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Actos administrativos reglados

actos administrativos en la ley
by

ivan arturo almanza sandoval

on 5 November 2012

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Transcript of Actos administrativos reglados

Actos administrativos reglados Los actos administrativos tienen una gran diversidad en lo referente a su contenido y forma, por lo tanto es necesario realizar una adecuada clasificación de ellos. Desde la óptica del sujeto o de la mayor o menor amplitud de la competencia o según el grado de vinculación con la Ley.
Desde la óptica del objeto o de su contenido
Según el poder utilizado en su expedición.
Según su vinculación con el servicio público.
Según los órganos o las voluntades que intervienen en su expedición.
Según el punto de vista del procedimiento o según la forma como se manifiesta la voluntad administrativa.
Según el ámbito de su aplicación
Según la relación con la decisión
Según la jerarquía
Según la forma de exteriorizarse
Según como se formulan
Por razón de sus efectos
Desde la óptica de la libertad de la iniciativa de la actuación del sujeto.
Desde el punto de vista del contenido.
Según la función que se materializa o ejerce con el acto.
Según el contenido de los actos
Para el caso especial nos vamos a centrar en la clasificación desde la óptica del sujeto o de la mayor o menor amplitud de la competencia o según el grado de vinculación con la Ley Teniendo en cuenta esta clasificación los actos administrativos pueden ser Actos Reglados y Actos Discrecionales. El acto administrativo en si mismo no es ni reglado ni discrecional, lo que si es reglado y discrecional es la competencia de la autoridad administrativa la cual se concreta en ese instrumento jurídico, que es el acto administrativo. Actos Reglados, estrictamente vinculados o Especiales Los actos reglados para Libardo Rodríguez Rodríguez son aquellos que expide la autoridad en cumplimiento estricto de un mandato de ley. El cual no le otorga facultad de tomar decisiones opcionales. “el acto por el cual la Administración le confiere a una persona el derecho a pensión de jubilación” es un acto reglado, porque si el peticionario reúne los requisitos que la Ley le exige para gozar de ese derecho, la autoridad no tiene otro camino que concederlo. El autor nos trae esté ejemplo Para Sayagués Laso, los actos reglados son aquellos en los cuales las normas legales determinan con precisión lo que deben hacer los órganos administrativos: dada una situación de hecho corresponde dictar tal acto administrativo, cuyo contenido y efectos serán tales o cuales. Según García de Enterría, el ejercicio de las potestades regladas reduce a la administración a la constatación del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado también agotadoramente. Hay aquí un proceso aplicativo de la Ley que no deja resquicio a juicio subjetivo ninguno, salvo a la constatación o verificación del supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal. La decisión en que consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, si no que ha de limitarse a lo que la propia ley ha previsto sobre ese contenido de modo preciso y completo. Para Penagos, los actos administrativos reglados son los que deben obedecer a un reglamento o procedimiento especifico en su formación. La doctrina administrativa se orienta con buen criterio al exigir que las decisiones de la Administración sean regladas, con el sin de evitar arbitrariedades y como garantía del orden jurídico. Según Giraldo Castaño, los actos reglados o estrictamente vinculados son aquellos en los cuales la Ley ha señalado a la Administración canales rígidos, en forma tal, que producido el hecho, el supuesto o el antecedente previsto, la decisión de la Administración no puede ser sino una. Para García-Herreros, los actos reglados son aquellos en los cuales las normas legales determinan con absoluta precisión lo que debe hacer el órgano administrativo; en tales eventos, si se da una determinada situación de hecho, la Administración tiene que proceder del modo determinado en la norma. Para Fernández Vásquez, la Administración despliega siempre su actividad bajo el reinado de la legalidad. Pero varia mucho en la medida en que la Ley (en sentido lato) encausa o limita esa actividad. En algunos casos las normas legales establecen con precisión lo que tienen que hacer los órganos administrativos: dada una situación de hecho, corresponde emitir tal cual acto administrativo, cuyo contenido o efectos serán tales o cuales. El acto obligatorio, reglado, vinculado o especial, es el acto que constituye una mera ejecución de la Ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la Administración cuando se han realizado determinadas situaciones de hecho. En esta clase de actos la Ley determina exactamente no solo la autoridad competente para actuar sino también si esta debe actuar, como debe actuar, estableciendo las condiciones de la actividad administrativa de modo de no dejar margen a diversidad de resoluciones según la apreciación subjetiva que el agente haga de las circunstancias del caso. Este tipo de actos es el que en la jurisprudencia y doctrina de los Estados Unidos de América se conoce con el nombre de actos ministeriales. Los Actos especiales o reglados se clasifican según la autonomía en su expedición Son aquellos en cuya expedición el funcionario se encuentra limitado en todos los aspectos, de modo que se deben producir en las circunstancias de hecho, tiempo, modo y demás que señala la ley o el reglamento. Por tanto, quien lo expide tiene señalada la oportunidad, el merito, la conveniencia y la consecuencia respectiva, es decir, el sentido o contenido del acto. No tiene por ello libertad para apartarse de la forma como se den en la realidad tales aspectos. El ejemplo típico de esta clase de actos son los sancionatorios, en ejercicio del poder policivo, o en virtud de la potestad disciplinaria. “los actos reglados o vinculados han de emitirse en merito de normas que predeterminan y reglan su emisión”
Marienhoff Miguel Por ello no significa que el funcionario quede reducido a actuar como un autómata, puesto que por mas reglado que sea el acto, debe hacer uso de su facultad de valoración y juicio tanto de la situación que sirve de fundamento al acto como de las implicaciones de su decisión, en lo cual debe atender aspectos desde los puramente técnico jurídicos (necesidad y valoración de la prueba) hasta axiológicos, como la razonabilidad, proporcionalidad, la eficacia, la equidad, el bien común, el interés general, todo enmarcado en los propósitos y objetivos de toda actuación administrativa: cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y efectividad de los derechos e intereses de los administradores, reconocidos por la Ley. Gracias
Max Jimenez
Iván Almanza
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