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RAMA JUDICIAL

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by

Román José Ortega Fernández

on 20 November 2018

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Transcript of RAMA JUDICIAL

Las fuerzas militares
tienen como fin la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional.

La policía nacional
es un cuerpo armado de naturaleza civil, cuyo fin principal es el mantenimiento de los derechos y libertades y asegurar la convivencia pacifica.

IGUALDAD
INDEPENDENCIA
ARTICULO 46.
El estado, la familia y el estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El estado le garantizara los servicios de la seguridad social, integral y el subsidio a alimentario en caso de indigencia.
Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos.

Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.


Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.
RELACIONES INTERNACIONALES
ARTICULO 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

ARTICULO 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República.

ARTICULO 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano. del Estado.
DERECHO
Sin embargo, las reglas de la máquina no son lo suficientemente exactas como para asignar una consecuencia específica frente a cualquier situación, y ahí es donde interviene la autonomía de los jueces; ellos deben utilizar su inteligencia para resolver los problemas que la máquina no puede.

Tal cosa sucede en los siguientes casos:

Cuando las reglas no son claras: en tal situación, se requiere un juez que las interprete.

Cuando no existe una regla aplicable: en tal caso, se necesita un juez para que busque y aplique las normas más similares, o para que tome una decisión basada en los principios de justicia.

Cuando hay varias reglas contradictorias y no se sabe cuál de todas aplicar. En este caso, el juez debe utilizar algunos criterios adicionales para decidir cuál de todas las normas aplicar.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
FIN
FUERZA PUBLICA
ARTICULO 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.


Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.
MONOPOLIO DE ARMAS
RAMA JUDICIAL
La existencia de un órgano legislativo que crea las normas para la convivencia social, y de una serie de órganos ejecutivos que dirigen el país, administran lo público y se encargan de garantizar el cumplimiento de las leyes, no es suficiente para que una sociedad funcione de la manera deseada. En una sociedad así, pueden seguir presentándose conflictos entre los ciudadanos, o entre éstos y el Estado, que los órganos legislativos y ejecutivos no están en capacidad de resolver.

Por esto existe la rama judicial, que ofrece una protección para la libertad de los ciudadanos, pues la función de quienes la integran consiste en resolver conflictos de manera justa. De ahí que la imparcialidad y la autonomía sean los principios fundamentales sobre los que descansa la labor judicial.

El sistema jurídico de nuestro país está dado por el conjunto de normas jurídicas que regulan a nuestra sociedad, y constituye una especie de máquina que, para cada hecho concreto, debe ofrecer una solución específica.
La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.

Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
Autonomía:
Concierne a la labor interpretativa del juez, la libertad que tiene para valorar la prueba allegada al proceso y dictar la correspondiente sentencia.

La autonomía no es absoluta, tiene como limites la Constitución y los tratados públicos.

Existen casos similares que son resueltos de forma distinta por diversos jueces.
Posibilidad reconocida a los residentes en Colombia, de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces para la debida protección de sus derechos.

Contar con procedimientos ideoneos y efectivos, en términos prudenciales y sin dilaciones injustificadas
MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado son nombrados por la misma corporación, de listas enviadas por el Consejo de Goberno Judicial previa convocatoria publica. Se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia.

Requisitos para ser magistrado: Periodo de 8 años, sin reelección.

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

JURISDICCIÓN ORDINARIA
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Esta dividida en salas, es el órgano de cierre de la jurisdicción.

Funciones:
-Actuar como tribunal de casación.
-Juzgar al Presidente de la República, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Fiscal General de la Nación, Ministros del Despacho, Procurador General, Defensor del Pueblo, Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, Gobernadores, Magistrados de Tribunales, Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen

-Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

- Negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PLENA
23 MAGISTRADOS
SALA DE GOBIERNO
5 MIEMBROS
SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
7 MAGISTRADOS
SALA DE CASACIÓN LABORAL
7 MAGISTRADOS
SALA DE CASACIÓN PENAL
9 MAGISTRADOS
TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL
JUECES CIVILES DEL CIRCUITO
JUECES FAMILIA DEL CIRCUITO
JUECES CIVILES MUNICIPALES
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO
JUEZ DE PEQUEÑAS CAUSAS
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO
JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS
JUECES CIVILES DE EJECUCIÓN
JUECES DE PEQUEÑAS CAUSAS
JUEZ PROMISCUO DEL CIRCUITO
Laboral, Civil, Familia, Penal
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL
Civil y Penal
JUEZ PENAL MUNICIPAL
JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA PLENA
31 MAGISTRADOS
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
27 MAGISTRADOS
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
4 MAGISTRADOS
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
4 MAGISTRADOS
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A Y B
3 MAGISTRADOS

SECCIÓN TERCERA
SUBSECCION A,B Y C
3 MAGISTRADOS

SECCION CUARTA
4 MAGISTRADOS
SECCION QUINTA
4 MAGISTRADOS

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
JUECES ADMINISTRATIVOS
Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo.

Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración.

Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.

Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
Creación de la Corte Constitucional en 1991, acogiendo una tendencia europea después de la segunda guerra mundial.

Es el órgano de cierre de todo el sistema jurídico colombiano.

Compuesta por 9 magistrados.

Elegidos por el senado de la república para un periodo de 8 años.

De ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Si se presenta una falta absoluta corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fue elegido, presentar una nueva para que el Senado de la República haga la elección correspondiente.

Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos
No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
9 MAGISTRADOS
SALA DE REVISIÓN
SALA DE SELECCIÓN
2 MAGISTRADOS
TODOS LOS JUECES DE LA REPÚBLICA
ACCION DE TUTELA
ACCION DE GRUPO
ACCION POPULAR
ACCION DE CUMPLIMIENTO
PERDIDA DE INVESTIDURA
HABEAS CORPUS
Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno.
Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno.

Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros.

El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.

Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.

Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION
Integrada por el Fiscal General y los fiscales delegados.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.

Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

Funciones:

-Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías.

-Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones.

-Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia.

-Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento.

-Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Se divide en dos salas:

Sala Administrativa: integrada por 6 magistrados elegidos para un período de ocho años.

2 por la Corte Suprema de Justicia
1 por la Corte Constitucional
3 por el Consejo de Estado.

Sala Jurisdiccional Disciplinaria: integrada por 7 magistrados.

Elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el Gobierno.

Consejos Secciónales de la Judicatura en cada departamento.

Requisitos: Colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito.
Funciones:

Administrar la carrera judicial.

Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla.

Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión.

Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.

Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial.

Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia.
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Nacional Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil

Consejo Nacional Electoral: 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno.

Período institucional de 4 años, previa postulación de los partidos o movimientos políticos.

Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva.

Tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Regula, inspecciona, vigila y controla la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos.

Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

Hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.
Revisar escrutinios y los documentos electorales con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.

Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

Reconocer y revocar la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos.

Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos.

Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley.
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley.

Período de 4 años, reelegido por una sola vez.

Mismas calidades para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección.

Dirigue y organiza las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas.
ORGANOS DE CONTROL
Es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Realiza el control y vigilancia de la gestion fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El control sera posterior y selectivo.

La vigilancia de la gestión fiscal incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República.
Elegido de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Prohibicion de reeleccion.

Requisitos:
ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, título universitario, o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años.

Inhabilidad:
No podrá ser elegido quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.
FUNCIONES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Establecer los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.

Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.

Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación

Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.


CONTRALORIAS TERRITORIALES
En cada departamento funciona una Contraloria y en algunos municipios.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.

El contralor es elegido para período igual al del gobernador o alcalde, a traves de convocatoria publica.

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario.

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.
El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público.

Elegido por el Senado, para un período de 4 años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
-Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad.

-Defender los intereses de la sociedad, el medio ambiente.
-Ejercer vigilancia de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
-Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
El Defensor del Pueblo forma parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.
Elegido por la Cámara de Representantes para un período de 4 años de terna elaborada por el Presidente de la República.

El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
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