ES LA CARACTERÍSTICA DE UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL? Las garantías son inherentes a la persona humana es
decir que ningún individuo puede renunciar a ellas pues garantizan su propia integridad como ser humano por naturaleza y es por ello que es deber del Estado garantizar, reconocer, respetar y proteger a todos los ciudadanos creando un ambiente de paz, seguridad y justicia social. Establecido en el Artículo 12 constitucional:
“Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por Tribunales Especiales o secretos,
ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.” En el sistema interamericano se encuentra reglado en la Convención
Americana de Derechos Humanos, que lo resguarda en su Artículo 8
el que señala “…el inculpado tiene derecho a defenderse personalmente
o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse
libre y privadamente con su defensor.” Por su parte el Código Procesal Penal guatemalteco también regula el derecho
de defensa a través del Artículo 20 que señala “(Defensa). La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley.” PUBLICIDAD
Regulada por la Constitución Política de la República, CPRG, en el Artículo 30, en el Código Procesal Penal, CPP, en los Artículos 12 y 356, y en la Ley el Organismo Judicial, LOJ, en su Artículo 63.
En esencia la regulación de esta garantía
se refiere a la “publicidad de todos los actos”, estableciendo así el derecho de tener acceso de manera abierta a cualquier situación que se pueda estar conociendo, en contra de cualquier persona.
PUBLICIDAD Sin embargo este principio cuenta con sus limitantes, establecidas
en la propia ley, es el caso del Artículo 63 de la LOJ que establece: “Publicidad. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido.” PREEMINENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Esta garantía establece que en materia de derechos humanos
tienen preferencia los Tratados y Convenios internacionales que hayan sido aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala y se encuentra regulado en el Artículo 46 de la Constitución Política de la República que instituye “Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.” GARANTÍA DE LEGALIDAD
La legalidad es la garantía que determina en materia procesal que el Estado está obligado a perseguir todos los hechos delictivos o ilícitos que se encuentren previamente tipificados como tal dentro del ordenamiento jurídico salvaguardando así la integridad de todos los habitantes; de esta manera se pone de manifiesto lo expresado en la segunda parte del Artículo 17 Constitucional que establece que “No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.”
PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA LEGALIDAD PENAL Algunos de los principios que se derivan del de legalidad son:

a)Nulla Peona sine indicio: No se puede aplicar ninguna sanción penal sin existir un juicio previo;

b)Nullum proceso sine lege: Ninguna persona puede iniciar ningun tipo de proceso judicial sino por hechos, actos u omisiones que se encuentren calificados como delitos en una ley anterior a la supuesta perpetración de los mismos, en caso de no existir este supuesto todo lo actuado es nulo;

c)Nemo iudex sin lege: Solo los órganos y jueces creados con la función jurisdiccional pueden aplicar la ley penal.
DERECHO A UN JUICIO PREVIO
Constituye una limitante para el poder del Estado así como una garantía para el sindicado y consiste en la prohibición para el sistema de justicia de condenar a un individuo o aplicarle una sanción sin que exista previamente un proceso en su contra pues como ya se expuso, la existencia de un juicio previo a una condena es un requisito constitucional.
Esta garantía se encuentra además regulada en el Artículo cuatro del
Código Procesal Penal que señala “… (Juicio previo). Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.” DERECHO A SER TRATADO COMO INOCENTE
Esta garantía busca que toda persona sindicada de cometer un hecho delictivo sea tratada como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un juicio y haya sido declarada culpable en sentencia, se encuentra regulada en el Artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala que señala “Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.”
La duda favorece al imputado.” El derecho a ser tratado como inocente tiene las siguientes consecuencias que se enumeran de forma cronológica:

IN DUBIO PRO REO
Significa que al sindicado solo se le puede declarar culpable si el juzgador tiene la certeza de la existencia de un delito y de su participación en el mismo ya que si existe duda razonable es imposible condenarlo ya que según el Artículo del Código Procesal Penal anteriormente relacionado así lo establece.
CORRESPONDE A LA PARTE ACUSADORA LA CARGA DE LA PRUEBA
En virtud que según el principio de presunción de inocencia el sindicado se presume inocente no tiene necesidad de comprobar que lo es, en cambio como el ente acusador (en Guatemala Ministerio Público y querellantes adhesivos) es quien inculpa al sindicado a éste le corresponde la carga de la prueba, es decir rebatir la inocencia presunta aportando medios probatorios que brinden al juzgador la certeza del hecho punible existente y la responsabilidad en que incurre el acusado. INVESTIGACIÓN BAJO RESERVA Siendo que el acusado se
considera inocente se debe procurar evitar las consecuencias negativas de la sindicación que se le hace ya sea en su reputación y honorabilidad ante el circulo social en que se desenvuelve; para esto la ley se vale de las normas establecidas como el Artículo 314 del Código Procesal Penal y el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. MEDIDAS DE COERCIÓN
El verdadero sentido de las medidas de coerción consiste en que se apliquen única y exclusivamente si existe un verdadero peligro de fuga o para la obstaculización para la averiguación de la verdad, esto debido a que realmente limitan la presunción de inocencia; es por ello que para su aplicación comúnmente se le da preferencia a las menos graves y en caso de aplicarse la de prisión preventiva, el tiempo que el sindicado permanezca bajo esta medida es abonado a la condena de ser encontrado culpable. DERECHO A PERMANECER EN SILENCIO
En Guatemala toda persona que es sindicada de cometer un hecho delictivo tiene derecho a permanecer en silencio ante la sindicación que se le hace y esta actitud se toma como defensa. Esta garantía se encuentra regulada en el Artículo 15 del Código Procesal Penal que establece “(Declaración libre). El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá clara y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas.”
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