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Responsabilidad del Estado por Expropiación

Derecho administrativo II Universidad Nacional de Colombia
by

alejandra Mendez Molano

on 4 June 2012

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Transcript of Responsabilidad del Estado por Expropiación

Responsabilidad del Estado por Expropiación Gracias por su atención! a) Que la responsabilidad del Estado, directa y objetiva, surge de una acción u omisión.

b) Que esa acción u omisión debe ser imputable a una autoridad pública.

c) Que esa acción u omisión, imputable a una autoridad, cause un daño antijurídico a una persona natural o jurídica. Sentencia del 31 de Octubre de 1991
Sentencia del 30 de Julio de 1992: La responsabilidad objetiva o teoría del riesgo se fundamenta en el hecho mismo qué causó el perjuicio o daño, sin que interese la culpabilidad del Estado. Caracterización. Responsabilidad Objetiva Expropiación Indemnización Definición Clasificación Fundamento Legal y Constitucional Elementos Desarrollo Histórico Elementos constitutivos El hecho: es decir la acción u omisión del ente estatal Perjuicio: el cual debe ser consecuencia de dicha acción u omisión que realice el estado. Institución de Derecho público mediante la cual el Estado, con fundamento en la prevalencia del interés general sobre el particular y por motivos de utilidad pública o interés social predeterminados en la ley formal, siguiendo el procedimiento de enajenación forzosa, convierte la propiedad privada en pública, subrogando el derecho del titular con el reconocimiento de una indemnización que se fija consultado los intereses de la comunidad y del propio afectado. Expropiación por sentencia judicial u ordinaria Procedimiento que se da mediante decisión atributiva de un órgano jurisdiccional, que para su realización requiere indemnización previa, la cual se fijara consultando los intereses de la comunidad y del propio afectado Fase Mixta Fase Administrativa Fase Judicial Expropiación Ordinaria Juicio de Expropiación Expropiación por vía administrativa "[...]En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio[...]" - Art. 58 inc. 4° C.N.

Reconocimiento en cabeza de la administración, del poder jurídico para decidir, a través de un acto administrativo motivado, mediante la aplicación del Derecho en un caso concreto, que existen los motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador, que legitiman y justifican una expropiación y regular el monto de la indemnización que debe pagarse al propietario expropiado y la forma de pago.
Ver Ley 388/1997, arts. 63-72. Utilidad Pública:

Utilidad pública: Todo aquello que por su conveniencia, provecho o beneficio contribuye a la realización de un bien común.

Frutos, beneficios o ventajas del desarrollo, derivados de ciertas actuaciones, operaciones o ejecuciones estatales que, según sus dimensiones y repercusiones, generan y permiten el usufructo general, o que según las directrices de política gubernamental, pueden asegurar la convivencia pacífica de los asociados. Expropiación en caso de guerra "[...]En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio[...]" - Art. 58 inc. 4° C.N.

Reconocimiento en cabeza de la administración, del poder jurídico para decidir, a través de un acto administrativo motivado, mediante la aplicación del Derecho en un caso concreto, que existen los motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador, que legitiman y justifican una expropiación y regular el monto de la indemnización que debe pagarse al propietario expropiado y la forma de pago.
Ver Ley 388/1997, arts. 63-72. Expropiación por razones de equidad(derogada) Deber de las autoridades públicas, que deriva de la formula del Estado Social de Derecho y de los fines que le son propios, entre los cuales ocupa un papel preponderante la búsqueda de un orden justo, en donde la justicia distributiva, con fundamento constitucional expreso, fuere real y efectiva. Constitución política de 1991

ARTICULO 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

ARTICULO 59. En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.
En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Decreto ley 1056 de 1953 Código de Petróleos; Ley 135 de 1961 Reforma Social Agraria; Ley 60 de 1967; Ley 20 de 1969; Decreto ley 1275 de 1970; Decreto ley 2811 de 1974 Código de Recursos Renovables y de Protección al medio Ambiente; Ley 56 de 1981 Sobre obras públicas*; Decreto ley 258 de 1983 De vivienda familiar*; Decreto ley 1333 de 1986; Ley 9ª de 1989; Ley 99 de 1993; Ley 142 de 1994; Ley 160 de 1994; Ley 388 de 1997; y Ley 685 de 2001 Nuevo Código de Minas •Acto administrativo autónomo o sentencia judicial: elemento sustantivo La competencia constitucional para adquirir el dominio sobre el bien desapropiado esta subordinada a la condición de que el patrimonio de su propietario no se dañe; es así como la indemnización surge como la responsabilidad del Estado de responder patrimonialmente por los actos lícitos que realice. La indemnización expropiatoria encuentra su fuente en la transferencia o cesión forzosa de la propiedad, promovida mediante acto unilateral de la administración estatal. De esta forma la indemnización se convierte en el deber que tiene el Estado de reparar previamente al propietario, en valor efectivo, por la perdida del derecho sobre el bien objeto de expropiación; constituyéndose en el derecho subjetivo del dueño de ser compensado económicamente antes de se produzca la privación de su propiedad, mediante el reconocimiento o pago del valor del bien expropiado. Indemnización previa
Indemnización posterior
La indemnización debe ser pagada en dinero
La indemnización debe fijarse consultando los intereses de la comunidad y del afectado
La indemnización debe ser integral Sentencia del 2 de Noviembre de 1960 del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo •La intervención del poder público como sujeto de derecho, impone la necesidad de sistemas distintos de aquellos que regulan las relaciones entre particulares. •Los intereses colectivos limitan la actuación del Estado, por una parte, y le otorgan a la administración poderes singulares de imposición y facultades excepcionales de decisión unilateral.

El derecho administrativo estructura, como contrapartida necesaria de ese régimen de privilegio estatal, un sistema autónomo de responsabilidad que tutela los derechos subjetivos y protege el interés general. De allí que su actividad se desenvuelva en torno de dos principios directrices que constituyen la esencia del derecho administrativo y que dan a esta rama jurídica autonomía plena: La idea de imposición, y la idea de responsabilidad. • Si los poderes públicos están obligados a actuar dentro de los límites constitucionales, las actividades que desborden esos linderos y que lesionen derechos particulares, han de producir necesariamente consecuencias jurídicas que se traduzcan en el restablecimiento del derecho violado. La infracción a los estatutos y el daño ocasionado, constituyen la fuente de la responsabilidad. •Si la lesión ocasionada por un tercero implica la indemnización del daño, la que es causada por el mismo protector de ese derecho ha de determinar, por lo menos, idénticas consecuencias jurídicas. La violación del derecho por parte de la administración pública encargada de la misión concreta y específica de ampararlo, conlleva una mayor responsabilidad porque ella debe actuar, por mandato expreso de la Carta, dentro de los límites de la legalidad. Si el Estado hiere el derecho particular y ocasiona daño, necesariamente ha de responder de su acto. •El apoderado del actor apoyó su demanda no solamente en los preceptos comentados del código civil, sino también en los artículos 16, 30 y 34 la Constitución Nacional, normas que obligan a las autoridades a proteger los bienes, a respetar los derechos adquiridos con justo titulo, a impedir la confiscación y a responder por la ocupación temporal de los inmuebles aun en tiempo de guerra. La acción se apoya, además, en el artículo 68 del código contencioso administrativo que da viabilidad al restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación es una operación administrativa.•El apoderado del actor apoyó su demanda no solamente en los preceptos comentados del código civil, sino también en los artículos 16, 30 y 34 la Constitución Nacional, normas que obligan a las autoridades a proteger los bienes, a respetar los derechos adquiridos con justo titulo, a impedir la confiscación y a responder por la ocupación temporal de los inmuebles aun en tiempo de guerra. La acción se apoya, además, en el artículo 68 del código contencioso administrativo que da viabilidad al restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación es una operación administrativa. •La situación de guerra civil en la que se encontraba encaja dentro de los supuestos contemplados en los dos últimos incisos del artículo 33 de la Constitución Nacional de 1886. Dispone esa norma que en caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá decretarse por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y sin indemnización previa. Agregan los dos últimos incisos que en ese mismo caso la propiedad inmueble podrá ocuparse temporalmente para atender las necesidades de la guerra, pero en tales eventos la Nación será siempre responsable por aquellas expropiaciones y por estas ocupaciones. •La teoría fue propuesta a mediados del siglo XIX, la época de la “Revolución Industrial” en la cual se presento un gran incremento de accidentes que producían a su vez una serie de daños y perjuicios los cuales era necesario indemnizar. •El fundamento de la responsabilidad se encuentra en el hecho que produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o dolo. Lo relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño. •En lo que respecta a la teoría de la responsabilidad objetiva son varios los argumentos que la fundamentan. (Ordoquí y Oliviera)
•Teoría del interés activo
•Teoría de la prevención
•Teoría del interés preponderante
•Teoría del acto peligroso
•Teoría del riesgo provecho
•Teoría del riesgo creado •No se responde de todos los daños que hayamos podido contribuir a causar por medio de cualquiera actividad. Se es responsable de los riesgos excepcionales que se hayan causado por una actividad anormal. Acto normal y acto anormal. • A modo de conclusión: La responsabilidad objetiva es aquella que prescinde de toda valoración subjetiva al momento de establecer la responsabilidad, es decir, no analiza el comportamiento del sujeto causante del daño, sino que simplemente se vale del daño y de la relación de causalidad entre este y la acción u omisión para determinar si hay responsabilidad o no, sin importar que el hecho dañoso se haya producido como resultado de un hecho culposo o doloso.
1.Expropiante: sujeto activo
Puesto que el fundamento de la expropiación es la prevalencia del interés general sobre el particular, y su sustento son los motivos de utilidad pública o de interés social, el titular de la potestad expropiatoria no puede ser sino el Estado representado en: •La Nación
•Entidades territoriales
•Áreas metropolitanas
•Asociaciones de municipios
•Establecimientos públicos
•Empresas industriales y comerciales del Estado
•Sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores: en los órdenes nacional, departamental y municipal, que estén expresamente autorizadas por sus estatutos.
•INCODER
•Instituto Colombiano de Reforma Agraria
•Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
•Ministerio de Minas y Energía Sujetos de la expropiación: elemento subjetivo 2.Expropiado: Sujeto pasivo
El titular del derecho de propiedad sobre el cual recae la expropiación, sea persona natural o jurídica de carácter privado o público. Esta condición se hace extensiva a los poseedores o a los causahabitantes. La comunidad: sujeto beneficiario •Bien expropiable: elemento objetivo

Objeto sobre el cual recae la expropiación: la propiedad (bienes inmuebles), en su integridad o parcialidad, y los derechos reales que lo constituyan. También puede recaer sobre bienes muebles, en cuanto a la utilidad pública o el interés social lo requieren (artículo 9° de la ley 9ª de 1989; artículos 187 y 188 Ley 685/2001) •Procedimiento: elemento formal
El tramite expropiatorio esta sujeto a mecanismos procedimentales para llegar a la transferencia o cesión forzosa de la propiedad, según las prescripciones de la ley general o la especial. •Motivos de utilidad pública o interés social: fin que la hace viable • Indemnización: elemento material garantizador Interés Social

Aquel que tiene incidencia en la realización de las necesidades colectivas, socialmente sentidas o requeridas. Y se efectiviza mediante el intervencionismo social del Estado.
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