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ARGUMENTOS

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El Observador

on 5 July 2014

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ARGUMENTOS

NO
El proyecto que, de ser aprobado en el Parlamento, volverá imprescriptible a los delitos de corrupción, es una señal política a favor de la transparencia de la gestión pública, opinó el candidato Pedro Bordaberry. El Código Penal establece hoy una serie de plazos para que esos delitos prescriban. En los hechos, los casos más notorios donde jerarcas públicos se vieron involucrados en procesos judiciales vinculados a su cargo, fueron procesados, la mayoría, o absueltos la minoría, poco tiempo después de denunciada la conducta delictiva. En los hechos la imprescriptibilidad no tendría mayores efectos en lo local, es decir, los procesamientos se dieron en plazos relativamente cortos.
El proyecto tendrá incidencia en la cooperación jurídica internacional. Cada modificación al ordenamiento local incide, por ejemplo, para conceder una extradición, explicó una fuente de la fiscalía. Para esos casos tiene que ocurrir, además de una doble incriminación, que los delitos estén vigentes, o sea que no hayan prescripto. También puede ser útil para juzgar a personas que tienen fueros, como los legisladores. En esas situaciones, si el Parlamento no levanta los fueros, el involucrado en una presunta corrupción seguirá en su cargo y no puede ser juzgado mientras dure esa inmunidad. Puede pasar que una vez perdidas sus prerrogativas, el delito esté prescripto y por tanto no deberá enfrentar a la justicia.
El expresidente del Banco Hipotecario bajo el gobierno de Sanguinetti, Salomón Noachas, fue preocesado en junio de 2003 por adjudicarle a familiares apartamentos en Punta del Este. También, pero en mayo de 2008, fueron procesados sin prisión, los directores del BHU Jorge Sacchi, Jorge Conde, Norberto Sanguinetti y Fernando Caride.
El ministro de Turismo del gobierno de Julio María Sanguinetti, Benito Stern, fue procesado sin prisión en agosto de 2002 por el delito de abuso de funciones, junto a tres funcionarios de su cartera. El procesamiento había sido solicitado en agosto de 2000. En total, siete jerarcas del segundo gobierno de Sanguinetti fueron a prisión.
El expresidente el Banco de Seguros, Julio Grenno y el exasesor presidencial de Luis Alberto Lacalle, Daniel Cambón, fueron procesados en octubre de 1995 por abuso de funciones. Cinco años después la Justicia los condenó pero la carátula cambió a conjunción de interés personal y público. El Partido Nacional los expulsó de sus filas.

La fiscal Mirtha Guianze pidió procesar por fraude al presidente de AFE, Iván Coronel (gobierno de Lacalle) pero por demoras en el expediente no fue procesado. El pedido de procesamiento llevó nueve años, de los cuales más de cuatro estuvo en la Suprema Corte. El expediente retornó al juzgado al prescribir el presunto delito.

El ministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) fue procesado con prisión en 1996 por la venta del Banco Pan de Azúcar. Braga fue ministro entre 1990 y 1992. El delito fue abuso de funciones. Finalmente fue sobreseido, cuando ya había fallecido. El Partido Nacional siempre defendió su inocencia.

En marzo la Justicia procesó al intendente de Colonia, Walter Zimmer, por abuso de funciones y estuvo en prisión. También se procesó a su director, José Aunchain por irregularidades con los empadronamientos. En Treinta y Tres fue procesado el exintendente Gerardo Amaral pero sin prisión, por el delito conjunción de interés personal y público.

El ministro de Economía Fernando Lorenzo renunció a su cargo en diciembre de 2013 y en abril fue procesado por abuso de funciones por el caso Pluna. También fue procesado, por el mismo delito, el presidente del Banco República, Fernando Calloia. El otorgamiento del aval a Cosmo para el remate de Pluna fue determinante.

El exdirector municipal de Casinos durante las administraciones de Mariano Arana, Juan Carlos Bengoa, fue procesado en diciembre de 2007 por un delito continuado de fraude, conjunción del interés público con el privado. También fueron a prisión sus asesores Orestes González, y José Antúnez, el funcionario Gustavo Dalmonte y el empresario Felipe Ruiz.
La Justicia procesó con prisión domiciliaria, en 2010, al exjerarca de OSE Juan Justo Amaro por irregularidades en su gestión durante el gobierno de Jorge Batlle. Fue procesado por coautoría en un delito continuado de fraude y por abuso de funciones. El ex director y actual diputado blanco, Alberto Casas, se amparó en los fueros parlamentarios.
Bajo el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) su director de Aduanas, Víctor Lissidini, fue procesado con prisión por usurpación de funciones. Pasó 57 días preso y en 2009, la Suprema Corte lo absolvió. En 2007 procesaron al expresidente de OSE, Carlos Rodríguez Landoni y al director Hugo Granucci por cobro indebido de viáticos.
Víctor Lissidini
Juan Justo Amaro
Juan Carlos Bengoa
Calloia y Lorenzo
Enrique Braga
Benito Stern
Zimmer y Amaral
Iván Coronel
Salomón Noachas
Cambón y Grenno
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