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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DERECHO PROCESAL PENAL

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Kheyla Rondon

on 16 February 2017

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Transcript of PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DERECHO PROCESAL PENAL


Los Procesos en el Derecho Penal

El Proceso de la Admisión de Hecho
Es una herramienta jurídica, que resuelve un Juez Penal en primera instancia sin necesidad de juicio oral, y tiene lugar, cuando, llegada la audiencia preliminar en el proceso ordinario o una vez presentada la acusación en el juicio oral seguido por procedimiento abreviado, el imputado, en ese acto, solicita al juez de control la imposición inmediata de la pena, previo reconocimiento de los hechos de la acusación. En este caso, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito que hayan configurado los hechos admitidos, desde un tercio a la mitad, tomando en cuenta para fijar el monto de la rebaja, el bien jurídico afectado y el daño social causado.
En resumen, la admisión de los hechos de un procesado ante un Tribunal es su mera confesión espontánea; es decir que, el Imputado manifieste con voluntad propia y sin presiones ser el responsable de un hecho punible.
Oportunidad Procesal para la admisión de hechos.
Se produce en la fase intermedia del proceso penal ordinario, específicamente en la audiencia preliminar, desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.
PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y COMPETENCIA

FUNCIONARIOS QUER PUEDEN SER JUZGADOS
Los funcionarios enjuiciados no podrán ejercer ningún cargo en la administración pública y de estar ejerciéndolo debe apartarse por suspensión del mismo, por lo que dure el proceso.

Base Legal Artículo 375 del COPP.

"El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas".

PROCEDIMIENTO
- El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso (de los cuales aparecen en la acusación) en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la prueba respectiva.
- La admisión de los hechos procede después de presentada la acusación, y nunca antes, pues a partir de ese momento es cuando existe una incriminación formal y definitiva que establece con fijeza los hechos imputados, que son los mismos que debe admitir el imputado y no otros.
- Cuando se produce la admisión de hecho, por parte del imputado, el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido interponerse.
- La aplicación de este procedimiento, con el beneficio de una rebaja sólo de un tercio, en los siguientes casos: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra. Esto para evitar impunidad.
- Por otra parte, hay que indicar la confesión espontánea del imputado durante el juicio oral, fuera de las oportunidades expresamente señaladas por el legislador, deberá simplemente valorarse como una forma de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, libremente apreciada por el tribunal en concordancia con el acervo probatorio del debate.


MECANISMOS PARA EJERCER ESTA VIA:
Por actuaciones de cualquier fiscal, que haya conocido de los hechos por
cualquiera de las vías ordinarias por las que conoce el Ministerio Público:
De oficio o notitia criminis (art. 265. COPP), denuncia (art. 267 COPP), o
querella (art. 274.COPP), quien elevará las actuaciones al Fiscal General
de la República, a fin de que éste decida lo conducente.
Procedimiento para otros altos funcionarios
Si se trata de los otros altos funcionarios del Estado y se declara que hay méritos para el enjuiciamiento, deben distinguirse dos supuestos:
a. Si se tratare de algún alto funcionario que no tuviere la condición de parlamentario, éste quedará suspendido del ejercicio de sus funciones y el Tribunal Supremo de Justicia continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva.
b. Si se tratare de un miembro de la Asamblea Nacional, el enjuiciamiento sólo será procedente en caso de que la Asamblea acuerde el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En caso de que se levantare tal privilegio, deben remitirse los autos al Tribunal Supremo de Justicia quien continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. Si se tratare del Defensor o Defensora del Pueblo, funcionario que goza de inmunidad conforme a lo establecido en el art. 282 de la Constitución, debe procederse al allanamiento de tal inmunidad, sin embargo, no establece la Constitución ni la ley cuál es la autoridad competente para efectuar el allanamiento; no obstante por ser la Asamblea Nacional el órgano del poder público a quien compete la designación del Defensor del Pueblo, estimamos que será tal órgano legislativo el legitimado para allanarle la inmunidad. Cumplidos los requisitos anteriores, la causa seguida al alto funcionario debe tramitarse conforme a las reglas del proceso ordinario, es decir, procede a convocatoria para el juicio oral y público, pues la función que en el procedimiento ordinario ejerce el juez de control respecto de la acusación, en este caso la desempeña el Tribunal Supremo de Justicia; por tanto, la declaratoria de haber méritos para el enjuiciamiento equivale al auto de apertura a juicio. Una vez que se han cumplido los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario queda suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso.
Si el Tribunal declara que no hay lugar para el enjuiciamiento debe pronunciar el sobreseimiento. Si se tratare de un delito de instancia privada, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia debe
Este procedimiento se utiliza únicamente para aquellos delitos cuya naturaleza jurídica de la Acción Penal es de Acción Privada, se inician por la Querella de la víctima o de la persona agraviada, quienes llevan la carga de instar el procedimiento, de lo contrario este será declarado “desistido el procedimiento”.



Los perjuicios derivados del delito pueden ser de dos tipos, materiales y morales. Son materiales los perjuicios que se concretan en la destrucción, privación o disminución de bienes de contenido económico. Serian morales, los perjuicios que afectan intereses de naturaleza psicológica, como el honor y la honra de una persona, Estos a su vez se subdividen en objetivos y subjetivos.
Los objetivos, son aquellos que producen consecuencias susceptibles de valoración económica y subjetivos o de afección son los que lesionan la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño a personas queridas o la destrucción o deterioro de objetos materiales representativos de valor de afección.
EL PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
Tribunal Competente: Tribunal de Primera Instancia Municipal en funciones de Control, según el art. 65 del COPP nos establece claramente la competencia por la materia al Tribunal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control.
“delitos menores”: Son aquellos delitos de acción pública cuya pena en su límite máximo no exceda de ocho (8) años de privación de
libertad.
Delitos excluidos: Último ap. 354. Homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad de niños, niñas y adolescentes, secuestro, corrupción, delitos contra que el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, Legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DEL DAÑO Y
LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL HECHO
PUNIBLE

Su base legal se encuentra en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

Realizado por:
Kheyla Rondón
C.I. 13695275.

¡MUCHAS GRACIAS!
Efecto que produce esta figura jurídica.
Su efecto más importante es la aplicación de la pena de forma inmediata, con su respectiva rebaja de un tercio a la mitad.
-
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
Recibida la querella, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública dentro de los treinta días siguientes para que el imputado dé respuesta a la querella. Abierta la audiencia, el Fiscal General de la República explanará la querella. Seguidamente, el defensor expondrá los alegatos correspondientes. Se admitirán réplica y contrarréplica. El imputado tendrá la última palabra.
Concluido el debate declarará, en el término de cinco días siguientes, si hay o no mérito para el enjuiciamiento..
El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Ministros o Ministras del Despacho, Procurador o Procuradora General de la República, Miembros del Alto Mando Militar, Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República..

EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS DELITOS DE ACCION DEPENDIENTE DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA
Características:

1. Es personalísimo, ya que únicamente podría instar este procedimiento la persona agraviada, pero sus herederos podrán instarlo si el acusador muere antes de terminar el proceso.
2. La intervención del Ministerio Público es casi nula, solo si se necesitara el auxilio en alguna prueba, intervendría.
3. Es ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, donde la parte interesada debe presentar su Acusación Privada o Querella, donde este Juez procederá según el procedimiento a una Audiencia para tratar de conciliar a las partes, si esta no se lograre se procederá al Juicio Oral, según el Procedimiento Ordinario establecido en la norma adjetiva Penal, conforme a lo establecido en el Titulo VII, del Libro Tercero (Artículos 391 al 409 , ambos inclusive del Código Orgánico Procesal Penal en adelante COPP).


En primer término la existencia de una sentencia firme, es decir la sentencia contra la cual no puede ejercerse ningún recurso, ni el ordinario, ni el extraordinario de Casación. En segundo Lugar, el Tribunal ante el cual debe ejercerse la Acción civil, es el tribunal que conoció del juicio penal y dictó la correspondiente sentencia condenatoria, bien sea unipersonal o mixto. En tercer lugar, las personas que pueden intentar la correspondiente acción civil, que no son otras que la víctima del delito, (art. 121 COPP)
Medidas de Coerción Personal Aplicables
Las medidas cautelares sustitutivas (art. 242), salvo los casos de “comprobada” contumacia o rebeldía, para la cual deben cumplirse alguno de los siguientes supuestos:
1. Falta de comparecencia injustificada del “procesado o procesada” de
acudir al llamado del órgano jurisdiccional o del Ministerio Público.
2. Conducta violenta o intimidatoria debidamente acreditada hacia la
víctima o testigos.
3. Incumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas impuestas
4. Incurrir en un nuevo hecho punible.
En desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución en los numerales 2 y 3 el art. 266 al Máximo Tribunal de la República, regula el COPP, entre los arts. 376 y 381, el trámite previo a seguir para el enjuiciamiento del Presidente de la República, de quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado.

Es competencia del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o de quien haga sus veces y de los altos funcionarios o funcionarias del Estado, previa querella de el o la Fiscal General de la República. En estos casos se requiere que el Fiscal General de la República presente querella ante el Tribunal Supremo de Justicia
EL PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS
“MENOS GRAVES”
SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA:
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