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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL C-239 DE 1994

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by

J.L. M.G.

on 11 July 2015

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Transcript of ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL C-239 DE 1994

Magistrado ponente:
Dr. Jorge Arango Mejía

Institución Jurídica:
Corte Constitucional

Sala:
Sala Plena

Radicado:
Expediente D-445

Ubicación:
Bogotá D.C.

Fecha:
Diez y nueve (19) del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Actores:
Manuel G. Salas Santacruz

Tipo de demanda:
Acción de inconstitucionalidad
INTERVENCIONES
¿Las normas de la ley 54 de 1990 deben aplicarse a relaciones concubinarias que existieron y terminaron ANTES DE ENTRAR EN VIGENGIA LA LEY, lo mismo que a aquellas que comenzaron antes de la vigencia de la ley y se mantuvieron durante ésta?

¿La irretroactividad del Artículo 1o. (parcial) de la ley 54 de 1990 vulnera los derechos que pudieran adquirir los concubinatos que se formaron antes de su promulgación y que cumplen con los requisitos exigidos para la formación de una UMH?

¿Es imposible aplicar la regulación de la liquidación de la sociedad conyugal a proceso liquidatario de la UMH como lo consagra el inciso segundo (parcial) del artículo 7o. de la ley 54 de 1990?

PROBLEMA JURÍDICO
Hechos:
1. Manuel G. Salas Santacruz presentó ante la alta Corporación demanda de inconstitucionalidad del artículo 1o. (parcial) y de la expresión " disolución" contenida en el inciso segundo del artículo 7o. de la ley 54 de 1990.

2. Por auto del dos (2) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993), el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, por cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 2o. del decreto 2067 de 1991.

3. Así mismo, se dispuso el envío de copia del expediente al señor Procurador General de la Nación.

4. Igualmente, les fué enviada la copia de la demanda, al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso, para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

2. Intervención del ciudadano designado por el Ministerio de la Justicia y el Derecho

Para el doctor Raúl Alejandro Criales Martínez, el demandante está haciendo una indebida interpretación en lo que hace a la aplicación de la ley 54 de 1990, toda vez que lo que indica el artículo 1o. es que, a partir de su vigencia, las uniones maritales de hecho serán aquellas formadas por un hombre y una mujer sin importar el tiempo de su formación. Al respecto, expresa que " el aspecto de la temporalidad comprende es la denominación que desde ese preciso momento se va a otorgar a las citadas uniones, ya estén conformadas antes de la vigencia de la ley o con posterioridad a ella, y no al hecho de la conformación de las mismas." Por ello estima que no le asiste razón al demandante cuando afirma que la norma demandada establece una discriminación entre las uniones formadas con anterioridad a la ley y las que se llegaron a formar después de ella, porque si bien " es cierto que la mencionada ley se aplicará sólo a partir de su vigencia, pero para todos aquellos efectos procedimentales, se aplicará para las uniones tanto anteriores como posteriores a la vigencia de la ley, por tanto se están tratando por igual tanto a las unas como a las otras."
C-239 de 1994
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ARANGO MEJIA

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Norma Demandada:
Artículo 1o. (parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7o. de la ley 54 de 1990.

"LEY NUMERO 54 DE 1990
(Diciembre 28)

"Por la cual se definen las uniones maritales de hecho
y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes".

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"ART. 1o.-
A partir de la vigencia de la presente ley
y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.

"Igualmente y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho.


"ART. 7o.- A la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se aplicarán las normas contenidas en el Libro 4o. Título XXII, Capítulo I al VI del Código Civil.

"Los procesos de
disolución
y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia en primera instancia."

En concepto del demandante, las uniones de hecho existentes con anterioridad a la ley, son las mismas que las existentes después de su promulgación: "...ambas con sus mismas características existierón (sic) y siguen existiendo, así la Ley 54 les haya dado un reconocimiento legal, el cual no tenían. La Ley 54 del 90 les dió "un nombre legal" pero ambas, en fin de cuentas, son lo mismo y por lo tanto no vale la discriminación que se les hace a sus componentes -que son un hombre y una mujer-. Se ha alegado que la IRRETROACTIVIDAD de dicha ley tiene sus razones, y una de ellas, entre otras es la de proteger derechos adquiridos conforme a la legislación vigente, que es lo que precisamente desconoce al disponer su aplicación a partir de una fecha (...)"

Sostiene el actor que el inciso segundo del artículo 7 de la ley 54 de 1990, desconoce los artículo 4o. y 29 de la Constitución Nacional " (...) En efecto, el procedimiento o trámite previsto en el Capítulo XXX del Código de Procedimiento Civil tiene una estructura totalmente diferente, y que lo hace inaplicable para declarar la disolución de una sociedad patrimonial de hecho, ya que aquél está previsto como mecanismo "liquidatorio " y su aplicación requiere obviamente, de una certeza de tipo jurídico, vale decir, una sentencia, que es la consecuencia indiscutible de un proceso previo de "declaración y disolución", y en consecuencia el procedimiento al cual remite el inciso 2o. acusado, es totalmente incompatible y por ende inoperante para estos últimos eventos."
1. Intervención de la Directora Genenral del Instituto de Bienestar Familiar IBCF

La doctora Martha Ripoll de Urrutia, considera que las sociedades de hecho entre concubinos formadas con anterioridad a la vigencia de la ley 54 de 1990, se fundamentan en presupuestos distintos a los contemplados en la ley acusada, toda vez que para que ellas fueran reconocidas, debía probarse el ánimo de la pareja de asociarse y, con los aportes dados, lograr la explotación económica de una actividad con fines lucrativos. En esta clase de sociedades, afirma, las relaciones de carácter personal eran irrelevantes, a diferencia de lo que sucede con las uniones reconocidas con la ley 54 de 1990, donde la prolongación de las relaciones concubinarias durante determinado lapso, hace presumir la existencia de la sociedad patrimonial.

INTERVENCIONES
3. Concepto del Procurador General de la Nación
Procurador General de la Nación, doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, pidió declarar EXEQUIBLES las normas demandadas. Si el legislador en la ley 54 de 1990 no estableció su retroactividad, no puede otorgarse dicho efecto por vía de interpretación, hecho éste que no puede considerarse como violatorio del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución. “... En lo relativo a la vigencia temporal de la norma, ella no cobija las parejas cuya unión nació y se extinguió con anterioridad a su entrada en vigor; aquellas que tenían su unión vigente a 31 de diciembre de 1990 quedaron bajo su imperio pero sólo a partir de la fecha y hacia el futuro; y en cuanto a las uniones maritales de hecho surgidas con posterioridad a esa fecha se les aplica plenamente.”


Finalmente, en relación con los cargos frente al inciso segundo del artículo 7o. de la ley 54 de 1990, el Ministerio Público conceptúa lo siguiente: " Contrariamente a lo expuesto por el petente, este Despacho considera que el procedimiento de liquidación puede aplicarse al proceso liquidatario de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, previa su disolución judicial ante la necesidad de que se pudiera acudir al juez para extinguir la comunidad indivisa en aquellos casos en que no exista acuerdo entre los compañeros permanentes para la participación.


a.) La sociedad de hecho entre concubinos
• El Código y las leyes anteriores a la ley 54 de 1990 no preveían nada semejante en relación con el concubinato. Lo cual era lógico si se tiene en cuenta la moral predominante en la época en que se adoptó el Código en Colombia, circunstancia que explica regulaciones legales injustas, que especialmente perjudicaban a la mujer y a los hijos naturales o extramatrimoniales
• Corte Suprema de Jusiticia construyó la teoría de la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que representó un segundo paso en el camino hacia la igualdad económica de los miembros de la pareja, pues el primero se había dado al aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa y hacer, en consecuencia, titular de la acción in rem verso al concubino cuyo trabajo había sido una de las causas para la adquisición de bienes en cabeza del otro. Y luego, para la partición de los bienes adquiridos en común y la repartición de los beneficios, se consagró la actio pro socio".

b). La ley 54 de 1990
• El artículo 1o. de la ley consagra la expresión unión marital de hecho, expresión posiblemente encaminada a hacer a un lado las connotaciones degradantes de los términos concubinato, amancebamiento, etc..
• La definición contenida en esta norma describe, en últimas, una especie de matrimonio de hecho.
• Se establece una presunción simplemente legal sobre la existencia de sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes.
• La ley presume, la existencia de una sociedad de ganancias, a título universal, semejante a la sociedad conyugal.
c). La ley 54 de 1990 y su aplicación en el tiempo
• en cuanto a su vigencia, la ley 54 de 1990 sigue el principio general según el cual la ley rige hacia el futuro.
• Por analogía consagró la retrospectividad de la Ley, más no su retroactividad. (Durante la vigencia de la Constitución de 1863, el único matrimonio válido ante la ley era el civil. Adoptada la Constitución de 1886, se dictó la ley 153 de 1887, cuyo artículo 21 dispuso ) "El matrimonio podrá por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, a partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general del país; en cuanto este beneficio no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación.".
• Sólo el legislador al dictar una ley, puede establecer su carácter retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas.


d). Examen de los cargos contenidos en la demanda
• Sea lo primero decir que es erróneo sostener, como parece hacerlo el demandante, que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho, como la denomina la ley 54 de 1990.
• Tampoco acierta el actor al afirmar que la unión marital de hecho es el mismo concubinato existente antes de la vigencia de la ley. Podría serlo si se tienen en cuenta únicamente los hechos, desprovistos de sus consecuencias jurídicas. Pero la verdad es la creación de una nueva institución jurídica.
• Las apreciaciones del demandante sobre el inciso segundo del artículo 7, carecen de fundamento. No puede afirmarse que la norma viole el debido proceso, solamente porque su aplicación dé lugar a diversas situaciones

1. CONCUBINATO/UNION MARITAL DE HECHO-Efectos patrimoniales/RETROACTIVIDAD DE LA LEY
La ley 54 de 1990 representa una actitud diametralmente opuesta frente al concubinato: en tanto que la legislación anterior no le asignaba consecuencias económicas por sí mismo, la nueva ley, no sólo lo denomina unión marital de hecho, sino que hace de esta unión el supuesto de hecho de la presunción simplemente legal que permite declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
2. INTERPRETACION DE LA LEY-Competencia
Sin la pretensión de interpretar la ley y definir su aplicación en los casos concretos, misión propia de los jueces competentes y no de la Corte Constitucional, es posible pensar en diversas soluciones, en principio válidas en cuanto no vulneren derechos adquiridos antes de entrar en vigencia la nueva ley. Entre paréntesis, y para entender por qué no es misión de la Corte Constitucional determinar cuál es la ley aplicable en un determinado caso, recuérdese que una de las causales del recurso de casación en materia civil es la violación de la ley sustancial, que puede presentarse por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. Además, recuérdese que, precisamente, por mandato legal la finalidad principal de tal recurso es la unificación de la jurisprudencia, función que cumple la Corte Suprema de Justicia al desatarlo en cada caso en concreto.



3. LEY-Aplicación en el tiempo/RETROACTIVIDAD DE LA LEY-Improcedencia/RETROACTIVIDAD DE LA LEY-Situaciones consolidadas
Aceptando el principio de que la ley se aplica a partir de su vigencia, corresponderá al juez, en cada caso concreto, determinar su aplicación, como ya se dijo al mencionar el recurso de casación. Por ejemplo, en relación con las uniones existentes en el momento de comenzar su vigencia la ley, habría que preguntarse si los dos años previstos en los literales a) y b) del artículo segundo, deben contarse solamente dentro de la vigencia de la misma, o pueden comprender el tiempo anterior. Pero esto es asunto de interpretación de la ley, y por consiguiente de su aplicación, y nada tiene que ver con la exequibilidad. En el fondo, lo que el actor pretende al pedirle a la Corte que declare la inexequiblidad de la expresión " a partir de la vigencia de la presente ley", es nada menos que el determinar que la ley tiene efecto retroactivo. Conducta que no puede asumir la Corte, por más que se invoque, equivocadamente, el principio de igualdad. Solo el legislador al dictar una ley, puede establecer su carácter retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas.

4. MATRIMONIO/UNION MARITAL DE HECHO-Diferencia
Es erróneo sostener que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho. Sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.
RESPUESTAS
5. SOCIEDAD PATRIMONIAL-Liquidación
Al proceso de liquidación sólo podrá llegarse después de haberse declarado judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial. Tal declaración, por no existir un trámite especial, deberá hacerse en un proceso ordinario. Nada obsta para que los compañeros permanentes, siendo capaces civilmente y estando de acuerdo, liquiden la sociedad patrimonial por sí mismos, por escritura pública. No es exacto, en consecuencia, afirmar que la ley haya dejado al arbitrio del juez la determinación del proceso que deba tramitarse.

Decisión:
DECLARAR EXEQUIBLES el artículo 1o., y el inciso segundo del artículo 7o., de la ley 54 de 1990

Método utilizado:
El método utilizado por la Corte Constitucional para resolver este problema jurídico fue la interpretación sistemática de la ley, al referirse a distintos artículos del Código Civil y la Constitución. Esta técnica es denominada integración de la institución en función de la división formal del ordenamiento jurídico.

Asimismo, empleó la integración de la institución por inducción al incluir jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional.





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