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LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

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Ana Marcela

on 23 October 2012

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Transcript of LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Las cifras de muertes violentas en Colombia son de las más altas del mundo y muy alto es también el volumen de droga cuyo procesamiento y comercialización tiene relación con Colombia. Relacionar estos dos fenómenos en una causalidad simple, ha sido tentación seductora para muchos periodistas internacionales, pues los dispensa de penetrar en el análisis de una realidad compleja, que no es posible encasillar en esquemas más o menos estandarizados. DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA En Colombia existen ciertamente poderosos carteles de narcotraficantes, pero, sin embargo, el mayor porcentaje de las muertes violentas que allí ocurren no tienen ninguna relación con el narcotráfico.
En Colombia no ha habido ninguna dictadura militar, pero, sin embargo hubo más asesinatos de opositores políticos o de miembros de organizaciones populares que en los 17 años juntos de la dictadura militar en Chile. Colombia es un país violento pero democrático, y los agente principales de esa violencia son las mafias de la droga y unos anacrónicos reductos guerrilleros que no conservan ya ningún objetivo político sino que optaron por el terrorismo y que encontraron en el secuestro y en el comercio de la droga, métodos de enriquecimiento que ahogaron sus ideales políticos. Una imagen distorsionada Una sociología de la guerrilla en Colombia es algo más complejo. Ciertamente la guerrilla no es percibida ya como organización político militar que busca la toma del poder por las armas para imponer un modelo de Estado. Si bien sus dirigentes conservan principios ideológicos marcados por las experiencias socialistas, no se consideran ya como propulsores de un modelo hegemónico de Estado El conflicto armado y los procesos de paz Mucho se ha discutido si las guerrillas en Colombia son causa o más bien
efecto de un espacio político cerrado o antidemocrático.
Quien conozca un poco la historia de Colombia y de sus
partidos políticos tradicionales: el Partido Liberal y el Partido
Conservador, sabe muy bien que el campo de lo político fue dominado,
con violencia, por estos dos partidos, en forma excluyente, manteniendo
en la ilegalidad a todo movimiento político alternativo, hasta finales de
los años 70. Y justamente cuando parecía llegar a su fin la hegemonía
excluyente de los dos partidos tradicionales, las capas dominantes
enfrentaron el auge de los movimientos socializantes de los años 60 y 70
poniendo en práctica, de un modo original, los principios y
estrategias de la Doctrina de Seguridad Nacional
sin necesidad de dictadura militar. Desde el gobierno de Betancur (1982-86) se han sucedido muchos intentos de diálogo y negociación entre el gobierno y las guerrillas, muchos de ellos frustrados, pero otros culminaron en acuerdos que permitieron la reinserción en la vida legal de algunos combatientes, especialmente de los grupos más pequeños o ya diezmados, como el M-19, el PRT, el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame y una fracción del Ejército Popular de Liberación. Estos acuerdos se firmaron alrededor de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (entre 1990 y 1991). Sin embargo, los grupos más numerosos y de más larga tradición continúan combatiendo, a pesar de intentos frustrados de negociación Responsabilidad del Gobierno e Impunidad La impunidad es la columna vertebral de la criminalidad del Estado en Colombia y el mecanismo más eficaz para que las violaciones más graves contra la vida y la dignidad humanas continúen siendo prácticas de rutina de numerosos agentes del Estado. Muchas personas, agentes diplomáticos y organismos internacionales se preguntan cuál es la responsabilidad concreta del Gobierno colombiano en la violencia política y en las más graves violaciones que se siguen evidenciando de los Derechos Humanos fundamentales.
El discurso democrático del actual gobierno; la reforma constitucional de 1991 donde la formulación textual de los Derechos Humanos ocupó un extenso articulado;
Las nuevas instituciones creadas para la defensa y protección de losDerechos Humanos, todo esto lleva a pensar que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en
las violaciones que se siguen presentando de los Derechos Humanos; que ellas se deban quizás a factores que se le escapan de sus manos o que incluso hace grandes
esfuerzos para superarlas.
Ciertamente es difícil imaginar al Presidente o a sus ministros planificando crímenes de desapariciones, de ejecuciones sumarias, de masacres o de torturas, en
un Consejo de Gobierno. Si alguien afirmara que así ocurre, no se lo creería..
Pero tampoco se puede aceptar las interpretaciones que reducen la responsabilidad del gobierno a una responsabilidad pasiva o de omisión. Responsabilidad del Gobierno e Impunidad Si bien fueron creadas nuevas instituciones para la
protección de los derechos humanos, la práctica cotidiana
nos ha ido mostrando que ninguna de ellas fue dotada de
facultades eficaces para proteger realmente los derechos.
Más bien podría decirse que la multiplicación de instituciones
hace prolongar, entorpecer y confundir los procesos de denuncia
y de búsqueda de protección. Todas esas nuevas instituciones
se sienten con atribuciones para transmitirse unas a otras
las denuncias, mediante oficios escritos, sin que ninguna
se sienta con atribuciones para resolver los problemas
eficazmente. Nadie puede negar, que la nueva Constitución y su
desarrolló legislativo han dado importancia a los Derechos Humanos.
Muchas normas de Tratados y de Pactos Internacionales suscritos
desde hacía años por Colombia, fueron explicitadas en la misma
Constitución. Además fueron creados cargos e instituciones nuevas
con miras a la protección de los derechos. Sin embargo, en la práctica
muy poco ha cambiado. Reforma constitucional de 1991 y los Derechos Humanos La Justicia fue crudamente politizada. La injerencia del poder
ejecutivo en el nombramiento del Fiscal General
(Art. 249); de la Sala Jurisdiccional del Consejo
Superior de la Judicatura (Art. 256); de la Corte Constitucional
(Art. 239) acabaron con la precaria independencia del poder judicial.
Se dejó intacto el privilegio del Fuero Militar que ha sido
el principalísimo mecanismo de impunidad.
Se consagraron varios obstáculos constitucionales
que impiden que puedan ser aplicadas las normas previstas en el Derecho Internacional en relación con los Crímenes de Lesa
Humanidad: se impide la imprescriptibilidad de
las penas (Art. 28); se cierra el camino para
el ejercicio de la Jurisdicción Universal al prohibir, sin
excepciones, la extradición (Art. 35) y se consagra la eximente
de Obediencia Debida para los militares (Art.91). Juan Manuel Santos también destacó que el combate a las bandas criminales debía ser una prioridad coordinada desde el Ministerio de Defensa, pero que estas eran mucho más débiles y menos ideologizadas que las desmovilizadas AUC. Antanas Mockus resaltó la importancia de la fuerza de la presión social a la hora de rechazar y superar al narcotráfico. Preguntados sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia, mostraron diversos grados de preocupación y diferentes percepciones del origen principal del problema. En cuanto a la gravedad de la situación actual, Juan Manuel Santos fue el más optimista y Rafael Pardo el más negativo. En cuanto al origen, Juan Manuel Santos lo asoció al terrorismo, Noemí Sanín al narcotráfico, Germán Vargas Lleras con la impunidad, Gustavo Petro y Rafael Pardo se fijaron más en los agentes del estado y los paramilitares, y Antanas Mockus señaló la necesidad de coherencia: luchar contra la delincuencia desde la legalidad democrática. Poco antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 2010, Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, los candidatos a la presidencia, dieron su punto de vista sobre los derechos humanos en una entrevista. Perspectiva de los líderes políticos en 2010 El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores que los caracterizan. Además de lo expuesto hasta el momento, se puede decir que Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado. Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativamente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentad por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Si existen además actores armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estarían cometiendo una infracción al derecho internacional humanitario. Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante aproximadamente 40 años, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha arrojado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175.270 nuevas personas desplazadas. El propósito de los Derechos Humanos es el de dar protección a la agencia humana, es decir, defender a los agentes humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra. Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos. CONCLUSIONES
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