Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

14. Responsabilidad Civil por Daño Ambiental

No description
by

MARTIN ATO ALVARADO

on 24 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 14. Responsabilidad Civil por Daño Ambiental

Responsabilidad Civil por Daño Ambiental
design by Dóri Sirály for Prezi
Antes de tratar la responsabilidad extracontractual en si misma es necesario delimitar el bien jurídico tutelado:
El medio ambiente.

El
medio ambiente
se define como: “aquello que la naturaleza (cosa-madre) ha producido y produce, con concurso o no, de la mano del hombre (…) De tal manera, cualquier obra o intervención humana se traduciría en obras o intervenciones “naturales” porque se insertan en el recorrido ya trazado por un ambiente encontrado y no alterado; pero progresivamente enriquecido por valores históricos y culturales, en el cual el hombre (“centro” del sistema ecológico, pero también destinatario de las respuestas de un hábitat así requerido) garantizaría su sobrevivencia y desarrollo de su propia personalidad”

El Medio Ambiente
Por ejemplo
en el ordenamiento jurídico brasilero lo relacionado a los
interéses

difusos
existe la
acción civil
pública en la que como
pretensiones
presenta la
obligación de hacer o de no hacer
, en lo que quien daño al ambiente está obligado asumiendo sus costos contratar a un tercero para que r
establezca in specie el bien dañado
pudiendose además de ello fijar multas diarias hasta que se reponga el estado natural anterior al daño.

Medio Ambiente
El Medio Ambiente
La ley general de ambiente menciona lo siguiente en su título preliminar:
“Toda persona tiene el
derecho a una acción rápida,

sencilla y efectiva,
ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos”.

El Medio Ambiente
En cuanto a la
diferencia
entre orden público estático y orden público dinámico surge necesariamente un
orden público
que de alguna u otra forma
se refiera al medio ambiente, situación que ahora entra dentro del artículo anteriormente citado.

A todo esto se puede decir que el
daño
se realiza al medio ambiente en sus
factores
tanto como
ecológicos
como
culturales,
en donde el daño se realiza a in genere
(a una colectividad)
superando a la individualidad, por lo cual
se entiende como un interés difuso.

Medio Ambiente
e)  Principio de responsabilidad ambiental (art. IX): 

“El causante de la degradación del ambiente y de sus
componentes
, sea una persona natural o jurídica, pública o privada,
está obligado
a adoptar inexcusablemente las
medidas
para su
restauración, rehabilitación o reparación
según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a
compensar
en
términos ambientales los daños generados,
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar”.

Los Principios
f) Principio de equidad (art. X):

“El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas, entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva”. 

g) Principio de gobernanza ambiental (art. XI): 

“El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia”.

Los Principios
El inc. 22 del art. 2 Const. Consagra que toda persona tiene derecho:

“A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como
a

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

A continuación se tratarán cuatro casos que llevan consigo divergencias que llegaron al TC en cuanto al medio ambiente.

Protección Constitucional del Medio Ambiente
La ley general Ambiental define los siguientes principios en su título preliminar:

a) Principio de sostenibilidad (art. V):    
 
“La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como

en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones”.
 

b) Principio de prevención (art. VI): 

“La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan”.

Los Principios
La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental estipula lo siguiente en cuanto al
principio de precaución:
“Precautorio, de modo que cuando haya
indicios
razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia de certeza científica
no debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro.
Estas medidas y sus costos son razonables considerando los posibles escenarios que plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el principio precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación”.

Los Principios
El ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás seres vivos.
Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del mundo exterior que rodean a los seres vivientes y que permiten –de una manera directa o indirecta– su sana existencia y coexistencia”.

Caso: Municipalidad de Chimbote con el Colegio de Abogados
Citando a Bigliazzi-Geri se denomina
intereses difusos
porque, aún perteneciendo al individuo y pudiendo relevar en vía autónoma (como intereses particulares de la persona), se
ponen en una dimensión supraindividual
, que no contradice su naturaleza privada: tienden a
repetirse y a extenderse a todos los componentes de la colectividad
en razón del bien (salud, ambiente, habitación, etc.) que constituye el punto de referencia objetivo y el elemento unificante, correspondiente al individuo en cuanto perteneciente a una clase social o, en cambio,
como miembro
de una
categoría social o de colectividad de extensión variada”

Daño Ambiental
Y en cuanto al principio de
precaución
se menciona lo siguiente:“se trata de actuar
antes que se produzca un peligro,
aunque sea potencial, con el fin de
evitar
el surgimiento de una s
ituación intrínsecamente peligrosa
que sería después extremadamente difícil, si no imposible, de afrontar adecuadamente por la falta de los necesarios conocimientos científicos o técnicos”

Los principios
El T.C declara la inconstitucionalidad de la ordenanza ya que este trasgredía el Art. 2.2.c., señalando además que
ambiente no solo comprendía a lo natural sino también lo construido por el hombre, citando la sentencia se tiene lo siguiente:

El ambiente se entiende como un sistema
; es decir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por ende, implica el compendio de elementos naturales –vivientes o inanimados– sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos. Por dicha razón,
es objeto de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los derechos humanos.

Caso: Municipalidad de Chimbote con el Colegio de Abogados
Los pobladores de la Oroya
interpusieron una demanda contra el Minsa y la Digesa, en la que se solicitaba: “(…)
que se diseñe e implemente
una
"Estrategia de salud pública de emergencia" para la ciudad de La Oroya.
Con las siguientes medidas:
1. la recuperación de la salud de los afectados,
mediante la protección de grupos vulnerables, la implementación de medidas de prevención del daño a la salud y que se vele por el cumplimiento y levantamiento de información sobre los riesgos a los cuales la población se encuentra expuesta.

Caso: Pobladores de "La Oroya" contra el MINSA
El
colegio de abogados de Santa,
interpone una acción de inconstitucionalidad contra una ordenanza promulgada por la
municipalidad de Chimbote,
la que señalaba la
reduccion del Parque Metropolitano Humedales de Villa María.
El colegio de abogados alegó la inconstitucionalidad invocando así el art. 73 c. , el cual se refiere a la intangibilidad de los bienes públicos.

Caso: Municipalidad de Chimbote con el Colegio de Abogados

c) Principio precautorio (art. VII): 

“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente”. 

d) Principio de internalización de costos (art. VIII): 

 “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos”. 

Los Principios
“Desde una perspectiva práctica, un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades: 

    
Actividades molestas:
Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o partículas en suspensión y otras sustancias.

     
Actividades insalubres:
Se generan cuando se vierten productos al ambiente que pueden resultar perjudiciales para la salud humana.

   
Actividades nocivas:
Se generan cuando se vierten productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

     
Actividades peligrosas:
Son las que ocasionan riesgos graves a las personas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones”.

Caso: Municipalidad de Chimbote con el Colegio de Abogados
Citando el fallo:
El Tribunal Constitucional consideró que las pretensiones de los demandantes debían estimarse en parte, toda vez que, si bien el Ministerio de Salud ha adoptado determinadas medidas, establecidas en la Ley 26842, General de Salud, y en el Decreto Supremo 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales del Calidad Ambiental del Aire,
su cumplimiento no ha sido eficaz, sino más bien parcial e incompleto.
En efecto, los niveles de intoxicación de plomo y otros componentes en la sangre de niños y madres gestantes de La Oroya se han venido incrementado considerablemente en los últimos años, lo que se evidencia en investigaciones tales como el "Estudio de plomo en sangre en una población seleccionada de La Oroya", realizado por Digesa en el año 1999, donde se estableció, entre una de las conclusiones, que el 99.1% de las personas analizadas sobrepasaba el límite de nivel de plomo en la sangre recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Importante ha sido la parte resolutiva, en la cual el Tribunal Constitucional, con fecha 12.05.06 (Exp. No. 220-2206/PC-TC):

Caso:Pobladores de "La Oroya" contra el MINSA
2.
Se declare en Estado de Alerta a la ciudad de La Oroya.
3.
Se establezcan programas de vigilancia epidemiológica y ambiental.
*Las medidas antes mencionadas se encuentran en conformidad con: La ley General de Salud y el D.S: Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire.
La corte civil de Lima resolvió a favor de los pobladores
de la Oroya, sin embargo el presente caso paso al tribunal constitucional.

Caso: Pobladores de "La Oroya" contra el MINSA
El presente caso al ser desestimado en los Juzgados de Lima y Chimbote se llevó el caso al TC.
El
TC al pronunciarse al respecto comenta lo siguiente:

“al no respetar, desde un inicio, el lugar de ubicación para la instalación de la antena de telefonía celular en cuestión. De otro lado, se aprecia la desidia de los funcionarios públicos responsables de la entidad competente para hacer respetar las disposiciones legales, en este caso, la Resolución Viceministerial N.º 374-2001-MTC/15.03; más aún si la Constitución establece en su artículo 45º que quienes ejercen el poder del Estado lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
“el principio precautorio se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y ante la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos
. Si bien el presupuesto esencial para la aplicación del principio precautorio es precisamente la falta de certeza científica –aun cuando no sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del riesgo–, sí resulta exigible que haya
indicios razonables y suficientes de su existencia
y que su entidad justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables”

Caso: Demanda de Amparo contra "Nextel"
4. Ordena que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), en el plazo de treinta (30) días,
cumpla con realizar acciones tendientes a establecer programas de vigilancia epidemiológica y ambiental
en la zona que comprende a la ciudad de La Oroya.

5. Ordena que el Ministerio de Salud, transcurridos los plazos mencionados en los puntos precedentes,
informe al Tribunal Constitucional respecto de las acciones tomadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente sentencia. 

6. Exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas, como Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente en La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.

Caso: Pobladores de "La Oroya" contra el MINSA
En la siguiente demanda de amparo se puede apreciar un contradictorio entendimiento del principio de precaución.
Se
solicita
que se
retire una antena
de telecomunicaciones ubicada en la Urbanización los Pinos, propiedad de NEXTEL.
Las
razones
del pedido son las siguientes:
Grave vulneración al derecho:

A la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, así como el derecho a la salud de los pobladores de dicha urbanización.

Caso: Demanda de Amparo contra "Nextel"
En cuanto a los
intereses difusos,
el art. 143 fija el punto controvertido de quién tiene interés para obrar:
“Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil”

Las Responsabilidades Formales
1. Ordena que el Ministerio de Salud, en el plazo de treinta (30) días,
implemente un sistema de emergencia para atender la salud de la personas contaminadas por plomo en la ciudad de La Oroya,
debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, conforme se expone en los fundamentos 59 a 61 de la presente sentencia, bajo apercibimiento de aplicarse a los responsables las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Constitucional.
2.
Ordena que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), en el plazo de treinta (30) días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendentes a la expedición del diagnóstico de línea base,
conforme lo prescribe el artículo 11º del Decreto Supremo 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que, cuanto antes, puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya.
3.
Ordena que el Ministerio de Salud, en el plazo de treinta (30) días, cumpla con realizar todas las acciones tendentes a declarar el Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya,
conforme lo disponen los artículos 23 y 25 del Decreto Supremo 074-2001-PCM y el artículo 105 de la Ley 26842.

Caso: Pobladores de "La Oroya" contra el MINSA
Doctrina argentina
define
al daño ambiental como: “una expresión ambivalente, pues designa no solamente el
daño
que recae en el
patrimonio ambiental
que es común a una colectividad, sino que se refiere también al daño que el
medio ambiente
ocasiona de rebote (par ricochet) a los
intereses

legítimos de una persona determinada”
Se puede añadir que al hablar de daño ambiental la relación con los
intereses difusos
resulta necesaria.

Daño Ambiental
En cuanto a los principios anteriormente mencionados toman especial relevancia los siguientes: el principio de s
ostenibilidad y el de precaución.
En cuanto al principio de sostenibilidad se advierte: “no cabe duda de que en nuestra sociedad
no pretende
–ni puede pretender cuerdamente-
preservar una pureza ambiental
y paisajística prístina y absoluta a cualquier costo. Por este motivo,
no todo daño ambiental es antisocial, sino solamente aquél que la sociedad considere excesivo para su grado de consciencia del peligro”

Los Principios
“no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones. En el presente caso, de los informes técnicos solicitados por este Tribunal se concluye que
no existe riesgo de exposición radioeléctrica,
por lo que una decisión en el sentido de ordenar el desmantelamiento de la antena de NEXTEL,
sería una medida irrazonable y desproporcionada”

De esta manera,
se declaró infundada la demanda, ordenándose la realización permanente de mediciones de la exposición radioeléctrica de la población, a fin de que se garantice la no afectación de los derechos
fundamentales al medio ambiente y a la salud de los demandantes; así como remitir los actuados a la Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin que se sancione administrativamente a NEXTEL. Esta sentencia cuenta con un voto singular, en el cual se sostiene, en posición que comparto, que:

Caso: Demanda de Amparo contra "Nextel"
Tomando en cuenta que
el ambiente es de orden público y dinámico se señala:

“como un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

“el Tribunal Constitucional considera que una de las prestaciones estatales que se derivan del inciso 22) del artículo 2°, de la Constitución, es aquella en la que el legislador (nacional, regional o local), dentro de sus deberes
de conservar y prevenir
el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de las personas,
mantiene in totum el área de un parque metropolitano con las características ecológicas de las que goza el denominado Humedales de Villa María. A mayor abundamiento, es necesario subrayar que el legislador se encuentra obligado a prevenir que dicho espacio no sea objeto de reducción territorial”.

Caso: municipalidad de Chimbote con el colegio de abogados
Según el art. 82 c.p.c quienes están
legitimados para obrar acerca de los intereses difusos son:
El ministerio público, gobiernos locales, gobiernos regionales, comunidades campesinas donde se produjo el daño, asociaciones o instituciones sin fines de lucro, rondas campesinas y comunidades nativas.
Frente a las dos normativas, ¿Cuál debe de primar?
Ambas no son excluyentes, pueden ser aplicadas en simultaneo, ya que la LGA, amplia las posibilidades de la legitimidad para obrar en casos de intereses difusos.
La responsabilidad por daño ambiental es objetiva

Las Responsabilidades Formales
En cuanto el inc. c: Es cierto que el derecho formalmente válido establece límites y standars en los cuales está permitido dañar, sin embargo, este dispositivo colisiona frontalmente con el art. 142.2 ya que puede haber daño ambiental “contraviniendo o no disposición jurídica.

En materia de reparación del daño el art. 147 norma que:

“La reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, y de la indemnización económica del mismo.
De no ser técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados. La indemnización tendrá por destino la realización de acciones que compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales”.

Las Responsabilidades Formales
La demanda:

La demanda que interponen, con fecha 06.05.02,
Marcial Alvitrez Tuesta y otras dieciséis personas contra Yanacocha,
en la cual se solicita, como
pretensión principal,
la
suma ascendente a US$ 4’200,000.00
por
concepto
de
responsabilidad civil extracontractual,
es decir, daño material (daño bio-ambiental y daño a la salud personal) y
daño moral.

Como pretensiones acumuladas se formulan las siguientes:

a)
Pago de un seguro
médico y un seguro de vida a favor de cada uno de los recurrentes y de sus hijos por una suma no menor a US$ 100,000.00 por el lapso de 30 años, con cobertura a todo riesgo, incluyendo enfermedades oncológicas.
b)
Descontaminación completa
y de modo óptimo de las viviendas de los materiales químicos cuya presencia ha generado daños.
c)
Pago de intereses
legales, costas y costos, así como multas en caso de oposición.

El caso: Yanacocha
¿que voces se pueden invocar?, si bien es cierto que es posible que solo una persona sea la dañada es necesario ver los siguientes supuestos:

1. Si se trata del “
restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes
”, están
legitimados
el
Ministerio Público,
los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas o de Rondas Campesinas
, incluso, los dañados directamente
, individual o colectivamente.
Ejemplo: en el caso del río contaminado, el dañante deberá realizar las labores necesarias para su descontaminación.

Las Responsabilidades Formales
2. Si se trata de la “indemnización económica”, se presentarían las siguientes variables: 

Está legitimado el dañado individualmente considerado, para los daños que directamente los han afectado. En este sentido, lo ampararía el art. 1985 c.c., es decir, invocará el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, incluso los daños futuros, si son debidamente acreditados. Es evidente que éste puede asumir la representación otorgada por otras víctimas.

El Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas o de Rondas Campesinas, pueden actuar en representación de las víctimas individualmente consideradas.

Así, “la liquidación del daño futuro es posible en la sentencia de condena al resarcimiento sólo en el caso de certeza, o al menos de alto grado de probabilidad, de verificarse ulteriores eventos dañinos de los cuales sólo es posible probar el peligro de producirse”

Las Responsabilidades Formales
La LGA, entre sus artículos se limita a fijar responsabilidades tanto de carácter administrativo como sociales.
El art 142 norma lo siguiente en cuanto a responsabilidad civil por daño ambiental se refiere:
“142.1

Aquél
que mediante el
uso
o aprovechamiento de un bien o en el
ejercicio
de una
actividad
pueda producir un
daño al ambiente,
a la calidad de vida de las personas, a la
salud
humana o al
patrimonio,
está
obligado a asumir los costos
que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los
relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 
142.2
Se denomina
daño ambiental
a todo
menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causad o contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales”.


Las Responsabilidades Formales
La responsabilidad objetiva, ¿Será del empresario o del dependiente?
Autorizada doctrina menciona que: “se deberá
aplicar
a los
empresarios
; pero no a
sus dependientes, encargados del desenvolvimiento de las actividades peligrosas individualmente consideradas:
a estos
últimos
se aplicará la
responsabilidad por culpa
(y en la evaluación de la culpa se tendrá en cuenta el carácter peligroso de la actividad realizada)”.

Las Responsabilidades Formales
En materia de supuestos de ruptura del nexo causal, el art. 146 establece que:
 
“No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:

     a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley;
     b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible; y,
     c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión”.

Las Responsabilidades Formales
“En el presente caso, en la medida que está acreditado que (i) la antena está dentro de un área residencial y relativamente cerca de centros de salud y educativos; ii) la antena está construida de manera muy próxima a viviendas; iii) Nextel ha construido una antena en una zona que no es apropiada de acuerdo a las normas de urbanización; y, iv) la empresa, de acuerdo al punto anterior, no contaba con la debida autorización para la construcción de la antena, la aplicación del principio de precaución debió terminar con la expedición de una sentencia estimatoria, y no como finalmente se ha decidido en mayoría”.

A todo lo anteriormente mencionado se puede agregar que:

La protección al medio ambiente no sólo se limita a la sanción por los daños ocasionados, sino a la promoción y tutela de nuevos espacios.

Caso: Demanda de Amparo contra "Nextel"
El art 144 recita:
“La
responsabilidad derivada
del uso o aprovechamiento de un
bien ambientalmente riesgoso
o peligroso, o del ejercicio de una
actividad ambientalmente riesgosa
o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a
reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa,
lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva a producir”.
Sin embargo el art. 145 deja un caso sobre responsabilidad subjetiva:

La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva.
Esta responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los
costos derivados de una justa y equitativa indemnización
y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente”.

Las Responsabilidades Formales
Sin embargo se puede decir que: el ejercicio de la actividad riesgosa la realiza el dependiente, por ello es objetiva y el principal responde porque aquel es una extensión (longa manu) de éste. Distinto es el escenario del art. 1981 c.c.: ahí sí el dependiente está sometido a una responsabilidad subjetiva (su actuar, aunque peque con decir lo evidente, no implica el criterio del riesgo: fundamento por excelencia de la responsabilidad objetiva).

Las Responsabilidades Formales
Cerca de
250 casos
fueron tratados con
quelantes, (medicamento
que la Sociedad Médica de Estados Unidos , dispuso que se
retiren del mercado
por su alto grado de complicaciones y sus riesgos en la aplicación en pacientes sometidos a intoxicaciones agudas.
Se afirma que la misma Minera
Yanacocha
había
distribuido
estos
medicamentos
, con la
finalidad
de
disminuir
de modo
rápido
los
niveles clínicos de intoxicación por mercurio
en la sangre y en la orina, no obstante tiendan a producir una mayor absorción de los tóxicos en el torrente sanguíneo y en los órganos blandos, como riñones, corazón, hígado, ojos y pulmones.

El caso: Yanacocha
Hechos:
Un camión de la empresa Ransa,
derramó
151 kilos de mercurio, en las localidades de Choten, San Juan, La Calera, El Tingo, Magdalena y San Sebastián de Choropampa.
Choropampa fue la localidad más afectada con este derrame.
Los
pobladores recogieron el mercurio
, más tarde la minera (Yanacocha), ofrece S/.15 por cada kilo de mercurio recolectado, además provee de escobas a los pobladores para que puedan recoger el mercurio,
estas escobas que después serian utilizadas en las en sus casas.

El caso: Yanacocha
Consecuencias del contacto con el mercurio
El Caso Choropampa y Yanacocha
¿Qué criterios debe tener en cuenta el juez a efectos de cuantificar el daño ambiental?
Para efectos de la respuesta la LGA menciona:
“el juez, cuando no sea posible una precisa cuantificación del daño, determina el monto en vía equitativa, teniendo en cuenta la gravedad de la culpa individual, el costo necesario para la reparación y el provecho obtenido por el trasgresor como consecuencia de su comportamiento lesivo de los bienes ambientales”

Las Responsabilidades Formales
Se han omitido por ejemplo probanza del
nexo causal, del daño ambiental y su cuantificación.
Faltó advertir indagar sobre un caso de responsabilidad civil primero, quien hizo el daño (causalidad de hecho), y este sujeto hasta que punto es responsable (causalidad jurídica).
Un sector de la doctrina italiana afirma que “en materia ambiental una prueba completa y minuciosa del daño es objetivamente imposible. Primero, porque algunos efectos perjudiciales, aunque constituyan un daño cierto, se ponen en evidencia con el transcurso del tiempo; en segundo lugar, porque alguno son de dificilísima probanza. Puesto que el principio acogido es aquel que quien contamina no puede obtener ventaja de las dificultades de la cuantificación del daño ambiental, se genera la consecuencia que eventuales incertidumbres probatorias pueden ser consideradas por el juez con su prudente apreciación”

Las Responsabilidades Formales
El concepto de daños punitivos no es del todo correcto ya que es la traducción literal de punitive damages la denominación correcta sería:
multa civil por actos desaprensivos.
Para que se pueda hablar de una responsabilidad civil pecuniaria, se deben de cumplir dos criterios:

a) objetivo, la existencia de un daño grave, o de trascendencia social, o de repercusión institucional
b) subjetivo, una conducta dolosamente desaprensiva o antisocial en el sujeto dañador.

Las Responsabilidades Formales
La aplicación adecuada de los daños punitivos sería aconsejable que la mayor parte del monto vaya a un fondo compensatorio para otras víctimas o para realizar acciones preventivas o de monitoreo. Máxime cuando el art. 148 establece que:
“148.1 Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial competente podrá exigir, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional, un sistema de garantía que cubra las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales.
148.2 Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre, post-cierre, constituyendo garantías a favor de la autoridad competente, mediante una o varias de las modalidades contempladas en la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la materia. Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación de las garantías.”

Las Responsabilidades Formales
Nuestra
legislación
,
no a incorporado los daños punitivo.
Los cuales
servirían
mucho para buscar la
desincentivación
de
situaciones que perfectamente encajan dentro de lo que se llama el “incumplimiento eficiente”.

El ordenamiento jurídico argentino, lo a incorporado dentro de la ley de protección al consumidor de la siguiente manera:

“Daño Punitivo.
Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47 inc. b) de esta ley”.

Las Responsabilidades Formales
La contaminación de las casas llego a 0.003 mg hg/m3, nivel sumamente alto.

Lo
recomendable
para este caso, era la
evacuación inmediata
de las personas y realizar una limpieza sumamente minuciosa.

La
recomendación, no se realizo
por lo se podría determinar
conducta dolosa
a los miembros de Minera
Yanacocha
y a los directivos de las entidades públicas a cargo del control de la intoxicación.

El caso: Yanacocha
Yanacocha
dentro del plazo permitido presenta las siguientes
excepciones:
a) Conclusión del proceso por
transacción respecto de cinco co-demandantes
(art. 446.10 c.p.c.).
b)
Falta de legitimidad para obrar pasiva
tanto respecto de la contaminación (por cuanto el
transporte
lo hizo
Ransa
y no Yanacocha) como del suministro de los quelantes (que lo hizo la autoridad sanitaria y no Yanacocha.
c)
Falta de legitimidad para obrar activa
de dos de los co-demandantes,
por cuanto no habían nacido al momento del daño.

El caso: Yanacocha
En la audiencia de saneamiento procesal, donde Yanacocha presenta las excepciones,
la excepción de transacción se desestima
de acuerdo a los siguiente:

“Que, la transacción es uno de los mecanismos de autocomposición de litigios, siendo un contrato mediante el cual las partes extinguen obligaciones, que se basan en concesiones recíprocas de las partes, por lo que es indispensable que cada contratante sacrifique parte de sus derechos o pretensiones, sin que sea necesario que haya equivalencia entre las concesiones.

(…) Que, en el campo civil, las transacciones se encuentran reguladas tanto por la normatividad sustantiva como por la adjetiva, encontrándose las primeras entre los artículos 1302 al 1312 del Código Civil, en tanto que en el capo Procesal, se encuentra regulado por las normas previstas en los artículos 334, al 339, 446 y 453 del Código Procesal Civil, resultando necesario resaltar que en materia de transacción la normatividad civil es supletoria de la procesal por disposición expresa de lo precisado en el artículo 338 de la norma adjetiva.

El caso: Yanacocha
(…) Que, en este caso específico estamos analizando, entre otros, las transacciones formuladas por sus padres y relacionadas a los menores (en ese entonces) Guillermo Dobbertin Espino y Enrique Alejandro Dobbertin Espino en los cuales los padres no han contado con la autorización judicial para hacerlo, en consecuencia se ha incumplido con lo establecido en el artículo 448 inciso 3, según el cual se necesita que los padres previamente cuenten con una autorización judicial, por lo que estas carecen de valor legal; no resultando amparable la excepción propuesta con relación a los mismos, por lo que debe desestimarse la Excepción en este último extremo, de la misma manera se ha celebrado transacciones con los mayores María Isabel Gutiérrez Chiclote, Juan Terrones Leyva y Aurora Tuesta Saldaña, con relación a los cuales resulta necesario tener en cuenta lo establecido en los artículos 446 y 453 del ordenamiento procesal, en cuya norma última se precisa que son
fundadas las excepciones, entre otras, la de conclusión del proceso por transacción cuando se inicie un proceso idéntico a otro; en suma, se requiere que la transacción haya sido homologada en otro proceso anterior, vale decir que una transacción extrajudicial se convierta en judicial, raciocinio al que se llega haciendo una interpretación sistemática de las normas anteriormente señaladas como del artículo 339 del mismo ordenamiento legal”

El caso: Yanacocha
Se
desestima la excepción de legitimidad para obrar ,
debido a:
“debe tenerse en cuenta, lo establecido en el artículo cinco del Decreto Supremo cero dieciséis guión, noventa y tres guión EM que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental de la Actividad Minero Metalúrgica y que obra a folios ciento ocho (cuaderno de Excepciones I) y que expresamente señala:
“El Titular de la actividad minero metalúrgica es responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de los deshechos al medio ambiente que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones”,
en este orden de ideas, existe plena identidad entre este demandado como sujeto de la relación sustantiva y su condición de titular de la relación procesal; que con relación a RANSA como agente de Transporte, su actividad de por si es riesgosa, en todo caso se deberá evaluar la prueba final del proceso, para determinar su responsabilidad o irresponsabilidad en el hecho dañoso”-

El caso: Yanacocha
Respecto de la
excepción de prescripción interpuesta por Ransa y el chofer, se afirma que:
“la Excepción de Prescripción Extintiva o liberatoria es aquel instrumento procesal destinado a lograr la conclusión del proceso y el no examen judicial con carácter definitivo de la pretensión misma, en virtud de la institución que le sirve de presupuesto, la que tiene efectos extintivos en relación a la acción por el solo hecho del transcurso del tiempo preestablecido por ley, sin embargo al respecto existe la denominada interrupción de la prescripción, que viene a ser la suspensión del decurso prescriptorio, por causas establecidas en la norma.
(…) Que, como lo establece reiterada jurisprudencia, como la establecida en la casación número dos mil ciento catorce guión noventa y ocho transcrita en “El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria” –Asociación no hay derecho-
Ediciones Legales. Primera Edición, dos mil dos – Página seiscientos diez “El Plazo de prescripción para demandar la indemnización por responsabilidad Extracontractual derivada de un hecho punible, se suspende con la expedición en la vía penal del auto apertorio de instrucción por los mismos hechos del cual se deriva la acción civil, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal, que establece que la acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal” por lo que debe desestimarse la excepción señalada”.

El caso: Yanacocha
El caso: Yanacocha
El caso: Yanacocha
Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio
ambiente
o de bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo anterior, el Juez deberá
incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios,
aplicándose lo dispuesto en los Artículos 93º a 95º. En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son
aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente.
En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso.
La
indemnización
que se establezca en la sentencia, deberá ser
entregada a las Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso,
a fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su circunscripción”

El caso: Yanacocha
El juez pasó desapercibido lo que estipula el artículo del III del Titulo Preliminar del D. Leg. No. 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, vigente en ese entonces, que establecía lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente
y de los recursos naturales y culturales. Se pueden interponer acciones, aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante”
La Sala Superior de Justicia de Cajamarca decide respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar de la minera que:
“debe señalarse que esta defensa formal está referida a la legitimación con la que debe contar en este caso, la excepcionante para ser emplazada, debiendo tenerse en cuenta que no se debe de acreditar fehacientemente su calidad de titular de la relación sustancial discutida.
Que, en el presente caso se advierte que el factor de imputación de la responsabilidad extracontractual en la demanda se ha referido al transporte de mercurio, actividad a la que no se dedica la empresa emplazada, por tanto la excepción resulta fundada.
(…) Qué, atendiendo a que en el presente proceso ya se encuentran comprendidos RANSA Comercial Sociedad Anónima y Esteban Arturo Blanco Bar, quienes efectivamente forman parte de la relación jurídica procesal, en su condición de litisconsortes necesarios pasivos, ya no resulta necesario proceder conforme lo dispone el artículo 451 inciso 4 del Código Procesal Civil, y ello en virtud al Principio de Economía y Celeridad Procesal al determinarse que la relación jurídico procesal, ya se encuentra debidamente definida”.

El caso: Yanacocha
no se puede determinar a priori la exclusión de Yanacocha amparándose en una excepción que tiene carácter formal.
Se confunde (o se quiere confundir) gruesamente un análisis causal con una excepción procesal, que tienen escenarios y funciones diversas. Peor aún, se olvida que en la demanda no sólo se reclama a Yanacocha por el transporte, sino por el contrato de “recuperación” del mercurio con los campesinos y el suministro de medicamentos. Sin embargo, se cuenta con un voto discordante en el que se sostiene que:

“se debe tener en cuenta que el artículo Cuarto del Título Preliminar del Código Procesal Civil, señala que el accionante invocará interés para obrar, queriendo con ello decir, que basta la imputación del demandante de considerarse y considerar que su demandado, satisfaga su pretensión; para que dicha condición sea satisfecha; no siendo necesario que exista fundabilidad en su demanda, pues ello será visto en las sentencia”.

El caso: Yanacocha
A propósito de la excepción de falta de legitimidad para obrar y de prescripción de Ransa se (des)razona, lo siguiente en resumidas cuentas:
Violentando el más elemental sentido de coherencia, se excluye a Yanacocha de la relación procesal porque (según los vocales) no forma parte de la relación material; pero (a efectos de incluir a Ransa en el proceso) se sostiene que Yanacocha y Ransa son deudores solidarios.

El caso: Yanacocha
. Respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva de Yanacocha se afirma que:
“(…) refiere que Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada no es parte de la relación jurídica procesal,
por no ser autora del daño,
lo que importa una transgresión de lo regulado en el inciso sexto del artículo cincuenta del Código Procesal Civil que establece que
el juez debe fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de normas y el de congruencia, por tanto, este extremo del recurso también debe ser amparado”

El caso: Yanacocha
Estas decisiones motivan dos reflexiones:
Se está confundiendo, en materia de intereses difusos, quién tiene legitimidad para obrar en materia de daño ambiental y el alcance de las pretensiones del justiciable.
El ordenamiento jurídico amparaba y ampara (primera parte del art. IV T.P. LGA) a los dañados individualmente considerados para accionar a efectos que el juez tome las medidas solicitadas en la citada demanda. La segunda parte del art. IV T.P. LGA es clara cuando se regula que:
“Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante.
El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia”.
Tanto Yanacocha como Ransa son responsables solidarios del transporte de mercurio, actividad ciertamente peligrosa.
El hecho que Ransa haya actuado por encargo de Yanacocha no exime de responsabilidad a la minera. El transportista ha actuado –en este caso- como una longa manu de la minera. Como se advirtió, son aplicables los arts. 1970, 1981 y 1983 c.c.

El caso: Yanacocha
Mediante
sentencia del Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del 22.02.08 (Casación No. 1465-2007-Cajamarca),
se ha declarado que constituye doctrina jurisprudencial el siguiente precedente vinculante:
“La Transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal
conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446º e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción.
Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el Juez, se tramitan de acuerdo a las reglas
del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley
(voto en mayoría)”.

El caso: Yanacocha
La resolución anteriormente mencionada, fue realizada con el voto de la mayoría, sin embargo los votos dirimentes mencionan los siguientes motivos:
1. Como se previene en el Art. [453º], resulta procedente la excepción de conclusión del proceso por transacción si concurren los dos siguientes requisitos: a) cuando se inicia un proceso idéntico a otro anterior; y b) que el primer proceso idéntico haya concluido por transacción judicial homologada por el juez que conoce del proceso. En consecuencia, la procedencia de la excepción indicada importa necesariamente la existencia de dos procesos idénticos, de tal modo que la transacción extrajudicial alegada por la parte emplazada, al no haber sido celebrada dentro de un proceso, no puede configurar un supuesto de proceso idéntico y, en tal virtud, no puede sustentar válidamente la excepción de conclusión del proceso por transacción.
2. Si el demandado opone la transacción extrajudicial, debe hacerlo en el escrito de contestación de la demanda y en calidad de defensa de fondo, alegando la extinción de la obligación demandada por efecto de aquélla, para que el juez se pronuncie sobre esta defensa material en la sentencia.

El caso: Yanacocha
El caso: Yanacocha
En el caso del concebido:
Yanacocha presenta una excepción de legitimidad para obrar de la menor Laura Cotrina (quien sufre de ceguera), por haber nacido después de la fecha del derrame del mercurio.
El juzgado encuentra
fundada la excepción
anulando así todo lo actuado hasta el momento.
Luego, pasa a la
corte superior,
declarando así
infundada la excepción
de legitimidad para obrar.
Debido que, es sujeto de derecho no solo que el ya nació sino también , el concebido,
y se nota que la madre, ya había concebido a la niña que meses más tarde a de nacer.

El caso: Yanacocha
Estas reflexiones deben hacer meditar a los operadores jurídicos que el hecho de que un ser humano aún no haya nacido, no hace que se le descalifique a priori de una indemnización: hay una vida en formación que, justamente por ello, requiere de una mayor protección. Evidentemente, ello no escapa de la configuración de todos los elementos que califican un supuesto como de responsabilidad civil (imputabilidad, ilicitud, factor de atribución, nexo causal y daño).

El caso: Yanacocha
El precio del oro Choropampa
Su posterior nacimiento únicamente significó que, a partir de dicho momento, podía hacer efectivo el derecho a recibir una indemnización”. Es importante distinguir:
La protección jurídica que merece el concebido en sus derechos existenciales o no patrimoniales, como el derecho a la vida, a la integridad o a la salud, los cuales no están sometidos a ninguna condición.
La atribución de derechos patrimoniales, que está sometida bajo la condición suspensiva de que el concebido nazca con vida, aunque sea por un instante (teoría de la vitalidad).

El caso: Yanacocha
El derrame de mercurio ocasionó al concebido un daño a la salud, de lo cual se pueden desprender dos posibilidades:
Que el concebido no nazca por este daño: ello legitima a los padres a solicitar una indemnización por daño moral por la pérdida de su hijo.
Que el concebido nazca: ello legitima al menor, a través de sus representantes, a solicitar una indemnización por el daño ocasionado iure proprio.
Este razonamiento se encuentra respaldado, incluso, por la Constitución. Recuérdese que el art.2.1 establece que “el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
El derecho a pedir una indemnización por daños al concebido no debe ser confundido por el seguro por pérdida de la vida o lesión a la salud de este sujeto de derecho.

El caso: Yanacocha
Si bien en este caso también hay un proceso penal en trámite (como se deduce del pasaje citado), aunque no lo hubiera, al haberse interpuesto la demanda contra Yanacocha, que sería responsable solidaria con Ransa y el chofer (ex arts. 1970, 1981 y 1983 c.c.), también se interrumpe el plazo prescriptorio respecto de estos dos últimos co-demandados. En efecto, el art. 1196 c.c. establece que:
“Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surgen efecto respecto de los demás deudores o acreedores”.


No fue amparada la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes, que se basó en la argumentación que no se adjuntó a la demanda las constancias o certificados médicos que acrediten el supuesto daño causado, por cuanto el incumplimiento de esta carga no es sustento para ello. Del mismo modo respecto del quien se alegó que no anexó el documento de identidad.
Se amparó la excepción de falta de legitimidad para obrar respecto de la pretensión indemnizatoria de daño ambiental. Ello en atención al art. 82 c.p.c. que, a la letra dice: 
“Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.
Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no existan o no se hayan apersonado a juicio.


3. Desde que en las defensas de fondo se discute el derecho sustancial, es en la sentencia donde podrá definirse si la transacción extrajudicial extinguió, total o parcialmente, la obligación que se reclama en la demanda.
4. Para el patrocinio de intereses difusos, en un proceso civil, únicamente tienen legitimidad para obrar, activa y extraordinaria, las instituciones y comunidades a que se refiere el Art. 82, por cuanto es una colectividad la titular de los intereses o derechos transpersonales y no una persona individualmente considerada.
5. Si bien, cuando se declara fundado el recurso de casación por una causal procesal (error in procedendo) se debe reenviar la causa a la instancia pertinente para que el Juzgador subsane el vicio procesal encontrado y emita nueva decisión, a tenor de lo dispuesto en el Art. 396; sin embargo, se advierte un vacío normativo para el supuesto de que en sede casatoria se ampare o desampare una de las excepciones previstas en el Art. 446 del mismo cuerpo legal o una defensa previa; ante tal vacío, debe integrarse la norma procesal aplicando los principios de dirección, economía y celeridad procesal y procederse a emitir pronunciamiento en sede de instancia sobre la procedibilidad y fundabilidad de las excepciones y defensas previas”.
Full transcript