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Derechos Fundamentales de Segunda Generación

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Angie Tatiana

on 16 November 2012

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DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGUNDA GENERACIÓN Artículo 51: Derecho a la vivienda digna Artículo 42: Protección a la familia Articulo 43: Protección a la mujer Presentado por:
Angie Tatiana Burgos Vinasco
Samantha Solis Olaya
Cristhian David Reyes Quintana
Cristian Andrés Penagos Parra
Andrés Felipe Utima Articulo 44: Protección a los niños Articulo 45: Protección a los adolescentes Articulo 46: Protección a la tercera edad Articulo 47: Protección a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos Articulo 48: Seguridad Social como servicio público Articulo 49: Salud y saneamiento ambiental como servicios públicos Articulo 43: Protección a la mujer Articulo 50: Protección especial para todo niño menor de un año Artículo 52: Derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Artículo 53: Principios mínimos fundamentales en materia de trabajo ¿Qué son? * Los derechos sociales, económicos y culturales, consagrados en los artículos 42 a 77, hacen referencia a los conceptos de calidad de vida y satisfacción de las necesidades básicas. Allí, además, se deja claro que la mujer tiene igualdad de derechos con el hombre, y que por tanto, no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.
* La Constitución otorga gran importancia a la protección y formación integral de niños y adolescentes. Precisamente, en los artículos 44 y 45, el documento constitucional asegura que la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, entre otros, deben garantizarse para la población joven de Colombia.
* En el mismo sentido, la carta constitucional deja claro que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración para los disminuidos físicos y mentales.
* En cuanto a la salud, la Constitución, junto al sector privado, propone ampliar la cobertura de la seguridad social que comprende la prestación de los servicios médicos La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. .La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Artículo 54: Formación profesional y técnica para el trabajo Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Artículo 55: Derecho de negociación colectiva Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Artículo 56: Derecho de huelga Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
La ley reglamentará este derecho.
Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Artículo 57. Estímulos legales para la cogestión de los trabajadores en las empresas La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Artículo 58: Garantía de la propiedad privada con función social y ecológica y derechos adquiridos Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Artículo 59: Expropiación sin indemnización en caso de guerra . En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Artículo 60: Promoción del acceso a la propiedad El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.



Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Artículo 61: Protección a la propiedad intelectual El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La propiedad intelectual supone el reconociemiento de un derecho particular en favor de un autor sobre las obras del intelecto humano. Artículo 62: Protección a las donaciones para fines de interés social El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.





El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones. Artículo 63: Carácter de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables como los de uso público. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 64: Deber del Estado respecto a los trabajadores agrícolas Este artículo busca la protección de los trabajadores del campo y los campesinos con el fin de promover y fomentar el desarrollo sostenible del campo y la producción de materias primas que ha sido renglón básico de la económica colombiana. Artículo 65: Protección a las actividades agrícolas Este artículo es complemento del anterior y además hace un marcado énfasis en la investigación científicas para que el desarrollo, que debe entenderse como desarrollo sostenible según el artículo 80 de la C.P., sea realmente sostenible y no agote la base material en la que se sustenta, es decir los recursos naturales. Artículo 66: Crédito agropecuario Igualmente este artículo respalda los dos anteriores y reconoce la importancia del crédito para poder adelantar actividades productivas en los campos colombianos que tradicionalmente han sido olvidados por los sectores público y privado dominantes. Artículo 67: Derecho a la educación La educación puede ser considerada como un derecho humano fundamental según lo ha interpretado la Corte Constitucional y por tanto se puede pedir su protección mediante la acción de tutela. Sin educación no solo no progresan los pueblos sino que, en la sociedad actual dominada por los medios de comunicación ha menudo persiguen fines distintos al pretendido desarrollo sostenible y mejoramiento social mediante el fomento al estudio de artes y oficios para el desarrollo y realización personal y social de los individuos que la integran.



Para el desarrollo de este artículo se ha expedido en Colombia la Ley 30 de 1992 sobre la educación superior, ley 60 de 1993 sobre competencias y recursos y la Ley 115 de 1994 la Ley General de Educación. Artículo 68: Establecimientos educativos Este es un derecho que se complementa con el derecho a la libertad y a la educación. Artículo 69: Autonomía universitaria. Este es igualmente un derecho complemento de los dos anteriores. Artículo 70: Deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura. El concepto de cultura entendido en su sentido más amplio comprende las diversas manifestaciones humanas como son las lenguas o dialectos, el arte, la filosofía, la ciencia, la técnica, las religiones y las diversas creencias y costumbres. Por lo tanto se debe fomentar su investigación y conservación para el reconocimiento de nuestra propia identidad que tanta falta nos hace para como lo anota Estanislao Zuleta, producir cultura para no solo consumir la que nos llega de afuera sin ningún criterio. Artículo 71: Libertad de la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Artículo 72: Patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuaando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Artículo 73: Protección a la actividad periodística La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Artículo 74: Derecho al acceso a documentos públicos Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
El secreto profesional es inviolable. Artículo 75: Carácter publico del espectro electromagnético El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.


Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Artículo 76: Intervención estatal en el servicio de televisión La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Artículo 77: Regulación de la televisión La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado.

La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al Director.
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