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Caso Rodríguez Vera vs Colombia

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by

Pablo García

on 15 September 2016

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Transcript of Caso Rodríguez Vera vs Colombia

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

DECISIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA
Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
Medidas de rehabilitación y satisfacción
Indemnizaciones compensatorias
$1.25
SENTENCIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Vol XCIII, No. 311
HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS
(DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA)
VS. COLOMBIA
Carlos Horacio Urán Rojas
Eduardo Matson Ospino
Orlando Quijano
Yolanda Santodomingo
Albericci
José Vicente Rubiano Galvis
Medidas de no repetición.
Dimensión Preventiva
Dimensión reparadora
Son medidas encaminadas a evitar que violaciones análogas a los DDHH se generen en el futuro.
Garantizar el conocimiento de la jurisdicción ordinaria
Identificación e individualización de los autores.
Con la finalidad de que sean judicializados quienes sean hallados responsables de las violaciones del caso.
Investigar los hechos del caso
Con la directrices de:
Evitar cualquier clase de omisión en la consideración y valoración de la prueba.
Seguimiento de líneas lógicas de investigación.
Abstención de aplicar ciertas normas.
Leyes de amnistía
No argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem.
No oponer ninguna clase de eximente de responsabilidad.
No excusarse de la obligación de investigar.
Asegurarse del desarrollo adecuado de la investigación
Asegurar que las autoridades competentes realicen investigaciones ex officio.
Asegurar la disponibilidad de recursos logísticos y científicos para el efecto.
Acceso pleno a la documentación e información pertinente para investigar los hechos.
Publicación de la sentencia
Resumen oficial elaborado por la Corte: por una sola vez en el diario oficial.
También en un diario de amplia circulación nacional.
La sentencia en su integridad, disponible por un período de una año en un sitio web oficial.
Documental
Se dispuso la elaboración de un documental audiovisual por parte del Estado.
Debe contar con las opiniones de las víctimas y sus representantes.
Deberá hacerse cargo de todos los costos de producción, proyección y distribución del vídeo.
Deberá proyectarse en un canal de televisión de difusión nacional.
Deberá proveer 155 ejemplares del documental, a fin de distribuirlo entra las víctimas.
Se otorgó al Estado un plazo de 2 años.
Reconocimiento
Se dispone un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia.
Debe hacerse referencia directa a las violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia.
Debe contar con la presencia de altos funcionarios del Estado y las víctimas del caso.
Se otorgó al Estado el plazo de un año para ello.
HECHOS
Antecedentes de la Toma del Palacio de Justicia.
Fin del cese al fuego/incumplimiento de Acuerdos de Corinto (24 de agosto de 1984)
Seguridad del Palacio/Tratado de Extradición.
Amenazas de "Los Extraditables" de toma del Palacio y contra la vida de los magistrados.

Hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985
M-19
Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre (35 guerrilleros)/inicia 11:35 a.m./
TOMA DEL PALACIO/
12:00 ya tenían el control del Palacio.
El Gobierno se niega a negociar.
Fuerzas Militares "
OPERACÓN RASTRILLO
"/irrumpen a la 1:55 p.m. al Palacio con tanques /incendio.
Inicia la liberación de rehenes/rehenes sospechosos son llevados a la "CASA DEL FLORERO".
VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y
Consideraciones de la Corte frente al tema

Colombia realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad.

a. Con respecto a las presuntas víctimas de detención y tortura y sus familiares:

1. Por acción, debido a la violación de los derechos a la libertad personal y a la integridad personal

2. Por la violación del derecho a la integridad personal

b. Con respecto a las personas alegadamente desaparecidas forzadamente y sus familiares:

1. Desaparición forzada.

2. Por omisión, por violación del deber de garantizar el derecho a la personalidad jurídica y a la integridad personal.

3. Por omisión, por la violación de la integridad personal y el derecho a la libertad de conciencia y de religión.

c. Con respecto a la obligación de investigar:

1. Por omisión, demora prolongada en las investigaciones.

2. Por omisión, en perjuicio de Ana Rosa Castiblanco Torres por el retardo injustificado del Estado en identificar y entregar sus restos

4. Por omisión, en perjuicio de Carlos Horacio Urán Rojas, debido a que el Estado no ha podido determinar las circunstancias en las cuales se produjo su muerte.

Sin embargo...
El Estado no admitió de manera clara y específica todos los hechos, descritos en el Informe de Fondo de la Comisión o en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, que dan sustento a su reconocimiento parcial de responsabilidad. No obstante, como lo ha hecho en otros casos.

Dichas manifestaciones del Estado no constituyen un reconocimiento de pretensiones alegadas por la Comisión y los representantes, pues se basan en una versión de los hechos y una valoración de la prueba distinta a aquella alegada por la Comisión y los representantes. Por tanto, la Corte estima que se mantiene la controversia respecto de los hechos y violaciones alegados en perjuicio de dichas presuntas víctimas.
El Estado reconoció la violación de otros derechos en perjuicio de Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres y Carlos Horacio Urán Rojas.
Presentado por:

Fabián Alfonso Cabezas
Paola Díaz Holguín
Juan Pablo García Miranda
Vanessa Perdomo Buitrago
Marialejandra Suárez Pinedo
David Valbuena Quintero


Profundización Público- Décimo semestre
Responsabilidad Internacional del Estado
La Comisión concluyó que el Estado era responsable por:

i) La violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la vida, a la personalidad jurídica
en relación con los artículos I.a y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(en adelante “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”), en perjuicio de las victimas desaparecidas.
ii) la violación de los derechos a la libertad personal y la integridad personal en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino.
iii) la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención Interamericana contra la Tortura”) de Yolanda Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino.
iv) la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con el artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, BernardO Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Irma Franco Pineda, Ana Rosa Castiblanco Torres y sus familiares y de los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas.
v) la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana,
en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de las víctimas de
desaparición forzada, ejecución y tortura.
COMPETENCIA DE LA CORTE IDH
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es Estado Parte de la Convención Americana desde el 31 de julio de
1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
Manejo de la escena del crimen
Durante la retoma del Palacio de Justicia se ordenaron los levantamientos de algunos de los cadáveres.
Las principales irregularidades cometidas en relación con el manejo de la escena del crimen y el levantamiento de los cadáveres se evidencian en la incompetencia formal y sustancial de los funcionarios que participaron en las diligencias.
Las necropsias y la identificación de los cuerpos

Una vez fueron trasladados los 94 cuerpos al Instituto de Medicina Legal comenzaron las labores de necropsias e identificación.
La entrega de los cuerpos se hizo con base en los reconocimientos realizados por los familiares y conocidos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, “el haber acudido al reconocimiento morfológico del cuerpo como método fehaciente de identificación fue uno de los errores más graves cometidos por el Instituto de Medicina Legal”
CONCLUSIONES CIDH
La violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la vida, a la personalidad jurídica (artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado) en relación con los artículos I.a y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”), en perjuicio de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres, Irma Franco Pineda y Carlos Horacio Urán Rojas.
La violación de los derechos a la libertad personal y la integridad personal (artículos 7 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado) en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino.
La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8.1, 25.1 y 1.1 de la Convención Americana) en relación con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención Interamericana contra la Tortura”) de Yolanda Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino.
La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8.1, 25.1 y 1.1 de la Convención Americana) en relación con el artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Irma Franco Pineda, Ana Rosa Castiblanco Torres y sus familiares y de los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas.
La violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, ejecución y tortura.
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