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10 Informe trabajo decente

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andres eduardo cardona montoya

on 7 November 2017

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Transcript of 10 Informe trabajo decente

La desigualdad es un concepto relacional que expresa la existencia de “distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos y poder, derivadas de diferentes condiciones, contextos y trayectorias”
(Antón, 2015).
DESIGUALDAD
Desigualdad
y Trabajo Decente

OBJETIVO
El objetivo del presente informe es entonces relacionar este concepto de desigualdad con las realidades del trabajo en Colombia, desde diversas perspectivas del trabajo decente.
LA DESIGUALDAD POR INGRESOS: los asalariados aumentan pero la desigualdad persiste
Es preocupante la inequidad en la distribución del ingreso en el país, una de las más altas del planeta. Para el año 2014, según el Banco Mundial,
Colombia sobresalía como el país más desigual de América Latina
(con un Gini de 0,535). Paraguay le sigue y Brasil está en tercer puesto. En 2016 el coeficiente de Gini en Colombia fue 0,517.
ASALARIADO / NO ASALARIADO
En 2007 el empleo asalariado era del orden del 53,9% del total de la ocupación.
A partir del 2008 esta relación se invierte.
Para 2011 el empleo no asalariado fue 54,2%, mientras el asalariado bajó a 45,8%.
En 2016 se estrechó un poco la brecha. El asalariado participó con el 48,7% y el no asalariado con el 51,3%.
DESEMPLEO
La tasa de desempleo fue del 9,2% en el 2016.
En la informalidad está el 66.7% de las más de 22 millones de personas que trabajan.
Por rama de actividad ecoómica los resultados indcan que la mayor informalidad económica se concentra en la
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura.
91,0%
Comercio, hoteles y restaurantes.
79,5%
La construcción.
74,2%
Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.
65,4%
Los jóvenes

Los adultos
En el caso de los adultos entre 29 y 40 años la tasa de informalidad promedio fue
63,4%,
situación que se agrava para los mayores de 60 años, para quienes esta tasa supera el
90%
.
Ingresos laborales no son suficientes para salir de la pobreza
El 51,3%
de los trabajadores colombianos
son ocupados no asalariados. Son personas que están por lo general en el rebusque, o incluso trabajan sin remuneración, en “negocios” familiares.
El primer lugar de Colombia como país de desarrollo medio más desigual de América Latina, en buena parte se debe al comportamiento del mundo laboral.
El decil más alto de ingresos laborales gana hasta cuarenta veces lo que devenga el decil más bajo.

En 2015 el ingreso del 10% más rico de la población fue 43,9 veces el ingreso del 10% más pobre.
En 2016 el porcentaje de hogares para los que sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos mínimos, aumentó considerablemente. A nivel nacional el incremento fue de 9 pp (puntos porcentuales), para ubicarse en 32,1%.
Colombia tiene uno de los salarios mínimos más pobres de la región
Es el cuarto país de la región con el salario mínimo más bajo
(215 USD)
, lejos de países como
Panamá (744 USD), Costa Rica (512 USD), Argentina (448 USD) y Guatemala (369 USD)
, que reportan los mejores salarios mínimos. Tanto es así que en 2016 el 48,7% del total de ocupados recibió menos de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv). Aumentó un poco con respecto a los años 2009 y 2010, cuando el 45,3% y 46,4%, respectivamente recibió menos del smmlv.
El 37,2% de los ocupados recibió entre uno y dos smmlv, y sólo el 14,1% recibió más de dos salarios mínimos, con una disminución de 3,1pp con respecto a 2015, cuando fue del 17,2%.
En el caso de los asalariados (obreros y empleados privados, del gobierno y trabajadoras domésticas) también se presentaron variaciones preocupantes. Sólo el 17,0% de los asalariados recibió más de dos salarios mínimos, mientras que en 2015 fue el 24,2%.
En el caso de los asalariados (obreros y empleados privados, del gobierno y trabajadoras domésticas) también se presentaron variaciones preocupantes. Sólo el 17,0% de los asalariados recibió más de dos salarios mínimos, mientras que en 2015 fue el 24,2%.
Las mujeres y el escenario laboral
reciben 18,7% menos de ingreso laboral que el de los hombres
Lo preocupante es que esta discriminación ha aumentado, en 2008 era un poco menor. Aquel año las mujeres recibieron
el 82,1% del ingreso promedio
de los hombres. Y otro dato significativo: en 2015 solo el 2,7% de las mujeres vinculadas al mundo laboral ocupaban cargos directivos.
En 2016 el salario mensual promedio de las mujeres fue $854.328, es decir,
sólo el 81,3%
de lo que obtienen los hombres en promedio.
En el caso del trabajo doméstico remunerado, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Dane 2016) señala que
unas 677.218
trabajadoras domésticas (
el 90,2% del total
) tienen un contrato verbal, no escrito, lo que se entiende como un problema de precariedad laboral.
Se encontró que el 92,6% tiene protección social en salud, el 60,5% de ellas en el régimen subsidiado, y el resto en el contributivo.
Pero a riesgos laborales sólo está afiliado
el 15,7%
de los y las trabajadoras domésticas, y a pensión el
17,6%. Solo el 1,7%
obtuvo una pensión de vejez.
El 38,6% gana entre medio y un smmlv
Sus ingresos son bastante precarios.
El 32,1% devengó entre medio y menos de un salario mínimo
Y un 29,1% ganó más de un salario mínimo
Entre abril de 2016 a marzo de 2017 solo el 3,8%, o sea 25.511 personas, recibieron prima de navidad
La información de la GEIH indica que
El 18,9% (128.248) prima de servicios
Y sólo un 2,4% obtuvo la prima de vacaciones
O sea que el 70,7% de la población doméstica recibió menos de un smmlv
A nivel nacional el 76,5% no tuvo vacaciones, es decir, no tuvo su derecho al descanso.
Los jóvenes llevan la peor parte
21,2% son “Ninis”, ni trabajan, ni estudian, ni se capacitan
Los jóvenes entre 14 y 28 años
representan el 57% de la población colombiana en edad de trabajar, y para ellos la tasa de desempleo en la última década siempre ha estado por encima de la tasa nacional, superior a 7 puntos. Significa que los efectos negativos de la política laboral se duplican para los jóvenes, con mayor afectación para las mujeres jóvenes,
cuya tasa de desempleo se mantuvo por encima de 20%.
Ninis
En 2016 el 21,2% de los jóvenes hacían parte de la población llamada “ninis” (ni estudian, ni trabajan), hecho preocupante en un contexto como el colombiano donde suelen ser atraídos por formas de generación de ingresos delincuenciales e ilegales.
zonas rurales
En las zonas rurales hubo disminución del desempleo a partir de 2011, pero se mantuvo en una tasa del 10,5% en los últimos tres años. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes rurales es alarmante, la tendencia sigue siendo la de triplicar el desempleo de los hombres.
El trabajo forzoso
un problema invisibilizado
El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento
son los sectores más afectados por este flagelo. En 2017, según la OIT, Colombia ocupaba el puesto 18, al lado de países como
Perú y Venezuela
, sin embargo, no hay cifras precisas que permitan un análisis más detallado. Al revisar la normatividad vigente, la acción institucional y las cifras oficiales, se concluye que no hay acciones, programas o políticas claras para la investigación, judicialización, asistencia a víctimas y ruta de identificación de la trata de personas y otras formas de trabajo forzoso.
El trabajo infantil
disminuye pero continua muy alto en las zonas rurales
La nueva metodología de medición del trabajo infantil nos permite
comparar el fenómeno entre 2012 y 2016
, encontrando una
disminución de 2,4 pp (al pasar de 10,2% a 7,8%)
. Esto significa
291 mil niños menos trabando
: una
disminución del 25% en los 5 años. También
la tasa de trabajo infantil ampliado (la suma de niños y niñas que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas a la semana) disminuyó en 3,3 pp en este periodo
(15,8% frente a 12,5%)
.
Las zonas rurales presentan las mayores tasas de trabajo infantil
con promedio de 15,4%. En las cabeceras el promedio es 6,9%.
En 2012 la mitad de los niños y niñas que trabajaban no recibía ingresos por su labor,
tendencia que se mantuvo hasta 2016.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un promedio de 365 mil niños y niñas
Seguida por comercio, hoteles y restaurantes, con 355 mil niños y niñas
E Industria manufacturera con 130 mil.
Las principales ramas de actividad en las que se ocupan los niños y niñas son
Seguridad social y salud laboral
74% de los activos que cotiza a pensión sólo lo hace 8 meses por año
Entre el 2008 y 2013 más del 70%
de los ocupados en Colombia no contó con acceso a alguno de los 3 sistemas básicos de protección social (salud, pensión y riesgos).
En 2016 la situación mejoró un poco: bajó al 66,7%.
Más de 11 millones de trabajadores no cuentan con cobertura pensional.
Según los datos del PILA, sólo 57% de la población económicamente activa cotiza a pensiones. Y de estos el 74% solo cotiza al sistema 8 meses al año en promedio.
Esta baja cobertura en seguridad social es consecuencia de las características del empleo en Colombia, donde el trabajo generado durante los últimos años es de mala calidad, precario; y donde el desempleo hace que los trabajadores cesantes suspenden los aportes al sistema. Según el DANE, apenas 0,8% de éstos estaba afiliado a la seguridad social, y 11,96% lo estaba el régimen contributivo de salud. En sectores como la construcción la ausencia de seguridad social superó el 90%.
La protección social en salud es la que más amplia cobertura tiene: el 92,7% de los trabajadores.
Sin embargo, solo el 49,1% cotiza al régimen contributivo, lo que indica el alto nivel de trabajo informal
En 2016 apenas el 45,3%
de las y los trabajadores estaba protegido contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
siendo los más desprotegidos los del sector agropecuario, con apenas el 10,2%
de afiliación al sistema de riesgos laborales.

De cada 100 trabajadores ocupados sólo 39 cuentan con el auxilio de cesantías.
El 59,6% de los asalariados cuenta con este beneficio, y apenas el 1,5% de los cuenta-propia hace aportes a este sistema.
Y en cuanto al sistema pensional, éste está diseñado para que únicamente se pensionen los trabajadores del sector formal de la economía.
Por eso Colombia padece un grave problema de exclusión: apenas el 36,3% cotiza activamente al sistema, y solo el 39,8% de los adultos mayores está pensionado.
Y otro dato contundente:
solo el 5,6%
de los cuenta-propia está afiliado a riesgos laborales.
Empleo inestable y precario
el 37% es temporal y afecta al 41% de mujeres y al 41% en las zonas rurales.
En cuanto a los acuerdos de formalización, entre 2012 y abril de 2017 el Min-Trabajo suscribió 216 acuerdos, con 40.036 trabajadores beneficiados, en su mayoría en el sector salud. Y de ellos solo 27.212 cuenta con contrato indefinido, el resto están por contrato fijo, obra o labor y de prestación de servicios. Lo que claramente indica que no han tenido un impacto que permita superar el fenómeno de la intermediación ilegal.
En los últimos cuatro años, más de la tercera parte
de los ocupados del país tenía un empleo temporal, es decir, con contrato a término fijo o través de cooperativas o empresas temporales.
En 2016 el 37,0% de los ocupados se encontraba en esta situación.
Libertades sindicales
no hay garantías ni acceso a la justicia
En los últimos 10 años
ha sido inexistente la protección efectiva del derecho a la libertad sindical, que se ha visto reflejada en
la proliferación de pactos colectivos, la tercerización laboral ilegal, las limitaciones del sindicalismo para acceder a la justicia;
y los tribunales de arbitramento que sobrevienen cuando las empresas se niegan a llegar a acuerdos con los sindicatos.
En 2016 sólo el 4,6% de todos los ocupados estaba afiliado a un sindicato.
Y aunque en el país hay una superabundancia de sindicatos (5.449), estos se caracterizan por su dispersión y fragmentación: el 80% tiene menos de 100 afiliados, algo que golpea fuertemente el poder de
la negociación colectiva, de la cual en 2015 sólo 309.600 trabajadores se beneficiaron.
Estas cifras incluyen los contratos sindicales (que no son más que subcontratación ilegal a través de falsos sindicatos) y los pactos colectivos, que suelen establecer mejores condiciones que la convención colectiva, lo cual se convierte en un límite para la negociación
Las cifras anteriores no incluyen el sector público, en el que los sindicatos lograron que se reglamentara el Convenio 151 de la OIT, que les permite acuerdos colectivos que benefician a más de 800.000 trabajadores, independiente de si están o no afiliados a un sindicato. Han logrado la firma de tres acuerdos marcos nacionales (años 2013, 2015 y 2017), acuerdos sectoriales y en más de 1.000 en entidades públicas y territoriales de todo el país.
Violencia antisindical e impunidad
351 homicidios con impunidad del 87%
Entre ellas 351 homicidios (33 contra mujeres)
159 atentados
3.478 amenazas
Entre 2007 y 2016 se registraron 5.271 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas en Colombia.
420 hostigamientos
183 detenciones arbitrarias
Y 30 allanamientos ilegales
se presentaron 200 hechos de violencia en los cuales la víctima fue el sindicato como colectivo: amenazas contra la organización y ataques a sus sedes. Y 97 de ellos padecieron el asesinato de al menos uno de sus integrantes.
Una característica principal de la violencia antisindical en la última década, bastante alarmante, es que se ha focalizado en la dirigencia sindical, tendencia que ha venido en aumento.
En el 75,4% de los casos de 2016 las víctimas fueron dirigentes sindicales, 25 de ellos mujeres.
Antioquia fue el departamento con más alto índice de victimización sindical: 1.190 casos, de los cuales el 86,5% fueron amenazas y desplazamientos forzados contra docentes afiliados a Adida.
En cuanto a presuntos responsables de la violencia antisindical de la última década, el actor no se identificó en el 62,9% del total de casos.
Para los casos restantes los paramilitares fueron los principales victimarios (70,3%), organismos estatales (20,2%), guerrilla (5,6%).
En 2010 la impunidad fue del 98%, en 2016 del 95%. En los casos puntuales de homicidio la impunidad es del 87%.
Entre 2007 y 2014 se emitieron apenas 497 sentencias.
La protesta laboral y sindical
aumentó en 303% en 10 años
Según el registro de la ENS, en el último cuatrienio la protesta laboral y sindical tuvo un promedio de 368 actividades por año.
los repertorios de protesta durante estos años se han volcado principalmente hacia las jornadas o manifestaciones,
con el 73,6%. Los paros y las huelgas representaron solo el 21,6% del total de acciones.
Las huelgas se concentraron en los sectores minero-energético, industria manufacturera, rama judicial, docentes y agroindustria.
Ahora, mientras los paros han venido en aumento, no sucede lo mismo con las huelgas. Además de las pocas que logran realizarse, hay alta probabilidad de que sean declaradas ilegales. La Corte Suprema produjo 33 sentencias, 19 que declaran la ilegalidad, 11 la legalidad, y en 3 no hubo pronunciamiento.
Los jóvenes, entre 18 y 28 años reportaron tasas de informalidad del
67,9%
promedio en la última década. En 2016 esta tasa fue
62,3%
.
Algunas consideraciones
El desafío de desarrollo económico y de política pública radica en la composición de los sectores productivos basados en actividades económicas de mayor valor agregado, de empleo de calidad y de cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, como la libertad sindical.
Formalizar el empleo mejorando la calidad del empleo precario, procurando el control de la tercerización laboral, aumentando la vinculación de los trabajadores a la seguridad social. Especialmente, la formalización del sector rural, en cumplimiento del acuerdo de paz y de un compromiso por la modernización de las relaciones laborales en el campo.
Políticas de protección laboral especial a grupos poblacionales como las mujeres, los jóvenes, entre otros, con un compromiso verdadero en favor de la protección a la mujer en aquellas actividades que concentran mayor empleo femenino, como la economía del cuidado y doméstico.
Adoptar y cumplir la Política de Trabajo Decente, teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no ha dado cumplimiento a este mandato del Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Insistir en la ampliación de las coberturas en el sistema de seguridad social por la vía del empleo formalizado y de calidad, revisando el modelo de aseguramiento.
Impulsar la agenda normativa laboral en cumplimiento del acuerdo de paz.
Fortalecer el sistema de inspección laboral y el acceso eficaz a la justicia de los trabajadores, garantizando la aplicación de mecanismos eficaces de sanción cuando se evidencie la violación a los derechos laborales individuales y colectivos.
Adoptar políticas y medidas de prevención y control del trabajo forzoso, así como del trabajo infantil, especialmente de las perores formas.
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