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¿Qué es la desaparición forzada?

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Alirio Uribe Muñoz

on 6 December 2016

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Transcript of ¿Qué es la desaparición forzada?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la responsabilidad internacional del Estado colombiano en varios casos
¿Qué es la desaparición forzada?
La desaparición forzada es un crimen atroz y una violación compleja de derechos humanos
que involucra los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y la integridad personales, a un trato humano, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la identidad y a la vida familiar, entre otros.
Cometida en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas


La Persistencia de las Desapariciones Forzadas en Colombia

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
SUB- REGISTRO DE CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA
Los
factores
generales
que explican el hecho de que no se denuncien
algunos casos de desaparición incluyen la
pobreza
, el
temor a represalias
, la
mala administración de justicia
, la
ineficacia de los de canales
y
mecanismos de denuncia
, sistemas profundamente arraigados de
impunidad
, y una cultura del
silencio
.
Legislación Nacional sobre Desaparición Forzada
EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ESTATAL EN LA BUSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
Normatividad Internacional
Reconoce el derecho a no ser sometido a una desaparición forzada e impone a los Estados el requisito de prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales

Contiene un conjunto de obligaciones legales de prevención, como la prohibición de las detenciones secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados

El Comité sobre desaparición forzada, además de sus funciones de vigilancia y consideración de comunicaciones individuales e interestatales, cuenta con un procedimiento urgente

Los Estados Partes en la citada Convención Interamericana se comprometen, en virtud de su artículo I, a:
a) No practicar, ni permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de la comisión del mismo.
c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.
d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para responder a los compromisos adquiridos en la Convención referida.
• El de la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana perpetrada en el Cesar en 1989
• La masacre de civiles en Las Palmeras (Putumayo) perpetrada en 1991; la masacre de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987
• La masacre de civiles en Mapiripán (Meta) perpetrada en 1997; la desaparición de civiles en Pueblo Bello (Córdoba) en 1990
• Las masacres de civiles en Ituango (Antioquia)perpetradas en 1996 y 1997
• La masacre de funcionarios judiciales en La Rochela (Santander) en 1989
• La ejecución del gobernador indígena Germán Escué Zapata en el departamento del Cauca en 1988.
Primer instrumento internacional vinculante que consagra el derecho a la verdad y el deber de búsqueda, localización y liberación de las víctimas de desaparición forzada y en caso de fallecimiento la obligación estatal de ubicación y restitución digna a su familia.
Aunque la Convención fue ratificada por el Congreso de la República a través de la
Ley 1418 de 2010,
el Estado colombiano demoró dos años para depositar la ratificación en el año 2012.
En septiembre de 2012, el gobierno colombiano después de ratificar la Convención, manifestó su negativa a aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones forzadas.
Sin la ratificación del Comité sobre Desapariciones Forzadas, se pierde una de sus fortalezas para ayudar a establecer el paradero de las víctimas con la cooperación del Estado concernido, cuando reciba denuncias fehacientes
La no aceptación de la competencia del CED significa que para las víctimas directas no es posible acceder al nuevo procedimiento humanitario en favor de la protección de las víctimas
No existe disposición política para recibir relatores o Grupos de Trabajo que visitaron el país y emitieron informes, con lo cual no hay seguimiento en el terreno de la situación y de la aplicación de las recomendaciones.
3 mecanismos y dos tratados internacionales
Hay una cláusula de prohibición constitucional
18 normas entre leyes, decretos y directrices
A pesar de esta riqueza normativa la mayor parte de estas leyes y decretos no se aplican quedándose la materialización de los derechos en un plano meramente formal
La recomendación de tipificar como delito la desaparición forzada, ha sido parcial
La Ley 589 de 2000 tipificó como delito la desaparición forzada asignándole de 20 a 40 años de prisión. Sin embargo,
su definición no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos.
Según el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en el Informe de su Misión a Colombia,
la tipificación en el Código Penal colombiano no es compatible con la definición de la Declaración de Naciones Unidas, ni de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de la OEA
En los registros oficiales, se encuentran más de
44.000 víctimas de desapariciones forzadas
En el contexto del conflicto armado siguen denunciándose desapariciones forzadas con la responsabilidad, complicidad de los organismos de seguridad, incluidos grupos paramilitares
La Comisión Interamericana de derechos Humanos
en su Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia 2013-2014, señaló: “La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado de Colombia sin embargo
advierte que tales esfuerzos deben intensificarse en virtud de que la desaparición forzada de personas continúa siendo un fenómeno de preocupación extendido en Colombia
.”
Hasta agosto de 2015 el Registro Nacional de Desaparecidos reporta
106.041 casos de desapariciones, de las cuales 22.350 se
catalogaron como presuntas Desapariciones Forzadas
Total desapariciones forzadas según registros oficiales
Durante el año 2014
, el Registro Nacional de Desaparecidos-
reportó 162 nuevos casos de desapariciones forzadas
, de las que el 69% de las víctimas corresponden a hombres y el 31% a mujeres
Otros factores críticos para la situación colombiana, son los
antiguos vínculos de colaboración que subsisten, entre el Estado colombiano o las autoridades estatales y los grupos paramilitares
; la atmósfera imperante de
temor, intimidación y terror
, y la
profunda desconfianza en el sistema judicial
Desde que comenzó la práctica de las desapariciones forzadas en los años 70, el subregistro de víctimas ha sido un problema estructural que persiste
Las evidencias de este subregistro, adicionales a las observadas por el Grupo de Trabajo de ONU, se ilustran, así:


Cada base de datos estatal presenta datos parciales.
Los registros son más bajos en el Registro Nacional de Desaparecidos y más altos en Registro Único de víctimas (RUV)
El Registro Nacional de Desaparecidos no contiene los casos de la Fiscalía General, ni del Registro Único de Victimas de la Ley de Víctimas, ni de los muertos en combate del Ministerio de Defensa
Las bases de datos estatales no cubren todos los rangos temporales de ocurrencia de las desapariciones forzadas
Los registros no cuantifican, ni cualifican las otras violaciones de derechos humanos conexas con las desapariciones forzadas
Los registros adolecen de un enfoque diferencial
Impunidad Absoluta de las Desapariciones Forzadas en Colombia
Investigaciones bajo la Ley 600/00 y Ley 906/04
Según datos reportados por la Fiscalía General de la Nación, a la fecha se
adelantan 61.918 procesos bajo la Ley 600/00

28.745 procesos bajo la Ley la Ley 906/04
, que sumadas dan
90.663 casos
.
De estos proceso, los departamentos que más reportan casos de Desaparición Forzada son: Antioquía con 23.696, Meta 6.968, Cesar 6.032, Valle 3.408
El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Fue elaborado por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas por mandato de la Ley 589 de 2000.
Este PNB fue adoptado tardíamente en 2007, 30 años después de las primeras denuncias de familiares de las víctimas en 1977, que marcaron un hito trágico en la vida del país entre ellas la desaparición forzada de Omaira Montoya y Mauricio Trujillo desaparecidos en Barranquilla, o de Patricia Rivera junto con sus hijas menores en Bogotá por la misma época.
El Plan tiene serios vacíos que lo hacen ineficaz
, no contempla una ruta de policía judicial para recuperar vivas a las víctimas y adolece de falta de indicadores, instrumentos de medición y protocolos de seguimiento, para determinar la eficacia o ineficacia de su aplicación.
Obstáculos del Mecanismos de Búsqueda Urgente
Los Fiscales oponen con frecuencia la figura de la “reserva del sumario” que impide a abogados y familiares acceder al expediente para constar las diligencias de búsqueda de las víctimas.
Límite de dos (2) meses término de la Ley 971 de 2005 da a la autoridad como término oficial para buscar a la víctima
La carga de la prueba recae sobre las familias de las víctimas, los testigos, lugares, quienes aportan a las circunstancias y posibles autores colocándolas en gran riesgo a su seguridad.
A nivel disciplinario el Ministerio Público no sanciona la ausencia de acciones de búsqueda de las víctimas y la negligencia de los funcionarios públicos, como falta grave, a pesar que la Procuraduría tiene facultades legales para hacerlo
Personas no identificadas sepultadas en los cementerios municipales
En la Audiencia Pública "La paz se construye con hechos: entrega digna de personas no identificadas sepultadas en cementerios y enterramientos clandestinos en Colombia", convocada por los parlamentarios Iván Cepeda y Alirio Uribe
El Fiscal General de la Nación, Dr. Eduardo Montealegre, quien manifestó su total voluntad de continuar los procesos de búsqueda e identificación de personas inhumadas como no identificadas para hacer entrega de sus restos a sus familiares
Hasta el momento,
según FGN se contabilizan 2.292 personas reportadas como no identificadas
(593 en Villavicencio, 528 en Granada, 130 en Vista Hermosa, 577 en San José del Guaviare y 464 en La Macarena).


En el año 2012, el Ministerio del Interior a través del proyecto
“Búsqueda de personas no identificadas en Cementerios",
tuvo como objetivo mapear y diagnosticar ciento ochenta y cinco (185) cementerios priorizados a nivel país, con una inversión de 7.000 millones de pesos, e implementar acciones para la ubicación de los cuerpos de los que se desconoce la misma en los cementerios oficiales.
A tres años de la implementación de este proyecto
, ni el país ni los familiares de las víctimas de desaparición forzada
no conocen sus resultados en cuanto a cuántas y cuáles de las víctimas han sido ubicadas en los cementerios oficiales
El Ministerio del Interior
asignó recursos en el 2013 por un monto de $2.126 millones,

en el 2014 $2.617millones
y e
n el 2015 $2.644millones
. El proyecto se ha centrado en el trabajo de diagnóstico, es decir en un proceso de recolección, in situ, análisis y verificación de la información para establecer las dimensiones del problema.
Llama la atención que en
las cifras reportadas por el Ministerio del Interior sean sustancialmente inferiores (7.377 PNI) a las reportadas por la Fiscalía General de la Nación (20.453 PNI)
Esta situación lleva a preguntarse
¿No se debería realizar un trabajo interinstitucional, que permita consolidar el registro y no continuar el subregistro?

¿Se han invertido más de 7 mil millones de pesos en este “diagnostico” en el que las cifras arrojan un subregistro de este tamaño?

¿Estos 7 mil millones de pesos no deberían invertirse en las entidades responsables de la custodia y almacenamiento de los cuerpos?
CONCLUSIONES
1. El Estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
2. Las desapariciones forzadas se han mantenido de manera constante a lo largo del tiempo. En muchos casos, las desapariciones quedan invisibilizadas cuando ocurren conjuntamente con otras violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de manera sistemática entre 2002 y 2008.
3. Las desapariciones forzadas en Colombia no son hechos aislados. Por el contrario, son práctica habitual, deliberada, que responde a objetivos claros.
4. En muchos casos las desapariciones son precedidas de amenazas explícitas en las que se les advierte a las víctimas que deben abandonar la actividad que desempeñan o abandonar la región.
5. Todavía no se hacen suficientes esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y devolverlas a sus familiares
6. El Estado colombiano cuenta con un importante marco jurídico en materia de desaparición forzada. Desafortunadamente, los avances legislativos no se han traducido en mayores garantías para las víctimas de este delito y sus familiares.
RECOMENDACIONES
1.
Ratificar plenamente la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas
2. Erradicar la práctica de las desapariciones forzadas de agentes del Estado solos o por tolerancia o aquiescencia con grupos paramilitares.
3.
Crear un Grupo Técnico de búsqueda de policía judicial civil para el posconflicto, para garantizar el derecho de las víctimas de desaparición forzada a ser encontradas y rescatadas vivas.
4. Abolir a través de un Decreto del Ministerio del Interior o de Justicia los plazos de facto de 24, 48 y 72 horas que autoridades policiales o de la Fiscalía General, que exigen arbitrariamente en las denuncias a los/as familiares de víctimas.
5. Reconocer el sub-registro de casos y unificar con urgencia todas las bases de datos, con alto nivel de coordinación interinstitucional, y amplia participación de las víctimas.
6.Materializar el Derecho a la Verdad: El Estado debe establecer cuántos y quiénes son los desaparecidos y desaparecidas desde 1977
7. Al Instituto de Medicina Legal y al Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación, presentar un censo por cada entidad de las personas no identificadas y de la existencia fosas clandestinas y fuera de cementerios.
8. A la Fiscalía General, presentar un informe de sobre la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda, en los procesos judiciales y de las víctimas reconocidas en el Registro Nacional de Desaparecidos y en el Registro Único de Víctimas de la UARIV.
9. Al CTI y los organismos que ejercen labores de policía judicial presentar un Informe sobre los resultados del Mecanismo de Búsqueda Urgente, que caracterice las medidas de búsqueda adoptadas para recuperar vivas a la víctimas
10. Garantizar el acceso al derecho a la Justicia y a una justicia independiente: Garantizar que las desapariciones forzadas no serán conocidas por tribunales militares y que su tipificación no se acomodará a conductas del DIH para que puedan ser investigadas por los mismos.
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