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PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVOCATORIA YREPOSICIÓN EN LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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eliezer espana

on 19 September 2012

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PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y
REPOSICIÓN EN LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Antecedentes históricos del proceso contencioso administrativo en Guatemala.
El Proceso Contencioso Administrativo aparece regulado por primera vez en la legislación guatemalteca a través de las Reformas a la Constitución de la República de Guatemala, decretadas el 20 de diciembre de 1927. En el artículo 6º que reformó el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Centro América, se estableció que una ley determinaría lo concerniente a la jurisdicción contencioso administrativa, tribunales que la ejercían, su organización, competencia y orden de procedimientos en los casos de tal naturaleza. Asimismo el artículo 2º de las disposiciones transitorias de las reformas citadas, se dispuso que la
Asamblea Legislativa emitiera la ley relacionada a la jurisdicción contenciosa administrativa. En cumplimiento de dicho mandato constitucional el 28 de mayo de 1928, la Asamblea Legislativa emitió la Primera Ley de lo Contencioso Administrativo a través del Decreto número 1550 que constó de 42 artículos relacionados con el objeto de la ley, la organización del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las partes, el procedimiento y sobre el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Posteriormente a través del artículo 23 de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, decretadas el 11 de julio de 1935, que reformó el artículo 85 de la Constitución Política de la República de Centroamérica, se reguló que cuando el Poder Ejecutivo procediera como parte en algún negocio, en caso de contienda sobre actos o resoluciones puramente administrativas conocería de ellas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por medio de dicha reforma se delimito constitucionalmente la competencia del tribunal de lo contencioso administrativo, el que conocería de los asuntos en los cuales el Poder Ejecutivo apareciera como parte en algún negocio y en actos y contiendas sobre actos o resoluciones puramente administrativas.
La Constitución de la República de Guatemala, vigente hasta el veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, con relación a la jurisdicción contencioso administrativa, adicionalmente a lo regulado en la Constitución anterior agregó lo relativo a la conducta de los miembros de dicho Tribunal. El veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y seis, el Presidente de la República emitió el Decreto número 1881 que contenía la Ley de lo Contencioso Administrativo derogando el Decreto 1550 de la Asamblea Legislativa. Esta nueva ley contenía 64 artículos y 7 capítulos. A diferencia de lo anterior, ésta estableció los Recursos de Revocatoria y Reposición previos al contencioso administrativo y reguló de una manera más detallada el llamado “Recurso de lo Contencioso Administrativo”.
La Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el once de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco introdujo dos grandes avances a la jurisdicción contenciosa-administrativa: •Otorgó la posibilidad de impugnar las sentencias de lo contencioso administrativo por medio del Recurso Extraordinario de Casación. Anteriormente cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cometía algún error que afectara el fondo del asunto, el administrado quedaba en total estado de indefensión ya que, por ser este un proceso en única instancia, contra las sentencias únicamente procedía la Acción de Responsabilidad. •Otorgó competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer deInconstitucionalidades en Caso Concreto. Lo cual ayudó a garantizar el pleno goce del derecho de defensa del administrado, ya que a través de la impugnación de inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, se logra la inaplicabilidad de una ley al caso específico. La Constitución de 1956, además de normar lo relativo a la jurisdicción contenciosa administrativa, reguló lo referente a la integración de los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quienes se les dio la categoría de magistrados de la corte de apelaciones.
La Constitución de 1965 no realizó ningún cambio que amerite comentario. La actual Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, establece en su artículo 221 que la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas.
Asimismo regula que para ocurrir a este Tribunal no será necesaria ningún pago o caución previa y que contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el Recurso de Casación. La actual ley de lo contencioso administrativo El Congreso de la República emite la actual Ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto 119-96), por la necesidad de estructurar un proceso que garantizara los derechos de los administrados y que aseguran la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de todos los actos de la administración pública. Esta ley atiende en primer lugar a un CRITERIO DE UNIDAD, procura en lo posible reunir las normas de procedimiento previo a acudir a la vía de lo contencioso administrativo en un texto único, aplicable a todas las entidades del Estado (centralizadas, descentralizadas y autónomas), con la excepción cuando la resolución debe conocerla un Tribunal de Trabajo y Previsión Social o en los casos de los procedimientos administrativos para la substanciación de los Recursos de
Revocatoria y Reposición en materia tributaria; el caso establecido en la Ley de bancos contra las resoluciones de la Superintendencia de Bancos en el cual cabrá el Recurso de Apelación ante la Junta Monetaria; lo referente al Recurso de Apelación regulado por la Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); así también los recursos administrativos en contra de lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, entre otros. Es importante resaltar, que la Corte de Constitucionalidad ya ha emitido su criterio en cuanto a la aplicación de la Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando en un caso determinado exista otra ley específica que deba aplicarse; estableciendo para el efecto que, se debe observar lo que establece la Ley del Organismo Judicial en lo que concierne a la “Derogatoria de las Leyes”. GENERALIDADES
Es necesario establecer que antes de iniciar un proceso contencioso administrativo, se debe de conocer los derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala que permiten llevar a cabo cada procedimiento ante la administración pública. DERECHO DE PETICIÓN.-
Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública, deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo.- El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite deberán señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente.
Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver, para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver.
Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación. Es necesario conocer que el artículo 28 de la Constitución lo establece como un derecho individual de toda persona. PRINCIPIOS
Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa (artículo 12 de la Constitución Política) y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. FORMA
Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal.
Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para el efecto; o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar, fehacientemente, que el o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa de lugar, forma, día y hora. CLASES
Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo.
Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. ARCHIVO
Se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los
administrados dejen de accionar por más de seis meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la actividad que le corresponde y lo haya notificado. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
“El recurso si podemos denominarlo como un derecho es lo correcto, puesto que lo que pretende en su interposición es precisamente que emane del órgano administrativo un nuevo acto, es la razón de ser del medio de impugnación, es un derecho de petición de los particulares a que se revise una decisión originaria”. CARACTERISTICAS
•Una resolución administrativa: Es la que afecta los derechos e intereses de un particular o administrado; la cual es necesaria para, el procedimiento administrativo de impugnación.

•Un órgano administrativo competente: Es el instrumento por medio del cual se manifiesta la voluntad del Estado, el cual debe ser con competencia administrativa, dado de no ser competente no existe la resolución administrativa.

•Fijación de un plazo: Es el periodo en el cual se debe resolver.

•Requisitos Formales: Los exigidos por el artículo 11 del Decreto 119-96, establece los siguientes requisitos, presentados ante la administración, para interponer recursos:

Autoridad a quien se dirige.
Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones.
Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma.
Exposición de los motivos por los cuales se recurre.
Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse, en sustitución de la impugnada.
Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si no sabe o no puede firmar imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. •Fijación de un procedimiento: Los recursos deben estar regulados por un procedimiento, incluyendo los plazos que regulen la intervención de otros órganos administrativos, en el recurso.

•Obligación legal de resolver: Actividad realizada por la entidad, que revisa el expediente de emitir la resolución, tomando en cuenta el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ELEMENTOS
La resolución Administrativa: Para interponer un recurso, debe existir una
resolución administrativa, dado que se plantean en contra de la resolución
emitida; convirtiéndose en el elemento más importante.
La autoridad u órgano administrativo: Debe existir una Institución, con
competencia legal para actuar.
Particular afectado que impugne: Las resoluciones tienen que dirigirse a personas
individuales o colectivas, siendo la persona inconforme con una resolución
administrativa. RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN

En la actualidad, la Ley de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones emitidas por la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma, se encuentran sometidas por regla general, salvo algunas excepciones, a dos recursos administrativos, siendo estos, los de revocatoria y de reposición. RECURSO DE REVOCATORIA “Es un medio de impugnación que doctrinariamente se le denomina el recurso ALZADA, el cual se plantea contra lo resuelto por un órgano subordinado y el superior jerárquico del órgano administrativo es el que debe resolver este recurso.” Fundamento Legal
Lo establecido en el artículo 7 del Decreto 119-96, “Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado.” No obstante, la ley mencionada no es, el fundamento general para todas las instituciones centralizadas, dado que existen casos de excepción previstas en la ley, como lo establece el artículo 17 de la misma ley, dicho análisis lo encontrará posteriormente. Procedencia del recurso
Procede en contra de aquellas resoluciones originarias, emitidas por órganos subordinados de la administración centralizada y órganos descentralizados o autónomos, los cuales en sus leyes y reglamentos no tienen medios de impugnación; sin embargo, existen algunos casos en los cuales no puede interponerse el recurso de revocatoria, regulado en el artículo 17 bis, del fundamento legal guatemalteco. Interposición
Se debe entender como la forma en la que debe ser planteado el recurso de revocatoria; el mismo debe ser planteado por escrito y ante el órgano administrativo que emitió la resolución, luego el expediente debe ser elevado al superior, dado que el órgano administrativo, es un subordinado, y el superior es quien lo resuelve. Procedimiento

•Legitimación para plantear el recurso: Es la persona afectada en sus derechos e intereses, por la resolución administrativa.

•Plazo para plantearlo: 5 días siguientes a la notificación de la resolución.

•Requisitos del memorial: Conforme al Artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, son los siguientes:
a) Autoridad a la que se dirige.
b) Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones.
c) Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma.
d) Exposición de los motivos por los cuales se recurre.
e) Sentido de la resolución, que según el recurrente, deba emitirse en
sustitución de la impugnada.
f) Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si no sabe o no
puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u
otro que especificará. •Presentación del recurso ante el órgano competente: El cual es el órgano que emitió la resolución, aunque es un órgano superior jerárquico, el que lo resuelve; el expediente administrativo lo tendrá el órgano competente y luego el órgano superior lo pedirá antes de resolver.

•Procedimiento en el órgano impugnado: El órgano que dictó la resolución administrativa impugnada, admitió para su trámite el recurso interpuesto, debe elaborar un informe circunstanciado, que relacione todo lo actuado dentro del expediente, y que además debe contener el razonamiento lógico y jurídico, con base al cual dictó la resolución impugnada; y dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso, debe elevar las actuaciones originales del expediente
y el informe elaborado, a la autoridad superior que conocerá el recurso de revocatoria. •El órgano que resuelve el recurso: Luego de recibido los antecedentes y el informe circunstanciado, procederá con el trámite del recurso.

•Audiencias que debe dar el órgano que resuelve: se correrán las siguientes audiencias, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 119-96.
A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas.
Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal órgano.
A la Procuraduría General de la Nación.

•Diligencias para mejor resolver: La autoridad tiene un plazo de diez días, para
practicar las diligencias que estime necesarias para mejor resolver. •Resolución al recurso: De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo, dentro de los quince días de finalizado el trámite, el
órgano que conoce del recurso de revocatoria, procederá a dictar su resolución
final, para lo cual debe examinar en su totalidad, la juridicidad de la resolución
impugnada, sin estar limitada a lo que ha sido expresamente impugnado; el
procedimiento de impugnación del recurso de revocatoria, finaliza con la
resolución que revoca, confirma o modifica la decisión recurrida, razón por la cual
una vez que se ha resuelto, el particular únicamente tiene dos opciones:
a) Cumplir con lo resuelto por el ministerio de Estado, o autoridad superior.
b) Acudir a la vía judicial, a través de un proceso contencioso administrativo,
en el cual denunciará ante el tribunal correspondiente, los motivos de su
disconformidad. •El agotamiento de la vía administrativa: Al resolverse el recurso de revocatoria, la
decisión, ya no es susceptible de ser impugnada mediante ningún otro medio de
impugnación administrativo, pues con la resolución de fondo, se agota la vía
administrativa y en este caso, como ya se ha indicado, el particular debe cumplir
con lo resuelto o acudir a la vía judicial, por medio del proceso de lo contencioso
administrativo. RECURSO DE REPOSICIÓN “Es un medio de impugnación que doctrinariamente se le denomina el recurso gracioso ó jerárquico, el cual se plantea contra lo resuelto por un ógano superior jerárquico y el propio órgano administrativo es el que debe revisar su propio actuación y resolver el recurso planteado”. Fundamento Legal

Lo establecido en el artículo 9 del Decreto 119-96, “Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y, contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. No cabe este recurso contra las resoluciones del Presidente y Vicepresidente de la República ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria.” Procedencia

Contra resoluciones originarias, las cuales son las emitidas por órganos superiores de
la administración centralizada yórganos descentralizados, en cuyas leyes y
reglamentos no se tiene regulaciones de medios de impugnación, así como contra
órganos que no tienen superior jerárquico. Interposición

Es la forma en la que debe ser planteado el recurso de reposición, el cual, se plantea por escrito y ante el mismo órgano administrativo que emitió la resolución, en este caso el mismo órgano que resolvió en el expediente, revisará su actuación y resolverá la impugnación planteada. Procedimiento

•Legitimación para plantear el recurso: Es la persona afectada en sus derechos
e intereses, por la resolución administrativa.

•Plazo para plantearlo: 5 días siguientes a la notificación de la resolución.

•Requisitos del memorial: Conforme al Artículo 11 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, son los siguientes:
a) Autoridad a la que se dirige.
b) Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones.
c) Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la
notificación de la misma.
d) Exposición de los motivos por los cuales se recurre.
e) Sentido de la resolución, que según el recurrente, deba emitirse en
sustitución de la impugnada.
f) Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si no sabe o no
puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u
otro que especificará. •Presentación del recurso ante el órgano competente: El cual es el órgano que emitió la resolución, el expediente administrativolo tendrá el órgano competente.

•Procedimiento en el órgano impugnado: El órgano que dictó la resolución administrativa impugnada, resolverá el recurso planteado.

•El órgano que resuelve el recurso: Este debe proceder con el trámite del recurso y el plazo inicia de que se planteó el recurso. •Audiencias que debe dar el órgano que resuelve: se correrán las siguientes
audiencias, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 119-96.
A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas.
Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal órgano.
A la Procuraduría General de la Nación. •Diligencias para mejor resolver: La autoridad tiene un plazo de diez días, para practicar las diligencias que estime necesarias para mejor resolver, tales como: inspecciones oculares, traer a la vista documentos, etc.

•Resolución al recurso: De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, dentro de los quince días de finalizado el trámite, el plazo inicia a contarse dos supuestos:
Si el órgano superior no decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia desde el momento que se venció el plazo para que la Procuraduría General de la Nación emita su dictamen, en este momento el expediente se encuentra en estado de resolver.
Si el órgano decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia transcurridos los diez días que duran las diligencias para mejor resolver, es decir que al día siguiente de vencido dicho plazo se cuentan los quince días dentro de los que debe resolver el superior jerárquico de la administración. •El agotamiento de la vía administrativa: Dado que se trata de resoluciones
originarias de los superiores jerárquicos de la administración pública; la
resolución causa estado cuando no existe otro medio de impugnación en la vía
administrativa. SUJETOS PROCESALES

La ley de lo Contencioso Administrativo, en el Artículo 22 establece que: serán partes además del demandante, la Procuraduría General de la Nación, el órgano centralizado o la institución descentralizada de la administración que haya conocido en el asunto, las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente y cuando el proceso se refiera al control o fiscalización de la hacienda pública, también la Contraloría General de Cuentas.

Parte procesal: “es el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es demandada) una actuación de la ley y aquel frente al cual ésta es demandada”. Los procesalistas coinciden en que en todo tipo de proceso deben existir al menos dos partes, un sujeto activo denominado parte actora o demandante y un sujeto pasivo denominado parte demandada. RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 7 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo. Contra directores
generales y subordinados de los órganos.
Plazo para plantearlo 5 días. Procedimiento Intermedio. El subordinado debe elevar el expediente al superior jerárquico dentro de los 5 días de planteado el recurso. Si no eleva el expediente se puede plantear un amparo para que lo eleve. Trámite ante el órgano que resuelve. 5 días de planteado el recurso. Si no eleva el expediente Amparo para que lo eleve Si se eleva el expediente Audiencia a los interesados
por 5 días comunes Audiencia al órgano asesor
técnico o jurídico, 5 días A la procuraduría General
de la Nación Resolución del recurso, el superior jerárquico puede:

1. Practicar diligencias para mejor resolver (plazo de 10 días).

2. Transcurrido el Plazo anterior o remitido el expediente por la Procuraduría General de la Nación el superior deberá resolver el recurso planteado (15 días) Si se revoca: la resolución
favorable al particular. Si se confirma: es
desfavorable, se agota la vía
administrativa. Al contencioso administrativo. Si no resuelva El superior
no resuelve en 30 días:
amparo o contencioso. RECURSO DE REPOSICIÓN

Artículo 9 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo contra ministros de
Estado y superiores de los órganos.
Plazo para plantearlo 5 días. Como el expediente está en el órgano que resuelve no hay
procedimiento intermedio Trámite ante el órgano que resuelve Audiencia a los interesados
por 5 días comunes Audiencia al órgano asesor
técnico o jurídico, 5 días. A la Procuraduría General de
la Nación. Resolución del Recurso, el órgano que resuelve debe:

1. Practicar diligencias para mejor resolver (plazo de 10 días),

2. Transcurrido el plazo o remitido el expediente por la Procuraduría General de la Nación el superior deberá resolver el recurso planteado (15 días). Resolución del órgano Si se revoca: la resolución
favorable al particular. Si se confirma: es desfavorable, al contencioso administrativo. Si no resuelve: Amparo o
contencioso administrativo
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