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SISTEMA PENAL ACUSATORIO

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Juan Perez Perez

on 2 May 2015

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LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
SISTEMA DE AUDIENCIAS ORALES Y PÚBLICAS
OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ETAPA PRELIMINAR O DE INVESTIGACIÓN
AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS Y ESPECIALES
ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL
ETAPA DE JUICIO ORAL
Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción...
Luigi Ferrajoli.
En el juicio oral, se practicarán con plenitud todas las pruebas tendientes a acreditar los hechos imputados y también las que contribuyan a demostrar la inocencia del acusado.
(Art. 27 de las Reglas de Mallorca)
LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUICIO PENAL
Con las reformas realizadas a los diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 18 de Junio de 2008, se transforman tres sistemas:
De manera colateral se han tenido que reformar diversas legislaciones e incluso crear las necesarias para incorporar los mandatos constitucionales a la realidad.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sufrió cambios de suma importancia en cuanto a la disminución del estándar o nivel probatorio para la procedencia de determinadas peticiones del Ministerio Público se refiere, así como la inclusión de nuevas figuras jurídicas, destacándose lo siguiente:
- Orden de Aprehensión: Para poder solicitar una orden de aprehensión se establece que sólo procederá cuando preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, emitiéndose la misma por la autoridad judicial.
- Flagrancia: Nuestra Carta Magna es clara al establecer lo que se entiende por flagrancia, esto es, existe delito flagrante cuando la persona es detenida al momento de cometer un delito o inmediatamente después de haberlo cometido.
Estableciéndose que cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a disposición del Ministerio Público, para lo cual habrá un registro inmediato de la detención.
- Calificación de la detención.- El numeral en cuestión, en su párrafo séptimo, establece la calificación de la detención, al señalar en qué casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba a la persona detenida deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
- Arraigo.- Se establece que solo tratándose de Delincuencia Organizada se podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días siempre que sea necesario para las siguientes circunstancias:
a) El éxito de la investigación.
b) La protección de las personas o bienes jurídicos, o
c) Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la Justicia.
Además establece que se podrá prorrogar el plazo, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
-Juez de Control: Establece la figura del Juez de Control, el cual tendrá entre sus facultades resolver, en forma inmediata, y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
- Registro Fehaciente de Comunicaciones.
Se establece que deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Artículo 17 Constitucional
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece fundamentalmente la implementación de las formas alternativas de solución de conflictos así como la explicación de sentencias orales, esto es, no sólo significa que la oralidad es aplicable a materia penal, sino que se extiende a cualquier materia de derecho.
- Mecanismos alternos de solución de controversias.
En este precepto se contempla la justicia alternativa, distinta a un juicio oral. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial.
- Explicación de sentencias orales. Se establece que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas previa citación de las partes en audiencia pública.
- Servicio Profesional de Carrera para los Defensores.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.
Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Artículo 18 Constitucional
En el artículo 18 se establecen las bases del nuevo sistema penitenciario, el cual es de carácter mixto toda vez que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial participan en el mismo.
- Sistema penitenciario de carácter mixto. El sistema penitenciario es de carácter mixto, en virtud de que los centros de readaptación social forman parte de la estructura del Poder Ejecutivo y porque los Jueces de Ejecución de Penas y medidas de seguridad forman parte del Poder Judicial.
- Centros especiales para la reclusión preventiva y ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada.
Para los efectos se establece que existirán centros especiales de reclusión y ejecución de sentencias en el ámbito de la delincuencia organizada...
... con el fin de que se encuentren separadas las personas por la comisión de delitos en materia de delincuencia organizada respecto de los demás tipos penales por el peligro que pueden ocasionar en la convivencia con las demás personas recluidas o sentenciadas.
- Restricción de comunicaciones. Se contempla que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo la que guarden con su defensor.
- Cumplimiento de sentencia en centros penitenciarios cercanos al domicilio del sentenciado. En este caso, se estipula que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio...
... a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, sin embargo se establece como excepción que esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Asimismo se señala que podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de ley.
Artículo 19 Constitucional
En el artículo 19 de la Carta magna se contemplan distintos aspectos de suma importancia en cuanto al nivel probatorio que se exige para la vinculación a proceso de una persona.
También se establece claramente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, como para el caso de que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la necesidad de cautela.
A su vez en este mismo precepto constitucional se contempla el término para resolver la situación jurídica del imputado, entre otros aspectos destacan los siguientes:
- Auto de Vinculación a Proceso.

Para dictar un auto de vinculación a proceso se necesita que existan datos de prueba suficientes que establezcan la existencia de:
• Un hecho delictivo, y
• La probable participación o comisión.
Antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional, se exigía la acreditación del cuerpo del delito así como la probable responsabilidad del inculpado, por lo que se consideraba que el Ministerio Publico realizaba la valoración de medios para la acreditación de tales circunstancias y en consecuencia un mini-proceso.
En este sentido, y con el nuevo texto constitucional queda establecido que en etapas previas al juicio, lo único que tiene que acreditar el Ministerio Público es la probable participación o comisión y no así la responsabilidad, toda vez que esta última se tendrá que demostrar en Juicio Oral, una vez desahogadas las pruebas de manera pública y contradictoria.
- Término para resolver la Situación Jurídica del Imputado.
Existen tres términos para resolver la situación jurídica del imputado, los cuales son:
a) En la misma audiencia. Una vez que se formule la imputación por parte del Ministerio Público, la defensa del imputado o este, pueden solicitar que en la misma audiencia en la que se ha formulado imputación se resuelva su situación jurídica.
b) En el término de 72 horas, toda vez que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de dicho término sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.
c) En el término de 144 horas. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley, esto es la solicitud de la duplicidad del término constitucional.
- La Prisión Preventiva como Medida Cautelar.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la prisión preventiva es considerada como de última ratio,
...esto es, una transformación paradigmática, la cual persigue que el proceso se siga en libertad, garantizando de esta manera la presunción de inocencia y en consecuencia, se apliquen de manera preferente medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Existen ciertos tipos de delitos en los cuales la prisión preventiva como medida cautelar debe ordenarse por el juez de oficio como en los siguientes casos:
delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, violación, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En otro supuesto, cuando existe necesidad de cautela, también es aplicable la prisión preventiva como medida cautelar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar: la comparecencia del imputado al proceso y juicio, el éxito en la investigación, así como para evitar la comisión de un nuevo delito.
- Suspensión de la prescripción de la acción penal en el caso de evasión de la justicia en delincuencia organizada.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Mtro. Gilberto Estrada
Abad

Artículo 20 Constitucional
Artículo 21 Constitucional
Artículo 22 Constitucional
Artículo 73 Constitucional
Artículo 16 Constitucional
El artículo 20 de nuestra Carta Magna, se constituye como la columna vertebral del nuevo sistema de justicia penal, su estructura se compone de tres apartados, los cuales son:
principios generales
derechos de toda persona imputada y
derechos de la víctima u ofendido
Cabe destacar que antes de la reforma de este artículo se componía únicamente de dos secciones que correspondían a los apartados a) y b) de los derechos del inculpado y de la víctima u ofendido respectivamente, y que ahora se contemplan en los apartados b) y c), los cuales se recorrieron en su orden para dar vida al apartado a) que se refiere a los principios generales del proceso penal acusatorio:
a) De los principios generales.
En este apartado se contemplan, principalmente, las bases sobre las cuales se ha de desarrollar el nuevo proceso penal, dejando a la ley secundaria la regulación de los principios y figuras jurídicas procesales de nueva creación.
En esta sección se establece lo relativo al objeto del proceso penal, al desahogo y la valoración de las pruebas, la carga de la prueba, el procedimiento de aceleración o abreviado, la garantía de presunción de inocencia, los principios rectores del proceso penal y de las audiencias.
b) De los derechos de toda persona imputada.
El apartado relativo a los derechos de toda persona a quien se le imputa la comisión de un delito, se contemplan de manera más enérgica y claramente definida en esta sección, respetando el principio y garantía de presunción de inocencia como eje rector del proceso penal acusatorio,
...en el cual la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora sea pública o privada, rigiendo en consecuencia el derecho supremo de considerársele inocente al imputado en todo momento hasta sentencia ejecutoriada.
c) De los derechos de la víctima u ofendido.
En el tercer apartado del artículo 20 constitucional, se contemplan los derechos de la víctima u ofendido, asegurándose una participación más activa a este personaje que siempre es el más olvidado del sistema, pues generalmente los postulados de los organismos defensores de los derechos humanos siempre giran en torno al inculpado ahora imputado.
El primer párrafo del artículo en comento establece, pues, las características así como los principios rectores del proceso penal.
- Características del Nuevo Proceso Penal.
a) Acusatorio.- Se dice que un sistema acusatorio es adoptado por los países democráticos en los que se garantizan los derechos de los gobernados, como es un proceso justo en el que se presuma la inocencia de toda persona a quien se le impute un delito.
El sistema acusatorio permite definir claramente las funciones de cada funcionario del sistema, esto es, una autoridad es la que investiga y acusa (Triada investigadora), la otra autoridad es la que controla la investigación: juez de control, y un juez distinto el que juzga: juez o tribunal oral.
b) Oral.- La característica de oralidad también considerada como principio, es la forma de comunicación idónea en un sistema de audiencias orales que permite aportar y obtener información relevante para una decisión más adecuada de parte del juez,
...puesto que la oralidad permite poner en marcha todos los sentidos del ser humano, al ser un sistema hablado, permite escuchar, ver, percibir y demostrar de manera directa los medios de prueba, argumentos y contra-argumentos.
El principio de la oralidad viene a sustituir el expediente escrito por una nueva forma de comunicación entre los actores del proceso penal, en busca de la verdad, el tránsito de la forma escrita hacia la oral, pretende evitar el extravió de esa verdad dentro de sus fojas,
...así como evitar los formalismos que en múltiples ocasiones provocan la nulidad de algunas actuaciones, como es el caso de la ausencia de firma por parte del juez en alguna foja,
...en este sentido y tal y como se observa en el capítulo relativo a las actas que integran la carpeta de investigación, se podrá observar que se desformaliza la integración de la misma, pues como únicamente obran datos o elementos de prueba y las decisiones del juez quedan videograbadas,
se tiende a desformalizar, como ya se señaló, las actuaciones de la autoridad centrándose la atención sobre aspectos sustanciales del caso y no sobre simples formalismos.
Los principios de publicidad y oralidad son en conjunción “garantías de garantía” o también conocidas como “garantías de segundo nivel”, puesto que a través de estas es posible corroborar el respeto por las garantías primarias como son: carga de la prueba, acusación, presunción de inocencia, contradicción, entre otras,
...esto es, la oralidad permite que se verifique que efectivamente hay razón en lo señalado por alguna de las partes, así como si existe la oportunidad de igualdad y de poder contradecir los dichos entre litigantes (Ministerio Público y Defensa),
...la publicidad a la par con la oralidad pues, conllevan a sostener que es solo a través de esta forma de ventilar el proceso como se garantizan las condiciones óptimas para que exista equilibrio en la defensa como en la acusación, así como en las garantías que corresponden dentro de todo proceso penal.
Caso contrario, es lo escrito y secreto, en donde se puede ocultar la verdad de los hechos y las pruebas, pues no existe control ni verificación de respeto de garantías ni de contradicción en condiciones de igualdad, ni por parte del juez ni de la contraria y mucho menos de la sociedad que puedan presenciar la transparencia en la impartición de justicia.
- Principios Rectores del Proceso Penal.
Los principios rectores del proceso penal son la base sobre los cuales se sustenta todo el sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio y son:
a) Publicidad.
b) Inmediación.
c) Concentración.
d) Contradicción.
e) Continuidad.
- Principios Generales del Proceso.
El Apartado A, por su parte establece los Principios Generales del proceso los cuales son:
a) Objeto del Proceso Penal.
b) Inmediación y valoración de las pruebas.
c) Desahogo de Pruebas y Prueba Anticipada.
d) Carga de la Prueba.
e) Principio de Contradicción.
f) Procedimiento Abreviado.
g) Presunción de Inocencia.
h) Prueba ilícita.
i) Aplicación de Principios en Audiencias Preliminares.
a) Objeto del Proceso Penal.
Se establecen cuatro puntos fundamentales del nuevo objeto del proceso penal, los cuales son:

1) Esclarecimiento de los hechos.
2) Culpar al culpable, esto es, que no haya impunidad.
3) Proteger al inocente, garantizando este derecho hasta que la sentencia cause ejecutoria.
4) La reparación del daño.
b) Inmediación y valoración de las pruebas.
El principio de inmediación de conformidad con la Constitución Federal Mexicana se refiere a que existe una recepción directa de medios de prueba ante el Juez para su desahogo y valoración, la cual será de acuerdo al sistema de libre valoración de la prueba y sin que pueda delegarse en otra persona que no sea el juez, el desahogo de las mismas.
c) Desahogo de las Pruebas y Prueba Anticipada.
La Carta Magna mexicana, en este sentido nos señala claramente que solo serán consideradas como pruebas las desahogadas en Juicio Oral, sin embargo toda regla tiene sus excepciones, y para el caso concreto existen el desahogo anticipado de prueba en los términos y condiciones que para tal efecto señale la ley.
d) Carga de la prueba.
Por tratarse de un sistema acusatorio, donde la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora sea pública o privada, es primordial el establecimiento de esta disposición toda vez que, en sistemas inquisitivos la carga de la prueba se traslada al inculpado y su defensa, teniendo que demostrar durante el proceso, la inocencia de un miniproceso realizado en la etapa de averiguación previa, pues al solicitarse la acreditación tanto del cuerpo del delito como la probable responsabilidad, se configuraba básicamente la probable responsabilidad del inculpado.
Es por ello que, el establecimiento de esta disposición permite tener más clara la garantía de presunción de inocencia hasta sentencia ejecutoriada y que en etapas previas a juicio no se pueda hablar de pruebas, sino de datos de prueba tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución Federal Mexicana.
e) Principio de Contradicción.
Este principio es fundamental en todo proceso, toda vez que del mismo se desprende la igualdad procesal al permitir la misma oportunidad de argumentar y contra-argumentar inmediatamente en las audiencias, garantizándose de esta manera uno de los pilares de todo sistema garantista.
En este sentido se establece que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, salvo las excepciones marcadas por la misma norma.
f) Procedimiento Abreviado.
La Constitución Federal contempla la tramitación del procedimiento abreviado, una vez iniciado el proceso penal, esto es, después de que se dicte por el juez de control el auto de vinculación a proceso, para ello, se considera que siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley.
Para lo anterior, se requiere que el inculpado reconozca ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, en este sentido, el juez citará a audiencia de sentencia.
La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, como puede ser la reducción de la pena a imponer solicitada por el Ministerio Público, siendo la pena inferior hasta un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual se le acusa.
g) Presunción de Inocencia.
La garantía de presunción de inocencia queda reconocida al contemplarse de manera textual en la Constitución Federal, en el sentido de que el Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado más allá de toda duda razonable.
Esto es, que una vez desahogadas las pruebas en el Juicio Oral y público se demuestre que no existen elementos para establecer de manera fehaciente la comisión de un delito, imperando en consecuencia la duda a favor del acusado, o en su defecto, que habiéndose declarado confeso, existan suficientes medios probatorios para determinar sin lugar a duda o mas allá de toda duda razonable su culpabilidad.
Dentro de este apartado pues, encontramos algo nuevo, esto es como ya se dijo en el párrafo anterior, la inclusión de la presunción de inocencia a rango constitucional, quedando todas las demás garantías anteriormente reconocidas, aunque tratándose de delincuencia organizada, aun se violentan.
Siendo la presunción de inocencia la garantía procesal esencial en materia penal la cual fue adoptada por la Constitución mexicana tras las reformas del pasado 18 de junio del 2008, lo que significa que no puede castigarse de manera anticipada a una persona que se le impute un delito, además que en colateral existe la carga de la prueba para acreditar cualquier responsabilidad penal.
En conclusión, la presunción de inocencia es considerada como una garantía de libertad y de verdad, así como la seguridad jurídica e incluso de defensa social. Seguridad específica- como señala Luigi Ferrajoli-, ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia así como en la defensa frente al arbitrio punitivo.
h) Prueba ilícita.
Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, esto es, con la finalidad de respetar ante todo la actuación de funcionarios en cuanto a la obtención de los medios de prueba.
i) Aplicación de Principios en Audiencias Preliminares.
Los principios previstos en el artículo 20 Constitucional se observarán también en las audiencias preliminares al juicio, es decir, la publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad, serán observados en las audiencias de la etapa preliminar e intermedia, en las de procedimientos alternos y especiales, y en las audiencias posteriores a juicio, como lo son, las relativas a la ejecución de penas y medidas de seguridad en las cuales se observan tales principios.
- Derechos del imputado.
- El Apartado B establece los Derechos de toda persona imputada. Los cuales son:

1) Presunción de inocencia.
2) A declarar o a guardar silencio.
3) A que se le comunique en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público y el Juez, el delito que se le impute así como los derechos que le asisten.
4) A que se otorguen beneficios al inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada.
5) A que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes, auxiliándosele para su comparecencia.
6) A ser juzgado por un juez o tribunal en audiencia pública.
7) Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
8) A ser juzgado antes de cuatro meses en tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, antes de un año si la pena excediere de este término, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
9) A una defensa adecuada por abogado (defensa técnica), y a que este comparezca en todos los actos del proceso.
10) A que no se prolongue la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
- Derechos de la víctima u ofendido.
- El Apartado C establece los Derechos de la víctima o del ofendido, los cuales son:

1) Recibir asesoría jurídica, así como a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y del desarrollo del procedimiento penal.
2) Constituirse como coadyuvante del Ministerio Público.
3) A que reciban todos los datos de prueba con los que se cuente, tanto en la investigación como en el proceso.
4) A que se desahoguen las diligencias correspondientes.
5) A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
6) Recibir atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión de un delito.
7) A que se repare el daño.
El artículo 21 de nuestra Carta Magna contiene la facultad de investigación de la policía y el Ministerio Público, los dos coadyuvan con el mismo estándar investigativo en dicha facultad, bajo la conducción y mando del segundo. Asimismo, este numeral contempla el ejercicio de la acción penal pública así como privada, en el caso de esta última, la ley establecerá los casos en que procede.
En este mismo numeral se contempla también la aplicación de criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, los cuales quedan establecidos el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por su parte, en el párrafo noveno se establecen los rubros que comprende la seguridad pública, la cual, es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y comprende lo siguiente:
• La prevención del delito.
• La investigación del delito, y
• La persecución para hacerla efectiva.
• Así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
El párrafo citado contempla de igual forma la actuación de las instituciones de seguridad pública las cuales se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal Mexicana.
El mismo numeral analizado, señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se rige por las siguientes reglas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados en las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
En este sentido, se establece un servicio civil de carrera para Ministerios Públicos, Peritos y Policías lo cual permite la estabilidad y permanencia en la función, así como la profesionalización, contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública.
En este artículo se contempla en el párrafo segundo lo relativo a la extinción de dominio el cual es un procedimiento mixto: penal y civil, que tramitará el Ministerio Público Federal, el cual se rige por las siguientes reglas:
I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo auxiliados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
El procedimiento, reglas generales y especificaciones relativo a la extinción de dominio se contempla ampliamente en su ley especial denominada: Ley Federal de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el viernes 29 de mayo del 2009 y la cual es reglamentaria del artículo 22 Constitucional.
En el presente numeral se señala que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal.
La intención de la inclusión anterior es en razón de que solo el Congreso de la Unión podrá expedir leyes en materia de Seguridad Pública para coordinar y homologar la actuación de las instituciones de esa índole y no los Estados, ello para que haya coordinación de actuación.
Artículo 115 Constitucional
Con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, se establece que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, ya que anterior a la reforma, se establecía que estará al mando del presidente municipal, en los términos del Reglamento Correspondiente, por lo que ahora, será en base a la Ley de Seguridad Pública Estatal, acorde a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior en atención a que el artículo séptimo transitorio del Decreto de Reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Junio de 2008 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, establece que el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de 6 meses, a partir de la publicación del Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que por su parte los Estados de la República expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del Decreto, las leyes de la materia, es decir, la Ley de Seguridad Pública Estatal.
Artículo 123 Constitucional
En el presente numeral se estipula que los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidades en el desempeño de sus funciones.
En este sentido se habla sobre la pérdida de confianza, así como el incumplimiento de los requisitos para el ejercicio de funciones de los miembros de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, ya que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificado,
...el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda a su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
El imputado tiene derecho a un juicio oral.
(Art. 25 de las Reglas de Mallorca)
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el objeto del proceso penal ha cambiado en el sentido de que anteriormente se perseguía, imponer una pena a todo aquel que cometiera un delito, siendo el ius puniendi el principal objeto del sistema de justicia penal.
Con la implementación del nuevo proceso penal de corte acusatorio y oral, se establece como objeto el esclarecimiento de los hechos y a través de una investigación científica que requiere de la profesionalización de los operadores del sistema, de tal manera que sea dicha investigación la que nos lleve a lograr que no haya impunidad, esto es, encontrar a la persona culpable y pueda reparar el daño.
La reparación del daño constituye uno de los pilares del objeto del proceso penal al adaptarse el principio de justicia restaurativa que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para tal efecto se han establecido distintos procedimientos alternos al juicio oral como los que a continuación se mencionan:
1) En cuanto a los Procedimientos Especiales:

a) Suspensión del Proceso a Prueba,
b) Acuerdos Reparatorios.
2) En cuanto al Procedimiento de Aceleración:

a) Procedimiento Abreviado.
3) En cuanto a los Medios Alternos de Resolución de Conflictos o MARC´S:

a) Negociación,
b) Conciliación,
c) Mediación y
d) Arbitraje, de manera que se acerque la justicia a la sociedad.
En base a lo anterior, la reparación del daño solo puede lograrse a través de una investigación adecuada por parte de la policía y servicios periciales, la cual se constituye como una de las actividades básicas más importantes dentro de la fase preliminar,
...de la cual se deriva el éxito de la investigación y en ese sentido lograr el esclarecimiento de los hechos, a efecto de que no queden impunes los delitos y se logre la reparación del daño pues en la mayoría de las ocasiones no se logra detectar, en consecuencia capturar al responsable del delito.
ELEMENTOS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO
El objeto del proceso penal se constituye como el esclarecimiento de los hechos, culpar al culpable o que no quede impune, proteger al inocente y la reparación del daño causado por la comisión del delito.
En consecuencia, el nuevo objeto del proceso penal se conforma de cuatro elementos fundamentales:

a) Esclarecimiento de los hechos.
b) Culpar al culpable.
c) Proteger al inocente.
d) La reparación del daño.
El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
(Art. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
Seguridad Pública,
Penitenciario,
y Justicia Penal.
- Medidas de vigilancia especial para internos. Se contempla la imposición de medidas de vigilancia especial a quienes se encuentran internos en establecimientos especiales por la comisión de delitos en materia de delincuencia organizada.
IMPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO
Los principios rectores del proceso penal se constituyen como la base sobre la cual descansa el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país. La publicidad, la inmediación, la contradicción, la concentración, y la continuidad tienen fundamento constitucional, se encuentran establecidos estos principios en el primer párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna.
PUBLICIDAD
Este principio permite que exista un control en cuanto a todo lo actuado en las audiencias, no solo entre las partes procesales: Ministerio Público, Defensa y Juez, sino también un control por parte del público que acude a la sala a presenciar una audiencia, de igual forma, la publicidad se extiende a los medios de comunicación, siendo entonces un sistema más trasparente en el que las pruebas son públicas y contradictorias, teniendo como consecuencia la igualdad procesal para argumentar y contra-argumentar.
EXCEPCIONES CONSTITUCIONALES AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
La regla general del sistema es que el proceso sea público, con la finalidad de transparentar la actuación del poder del Estado, la propia Constitución Federal en el artículo 20, apartado B, fracción V, establece como uno de los derechos de toda persona imputada que sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, y que la publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por las siguientes razones:
- Seguridad Nacional.
- Seguridad Pública.
- Protección de las Víctimas, testigos y menores.
- Cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos.
- Cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlos.
Podemos encontrarnos ante la petición de alguna de las partes en el sentido de solicitar la privacidad o secrecía de alguna audiencia, razón por la cual el juez, escuchada la petición, abrirá un debate en el que se expongan los argumentos y los contra argumentos de las partes a fin de resolver sobre la cuestión planteada, previa contradicción,
sin embargo, existirán casos en que por tratarse de causas penales en las que se ventile un asunto de carácter sexual, por ejemplo, en el que de manera automática o por obvias razones el público no podrá estar presente en la audiencia, en este sentido no se requerirá debate, sino que de manera oficiosa el juez decretará la privacidad de la audiencia.
EXCEPCIONES LEGALES AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Las excepciones al principio de publicidad, se encuentran establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al ir disminuyendo la publicidad de manera parcial o total, esto es, puede ser que de toda la audiencia sea a puerta cerrada o solo una parte de ella, por resolución de oficio excepcionalmente del Tribunal Oral Penal o a petición de parte, pidiendo que el público y medios de comunicación abandonen la Sala, e ingresen de nuevo una vez que ha desaparecido la causa que dio motivo a la privacidad.
En consecuencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 64 contempla las excepciones al principio de Publicidad que se consignan en la Constitución Federal y agrega diversas hipótesis de protección que se extienden a los miembros del Tribunal.
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