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Limites de la Potestad Punitiva del Estado

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Diego Gesu Farfan

on 20 July 2016

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Transcript of Limites de la Potestad Punitiva del Estado

Ius Puniendi

Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar
La potestad punitiva o ius puniendi es la facultad que corresponde a un determinado sujeto, en la actualidad del Estado, de imponer penas o medidas de seguridad ante la comisión de delitos. En este concepto hay que destacar dos cuestiones esenciales: la justificación y la fundamentación delius puniendi y sus límites.
LÍMITES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.
b) Protección de bienes jurídicos
:

También se denomina principio de lesividad y se traduce en que el Estado no puede establecer penas que no tengan su fundamento en la existencia de un bien jurídico, principio consagrado en nuestro derecho en los artículos 10 de la Constitución y 3 del código Penal.

c) Dignidad de la persona:

La afectación del principio de dignidad concreta de la persona está dada por la aplicación de la pena de muerte y la tortura.
d) Culpabilidad
Funciona como fundamento de la pena, solo se puede castigar al sujeto que cometió un hecho típico, antijurídico y culpable, y además siempre que ese sujeto sea pasible de imputabilidad.
SUS LÍMITES:
Respecto de los límites al jus puniendi cabe mencionar que los mismos deben analizarse separadamente, en base a dos categorías principales: límites materiales y límites formales:

1) Dentro de los límites materiales podemos citar los siguientes principios:

a) Necesidad de la intervención:

Se refiere a la menor inferencia posible o intervención mínima, considerando al Derecho Penal como un instrumento al cual debe recurrirse cuando previamente, se han agotado todas las instancias de control social, tanto formal como informal.

Gracias
Limites de la Potestad Punitiva del Estado
2.- Límites formales o garantías procesales

Como habíamos señalado con anterioridad, estos límites intervienen en la aplicación o ejecución de la norma penal, por eso, debido al carácter procesal de dichos límites, sólo nos remitiremos al debido proceso y los principio que son acogidos por el Título Preliminar de nuestro Código Penal vigente (garantías jurisdiccionales, principio de juicio legal o principio de jurisdiccionalidad y el principio de ejecución legal de la pena).

1. El debido proceso

El Derecho Procesal Penal no debe ser extraño a la tendencia de limitar a la violencia del sistema penal a través de la exigencia de un irrestricto respeto a las garantías del debido proceso que guían su moderna sistemática.
a. Derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales
Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), Declaración Americana (artículo 25), Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4), en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) y en normas de la legislación interna
No es pacífica la denominación de este derecho como un “juicio justo”, “proceso equitativo”, “proceso regular” o identificado también como “garantías judiciales”.
b. Principio de presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia supone que nadie puede ser considerado responsable por la comisión de un delito mientras no se establezca plenamente su culpabilidad
c. Derecho a la defensa y a la asistencia letrada

El derecho a la defensa y a la asistencia letrada tienen reconocimiento expreso en la Declaración Universal de los Derecho Humanos (artículo 11)
En este aspecto, las garantías judiciales que podrían ser violadas suponen una serie de derechos entrelazados, como por ejemplo el derecho de acceso a la documentación y pruebas en poder del fiscal
d. Derecho a ser informado de sus derechos y los motivos de la detención y a ser informado sin demora de la acusación.
“Al observar – en las disposiciones antes citadas – una posible reiteración del derechos del acusado a ser informado de la acusación, en cuanto éste se encuentra consagrado tanto entre las garantías de un derecho a un juicio justo como entre las garantías de la libertad personal, debe apreciarse en primer lugar, que en el derecho a la libertad personal se incluyen dos garantías diferentes:
a) el derecho ser informado de las razones de la detención

b) el derecho a ser notificado de cualquier acusación formulada contra ella
e. Derecho al Hábeas Corpus
Es el derecho de toda persona privada de libertad o amenazada de ser privada de libertad a recurrir a la justicia para impugnar la legalidad de la detención y exigir su libertad.

2. Garantía jurisdiccional, principio de juicio legal o principio de jurisdiccionalidad.
Estas garantías legales suponen que la ley penal sólo puede aplicarse a través de los organismos establecidos por la ley para cumplir la función de administrar justicia y, además, como consecuencia de la existencia de un juicio legal.
3. Garantía de ejecución o principio de ejecución legal de la pena.
De acuerdo a este principio o garantía de ejecución penal no existe pena sin un régimen legal que lo precise, sin tratamiento ni resocialización. La pena no se debe ejecutar arbitrariamente, más bien debe ser ejecutado dentro de los marcos establecidos por la ley.
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