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Historia Constitucional de Guatemala

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Victor Castillo

on 11 April 2014

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Transcript of Historia Constitucional de Guatemala

Estatuyó sin embargo, una forma de gobierno en el que el poder del rey era absoluto, porque aquellos organismos que se crearon con atribuciones que podrían limitarlo, no estaban vigorizados con mecanismos suficientes, que pudieran controlar la autoridad real.
Las relaciones Iglesia-Estado se basan en el reconocimiento y protección de la confesión católica, no permitiendo la práctica del resto de las confesiones religiosas (art. 1). En materia de organización territorial del poder, la tendencia es centralista a pesar de la mención a los Reinos y Provincias españolas en América y Asia y de que se declara la vigencia provisional de los fueros de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Constitución de Cádiz de 1812
El otro antecedente de gran importancia para el Derecho Constitucional Guatemalteco es la Constitución de Cádiz, que se promulgó en el año 1812, vigente durante varios años en el país, con base en la cual se produjeron las primeras experiencias electorales.
Constitución de Bayona, 1808
Impuesta por Napoleón a España, no tuvo vigencia real en América, es el antecedente más antiguo de nuestra organización constitucional. Posibilidad de una forma de convivencia sobre bases modernas.
Participación Guatemalteca
La vida política de nuestra Capitanía General se estremeció con los sucesos de la metrópoli, y las nuevas ideas incubadas en las enseñanzas de la Universidad sacudida por la reforma de finales del siglo XVIII, las meditaciones políticas de los jesuitas y el manejo encubiertamente subversivo de los libros prohibidos por las Inquisición, comienzan a expresarse.
Historia Constitucional de Guatemala
La Soberanía recae en la nación española (art. 3) representada por las Cortes y el régimen adopta los principios propios de la monarquía constitucional. El Rey tiene los poderes de iniciativa legislativa (art. 171), de sanción (art. 142) y veto legislativo (art. 144), considerándose el ejercicio de la potestad legislativa como conjunto entre el Rey y las Cortes (art. 15). Además el Rey nombra y separa a los miembros del Gobierno (Secretarios de Estado y de despacho), tiene la potestad de ejecutar las leyes (art. 16) y no está sometido a responsabilidad (art. 168).

Artículo 222. Los secretarios del despacho serán siete, a saber:
El Secretario del Despacho de Estado.
El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e islas adyacentes.
El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para ultramar.
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
El Secretario del Despacho de Hacienda.
El Secretario del Despacho de Guerra.
El Secretario del Despacho de Marina.
Las Cortes sucesivas harán en este sistema de secretarías del despacho la variación que la experiencia o las circunstancias exijan.

Las relaciones Iglesia-Estado se basan en la protección de la religión católica (“única verdadera”) y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra (art. 12). El ejército tiene una mención especial, ya que se prevé la existencia de una fuerza permanente (art. 356) y una milicia nacional sometida al Rey (art. 365). La organización territorial del Estado tiene tendencia centralista, se basa en la existencia de Diputaciones Provinciales (art. 325) y Ayuntamientos (art. 309), elegidos por sufragio indirecto. El Rey nombra un gobernador, jefe supremo, en cada provincia (art. 324).
Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de qualquiera otra.
Repercusión de los Acontecimientos de España
A principios de julio de 1808 se tuvieron las primeras noticias en la ciudad de Guatemala de que el Rey Carlos IV había abdicado el trono en favor de su hijo Fernando, lo que se dispuso reconocer mediante Real Acuerdo.

La Asamblea de Bayona finalizó sus sesiones el día 7 de julio de 1808, siendo jurada por el ya proclamado Monarca Don José I (Bonaparte). Ésta Carta Magna se va a caracterizar entre otras cosas por tratarse de una Carta Otorgada, y no de una Constitución propiamente dicha, ya que por un lado en su elaboración el pueblo no participó, y por otro emana directamente de una decisión real.
El núcleo esencial de sus ideas informadoras, tiene su origen en el derecho francés (constitución de 1791): el Senado, el Consejo de Estado, la Regencia, la sucesión de la Corona, el principio de la reglamentación de los derechos individuales y el sistema de control.
En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias.
Habiendo oído a la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rhin, etc, etc.
Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde como ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos.

Antes de la firma se convocaron unos Estados Generales, denominados Junta Nacional, que se ordenaba mediante estamentos por tercios, pero solo acudieron a Bayona 65 de los 150 miembros.
No establece la Soberanía Nacional, aunque impone ciertas limitaciones a la actuación del Monarca, que ha de respetar determinados derechos de índole personal. El único de los poderes que se declara independiente es el Poder Judicial, que es ejercido por Jueces y Magistrados independientes, al tiempo que inicia un proceso de codificación del Derecho. Es un texto escrito y flexible, lo que implica que para su modificación no se
establece un procedimiento específico, sino que se reforma del mismo modo que el resto de las normas vigentes, aunque se estableció una limitación de carácter temporal, de tal modo que hasta que no hubieran transcurrido doce años no podía tocarse el texto. Determina que España se constituye en un Estado confesional, de tal forma que la única religión permitida es la católica, apostólica y romana.
Artículo 76. Las Cortes se juntarán en virtud de convocación hecha por el Rey. No podrán ser diferidas, prorrogadas ni disueltas sino de su orden. Se juntarán a lo menos una vez cada tres años.
El preámbulo en el que se estableció el nuevo régimen político, era claramente revolucionario para su época, al romper el aparato en que se asentaba el viejo edificio del poder absoluto del rey -el antiguo régimen-
La fórmula del pacto "que, une a nuestros pueblos con Nos y a Nos con nuestros pueblos" ponía término a la antigua monarquía absoluta basada en el derecho divino de los reyes y "establecía el moderno sistema representativo, cuya base no es ni puede ser otro que el pacto de alianza y unión entre la nación y el trono, como representantes ambos de la soberanía".
Artículo 29. El Rey podrá reunir, cuando lo tenga por conveniente, el Ministerio de Negocios eclesiásticos al de Justicia y el de Policía General al de lo interior.
Artículo 97. El orden judicial será independiente en sus funciones.
Artículo 99. El Rey nombrará todos los jueces.

Artículo 100. No podrá procederse a la destitución de un juez sino a consecuencia de denuncia hecha por el presidente o el procurador general del Consejo Real, y deliberación motivada del mismo Consejo, sujeta a la aprobación del Rey.

Un texto ambiguo, transaccional, reflejo de la equívoca política de Napoleón para España, que era liberal con los progresistas y conservador con los reaccionarios, condujo a que las reformas tuvieran una resonancia y efectividad muy limitadas.
Se inspiraba en un liberalismo muy moderado y aunque como hemos señalado se consideraba como un pacto entre el rey y los pueblos, todas las decisiones tomadas son conservadoras: unidad de iglesia y Estado, Cortes integradas por estamentos, libertades individuales y de imprenta con muchas cortapisas. Y el vicio de su origen espurio, la convierte en el primer texto ilegítimo de nuestra historia constitucional, razón de su radical inconsistencia
Como principales derechos individuales, que no pueden ser infringidos por la autoridad pública, ni por el Rey, se reconocen la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de detención arbitraria, la abolición del tormento, la obligatoriedad de celebrar juicios públicos y como principal novedad el reconocimiento de la libertad de imprenta.
Artículo 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es asilo inviolable, no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, o por una orden que dimane de la autoridad pública.
Artículo 127. Ninguna persona residente en el territorio de España y de Indias podrá ser presa, como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita.
Artículo 133. El tormento queda abolido: todo rigor o apremio que se emplee en el acto de la prisión, o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito.
Artículo 106. El proceso criminal será público.

En las primeras Cortes se tratará de si se establecerá o no el proceso por jurados.

Artículo 145. Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de la imprenta.

Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes.
Artículo 1º. La religión Católica, Apostólica, Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey, y no se permitirá ninguna otra.
La reforma de esta Constitución solo se podrá realizar a iniciativa del Rey, que deberá someter cualquier modificación a las Cortes para su examen y deliberación (art. 146), pudiéndose calificar de flexible. La vigencia de esta Constitución fue indeterminada e irregular, aproximadamente 4 años.

Artículo 146. Todas las adiciones, modificaciones y mejoras que se haya creído conveniente hacer en esta Constitución, se presentarán de orden del Rey al examen y deliberación de las Cortes, en las primeras que se celebren después del año de 1820.
Desarrollada en 146 artículos, 13 Títulos: I De la Religión; II De la Sucesión de la Corona; III De la Regencia; IV De la Dotación de la Corona; V De los Oficios de la Casa Real; VI Del Ministerio; VII Del Senado; VIII Del Consejo de Estado; IX De las Cortes; X De Los Reinos y Provincias Españolas de América y Asia; XI De Orden Judicial; XII De la Administración de Hacienda; XIII Disposiciones Generales.

El Capitán Molinedo se resistió a las presiones para que bajo su presidencia se organizara una Junta Independiente y en El Salvador, José Matías Delgado propone en la posición más radical, la independencia total "en espera de la libertad del soberano".
Guatemala por primera vez se vio representada, aunque sin su consulta, en un cuerpo constituyente. Napoleón decidió nombrar seis diputados americanos, entre ellos el colombiano Francisco Antonio Cea -Director del Jardín Botánico en Madrid- para que representara l Reino de Guatemala.
Su elaboración debe vincularse estrechamente a los sucesos españoles de 1808 y a la invasión napoleónica. La opinión general española estuvo contra Napoleón, y al encontrarse el país sin guía ni dirección, acéfalo el trono, se organizó popular y localmente contra los franceses y surgieron juntas locales y provinciales, algunas más importantes, como la de Sevilla, que se autodenominó Suprema de España e indias, y todas ellas, finalmente, se refundieron en la Junta Central.
Esta decidió dar participación americana en su seno, y así se realizaron en Guatemala las primeras elecciones "populares" de nuestra historia. El sistema "mixto, complicado y casi fraudulento" que estableció el decreto parece haber influido en las aberraciones posteriores que con esta hermosa práctica se han cometido.
Once meses se ocuparon los pueblos americanos en cumplir con el original y complicado procedimiento, estérilmente, pues la dinámica de los acontecimientos impidió acudir a España a Manuel José Pavón -electo-.
Superadas las diferencias, se convocó a Cortes por la Regencia -órgano centralizado de 5 miembros que había sustituido a la Junta Central- por decreto de junio de 1810, septiembre, finalmente el cuerpo constituyente se instaló, declarando en su primera disposición que la soberanía residía esencialmente en la Nación. Sus cometidos principales fueron la dirección de la guerra y la reconstrucción del Estado.
Más tarde en una frenética actividad legislativa dictó múltiples disposiciones institucionalizando los puntos programáticos del liberalismo: libertad de imprenta, abolición de la inquisición, supresión del tributo del voto de Santiago, incorporación a la Nación de todos los señoríos jurisdiccionales, abolición de los dictados de vasallo y vasallaje, supresión de pruebas de nobleza, abolición de mitas y repartimientos de indios, libertad de industrias, libre comercio, etc.
Una Comisión específica presentó el Proyecto de Constitución con un importante y amplio discurso preliminar, que fue discutido por espacio de ocho meses -agosto 1811 a marzo 1812-.
La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa, es la primera Constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una “Carta otorgada” marcada por el sello napoleónico.
La Constitución se aprobó en el marco de la Guerra de la Independencia (1808 a 1814), y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte que, aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, aspiraba a constituir en España una monarquía satélite del Imperio, como ya había hecho con Holanda, Alemania e Italia, destronando a los Borbones y coronando a su hermano José Bonaparte. Pero la respuesta de los ciudadanos, jalonada por sucesos como el Motín de Aranjuez, las Renuncias de Bayona y el levantamiento de los madrileños el 2 de mayo, encerró un segundo significado para una pequeña parte del pueblo español.
En este punto los pareceres se encontraban divididos: había quienes deseaban seguir anclados en el Antiguo Régimen, quienes deseaban una reforma templada a la inglesa y aquellos que, influidos por las doctrinas y ejemplo de Francia, consideraban que la reconstrucción había de ser más radical. Éste fue el criterio que finalmente se impuso, y la Regencia convocó reunión a Cortes en la isla de León el día 24 de septiembre de 1810. La designación de los Diputados a las mismas se realizó de manera anómala, explicable por la situación del país, y su aportación fundamental fue la Constitución de 1812.
Se trata de la primera Constitución aprobada por unas Cortes constituyentes específicas, que se puede caracterizar como progresista, fue impulsada por el discurso de Argüelles y por Muñoz Torrero, redactándose el proyecto por una Comisión miembros de ideas profundamente liberales.

La Constitución de 1812 es uno de los textos jurídicos más importantes del Estado español, por cuanto sentó las bases de constituciones posteriores. Considerada como un baluarte de libertad, fue promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, día de la festividad de San José, por lo que popularmente fue conocida como “La Pepa”. Compuesta de diez títulos con 384 artículos, es considerada como el primer código político a tono con el movimiento constitucionalista europeo contemporáneo, de carácter novedoso y revolucionario, que establecía por primera vez la soberanía nacional y la división de poderes, como dos de sus principios fundamentales.
La obra de las Cortes de Cádiz combinó las tendencias constitucionales netamente españolas y la francesada.
En efecto, la constitución de 1812 enlazaba con las Leyes tradicionales de la Monarquía española pero, al mismo tiempo, incorporaba principios del liberalismo democrático tales como a soberanía nacional y la separación de poderes.
La soberanía, poder pleno y supremo del Estado, que hasta entonces había correspondido al Rey, pasa ahora a la Nación, como ente supremo y distinto a los individuos que la integran, representado por los diputados, sin estamentos ni mandato imperativo.
La separación de poderes, la más rígida de nuestra historia, siguió el modelo de la constitución francesa de 1791 y la de los Estados Unidos, lo cual impidió el nacimiento del régimen parlamentario en España.
La Constitución de 1812 recoge muchos de los principios fundamentales que siguen vigentes en nuestros días. Algunos de ellos los tenemos tan asimilados que parece increíble que en otro tiempo las cosas no fueran iguales. Pero lo cierto es que, en el momento de su proclamación, significaron una auténtica ruptura con lo que existía con anterioridad. Es muy importante mostrar a los ciudadanos que principios que para ellos son tan habituales como la libertad individual, la libertad de prensa, o la inviolabilidad del propio domicilio son derechos que disfrutamos ahora, pero que se planteaban como absolutamente modernos e innovadores en La Pepa.
“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad.

Las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política, para el buen gobierno y recta administración del Estado.
Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Artículo 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

1º. Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes.
2º. Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.
3º. Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes.
4º. Nombrar los Magistrados de todos los Tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo de Estado.
5º. Proveer todos los empleos civiles y militares.
6º. Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de Real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.
7º. Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes.
8º. Mandar los Ejércitos y Armadas, y nombrar los generales.
9º. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.
10. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules.
11. Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.
12 Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la Administración Pública.
13. Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes.
14. Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.
15. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia para que resuelva con arreglo a las leyes.
16. Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del despacho.

Artículo 142. El Rey tiene la sanción de las leyes.
Artículo 144. Niega el Rey la sanción por esta fórmula, igualmente firmada de su mano: "Vuelva a las Cortes": acompañando al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla.
El rey no quiso jurarla y con eso anuló su eficacia.
En Guatemala fue jurada el 24 de septiembre de 1812.
Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Artículo 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.
Las relaciones entre los poderes se basa en el reconocimiento de la separación de poderes a pesar de que el Rey puede oponer el veto legislativo. El poder legislativo, las Cortes, son unicamerales y sus principales funciones son legislar, controlar penalmente al Gobierno y amparar la libertad de imprenta (art. 131). Las Cortes se eligen por sufragio indirecto cuyos principales grados son la Junta Electoral de parroquia, de partido y de provincia (art. 34), operando en el primero de ellos el sufragio universal.
Artículo 131. Las facultades de las Cortes son:
Primera. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se
previene en sus lugares.
Tercera. Resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la Corona.
Cuarta. Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo previene la Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad Real.
Quinta. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.
Sexta. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.
Séptima. Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de comercio.
Octava. Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino.
Novena. Decretar la creación y supresión de plazas en los Tribunales que establece la Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.
Décima. Fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.
Undécima. Dar ordenanzas al ejército, Armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.
Duodécima. Fijar los gastos de la Administración Pública.
Décimotercia. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.
Décimacuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación.
Décimaquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.
Décimosexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.
Décimoséptima. Establecer las aduanas y aranceles de derechos.
Décimooctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales.
Décimonona. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas.
Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesas y medidas.
Vigésimoprimo. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.
Vigésimosegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésimotercia. Aprobar los reglamentos generales para la Policía y sanidad del Reino.
Vigésimocuarta. Proteger la libertad política de la imprenta.
Vigésimoquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho y demás empleados públicos.
Vigésimosexta. Por último pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario.

Artículo 34. Para la elección de los Diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.
El Gobierno se compone de 7 Secretarios de Estado y de despacho (art. 222) nombrados por el Rey y Responsables penalmente ante las Cortes. El Poder judicial tiene la potestad exclusiva de aplicar las leyes (art. 17 y 242), siendo independiente y reconocimiento expresamente la garantía de la inamovilidad (art. 252). El Tribunal Supremo tiene la competencia para controlar la
responsabilidad de los jueces (art. 253).
Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales.
Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.
Artículo 252. Los Magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendido, sino por acusación legalmente intentada.
Artículo 253. Si al Rey llegaren quejas contra algún Magistrado, y formado expedientes, parecieren fundadas, podrá, oído el consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo a las leyes.
No se establece una carta de derechos y libertades, pero su contenido principal se encuentra dispersado a lo largo del texto, incluyéndose la igualdad ante la ley (art. 244 y 258), la libertad de imprenta y de pensamiento (art. 371), la garantía del habeas corpus (art. 287), de la inviolabilidad de domicilio (art. 366) y la obligación de contribuir a los gastos públicos (art. 8).
Artículo 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los Tribunales; y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.
Artículo 258. El Código Civil y Criminal, y el de Comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.
Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
Artículo 287. Ningún español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.
Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el Catecismo de la Religión Católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
Artículo 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Artículo 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior.
Artículo 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia: pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.
Artículo 325. En cada provincia. habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.
Artículo 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, compuestos del Alcalde o Alcaldes, los Regidores y el Procurador Síndico y presididos por el Jefe Político donde lo hubiere, y en su defecto por el Alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.
Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior nombrado por el Rey en cada una de ellas.
La Constitución se considera rígida e incluye una prohibición temporal de reforma en un plazo de 8 años (art. 375). Esta Constitución tuvo una vigencia de 6 años en periodos no seguidos (al inicio de su vigencia, durante el trienio liberal y antes de aprobar la Constitución de 1837).
Artículo 375. Hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en alguno de sus artículos.
Se caracterizó por la búsqueda de la limitación de los gobernantes, de los detentadores del poder, a través de instituciones que permitan a los destinatarios del mismo, constituirse en sus detentadores supremos.
En dos grandes áreas: limitación del poder absoluto de los gobernantes a través de instituciones de gobierno adecuadas y justificación consensual de la obediencia y la autoridad.
Que se lograrían por el acuerdo logrado sobre ciertas reglas fijas que regularan el proceso político y distribuyeran el ejercicio del poder.
El constitucionalismo es la primera y posiblemente más importante decisión política atribuible a Cádiz. Resulta del texto, la intención de sustituir todo el andamiaje político y social; es redactado con una precisión matemática, que en los capítulos del registro electoral se hace evidente y se enmarca dentro de la corriente de racionalización del poder típica de la época.
Hasta la división esquemática de su articulado en diez títulos se nos presenta como algo totalmente acabado, como la obra de un solo artífice.
En un sentido programático, recogió toda la plataforma liberal en su articulado.
En la composición de las Cortes se introdujo la representación nacional moderna, basada en la idea individualista de que no existen grupos intermedios entre la nación y el individuo, y que el ciudadano, igual en derecho a todos los demás, es la única base de la organización política.
Se oponía a la representación estamental y se engarzaba con la idea de soberanía nacional; los diputados ya no representaban a las circunscripciones por las cuales fueron electos, sujetos a cuadernos de instrucciones, sino representaban abstractamente a la Nación, ese nuevo cuerpo político que significaba la unidad del país, la base sociológica del nuevo régimen.
El derecho de voto no corresponde a las corporaciones, sino a todos los varones mayo25 años, avecindados o residente en la parroquia correspondiente. Contra la representación estamental, aparece el sufragio individual, por primera vez y casi como un sufragio universal, solamente controlado por un procedimiento recargado de elecciones indirectas, con base en estimaciones de población
Pronto llegaron otras noticias relacionadas con la negativa del Rey Carlos de reconocer como válida su abdicación para lo cual argumentaba que había sido obtenida violentamente y acusó a su hijo de usurpador. La abdicación de Carlos y Fernando en favor de Bonaparte.
El 14 de marzo de 1811 entregó su cargo de Presidente, Gobernador y Capitán General el Teniente General Antonio González de Mollinedo y Saravia a el Teniente General de la Real Armada José Bustamante y Guerra, el que llegó a considerar sediciosas las instrucciones del Ayuntamiento para Antonio Larrazábal.
Las relaciones entre el Intendente Antonio Gutiérrez Ulloa y la élite salvadoreña eran muy tirantes. El 4 de noviembre de 1811 se tuvo noticia de que el Padre Manuel Aguilar había sido detenido en Guatemala por disposición del Arzobispo, junto con la orden de detención de sus dos hermanos curas, por supuestamente negarse a leer una pastoral en la que se condenaba la revuelta en México del cura Hidalgo.
En León, Nicaragua, entre el 13 y 25 de diciembre se depuso al Intendente Brigadier José Salvador, después de algunos tumultos populares, nombrándose al Obispo Nicolás García Xerez y una junta de gobierno. El 22 de diciembre de 1811, en Granada, el pueblo reunido en Cabildo, pidió la deposición de os empleados peninsulares; el 8 de enero de 1812 sorprendieron el fuerte de San Carlos, apoderándose del armamento.
El ambiente era tenso ante la importancia de lo que había de tratar y resolver en la sesión del 15 de septiembre de 1821. La reunión de la Junta se verificó a puerta abierta en el Real Palacio, donde se encontraban 50 personas presentes, los que fueron aumentando debido a la musica y cohetes que en la plaza quemaran Basilio Porras y Dolores Bedoya de Molina
El Ayuntamiento de la capital elaboró bajo dirección de José María Peynado -en 1810- unas Instrucciones para su diputado en Cortes, en las cuales el pensamiento político de la ilustración francesa se transparenta con claridad. Se Incluía en ellas una Declaración de Derechos del Hombre y un Proyecto Constitucional de 112 artículos, junto a múltiples consideraciones de orden económico y fiscal.
Desde antes de la declaratoria de la Independencia se habían comenzado a desintegrar los grupos políticos de la ciudad de Guatemala, y se constituían nuevas coaliciones, unas favorables a la unión a México y otras partidarias de mantener separado el Reino.
Los republicanos liberales abogan por un sistema republicano y federal, que permitiera la autonomía provincial. Los anexionistas, por su parte, usaban cierta demagogia en sus afanes proselitistas: "...se sembraba en los barrios entre la gente pobre, que México vendría a derramar entre ellos su riqueza..." según las Memo
El 19 de octubre Iturbide respondió a Gaínza felicitándole por la independencia del Reino de Guatemala e invitándolo a unirse "con México, a cuyo nombre están vinculadas las ideas de grandeza y opulencia, que generalmente se tiene de esta parte de América". Le hacía ver las conveniencia que podían derivarse para la mejor defensa, y aludía a que Chiapas ya se había unido al Imperio.
Bases Constitucionales de 1823
La Asamblea Nacional Constituyente para dar a los pueblos una idea del sistema de gobierno que ha adoptado; de los principios constitutivos que comienza a desarrollar en la creación de un nuevo orden social, el más análogo a las luces del siglo, y a los deseos y disposición actual de las provincias unidas del centro de américa; decreta las siguientes.
Art. 1º. La constitución se dirige a asegurar la felicidad del pueblo, sosteniéndole en el mayor goze posible de sus facultades; establece la independencia y soberanía nacional; determina con exactitud la división de los tres poderes; y afianza los derechos del hombre y del ciudadano, sobre los principios eternos de libertad, igualdad seguridad y propiedad.
Art. 2º. La forma de gobierno de las provincias unidas del centro de américa es republicana representativa federal.

Art. 3º. La denominación de estas provincias en lo sucesivo: estados federales del centro de américa.

Art. 4º. Su religión: la católica, apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra.

Art. 5º. El poder legislativo de la federación recidirá en un Congreso Federal, compuesto de representantes popularmente elegidos, en razón de uno por cada treinta mil habitantes. Se renovará todos los años por mitad, y podrán los mismos representantes reelegirse una vez sin intervalo alguno.
Art. 6º. Corresponde al Congreso:
1º. Hacer las leyes que mantienen la federación, y aquellas en cuya general uniformidad tiene un interés directo y conocido cada uno de los estados.
2º. Formar la ordenanza general de las fuerzas nacionales.
3º. Levantar y sostener exercitos.
4º. Fixar los gastos de la administración general y señalar para ello el cupo correspondiente a cada estado, según su población y riqueza.
5º. Dirigir la Educación.
6º. Declarar la guerra y hacer la paz.
7º. Arreglar el comercio.
8º. Hacer la regulación de la moneda, de los pesos y medidas.
Art. 7º. Habrá un senado, que deba componerse de los miembros, elegidos popularmente, por cada uno de los estados. Se renovará por tercios anualmente, pudiendo ser reelegidos sus individuos una vez, sin intervalo alguno.

Art. 8º. Atribuciones del Senado:

1º. Tendrá la sanción de la ley, en la forma que designe la constitución.
2º. Será el consejo del poder executivo, en todos los casos graves y dificiles, en que deberá este consultarle.
3º. Propondrá al poder executivo para el nombramiento de los principales funcionarios de la federación.
4º. Velará sobre la conducta de estos; y declarará quando hay lugar a la formación de causa, respecto a los trabajadores y demás ministros; de los secretarios del despacho, y otros oficiales que señale la constitución.
5º. Intervendrá en las controvercias que designa el Arto. 18 atribuciones 3ª., y nombrará los individuos del tribunal que establece el art. 21.
Art. 9º. El poder executivo se exercerá por un presidente, nombrado por el pueblo de todos los estados federados, en la forma que se arregle por la constitución.


Art. 10. Atribuciones del Poder Executivo:

1ª. Publicará la ley, y cuidará de su observancia y del orden público.
2ª. Entablará las negociaciones y tratados con las potencias extranjeras, con consulta del senado.
3ª. Dirigirá la fuerza armada de la federación.
4ª. Nombrará todos los funcionarios de la federación, a propuesta de terna del senado; y los subalternos de estos, a propuesta igual de sus gefes respectivos.
Art. 15. La duración del presidente y vice-presidente será por quatro años; pero podrán reelegirse una vez, sin intervalo alguno.
Art. 17. Habrá una suprema corte de justicia, compuesta de individuos elegidos por el pueblo, los que se renovarán por tercios, cada dos años, y podrán reelegirse una vez, sin intervalo alguno.

Art. 18. Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia:

1ª. Conocerá en última instancia, con las limitaciones y arreglo que hiciere el congreso, en todos los casos emanados de la constitución: de las leyes generales: de los tratados echos por la república: de jurisdicción marítima; y de competencia sobre jurisdicción en controversias de ciudadanos de diferentes estados.
2ª. Juzgará en las causas del presidente, y vice-presidente, de los senadores, de los embajadores y demás ministros, de los secretarios del despacho y otros oficiales, en que declare el senado haber lugar a la formación de causa.
3ª. En los casos de contienda, en que sea parte toda la república uno o mas estados, con alguno o algunos otros, o con ciudadanos o extranjeros; la corte suprema de justicia hará nombren arbitros para la primera instancia, conocerá en la segunda, y la sentencia que diere será llevada en revista al senado, caso de no conformarse las partes con el primero y segundo juicio.
Constitución Federal de 1824. La Fundación de la República.
Los acontecimientos de México volvieron a ser determinantes para Centro América. La abdicación de Iturbide a mediados de marzo de 1823 y el triunfo de los republicanos, que entraron triunfantes en aquella capital el 26 de marzo, cambiaba radicalmente la situación. Quienes habían actuado en favor de la anexión lo hicieron atraídos por un régimen monárquico, y ahora en México existía una república
EN EL NOMBRE DEL SER SUPREMO, AUTOR DE LAS SOCIEDADES Y LEGISLADOR DEL UNIVERSO CONGREGADOS EN ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE NOSOTROS LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE CENTRO-AMERICA, CUMPLIENDO CON SUS DESEOS Y EN USO DE SUS SOBERANOS DERECHOS, DECRETAMOS LA SIGUIENTE CONSTITUCION PARA PROMOVER SU FELICIDAD; SOSTENERLA EN EL MAYOR GOCE POSIBLE DE SUS FACULTADES; AFIANZAR LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO SOBRE LOS PRINCIPIOS INALTERABLES DE LIBERTAD, IGUALDAD, SEGURIDAD Y PROPIEDAD; ESTABLECER EL ORDEN PUBLICO, Y FORMAR UNA PERFECTA FEDERACION.
En 1823 se declaró constituida, tras varias sesiones la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual residía la soberanía, creó los tres grandes poderes clásicos y declaró la católica como la religión del Estado rechazándose la cautelosa propuesta de Molina de que omitiera declaración alguna al respecto, la forma de gobierno se remitió a una decisión constitucional, se estableció la inviolabilidad de sus miembros y se prometió reconocer la deuda externa.
Orientándose ya la Asamblea Nacional Constituyente a su misión fundamental, forma una Comisión de Constitución, la cual estaba encargada de elaborar una de las bases constitucionales, que normarían los primeros pasos de una república y que serian la pauta para la elaboración del texto definitivo de lo que sería la Constitución.
En su primer artículo la Constitución afirmaba la finalidad que era la de asegurar la felicidad del pueblo, sosteniendo en el mayor goce posible sus facultades, establecía la independencia y soberanía nacional; determinaba con mucha precisión la división de los tres poderes y dejaba en claro los derechos del hombre y del ciudadano, sobre los principios eternos de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Esta Constitución adoptaba como forma de gobierno la republicana, representativa y federal y declaraba como religión oficial del Estado la católica.
El 23 de mayo de 1824 la Comisión presentaba al pleno su informe sobre la Constitución, documento clave en la historia, ya que con el proyecto definitivo, se aprobó la Constitución. Nuestro primer cuerpo constituyente tuvo un merito especial, el ser esencialmente legítimo. Constituir el instrumento a través del cual se encontró el consenso de las demás fuerzas al fundar la república y como tal, la Constitución fue un documento de compromiso, además su tarea fue mucho más allá del hacer que el legislativo, en un momento clave de generación de las nuevas instituciones y de formalización del acuerdo nacional.
Se intentó reformarla dos veces, pero no se tuvo éxito, en 1835, en que la comisión encargada formuló un proyecto completo, de tendencia liberal, que pretendía corregir los vicios que su aplicación había hecho manifiesto, el que reconocía la libertad de cultos por vez primera, tendía a fortalecer al Ejecutivo y a rectificar los errores del legislativo.
Constitución de la República Federal de Centro América: decretada la independencia absoluta el 1 de julio de 1823, constituyéndose el congreso en Asamblea Constituyente el 2 del mismo mes y año, se promulgó el 22 de noviembre de 1824 dicha cuerpo legal.
Reconoce que la soberanía corresponde al pueblo, define su ámbito territorial, adopta el sistema federal.
Organiza el Estado adoptando el sistema de separación de poderes. Gobierno representativo por elección popular.

Régimen Constitucional de 1824 a 1825: Período Federal
Funciona sobre un sistema bicameral (congreso-senado).

Legisla sobre la publicidad del proceso, la igualdad de acceso a los tribunales, el carácter exclusivo y legal de los centros de detención, la prohibición de formar tribunales especiales y de desarmar indebidamente a los habitantes.


El sistema constitucional de la federación estuvo vigente prácticamente hasta 1838.

El pacto federal queda disuelto debido a la declaración de soberanía e independencia de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Sistema Semiparlamentario

Bicameralismo

Régimen Republicano, Federal y Representativo

Separación de Poderes

Soberanía Popular

Garantías individuales (derechos).

Derecho de Libre Determinación e Independencia.

Características
Artículo 152. No podrá imponerse pena de muerte sino en los delitos que atenten directamente contra el orden público, y en el asesinato, homicidio premeditado ó seguro.

Artículo 153. Todos los ciudadanos y habitantes de la República, sin distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicio que determinen las leyes.

Artículo 154. Las Asambleas, tan luego como sea posible establecerán el sistema de jurados.

Artículo 155. Nadie puede ser preso sino en virtud de orden escrita de autoridad competente para darla.

Artículo 156. No podrá librarse esta orden sin que preceda justificación de que se ha cometido un delito que merezca pena mas que correccional, y sin que resulte, al menos por el dicho de testigo, quién es el delincuente.

Artículo 157. Pueden ser detenidos:
1. El delincuente cuya fuga se tema con fundamento
2. El que sea encontrado en el acto de delinquir; y en este caso todos pueden aprehenderle para llevarlo al juez.

Artículo 158. La detención de que habla el artículo anterior, no podrá durar más de quarenta y ocho horas, y durante este término, deberá la autoridad que la haya ordenando practicar lo prevenido en el artículo 156, y librar por escrito la orden de prisión. o poner en libertad al detenido.

Artículo 159. El alcayde no puede recibir ó detener en la cárcel a ninguna persona, sin transcribir en su registro de presos ó detenidos la orden de prisión o detención.

Artículo 160. Todo preso debe ser interrogado dentro de quarenta y ocho horas; y el juez está obligado a decretar la libertad o permanencia en la prisión dentro de las veinte y quatro horas siguientes, según el mérito de lo actuado.

Artículo 161. Puede sin embargo, imponer arresto por pena correccional previas las formalidades que establezca el código de cada estado.

Artículo 162. El arresto por pena correccional no puede pasar de un mes.

Artículo 163. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser llevadas a otros lugares de prisión, detención o arresto, que a los que estén legal y públicamente destinados al efecto.

Artículo 164. Cuando algún reo no estuviere incomunicado por orden del juez transcrita en el registro del alcayde, no podrá éste impedir su comunicación con persona alguna.

Artículo 165. Todo el que no estando autorizado por la ley expediere, firmare, executare o hiciere executar la prisión, detención o arresto de alguna persona: todo el que en caso de prisión, detención o arresto autorizado por la ley, condujere, recibiere al reo en lugar que no sea de los señalados pública y legalmente, y todo alcayde que contraviniere a las disposiciones precedentes es reo de retención arbitraria.

Artículo 166. No podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que diere fianza, en los casos en que la ley expresamente no lo prohiba.

Artículo 167. Las Asambleas dispondrán que haya visitas de cárceles para toda clase de presos, detenidos o arrestados.

Artículo 168. Ninguna casa puede ser registrada sino por mandato escrito de autoridad competente, dado en virtud de dos disposiciones formales que presten motivo al allanamiento, el qual deberá efectuarse de día. También podrá registrarse a toda hora por un agente de la autoridad pública
1.-en la persecución actual de un delincuente
2.-por un desorden escandaloso que exija pronto remedio
3.-por reclamación hecha del interior de la casa. Mas hecho el registro, se comprobará con dos disposiciones que se hizo por alguno de los motivos indicados.

Artículo 169. Sólo en los delitos de traición se pueden ocupar los papeles de los habitantes de la República; y únicamente podrá practicarse su examen cuando sea indispensable para la averiguación de la verdad y á presencia del interesado, devolviéndosele en el acto cuantos no tengan relación con lo que se indaga.

Artículo 170. La policía de seguridad no podrá ser confiada sino á las autoridades civiles, en la forma que la ley determine.
Artículo 171. Ningún juicio civil o sobre injurias podrá establecerse sin hacer constar que se ha intentado antes el medio de conciliación.

Artículo 172. La facultad de nombrar árbitros en qualquier estado de pleito es inherente a toda persona. La sentencia que los árbitros dieren es inapelable, si las partes comprometidas no se reservaren este derecho.

Artículo 173. Unos mismos jueces no pueden serlo en dos diversas instancias.

Artículo 174. Ninguna ley del Congreso ni de las Asambleas puede contrariar las garantías contenidas en este título; pero si ampliarlas y dar otras nuevas.

Promulgada el 11 de octubre de 1825, basada en el mandato de los comitentes y “por el pacto de la Confederación Centroamericana”.

Se declara la soberanía del Estado, limitada exclusivamente al pacto de unión que celebraron los estados libres de Centroamérica en la constitución federativa.

Constitución Política del Estado de Guatemala

LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE GUATEMALA CONGREGADOS EN ASAMBLEA, AUTORIZADOS PLENA Y LEGALMENTE POR NUESTROS COMITENTES, Y POR EL PACTO DE LA CONFEDERACIÓN CENTRO-AMERICANA, PARA DAR LA LEY FUNDAMENTAL QUE DEBE REGIR AL ESTADO, ASEGURARLE EN SUS DERECHOS, Y AFIANZAR LOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, DECRETAMOS Y SANCIONAMOS LO SIGUIENTE:
Organiza al Estado por el sistema de la separación de poderes y la existencia de un órgano moderador, que hace funcionar el bicameralismo parlamentario.

Algunos de sus artículos son expresiones de un espíritu previsor altamente exigente del papel restrictivo que la misma debe desempeñar frente a los excesos del poder o de la riqueza.
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