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TEMA 6. PREPARACION DE LA ACCION PENAL

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Jesus Martin Gonzalez Rodriguez

on 11 October 2014

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6.1 Iniciación
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
6.2 La Denuncia
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
6.3 Querella
6.2.1 Elementos de la Denuncia
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
El Proceso Penal
Procedimiento de Oficio
Hay autores que se estiman como medios para iniciar el procedimiento penal: la flagrancia, el descubrimiento, la delación y la auto acusación; sin embrago, nuestra legislación solo contempla como requisitos del proceso para el inicio de la averiguación previa y fundamentalmente para el válido ejercicio de la acción penal, establecidos en la Constitución (Art.16) y en la ley adjetiva penal del estado, siendo estos la denuncia y querella.
Momento en que la autoridad investigadora tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictuoso, o que aparentemente reviste tal característica y termina con la consignación.
6.2.3 Efectos
6.2.2 Que personas pueden hacerla
6.4 Resultados a que puede llegar el Ministerio Público
6.3.3 Efectos de la Querella
6.3.2 Que personas pueden hacerla
6.5 Resoluciones de reserva y de archivo
6.6 Consignación
Es el relato que hace cualquier persona de hechos posiblemente constitutivos de delito y es suficiente para iniciar el procedimiento penal y fundamentalmente para el ejercicio de la acción penal en delitos perseguibles de oficio.
Consiste en un simple exponer lo que ha acaecido, esta exposición no solicita la presencia de la queja, o sea del deseo de que se persiga al autor de esos actos, puede hacerse en forma oral o escrita.
Debe ser hecha ante el órgano investigador, teniendo por objeto la denuncia que el Representante Social se entere del quebranto sufrido por la sociedad, con la comisión del delito.
La denuncia puede ser hecha por cualquier persona, y por cualquier delito que no requiera querella, dándole a esta palabra el sentido más extenso involucrando en él cualquier carácter que la persona denunciante posea.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
El Código de Procedimientos Penales sostiene que no se admitirá la intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncias, la denuncia por sí misma no puede admitir apoderado, jurídicamente no se le podría estimar como tal, sino como denunciante, como ya indicamos, la denuncia puede ser presentada por cualquier persona, independientemente de que sea sujeto pasivo del delito o de que pueda tener interés o no, como particular, en que se persiga el delito.
Los efectos de la denuncia, en términos generales son: Obligar al órgano investigador a que inicie su labor, una vez iniciada la labor investigadora, está regida por el principio de la legalidad, se determina que no es el Ministerio Público el que fija el desarrollo de la investigación, sino la ley.
-Práctica de investigaciones que la misma averiguación exige y que no están precisadas en la ley.
-Práctica de investigaciones fijadas en la ley para todos los delitos en general.
Lo que debe hacer el Ministerio Público para cumplir con su labor investigadora, son:
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Es el relato que hace la persona directamente ofendida o su representante legítimo e implica la anuencia o solicitud expresa para investigar y perseguir el delito y al probable responsable. Constituye un requisito de del proceso en los delitos que se persiguen a petición del ofendido o de querella necesaria.
6.3.1 Elementos

1.- Una relación de hechos. Hecha de forma verbal o escrita, ante el MP
2.- Que esta relación sea hecha por parte ofendida.

3.- Exige la manifestación de la queja.
Nota: La diferencia sustancial entre la denuncia y la querella, es que la primera la puede hacer cualquier persona mientras que la segunda solamente el ofendido o su representante legítimo.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
El procedimiento de oficio constituye la regla general, que reza: “Todos los delitos se persiguen de oficio, salvo los que expresamente establezca la ley como perseguibles por querella necesaria”.
De suerte que para saber si un determinado delito se persigue de oficio o a petición de parte ofendida, basta analizar el tipo penal previsto por el legislador y si no prevé su persecución previa querella será de oficio.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios representantes.
La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso se ejerza la acción penal correspondiente.
La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
La querella surte el efecto de obligar a la investigación en la misma forma que la denuncia.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Llevan al órgano investigador al conocimiento de un acto reputado como delito. Con este conocimiento, el Ministerio Público debe practicar todas las averiguaciones necesarias (las fijadas en la ley y las que la averiguación solicita) para convencerse de la existencia de un “delito real” y la responsabilidad de un sujeto, con lo que está preparado el ejercicio de la acción penal: el Ministerio Público ya tiene en sus manos todo lo que ha menester para poder excitar al órgano jurisdiccional para que aplique la ley al caso concreto.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

2.- Que no esté agotada la investigación en cuyo caso el Ministerio Público deberá archivar las diligencias provisionalmente, en tanto desaparece la dificultad material que pidió llevarlas a cabo.
El Ministerio Público debe agotar la Investigación, en consecuencia, practicar todas aquellas diligencias que sean necesarias para reunir los requisitos del artículo 16 Constitucional, puede subdividirse en otros dos:
1.- Que esté agotada la investigación en cuyo caso el Ministerio Público decretará el archivo, es decir el no ejercicio de la acción penal.
TEMA 6. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
El Ministerio público una vez que se ha ejercitado la acción penal, se convierte de autoridad en parte, y, por ende, extinguido el período de preparación del ejercicio de dicha acción carece de facultades de investigación.
En consecuencia, las diligencias practicadas por el Ministerio Público y remitidas al juez con posterioridad a la consignación, no puede tener valor alguno, ya que proceden de parte interesada, como lo es el Ministerio Público, y que esa institución sólo puede practicar válidamente diligencias de Investigación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que después de la consignación que el Ministerio Público hace a la autoridad judicial, termina la investigación y el Ministerio Público no debe seguir practicando diligencias de las cuales no tenga conocimiento el juez hasta que le sean remitidas después de la consignación y es inadmisible que, al mismo tiempo, se sigan dos procedimientos, uno ante el juez de la causa y otro ante el Ministerio Público.
A) Relación de actos que se estiman delictivos:
B) Hecha ante el órgano investigador:
C) Hecha por cualquier persona:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Párrafo adicionado DOF 01-06-2009

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Párrafo reformado DOF 01-06-2009. Fe de erratas DOF 25-06-2009

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente
Art. 16
Constitucional

La notitia criminis, es el aviso que una o varias personas hacen ante la autoridad competente (Ministerio Público o sus Auxiliares) de que en el mundo fáctico se ha realizado un hecho o conducta, que según el informador se encuentra considerado como delito en la ley.
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