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SISTEMAS PROCESALES

SISTEMAS PROCESALES
by

Gerardo García Silva

on 15 December 2013

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Transcript of SISTEMAS PROCESALES

¿Por qué cambiar?
SISTEMA ANGLOSAJÓN
Sistemas de enjuiciamiento
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Declaración Universal de los Derechos humanos
Inglaterra

Orígen del Derecho Consuetudinario: (1066) Rey William.

William y sus sucesores enviaban a jueces por todo el país para escuchar los casos y comenzaban un proceso en el que se aplicaba lo mejor de esas costumbres locales a cualquier disputa que llegara ante ellos; de ahí el inicio de una ley común a todos los habitantes, un derecho consuetudinario.
Históricamente podemos apreciar la evolución de la humanidad por las instituciones que ha generado. Las diversas formas de solucionar los conflictos que se han creado nos hablan de esa evolución: a partir de la venganza privada hasta el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, nos muestran esa transición.
Algunas razones
Sistema:
Burocrático
Oscuro
Oneroso
No genera confianza
Reforma Constitucional de 18.06.2008
¿Qué es el Proceso Penal?
Un Método
Todas las sociedades han generado sistemas para resolver conflictos, la diferencia ha sido el enfoque o los valores que se han empleado
Egipto
“Sólo aquél que es capaz de escuchar, es también capaz de juzgar”, se exhorta al juez para que al emitir su sentencia no se incline hacia alguna de las partes, sino hacia la justicia.
Babilonia

Ley del Talión. Si el acusador no probaba la acusación sufría la pena que hubiera correspondido al delito acusado.

Se permitía la acción popular en delitos considerados como públicos (homicidio, fraudes en pesas y medidas, delitos militares).

Al margen del juicio existía la posibilidad de la composición privada.
Grecia

Proceso de corte acusatorio.

Jurados populares.

El arconte conducía la instrucción y luego celebraba el juicio en forma acusatoria ante el jurado (La Iliada describe estos juicios).
Roma

En la época arcaica los delitos públicos eran castigados por el magistrado –sin proceso- basado en simples indagaciones, que se aplicaba a los no ciudadanos por delitos en contra de la comunidad.

En un principio fue un proceso inquisitivo puro, en el que no había partes ni procedimiento legal específico.
España

La Península Ibérica conoció las mismas formas de juicio que el resto de Europa, el duelo o combate judicial en España y el proceso romano acusatorio que se utilizaba en las colonias.

Con la invasión de los bárbaros se introdujo el proceso germánico, de tipo acusatorio, sin que tardaran demasiado en aparecer los nuevos modos de inquisición, como las pesquisas.
Edad Media

A partir del Bajo Imperio y durante toda la Edad Media, asistimos a una transformación por evolución e incorporación, de nuevas técnicas del proceso o procesos acusatorios, hacia un modelo de carácter inquisitivo, que en cierta medida entronca de la época romana.
Los instrumentos de este nuevo proceso fueron:

La supresión de la figura del acusador.
La cada vez mayor intervención del procurador o representante del rey y de su hacienda en el proceso penal.
El sistema de pruebas tasadas.
El secreto de la instrucción, con la consiguiente indefensión del reo y la tortura.
El juez dejó de ser juez, para convertirse en un perseguidor de delincuentes.
De este proceso inquisitivo, muy parecido al común que se seguía en Europa, pueden destacarse algunos caracteres de interés:

1. El juez podía iniciar el proceso por querella o de oficio pero, en ambos casos, participaba activamente en la búsqueda de las pruebas y, en especial, en el intento de obtener la confesión del reo.

2. El juez era quien dictaba la sentencia o, en ocasiones, resumía el contenido de las pruebas al tribunal sentenciador, que no las había presenciado y del que, normalmente, también formaba parte el juez.

3. El acusado no conocía el contenido de la acusación hasta después de obtenidas las pruebas en la fase sumarial, que era secreta y sin su intervención.
Este tipo de proceso se caracteriza porque:

Las funciones de acusación, defensa y enjuiciamiento, recaen en un sólo Órgano,
Predomina el secreto en las actuaciones y la escritura como forma principal en las diligencias,
La restricción en la prueba y el valor de ella tazado en la Ley,
La prisión preventiva del presunto responsable;
El desequilibrio entre las partes,
La existencia de múltiples medios impugnativos,
Faltas a los derechos humanos observándose algunas prácticas como la tortura, los tormentos y la incomunicación.
Ferrajoli señala que:

Lo que diferencia al proceso del acto de tomarse justicia por la propia mano o de otros métodos bárbaros de justicia sumaria es el hecho de que éste persigue […] dos finalidades diversas: el castigo de los culpables y, la mismo tiempo, la tutela de los inocentes […] la historia del proceso penal puede ser leía como la historia del conflicto entre ambas finalidades, lógicamente complementarias pero contrastantes en la práctica. Podemos, en efecto, caracterizar el método inquisitivo y el método acusatorio según el acento que el primero pone sobre una y que el segundo pone sobre la otra…
…si queremos encontrar la verdad de los hechos conflictivos, la forma de buscarla es medular. Por ello, no podríamos estar más alejados de la realidad si pensáramos que las maneras coactivas, rápidas y ausentes de garantías nos conducen a la verdad, por ejemplo; la tortura, el engaño, el secretismo. La única forma de conocer la verdad es escuchando de forma libre y espontánea a todas las partes que se encuentren involucradas en un conflicto.
SISTEMA INQUISITIVO
SISTEMA ACUSATORIO
SISTEMA MIXTO
Algunas de las características del sistema inquisitivo son las siguientes:

La jurisdicción se ejerce a través de jueces profesionales y permanentes
No existe libertad de acusación, el juez se convierte al mismo tiempo en acusador, asumiendo las dos funciones
El procesado es un objeto y no un sujeto procesal
En el sistema inquisitivo el juez tiene amplias facultades de dirección
Rige la prisión provisional o preventiva del procesado a lo largo del desarrollo procesal
El juzgador investiga de oficio los hechos (prueba para mejor proveer)
Rige la prueba legal o tasada
Prevalece la escritura, la mediación, la dispersión y el secreto
El sistema inquisitivo es biinstancial
Sus principales característica son:

La jurisdicción se ejerce por tribunales populares (legos)
La acción penal es popular, ejercida por persona u órgano distinto del jurisdiccional, siendo que su ejercicio es indispensable para la realización del proceso
Las posiciones en el sistema acusatorio actúan en contradicción e igualdad de oportunidades y con posibilidad de contradicción
El juez tiene restringidas las facultades de dirección procesal de la contienda
Rige el principio de presunción de inocencia y, por ende, la libertad del sujeto durante la tramitación del proceso
Las pruebas deben ser introducidas por las partes
Rige el principio de libre apreciación judicial
Los principios que rigen el proceso son la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad
El sistema acusatorio es uniinstancial, esto es que no cabe recurso en contra de la sentencia
Los principios fundamentales de éste sistema mixto:

1. La separación entre la función de acusar, la de instruir y la de juzgar, confiadas a órganos distintos, esto es, al Fiscal, al Juez de Instrucción y al Tribunal con jurado, respectivamente.
2. Excepto para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia.
3. También rige el principio del Tribunal colegiado.
4. La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el jurado.
5. La prueba se valora libremente.
Sin duda, uno de los aspectos más relevantes del sistema de justicia inglés es la utilización de un jurado, este desempeña un papel central en el equilibrio entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, con ello, los ingleses consideran que es la mejor forma de resistencia en contra de un gobierno y unas leyes de índole opresiva.
Sistema de Justicia Penal:
Sistema de Cortes: Corte de Magistrados y Crown Court
Barristers y Solicitors
Ley de Procesamiento de Delitos de 1985, dio origen a la creación de la Fiscalía de la Corona. La Ley de Policía y Evidencia Penal de 1986, estableció fuertes controles a la actuación de la policía, el proceso de arresto, el interrogatorio y la detención de los presuntos delincuentes. La Ley de Justicia Penal de 2003 permite que la Fiscalía de la Corona tome todas las decisiones respecto a la presentación de cargos en casos que no sean menores.

Estos cambios han implicado que la policía –que gozaba de un gran poder, incluso para determinar si acusa o no- tenga que consultar con los fiscales de la corona para determinar si es factible enjuiciar o no a una persona, de acuerdo con las líneas de investigación y con la evidencia con la que se cuenta.
Estados Unidos
Bill of Rigths
Derechos:
El derecho a que se celebre un juicio oral y público sin demora en causas penales,
Un juicio oral y público ante jurado en causas tanto penales como civiles y,
El derecho a contar con la ayuda de un abogado en causas penales.
Sistema de Cortes:

Cortes estatales
1.- Cortes estatales de jurisdicción general o limitada;
2.- La corte o cortes estatales de apelación, y
3.- La suprema corte estatal.

Cortes federales:
Cortes de primera instancia,
Cortes de apelación, y
La Suprema Corte de la Unión Americana.
Rafael Ruiz Harrell:

Lo primero que ha de aclararse es que los tribunales penales estadounidenses están diseñados -como todos los sistemas de esta naturaleza-, para encontrar culpable al acusado. La propaganda podrá decir lo contrario, mas las cifras disponibles revelan otra cosa: excluyendo los delitos menores -prostitución, vagancia, embriaguez, etc.-, y aquellos en los cuales la fiscalía decide no ejercer la acción penal, en Estados Unidos son declarados culpables entre el 94 y el 97 por ciento de los acusados. En 1995 fueron el 95.8 Nuestro sistema es en esto menos eficaz: de 2000 a 2005 recibieron sentencia condenatoria el 84.8 por ciento de los presuntos responsables sometidos a juicio en el Distrito Federal. Tal dureza es reciente, ya que de 1940 a 1980 los condenados sólo representaron, en promedio, el 63.9 por ciento. Es decir: los juicios penales realizados en México encuentran inocente a una persona de cada siete. En Estados Unidos sólo a una de cada veinticuatro.
El regateo
Ante tan abrumadora presunción de culpabilidad, y el hecho de que llegar a ser declarado inocente sea tardado, difícil y costoso, el sistema yankee ha terminado por dar origen a una absurda institución: el regateo. El hecho es que al acusado le ofrecen de entrada dos opciones: declararse culpable o inocente. Lo importante no es si cometió o no el delito, sino cómo se declara, y todo está diseñado para conseguir que se confiese culpable. Hacerlo tiene varias ventajas para el acusado. La primera es que no tiene que declararse culpable del delito que se le imputa. Puede hacerlo por uno menor y recibir una sanción menos severa. La segunda es que jueces y abogados, sobre todo los defensores de oficio, ven con disgusto a quien se declara inocente, ya que si lo hace habrá que llegar a juicio -lo que implica más trabajo y más costos. Revela el punto que año con año declaran culpables en Estados Unidos entre el 80 el 90 por ciento de los acusados. En 2004 fueron el 86.2 por ciento.
Jurado
Sólo el 13.8 por ciento de los acusados se atrevió a correr la suerte de declararse inocente y llegó a juicio, mas una tercera parte sólo exigió la intervención del juez, así que únicamente el 8.9 por ciento tuvo juicio con jurado. Se trata, pues, de algo excepcional. El juicio con jurado, por otra parte, dista mucho de ser objetivo e imparcial. Cuando México adoptó ese sistema, como lo hizo entre 1869 y 1917, los juicios se convirtieron en concursos de oratoria, ya que el jurado solía inclinarse a favor del abogado más brillante y emotivo, no del que hubiera presentado los más sólidos argumentos. En Estados Unidos, de una u otra manera, sigue ocurriendo lo mismo, al menos en el sentido de que los prejuicios de los jurados deciden el veredicto final, como sucedió en el caso de O.J.Simpson.

Debe señalarse, por último, que el juicio por jurado no representa garantía alguna para el acusado, ya que suelen encontrar culpables entre el 75 y el 85 por ciento de los acusados. En 2004, por ejemplo, el veredicto fue desfavorable en el 83.2 por ciento de los casos juzgados de esta manera.
Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
Artículo 5º.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como una garantía de que quedará prohibido cualquier medio que vulnere la integridad física, psicológica que atente contra la dignidad de la persona, incluso en la determinación de su responsabilidad en la comisión de algún acto ilícito.
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 14, en el que se contienen los aspectos que establecen un sistema de corte acusatorio al establecer que: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, […] toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario… (párrafo 1), la presunción de inocencia (párrafo 2), debido proceso (párrafo 3), al establecer:
Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
Artículo 18.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Artículo 26 establece el derecho a un proceso regular, que comprende esencialmente dos derechos; la presunción de inocencia y el derecho de audiencia, al quedar consagrados de la siguiente forma:

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
El artículo 8° contempla las llamadas garantías judiciales que comprenden los siguientes derechos:

El derecho de audiencia ante un tribunal competente, independiente e imparcial y ser juzgado en un plazo razonable: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La presunción de inocencia establecida en el párrafo segundo: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Reglas de Mallorca
También conocidas como:

Proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en materia Penal
A. Principios generales del proceso

La persecución del delito, es competencia exclusiva del Estado.
Participación privada en la persecución penal.
Mecanismos de control judicial para el supuesto en el que el ejercicio de la acción penal sea omitido o denegado.
Separación de las funciones investigadora y de persecución de la función juzgadora.
Dependencia de la Policía y los funcionarios que actúen en tareas de investigación en un procedimiento del Ministerio Público, Fiscal o de los Jueces y Tribunales.
Directivas o criterios que adopten el Ministerio Público o los Fiscales para acusar, ejercer la acción penal o renunciar al enjuiciamiento cuando tengan facultades discrecionales.
El enjuiciamiento y fallo, en material penal, estarán siempre a cargo de jueces independientes sometidos únicamente a la Ley.
Los Tribunales deberán ser imparciales. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los Tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos.
B. Principios de realización del proceso:

Los Poderes públicos deberán, en materia penal, colaborar con la Autoridad judicial y procurarle la información que les solicite.
Todo proceso penal se desarrollará sin dilaciones indebidas.
C. Derechos del imputado

Las decisiones que afecten derechos personales o procesales del imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia previa.
No declarar sin la presencia de su abogado. Derecho a guardar silencio o abstenerse de declarar contra sí mismo.
Contar con un intérprete gratuito en todas las fases del procedimiento.
El imputado tiene el derecho irrenunciable a declarar libremente o a guardar silencio sobre los hechos que se le imputan. Prohibición de la tortura para declarar.
Nulidad de las pruebas obtenidas mediante tortura o sin la presencia de un defensor.
D. Derecho de la defensa

El abogado defensor podrá asesorar al imputado en todas las fases del procedimiento.
Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarle sobre si le conviene o no declarar, o advertirle sobre el significado inculpatorio de sus manifestaciones.
Sólo por decisión judicial debidamente motivada y por un tiempo determinado, se podrá limitar el derecho del imputado a comunicarse con su abogado.
Garantizar el secreto de las comunicaciones entre el imputado y su abogado.
Las pruebas obtenidas mediante violación del derecho a la defensa son nulas y, en consecuencia, no podrán ser utilizadas como tales en el proceso.
El defensor tiene derecho a participar en los actos de investigación en los que se requiera la presencia del imputado.
El defensor está autorizado a tomar conocimiento de los actos, documentos y de más medios de prueba de los que dispone el Tribunal o de los que éste pudiera llegar a disponer.
E. Medios coercitivos

Las medidas limitativas de derechos tienen por objeto asegurar los fines del proceso. Están destinadas, en particular, a garantizar la presencia del imputado, la adquisición y conservación de las pruebas.
En relación con las medidas limitativas de derechos, regirá el principio de proporcionalidad.
Sólo una autoridad judicial ajena a la investigación podrá dictar medidas procesales que impliquen una limitación de los derechos de la persona.
Las medidas tomadas por el Ministerio Público y por la policía que impliquen directamente lesión de los Derechos Fundamentales de la Persona deberán ser autorizadas judicialmente, a instancia del referido Ministerio Público.
Sólo en los casos de urgencia, expresamente previstos en la Ley, el Ministerio Público o la Policía podrán adoptar tales medidas y en este caso deberán ser homologadas judicialmente en el plazo más breve posible.
La detención sólo se podrá decretar cuando existan fundadas sospechas de la participación de la persona en un delito.
Continuación...

Toda persona detenida por sospecha de haber cometido un delito deberá ser presentada, a la mayor brevedad ante la autoridad judicial. La detención nunca excederá de 72 horas.
Todo detenido tiene derecho a comunicarse con un abogado de su elección lo antes posible.
El detenido podrá obtener, mediante el procedimiento de "habeas corpus" u otro de análoga significación, la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como "última ratio".
Sólo se ordenará la prisión preventiva cuando la pena que previsiblemente se pueda imponer, sea privativa de libertad y superior a dos años.
Los presos preventivos estarán separados de los condenados.
Ningún detenido o preso podrá ser objeto de tratos "crueles, inhumanos o degradantes".
Toda intervención corporal está prohibida salvo que se cuente con el consentimiento del afectado.
F. Juicio oral

El imputado tiene derecho a un juicio oral.
Los debates serán públicos salvo las excepciones reconocidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
El juicio oral no se celebrará contra un acusado ausente involuntariamente.
En el juicio oral, se practicarán con plenitud todas las pruebas tendentes a acreditar los hechos imputados y también las que contribuyan a demostrar la inocencia del acusado.
La totalidad del juicio oral se deberá celebrar necesariamente ante los mismos miembros del Tribunal que sentenciará.
Todas las pruebas habrán de ser practicadas ante el Tribunal juzgador.
Si la comprobación de un hecho se basa en la percepción de una persona, ésta tiene que ser interrogada en el juicio oral.
El acusado y su defensor tienen derecho a interrogar a los testigos.
La prueba pericial deberá ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes.
El abogado defensor formulará su alegato final después de la acusación.
El acusado tendrá derecho a la última palabra.
El acusado tiene derecho a la presunción de inocencia.
Los jueces valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica y a la experiencia. En los casos de incertidumbre el juez aplicará el principio "in dubio pro reo".
No se tomarán en cuenta las pruebas obtenidas ilícitamente de manera directa o indirecta, quebrantando derechos fundamentales.
En el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba los jueces en los supuestos de testigos de referencia; declaración de arrepentidos y situaciones análogas, tendrán en cuenta que sólo con otras pruebas corroboradoras de tales testimonios podrá dictarse sentencia condenatoria.
La sentencia penal deberá ser motivada, con indicación expresa de las pruebas que la fundamentan y de las normas jurídicas aplicadas. Asimismo la sentencia será redactada de manera comprensible para los que intervienen en el proceso.
G. Recursos

Todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia ante un Tribunal superior.
El ejercicio del derecho a recurrir ante un Tribunal superior debe excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, como consecuencia del mismo, un perjuicio en su situación.
Durante la instrucción o procedimiento judicial previo se deberán establecer recursos contra todas las medidas judiciales que afecten los derechos a la libertad, propiedad e intimidad.
Reconocimiento de inocencia.
Los Estados procurarán establecer sistemas jurídicos de reparación en los supuestos de error judicial y mal funcionamiento de la Administración de justicia.
H. La víctima

Durante la instrucción se debe procurar a la víctima y a los perjudicados por el delito, la ayuda que necesiten.
Garantizar un trato humano y digno a las víctimas y perjudicados.
Las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho a ser oídos, a ser asistidos por abogado, que en casos graves podrá ser de oficio.
Creación de fondos para la reparación a los perjudicados o víctimas del delito.
I. Sugerencias a los estados

Los Estados deberán posibilitar el acceso a los Tribunales internacionales que garanticen la legitimidad de las sentencias dictadas y el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano.
Creación de un Tribunal internacional que tutele los derechos proclamados en las presentes reglas mínimas, y se comprometerán a cumplir las decisiones del mismo o de otros Tribunales internacionales ya existentes.
Los Estados velarán para que la Administración de justicia cuente con profesionales debidamente preparados.
Reformas Judiciales en América Latina
Factores
Democratización creciente y mayor conciencia sobre los derechos humanos.
Gobernabilidad y desarrollo económico.
Aumento de los problemas de seguridad pública
Colapso de los sistemas judiciales, dentro de un contexto de reforma y modernización del Estado.
Intentos de unificación jurídica
Presencia y participación de entidades de cooperación internacional.
A. Argentina.
País federado
Provincia de Córdova (1948)
Reforma procesal (1998)
Aún no logra la unificación procesal (conviven sistema acusatorio, inquisitivo y mixto)
B. Colombia
Estado Unitario
El 31 de agosto de 2004 mediante Ley 906 se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, que establece las bases de la estructura del nuevo proceso penal en Colombia.
C. Chile
Estado Unitario
Hasta el año 2000, en que cambió el modelo de procedimiento penal por uno de tipo acusatorio que introdujo la oralidad y la publicidad como ejes centrales del proceso. Este nuevo modelo comenzó a regir en todo el territorio a partir de diciembre del 2004.
El nuevo proceso penal se encuentra vigente en todo el país a partir de junio de 2005.
Emitir una resolución judicial en la Ciudad de México cuesta casi tres veces más que en Chile, donde se implementan los juicios orales y los procesos de mediación.

Un estudio del Tribunal Superior de Justicia del DF revela que en el 2006, el costo promedio de un dictamen emitido por jueces y magistrados fue de 12 mil 215 pesos.
En Santiago de Chile la cantidad que se gasta es de 4 mil 776 pesos por cada resolución judicial, según la página de Internet del Poder Judicial del país andino.
"El promedio que dura un juicio penal es de 6 meses; en este tiempo se consigna la averiguación previa, se dicta auto de formal prisión, empieza el periodo de instrucción (desahogo de pruebas) y se emite la sentencia", explicó un juez
D. Guatemala
Estado unitario
A partir de 1994 rige en Guatemala un nuevo Código Procesal Penal, el cual establece un procedimiento penal de carácter acusatorio y cuyas etapas son una preparatoria o de investigación a cargo del Ministerio Público; una etapa o procedimiento intermedio; y la de juicio, que a su vez se estructura en una fase preparatoria y una de debate oral y público.
Código Procesal Penal más orientado hacia sistema acusatorio
SUSTENTO DOCTRINAL DEL SISTEMA ACUSATORIO
Lo que la gente ve (10%)
Garantismo Penal
DEBIDO PROCESO
Etapa de Juicio Oral
El Garantismo penal, es una corriente filosófico-jurídica que surgió en Italia como resultado del pensamiento y trabajos de Luigi Ferrajoli
Técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela o satisfacción, pueden distinguirse aún diversos tipos o significados de garantismo. Se habla así de […] garantismo liberal, especialmente penal, para designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones policiales o judiciales arbitrarias
…se ha venido identificando con el proyecto o programa de un “derecho penal mínimo”. “Garantismo” y derecho penal mínimo son, en efecto, términos sinónimos que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva –tanto en la previsión legal de los delitos como en su comprobación judicial-sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la persona. Por lo que respecta al delito, estos límites son las garantías penales sustanciales: desde el principio de estricta legalidad o taxatividad de los hechos punibles, a los de su lesividad, materialidad y culpabilidad. Por lo que respecta al proceso, se corresponden con las garantías procesales y orgánicas: la contradictoriedad, la paridad entre acusación y defensa, la estricta separación entre acusación y juez, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la magistratura y el principio del juez natural. Así pues, mientras las garantías penales se orientan a minimizar los delitos, o sea a reducir al máximo lo que el poder legislativo puede castigar, las garantías procesales se orientan a minimizar el poder judicial, o sea a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio
Pena,
Delito,
Ley,
Necesidad,
Ofensa,
Acción,
Culpabilidad,
Juicio,
Acusación,
Prueba y
Defensa
Axiomas de carácter penal:

A1 Nulla poena sine crimine (No hay pena sin delito)
Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito.
A2 Nullum crimen sine lege (No hay delito sin ley)
Principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto.
A3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate (No hay ley penal sin necesidad)
Principio de necesidad o de economía del derecho penal.
A4 Nulla necessitas sine iniuria (No hay necesidad sin injuria)
Principio de lesividad o de la ofensividad del acto.
A5 Nulla iniuria sine actione (No hay injuria sin acción)
Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción.
A6 Nulla actio sine culpa (No hay acción sin culpa)
Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal.
Axiomas de carácter procesal:

A7 Nulla culpa sine iudicio (No hay culpa sin juicio)
Principio de la jurisdiccionalidad o presunción de inocencia, también en sentido lato o estricto.
A8 Nullum indicium sine accusatione (No hay juicio sin acusación)
Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación.
A9 Nulla accusatio sine probatione (No hay acusación sin prueba)
Principio de la carga de la prueba o de verificación.
A10 Nulla probatio sine defensione (No hay prueba sin defensa)
Principio del contradictorio, de la defensa, o de refutación.
Evolución del debido proceso
surge en Inglaterra, cuando el Parlamento Inglés, logra imponer al rey en la Carta Magna como un límite a su poder, estableciendo el due process of law, en el que se establecen un conjunto de requisitos y condiciones de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.
1215
S. XX
Petition of Rigths
se consolidará con la Revolución Francesa (1789), al quedar consagrado en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Este antecedente será tomado en consideración por los colonos ingleses en América que, una vez declarada independiente de la corona Británica, consagrará el debido proceso en la Constitución de los Estados Unidos de América, será a partir de entonces que este principio se irá contemplando en otras constituciones en el mundo. Volviendo a los Estados Unidos, será con la quinta enmienda (1791) conocida como Bill of Rights, que se incorporará en el texto constitucional la garantía inglesa del due process of law. Más adelante, se complementará esta garantía con la garantía del fair trial –juicio justo y equitativo- introducida con la sexta enmienda.
1628
La Convención europea para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en su artículo 6° y la Convención americana sobre derechos humanos (1969), artículo 8°.
1950
Garantía compleja
Piedra angular del sistema de protección de Derechos Humanos

Se considera que el debido proceso debe asegurar a las partes en todo proceso oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.
S. XX
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la garantía del debido proceso comprendería las subgarantías de: plazo razonable; tribunal competente, independiente e imparcial; presunción de inocencia; derecho de defensa y non bis in idem.
S. XX
En la Declaración universal de derechos humanos (1948), se contempla como derecho humano el derecho a un juicio equitativo e imparcial –que integra el debido proceso legal y el juicio público y justo- en sus artículos 10 y 11. El Pacto internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas (1966) consagra como garantía universal el debido proceso, adquiriendo la categoría de jus cogens, como derecho humano en su artículo 14.
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