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PROCEDIMIENTOS DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II

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Buró de Auditores

on 27 April 2017

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a) Que no se trata de un recurso, como se le denominó en algún tiempo y lo regulaba la derogada Ley de lo Contencioso, sino de un verdadero proceso de conocimiento. PROCEDIMIENTOS DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA La jurisdicción contencioso administrativa es la jurisdicción administrativa por naturaleza. De tal manera que la misma debe conocer de las pretensiones fundamentadas en derecho administrativo, salvo que, aun que se relacionen con los actos administrativos, se atribuyan por una ley a jurisdicción distinta a la administrativa. Aparte del ámbito propio y específico como jurisdicción administrativa, la ley le atribuye esta jurisdicción al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la misión muy importante de contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública y sus entidades descentralizadas y autónomas, establecido en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ARTÍCULO 221.- Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este Tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al Fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. COMENTARIOS: La jurisdicción contencioso-administrativa constituye otra jurisdicción especializada a cargo de tribunales especiales. El epígrafe del artículo da nombre al tribunal y en el texto del mismo, inexplicablemente, se omite toda mención. La anterior es una deficiencia de la Comisión de Corrección de Estilo. La función del tribunal es de “contralor” de la “juridicidad”. “Contralor” significa “revisor o fiscalizador” pero también, identifica al funcionario encargado de la contraloría. “La juridicidad” consiste en la aplicación de la ley, de los principios jurídicos y de la doctrina jurídica, tanto general como especializada, en todas las actividades y decisiones provenientes de funcionarios y empleados públicos. En consecuencia, a ningún funcionario y empleado público, le está permitido actuar con discrecionalidad con pretexto de la inexistencia de la ley que deba aplicar. La conducta oficial de funcionarios y empleados públicos, en consecuencia, se ajustará a la juridicidad. La Constitución establece las materias que son competencia del tribunal al referirse a las “atribuciones del tribunal”. Estas competencias se refieren a: contienda (conflicto, discusión o desacuerdo) por actos o resoluciones de la administración pública en general (en el sentido de abarcar organizaciones centralizadas y descentralizadas o autónomas); controversias (posiciones e interpretaciones opuestas o diferentes) derivadas de contratos y concesiones administrativas, e impuestos en general. Aparte de estas materias, el tribunal se considera incompetente, a no ser que alguna ley (del Congreso) le atribuya competencias legales específicas. En materia de impuestos, el deudor del Estado inconforme con la resolución o requerimiento de la administración tributaria podrá presentar demanda contencioso administrativa sin obligación de pagar y prestar caución previa (en otras palabras, para ocurrir a este tribunal, no se pagará previamente cantidad anticipada y no se prestará garantía: fianza, prenda o hipoteca) pero si se promueve demanda ante este tribunal y la resolución es confirmada por el mismo, el demandante pagará intereses a la tasa corriente como un resarcimiento por el tiempo que demoró el pago. Estos intereses están previstos en el Código Tributario y en las leyes tributarias de acuerdo con la tasa corriente. El nombre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se modificó a partir del 13 de noviembre de 1992, denominándose Sala Primera y Sala Segunda. La Sala Primera conoce de asuntos que no sean de materia tributaria y la Sala Segunda, conoce de asuntos tributarios. Ambas salas forman parte de una “jurisdicción privativa”. La jurisdicción es privativa en cuanto sustancia un proceso especial, regido por leyes especiales. El Código Tributario, artículo 162, establece el requisito de especialización (en derecho tributario) que deben observar los magistrados del contencioso tributario. Este requisito obliga a tener estudios de derecho tributario y diploma de especialización. No se cumple hasta la fecha. Los magistrados tienen toda clase de títulos y diplomas, menos de derecho tributario. ¿Hasta dónde gozan de validez las resoluciones dictadas por un magistrado que no cumple el requisito de especialización? Este puede ser motivo de nulidad y de recusación. VER ACUERDO QUE CREO LAS SALAS CUARTA Y QUINTA Naturaleza jurídica de la jurisdicción contencioso administrativa No hay necesidad alguna que se dicte un código al servicio de las misma, regulando todos y cada uno de los aspectos orgánicos y procesales que ofrece. Al ser jurisdicción le serán aplicables todos los preceptos orgánicos y procesales comunes, si bien con las especialidades propias de la materia sobre la que versa. Ello explica sobradamente la aplicación por integración del Código Procesal Civil y de la Ley del Organismo Judicial en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo). Desde otro punto de vista, la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es el requisito procesal más importante. Esto significa que para que pueda ser examinada en cuanto al fondo una pretensión fundada en preceptos del derecho administrativo debe ser deducida, precisamente, ante esta jurisdicción especial. La responsabilidad jurídica de los actos de la A.P. La responsabilidad de los funcionarios públicos es de diversa índole, que va de la responsabilidad de tipo penal, cuando los funcionaros incurren en los supuestos enmarcados en leyes penales, por haber incurrido en ilícitos penales, en cuyo caso son sometidos a la jurisdicción de tipo penal. Pueden incurrir en responsabilidad civil al causar daños y perjuicios a las personas individuales o jurídicas, en cuyo caso pueden ser sometidos a la jurisdicción civil, a través del juicio sumario de responsabilidades en esta vía. Puede haber responsabilidades de tipo laboral en las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, en cuyo caso estas pretensiones deben ser del conocimiento de los tribunales de trabajo y previsión social. Cuando los funcionarios incurren en responsabilidad por mala aplicación de los fondos públicos, al no aplicar las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, también son sometidos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. El Estado debe someterse a jurisdicciones especiales, tal es el caso de la ejecución indirecta de los actos administrativos, caso de multas, de determinación de falta de impuestos, etcétera. El Estado en este tipo de pretensiones debe someterlos a la jurisdicción del ó los tribunales económico coactivos. En conclusión: El administrativo competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el laboral, a través del ordinario laboral, el de cuentas, el económico coactivo etcétera. Pero si es importante poner especial énfasis a la jurisdicción administrativa, a través del proceso de lo contencioso administrativo, como la parte medular de nuestra disciplina jurídica, el derecho procesal administrativo. Características:

Dentro de las características más importantes del contencioso administrativo, encontramos: b) Que es un proceso que se conoce y se resuelve dentro de un órgano jurisdiccional (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), en este sentido, hay que hacer notar, que el Código Tributario, creó las Salas de lo Contencioso Administrativo de conformidad con la especialidad. c) Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares. d) Lo conoce un tribunal integrado por cuatro salas colegiadas, integradas con tres magistrados titulares, dos Salas Administrativas y dos Salas Tributarias. Elementos: Son elementos importantes del proceso administrativo, en primer término el juez, en segundo las partes y por último los terceros. DECRETO NÚMERO 119-96
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO En nuestro medio la Ley de lo Contencioso Administrativo tiene singular importancia dentro del régimen legal del país, con el objeto de controlar Jurisdiccionalmente los actos de la administración pública. De esa manera, esta Ley debe asegurar el derecho de defensa del particular frente a la administración, desarrollando los principios constitucionales y reconociendo que la juridicidad de los actos administrativos no debe estar subordinada a la satisfacción de los intereses particulares, como ocurre en el proceso civil. La Ley de lo Contencioso Administrativo como cuerpo legal en vigencia, establece procedimientos más adecuados para garantizar el derecho de defensa, adecuar sus preceptos a los enunciados constitucionales y posibilitar una verdadera tutela de la legalidad en materia administrativa, modificando básicamente en consecuencia el procedimiento a seguir en materia Contencioso Administrativo, para hacer verdadera realidad el control jurisdiccional de los actos de la administración. El derecho de defensa queda más asegurado por medio de nuevas disposiciones tendientes a reforzar la posición de los particulares frente a la administración. Entre ellas debe mencionarse. I. Que para plantear el Contencioso Administrativo, previamente deben agotarse los recursos puramente administrativos. II. Que la demanda contencioso administrativa no podrá rechazarse por deficiencias puramente formales, pues en tales casos el tribunal señalará termino al demandante para la subsanación de la falta, tal como ocurre en el Derecho Laboral, del cual se ha tomado esa disposición; todo ello sin perjuicio de que si a juicio de tribunal la falta es insubsanable, rechazará de plano la demanda, como es normal en otro tipo de procesos. Con la disposición que se introduce se persigue que la actuación administrativa se confirme o niegue con la intervención jurisdiccional. III. Que en lo Contencioso Administrativo se reputan como partes, además del demandante, la administración y la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente administrativo, a quienes deberán emplazárseles. Así mismo, es obligada la intervención de la Contraloría General de Cuentas, cuando el asunto se refiere al control de la hacienda pública. En cuanto a la tutela de la realidad de los actos administrativos, se ha adoptado un sistema que protege la pureza legal de los actos de la administración y no tanto el interés del demandante. En esa virtud se destaca lo siguiente: A) Para la iniciación del trámite se requiere la gestión de la parte interesada, refiriendo en consecuencia el principio dispositivo. B) Para ordenarse para mejor fallar, la práctica de cuanta diligencia se estima conveniente para estar en mejores posibilidades para mejor fallar con manifestación del principio inquisitivo y representan un papel activo para el órgano encargado de resolver; y, C) Al resolver examinarse la totalidad del caso y la decisión debe pronunciarse de entre acuerdo con el derecho, sin sujetarse a las peticiones de las partes. Los rasgos anteriormente detallados se basan en una concepción distinta de lo Contencioso Administrativo, que deja de ser un puro recurso para convertirse en un verdadero proceso de única instancia. Por economía procesal se permite el allanamiento de las instituciones y órganos del estado (articulo 25 y 38); sujetando este allanamiento a ser tramitado en incidente con audiencia de la Contraloría General de Cuentas, cuando se discutan asuntos de la hacienda pública. VER CÓDIGO CIVIL, ART. 15 ARTICULO 15.- Son personas jurídicas: 1o.- El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de Derecho Público creadas o reconocidas por ley;(…). En lo que a terminología respecta, se trató de uniformar con la forma utilizada por el Código Procesal Civil y Mercantil, que es la ley procesal más afín. MSc. Bayron de León
SOCIO DIRECTOR
BURÓ DE AUDITORES
“DE LEÓN DE LEÓN & ASOCIADOS”
Tels. 78231318 / 77234724 / 79254492 El término apropiado, que debió emplearse en la Constitución es “control” puesto que “control” significa que el tribunal comprobará, examinará, inspeccionará o verificará la observancia de la juridicidad de parte de funcionarios y empleados de la administración pública. Se puede afirmar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre sus funciones procesales, debe comprobar, examinar, inspeccionar y verificar la observancia de la juridicidad en todas las organizaciones públicas, la cual se hará efectiva, no de oficio, sino a partir de que el tribunal sea requerido para dirimir determinada controversia. En lo contencioso, las leyes especiales son: en asuntos no tributarios, la Ley de lo Contencioso Administrativo y en asuntos tributarios, el Código Tributario. Ambas leyes facultan la aplicación supletoria el Código Procesal Civil. Esta aplicación se considera excesiva, favorecida por la deficiente regulación legal del proceso contencioso. La aplicación preponderante del Código Procesal Civil, determina el excesivo formalismo del proceso contencioso, que incluye al final, el trámite del Recurso de Casación. Normalmente un proceso contencioso se tramita entre cinco y diez años.
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