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Comisión de la Verdad y Reconciliación

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miguel Centeno

on 1 December 2012

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Transcript of Comisión de la Verdad y Reconciliación

•La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
•La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas.1 Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.
•La CVR afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro conflicto,2 provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población y llegó a involucrar al conjunto de la sociedad. Comisión de la Verdad y Reconciliación CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME FINAL DE LA CVR La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el período entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. I .I.LAS DIMENSIONES DEL CONFLICTO •La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR.3
•La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional. Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente el 40 por ciento de la población nacional tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68 por ciento de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel. •La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la ciudad de Lima. 1•La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.
•Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR. II.LAS RESPONSABILIDADES DEL CONFLICTO •La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar.
•La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos. •En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. A diferencia del PCP-SL, y en forma similar a otras organizaciones armadas latinoamericanas con las que mantuvo vínculos, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales,6 recurrió a asesinatos, como en el caso del general Enrique López Albújar, a la toma de rehenes y a la práctica sistemática del secuestro, crímenes que violan no sólo la libertad de las personas sino el derecho internacional humanitario que el MRTA afirmaba respetar. Cabe resaltar también que el MRTA asesinó a disidentes de sus propias filas. •En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones del MRTA contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la violencia pretendía aparecer como un recurso político legítimo, favoreciendo en última instancia la actividad y la expansión del PCP-SL. En la década de 1990, especialmente a partir de su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori. •La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones. •La CVR reconoce que el partido Acción Popular tuvo que enfrentar la subversión en un escenario difícil por la complejidad del Estado sobredimensionado legado por el gobierno militar, por la debilidad de un sistema de partidos sin vida democrática significativa, por relaciones cívico-militares marcadas por la distancia y la desconfianza y por la existencia de una izquierda de gran tamaño y radicalidad.

•La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno del PAP en relación con estos casos, sin perjuicio de otras responsabilidades individuales que sean determinadas en otras instancias judiciales nacionales o internacionales.
•La CVR ha constatado que el gobierno del PAP puso en marcha un proceso de reorganización de las tres instituciones policiales existentes, atendiendo a reclamaciones sobre la crisis de corrupción e ineficiencia. Ello derivó en lo que más adelante sería la policía nacional. El PAP tuvo un especial interés en controlar a la policía a través del Ministerio del Interior. En el proceso se crearon nuevas unidades como la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), preparada para la lucha contrasubversiva y se fortaleció el trabajo de inteligencia contra el terrorismo.

•La CVR concluye que el golpe de estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de Derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos; el golpe contó con el apoyo de la mayoría de la opinión pública. En medio de la ofensiva urbana del PCP-SL, sectores importantes de todos los estratos sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar las violaciones a los derechos humanos como el costo necesario para terminar con la subversión.
•Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis económica y en abismos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucional, y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de mayor oprobio de la historia de la República. IV.EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES •La CVR halla que el conflicto armado interno que ha investigado es el más grave de nuestra historia republicana y ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales, destruyeron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo, resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del derecho.
•La CVR ha constatado que toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto; ellos merecen atención preferente del Estado. VI. SOBRE LA NECESIDAD DE REPARAR •La CVR, a partir del informe que entrega al país, estima que, si bien pudo alegarse ignorancia o incomprensión frente al drama que se vivió en los primeros años del conflicto, ello no es más posible. Enterados los poderes del Estado y los ciudadanos y ciudadanas a quienes va dirigido nuestro informe de las sobrecogedoras dimensiones de lo ocurrido, resulta indispensable, si queremos vivir civilizadamente en paz y en democracia, reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado.

•La CVR considera que su misma existencia y el mandato que recibió de proponer reparaciones constituye ya el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas.

•Para la CVR la reparación tiene profundas implicancias éticas y políticas, y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional. Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado.

•La CVR considera que una parte esencial del proceso de reparación es la justicia. Ningún camino hacia la reconciliación será transitable si no va acompañado de un ejercicio efectivo de la justicia, tanto en lo que concierne a la reparación de los daños sufridos por las víctimas cuanto en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad. No se puede construir un país éticamente sano y políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad. A través de los casos que entrega al Ministerio Público, de la identificación de alrededor de 24 mil víctimas del conflicto armado interno y de los hallazgos de sus investigaciones en general, la CVR busca ampliar sustancialmente los argumentos para sustentar el reclamo de justicia de las víctimas y de sus organizaciones, así como de los organismos defensores de los derechos humanos y de los ciudadanos en general. 1989. Golpes al MRTA, capturan a Victor Polay en Huancayo; Cerca a Jauja, emboscan a columnas terroristas, con lo que mueren 60 subversivos. •La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad peruana, por los siguientes elementos: Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población;
por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria;
por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano;
por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado;
por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el carácter terrorista de sus acciones. •La CVR ha constatado la agresión violenta de parte de los grupos subversivos a di-versos sindicatos y empresas. En el informe de la CVR constan los asesinatos de dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios de empresas.
•La CVR estima que mientras el PCP-SL exacerbó los conflictos laborales y se propuso como objetivo la destrucción de los sindicatos existentes, el MRTA buscó utilizar los sindicatos para sus fines subversivos.

•La CVR encuentra una grave responsabilidad del Estado: i) en el descuido de la educación pública en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo como importante terreno de disputa ideológica y simbólica; ii) en el amedrentamiento y/o la estigmatización de comunidades enteras de maestros y estudiantes de universidades públicas, especialmente de provincias16; iii) en el deterioro de la infraestructura de servicios de varias universidades públicas; iv) en haber permitido graves violaciones de los derechos humanos de estudiantes y profesores por el hecho de ser tales. Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso III.EL PROCESO POLÍTICO Y LOS GOBIERNOS V.V.SOBRE LAS SECUELAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO VI.SOBRE EL PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL •La CVR propone que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. A partir de su mandato de propiciar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas, la CVR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruanos, y entre los miembros de la sociedad.
•La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.
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