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Sentencia C-491 de 2012

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Ramiro Borja

on 27 May 2016

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Transcript of Sentencia C-491 de 2012

Sentencia C-491 de 2012
Era un argumento parecido al empleado en la sentencia
C-221 de 1994.
En la demanda que da origen a la sentencia que vamos a estudiar, se atacó una modificación que la ley de seguridad ciudadana le hizo al artículo 376 del código penal.
-El artículo del tráfico, fabricación y porte de estupefacientes-.
El artículo comenzaba diciendo: "El que sin permiso de autoridad competente, “SALVO LO DISPUESTO SOBRE DOSIS PARA USO PERSONAL”, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas..."
La modificación que la ley de seguridad ciudadana le hizo a esto, fue quitar lo de “SALVO LO DISPUESTO SOBRE DOSIS PARA USO PERSONAL”.
Al quitar eso, no quedaba claro si el porte de menos de veinte gramos quedaba o no quedaba penalizado.

El demandante consideró que sí quedaba penalizado, y por eso demandó la norma, diciendo que contravenía la dignidad humana y la autonomía personal,
-La que había despenalizado el porte y consumo de dosis personal-.
La corte preguntó a algunas entidades qué pensaban al respecto.
La Universidad de la Sabana (Bogotá), estuvo de acuerdo con el demandante en que la reforma significaba que la dosis personal sí quedaba penalizada.
Pero estuvo en desacuerdo con el argumento del demandante, diciendo que de todos modos la norma era constitucional y debía aplicarse.

La mayoría de los intervinientes estaban en desacuerdo con ambas posiciones.

Decían que la reforma no penalizaba la dosis personal, cuando se interpretaba en conjunto con el sistema jurídico; y que por esa razón, la reforma era constitucional.
-Lo más importante para nosotros es que decían que no quedaba penalizada la dosis-.
Hecho esto, para la corte era claro que había un problema jurídico:
“el problema que la Corte debe resolver consiste en establecer si quebranta la Constitución, en particular los contenidos de los artículos 1, 2, 5, 13, y 16, la norma que penaliza de manera general, el tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, sicotrópicas, o drogas sintéticas prohibidas, sin que se hubiese excluido expresamente de los efectos de la norma, el porte de dosis para el uso personal.”
Lo interesante es que para resolver esto, la Corte Constitucional revisó la normativa aplicable, y la jurisprudencia reciente de las altas cortes.
Revisó la sentencia C-221 de 1994:

La Ley 30 de 1986 preveía el arresto de treinta días a un año, y el internamiento forzado.
La sentencia c-221 de 1994 estableció que eso era contrario a la dignidad humana y la autonomía individual.
La corte argumentó que la dignidad humana es tomar a la persona como un fin en sí misma, mas no como medio para un fin.
Tratar una persona como un medio, es, por ejemplo, cuando se decide lo que es bueno o malo para esa persona.
Tratar una persona como un fin significa no interferir en sus decisiones mientras no haga un daño concreto a otro.
Si no se respeta eso, se está tratando a la persona como un objeto.
Por eso son inconstitucionales las normas que criminalicen el consumo, porque impiden que la persona decida, al hacerlo la tratan como un objeto, impidéndole decidir.

Lo que la corte declara constitucional es la dosis personal porque sirve para distinguir la libertad del consumidor, del narcotráfico lucrativo.
En el caso de la marihuana, el peso de la dosis personal es veinte gramos.
Lo que no cuenta como dosis personal aunque sea menos de veinte gramos, es la marihuana para distribuir.
Especialmente si es con ánimo de lucro (volveremos sobre esto).
Esto fue lo que la corte encontró cuando revisó el acto legislativo 2 de 2009
Esta norma no pretendía penalizar al consumidor, sino darle alternativas pedagógicas, profilácticas, terapéuticas.
Esto fue lo que el acto agregó al artículo 49 de la Constitución:
“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. (…) Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.”

La corte también revisó la sentencia C-574 de 2011
La sentencia c-574 de 2011 interpreta la reforma introducida por el acto legislativo, teniendo en cuenta el resto de la constitución
La corte concluye que la prohibición del porte y consumo de dosis personal corresponde al deber de cuidado de la salud personal y comunitaria.
También concluye que el estado debe garantizar tratamientos y hacer campañas de prevención.
Los tratamientos puede ofrecerlos directamente el estado, o a través de los privados, mediante el sistema de salud; siempre que sea con eficiencia, universalidad y solidaridad.
Además, la corte establece que al interpretar el artículo 49 hay que tener en cuenta como mínimo:
la dignidad humana como autodeterminación, el derecho a la vida, los derechos de los niños
y de los adolescentes, las obligaciones del estado de hacer politicas de prevision, rehabilitacion
e integracion, el derecho a la salud y al medio ambiente sano, el deber de respetar los derechos
de los demas y no abusar de los propios.

La sentencia C-882 de 2011
El acto legislativo 2 de 2009 luego fue demandado con base en argumentos culturales.

Se argumentaba que aprobar normas sobre drogas, que prohiben los usos tradicionales de los indígenas, sin consultarles, viola el derecho a la consulta previa y a la identidad cultural.

Sin embargo, la corte rechazó ese argumento en la sentencia c-882 de 2011.
Esta decisión empezó por considerar que decir que los indígenas son adictos y que así contribuyen al narcotráfico, sería desconocer el valor cultural de su prácticas ligadas a la hoja de coca.
Esto porque el uso de la hoja de coca en las comunidades indígenas no produce drogadicción ni problemas de salud.
En cambio, es una costumbre ancestral, protegida por el derecho a la autonomía y la identidad cultural de los indígenas, y el principio de respeto y protección de la diversidad.

Debido a esos derechos y principios, por regla general la autonomía indígena debe ser respetada.
Con ese argumento, la corte concluye que el acto legislativo 2 de 2009 no es aplicable a los indígenas, y por eso no había necesidad de consultarles.

Y finalmente la Corte Constitucional, revisó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el porte y consumo de dosis personal. Esto fue lo que concluyó:

Desde 2011 la corte suprema de justicia sostiene que el consumo de dosis personal no estaba penalizado, debido al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La corte también argumenta que el principio de lesividad exige analizar si se vulnera la salud pública u otros bienes jurídicos.
Desde antes, la misma corte había dicho que los delitos de drogas afectan la salud pública y otros bienes jurídicos como el orden socioeconómico, la administración pública, la seguridad pública, la autonomía personal y la integridad personal.
La dosis personal es un criterio importante para saber cómo se afectan esos bienes.
Con menos de veinte gramos, se presume que no hay vulneración. Las dosis más elevadas posiblemente sí los vulneran.
Sin embargo, hay otros criterios (además del peso).

En general, un comportamiento no tiene relevancia penal, cuando solo repercute en la privacidad del consumidor.
Este argumento también sirve cuando el consumidor solo supera la dosis levemente.
Por ejemplo, en 2008 la corte absolvió una persona que portaba casi treinta gramos de marihuana.
Consideraron que por ser para consumo personal, de todos modos no afectaba la salud pública u otros bienes jurídicos.
Por otra parte, esos bienes jurídicos quedan vulnerados cuando hay distribución, especialmente si es con ánimo de lucro, así sea dentro de los límites de la dosis personal.
Estos son algunos de los argumentos que sustentan lo último:
“porque la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de convivencia (…) porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella”.
Cuando el acto legislativo 2 de 2009 prohibió el porte y consumo de la dosis personal (en el artículo 49 de la constitución), y la ley de seguridad ciudadana borró del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (del código penal) lo que decía “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”, no se sabía si iba a quedar penalizada cualquier cantidad.
Además, algunos señalaban que las convenciones internacionales obligan a colombia a penalizar el comercio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Pero las convenciones no obligan a penalizar el consumo personal cuando eso no esté de acuerdo a la constitución y el derecho de los países parte.
De otro lado, la jurisprudencia de las altas cortes sugería que el porte y consumo de dosis personal no podía quedar penalizado debido a los fundamentos de nuestra normatividad.
En la sentencia c-491 de 2013, la corte debía definir si al borrar “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal” del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quedaba penalizado el porte y consumo de la dosis personal.
Si el resultado era que quedaban penalizados por la ley de seguridad ciudadana, entonces iba a ser necesario declarar inconstitucional esa parte de la ley.
Pero en vez de declarar la inconstitucionalidad, lo que la corte hizo fue interpretar la ley, para decir que, vista en conjunto con el sistema jurídico, no penalizaba el consumo, y por eso sí era constitucional.
Respecto al porte y consumo de dosis personal dijo una frase que me gustó. Dejó en claro de una vez por todas, que el consumo y porte de dosis personal:
"no reviste idoneidad para afectar los bienes jurídicos de la salubridad pública, la seguridad pública y el orden económico y social, protegidos en las normas que penalizan el narcotráfico, en cuanto que se trata de una conducta que no trasciende el ámbito personal del individuo".
En este punto tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad junto con el de lesividad, afirmando que sería excesivo castigar con la privación de la libertad a una persona, por un comportamiento que no ha afectado realmente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal.
La corte también argumento que en el sistema jurídico todavía está el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como cuando la sentencia C-221 de 1994 despenalizó la dosis personal.
Además, que aunque el artículo 49 de la constitución ahora diga que se prohibe el porte y consumo de dosis personal, lo que establece es unas medidas para la protección de la salud del consumidor y un deber moral de cuidar la salud individual y colectiva.
En palabras de la corte, esta fue la decisión:
“declarará la exequibilidad condicionada del artículo 376 del Código Penal, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que el porte de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en cantidad considerada como dosis para uso personal, no se encuentra comprendido dentro de la descripción del delito de “tráfico, fabricación y porte de estupefaciente” previsto en esta disposición, y por ende no se encuentra penalizada”.
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