Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

laura peña

on 17 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Sentencia T 933/05: SU 624/99, T 310/99, C 1435/2000, C 114/05, T 612/92, T826/03, T002/92.

Sentencia SU 624/99: T002/92, SU 337/99, T 02/95, T 612/92, T 425/93, T 607/95, T 500/94, T 760/98

Sentencia: T 1227/05: T 780/99, T 235/96, SU 624/99, T 1280/2000, T 821/2002, T 983/03, T 194/ 2004, T 295/2004 T 086/08 (Arquimédica) : Sentencia: T 933/05
Sentencia: SU 624/99
Sentencia: T 1227/05 T 086/08 Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., 5 de febrero de 2008.

La señora Alba Nubia Zambrano interpuso el 12 de julio de 2007 acción de tutela contra la Institución Universitaria INPAHU, por considerar que la accionada vulneraba sus derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo.

1ra Instancia: La causa fue conocida en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, que negó las pretensiones de la accionante al considerar que no se vulneraban los derechos invocados y por el contrario se actuó conforme al reglamento de la institución. Derecho a la educación Vs Autonomía universitaria Esta linea se realiza con la finalidad de identificar la respuesta que la Corte Constitucional da frente al conflicto que se presenta entre el derecho a la educación y la autonomía de centros educativos para privar de clase o no entregar documentos por falta de pago. La linea jurisprudencia nos brinda unas posibles respuestas al problema jurídico planteado al igual que un patrón de desarrollo desicional. SU 624/99 Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., 25 de agosto de 1999.
SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Entre los hechos encontramos que la peticionaria pide se le proteja a su hija el derecho a la educación y por lo tanto se le entregue el certificado de las notas correspondiente al 5° grado para poder continuar sus estudios en otro colegio.

1era instancia:
La solicitante persigue, mediante tutela presentada en 1999, que se le entregue el certificado de notas del año 1996.En la primera instancia ninguna prueba presentó la peticionaria sobre la calamidad económica que adujo, tampoco explicó por qué el padre de la niña Hernández Sierra no canceló al colegio lo que se debía.

Con esos elementos de juicio se profirió la sentencia de primera instancia el 24 de febrero de 1999 que no concedió la tutela. FUNDADORA T 002/1992: Derecho a la educación / autonomía universitaria.

Hechos:
1- Pastora Emilia inicio sus estudios en la universidad tecnológica en el año 1997.
2- Por inconvenientes personales suspendió sus estudios para reingresar en 1985.
3- en 1989 la peticionaria perdió por tercera vez una materia razón por la que fue excluida de la universidad y no se le acepto el reingreso para el mismo programa.


1 instancia: el juzgado de instrucción criminal, no accedió a la petición de la acción que consiste en reintegrar a la peticionaria para la culminación de sus estudios en la facultad de ingeniería.
los argumentos par anegarla son:
1. el derecho a la educación no es fundamental.
2.El artículo 67, según el a quo, que se refiere a la responsabilidad que tienen el Estado, la sociedad y la familia frente a la educación obligatoria de los niños y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad, está comprendido en el Capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales.
3. las causales académicas de retiro del programa de formación que se cursa; específicamente en el literal a) se contempla la situación de haber perdido una misma asignatura en tres (3) periodos lectivos.

2da instancia:
El tribunal superior se pronuncia sobre la solicitud considerando que el derecho a la educacion es un derecho fundamental, no solo porque sale en el titulo 2 cap 1 De los Derechos Fundamentales -al referirse a ella en los artículos 26 y 27 con la libertad de escoger profesión y la libertad de enseñanza-, sino por cuanto está incluída en el Capítulo 2o. del mismo Título de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 67, 68, 69 y 70, donde específicamente la contempla como parte de los derechos, las garantías y los deberes.
En relación con el Reglamento Universitario, el ad quem consideró que aún siendo la educación un derecho fundamental para el ser humano, su ejercicio no puede estar sujeto al juego de las actitudes y voluntades del hombre -del estudiante-, por lo que es elemental que se impongan unas reglas de juego en las que se defina cuáles son las prerrogativas y cuáles las obligaciones de quien imparte instrucción y de quien la recibe. Problema Jurídico ¿ Cual es el nivel de obligatoriedad del derecho a la educación frente a la autonomía de los centros educativos que privan a estudiantes de recibir clases o de información de su proceso académico por no pago? Metodología de la linea Inconforme con la desición tomada en primera instancia, la accionante procede a apelar citando la T933/05 que indica: "el derecho a la educación prevalece sobre los intereses económicos de las instituciones; debiendo éstas acudir a los mecanismos jurídicos pertinentes para proteger su patrimonio."

2da instancia:
Confirma la desicion de primera instancia debido a que:"si bien debe entenderse que en principio prevalece el derecho a la educación frente a los intereses económicos de las instituciones de educación, la Corte Constitucional ha indicado la existencia de ciertos requisitos para amparar el derecho; los cuales buscan evitar que se genere una “cultura de no pago”.
Requisitos: 1. demostrar la imposibilidad de cumplir con el pago, 2. causa razonable de dicha imposibilidad, 3. acreditar gestiones para lograr un acuerdo de pago. Ratio: Si bien la Corte Constitucional ha indicado la legitimidad que tienen instituciones privadas para brindar un servicio publico como el de la educación, la primacía de los derechos de la persona es un principio fundamental del Estado Social de Derecho reconocido expresamente en el artículo 5º de la Constitución. La jurisprudencia ha sido enfática en indicar que frente a un conflicto entre “el derecho del plantel educativo a obtener el pago por el servicio de enseñanza y los derechos fundamentales del educando -entre ellos la educación-, es necesario otorgar a estos últimos una condición prevalente, sin que ello implique desconocer la existencia del derecho de la institución educativa ni la posibilidad de que pueda hacerlo efectivo a través de los medios jurídicos existentes”.
El derecho a la educación y sus parámetros se fijan en la SU 624/99 con la finalidad de que no se incumplan injustificadamente las obligaciones contractuales. 1.- El surgimiento de un hecho durante el año lectivo que afecte económicamente los proveedores de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la empresa, etc.) y que haga razonable la mora en el pago de los costos de la educación, caso en el cual el solicitante de la tutela debe aclarar y probar al juez tal circunstancia y su actuación dirigida a buscar los medios para cancelar lo debido y, 2.- Que no exista un aprovechamiento grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional que protege el derecho a la educación en tales circunstancias, es decir, que no se invoque la protección de un derecho constitucional teniendo como base la mala fe del deudor que aún contando con los recursos para cancelar su deuda se hace renuente al pago.

Encuentra la Sala que ninguna de las dos condiciones anteriormente mencionadas se cumple en el presente caso. por ello, CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá el veinticuatro (24) de agosto de dos mil siete (2007), mediante la cual resolvió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá el veinticinco (25) de Julio de dos mil siete (2007), en la causa instaurada por Alba Nubia Zambrano contra la Institución Universitaria INPAHU. SENTENCIA ARQUIMEDICA Nicho Citacional: Sentencia hito SU 624/99 T 002/92: NO CITA (Solo Artículos) Sentencia fundadora de linea.
T 612/92: T 3693, T 4790, T 412:Sentencia de reiteración.
T 425/93: T 429/92: Sentencia dominante.
T 500/94: NO CITA, no hay patrón fáctico.
T 607/95: C 134/94: Sentencia dominante.
C 252/ 95 demanda de inconstitucionalidad
T O35/95 sentencia de reiteración
C 251/ 97: NO CITA, no hay patrones fácticos
SU 337/99: T 447/95 (NO HAY PATRON fáctico)
T 760/98: SENTENCIA DOMINANTE, CON CRITERIOS VIGENTES 2da instancia:
La peticionaria impugnó la decisión. El Tribunal Superior de Santa Marta, mediante decisión del 14 de abril de 1999 la revocó y en consecuencia concedió la tutela con base en estos razonamientos:
"Lo que no se puede hacer es violentar o amenazar el derecho a la educación, por factores externos como el económico, ya que no es jurídicamente válido cobrar una obligación en detrimento de un derecho fundamental, más cuando se encuentra involucrada una menor de edad cuyos derechos deben prevalecer al ponderarse aquellos, en consideración a que el derecho violentado es factor determinante en el desarrollo de la personalidad de la niña, porque en la medida en que avance en el estudio le permite adquirir conocimientos, y desenvolverse en el medio cultural y núcleo social en el que se desarrolla." Variación hecha: 1. Educación en un Estado social de derecho: Hay múltiples destinatarios que tienen el deber conjunto de contribuir a la realización de la educación: la familia, el Estado y la sociedad. Por otro lado, en numerosas jurisprudencias de la Corte Constitucional se ha indicado que la educación es un derecho-deber.

2. Obligación de la familia respecto a la educación: Prioritariamente es la familia la destinataria de la obligación en la educación de los hijos. El artículo 42 C.P. dice que la pareja debe sostener y educar a sus hijos menores o impedidos. Esa obligación de la familia en muchas ocasiones se expresa en que se matricula el niño en un colegio privado. En este evento puede ocurrir que la familia no pague oportunamente la pensión educativa, caso en el cual según lo ha dicho la Corte, el niño no puede ser retirado de clases.

3. El no abuso del derecho: Este derecho implica la responsabilidad de los padres de sufragar lo correspondiente a la educación de sus hijos, de manera preferencial, máxime cuando son los mismos padres quienes han escogido una determinada educación privada para sus hijos. No se entiende que un padre gaste en trivialidades y deje en ultimos lugares la educacion de sus hios. La Corte siempre ha dicho que el derecho al cobro es intangible y ha partido del supuesto constitucional de la buena fe. Pero ante la realidad del aprovechamiento de la jurisprudencia a favor de la "cultura del no pago" no se puede permitir que el escudo para el abuso, sea precisamente esa jurisprudencia constitucional. Ello obliga a que, aunque se reafirme que el niño no puede ser retirado de clase, por el contrario se debe precisar el tema concreto de la entrega de notas como posteriormente se analizará. 4. Proporcionalidad de las cargas en el servicio público de la educación prestada por particulares: Aunque se trate de relaciones contractuales, emanación de la autonomía, el Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes a la realidad que surge cuando por motivos ajenos a quien preste el servicio, el colegio vea disminuidos sus recursos hasta el punto de que no puede responder dando una educación como correspondiera o inclusive llegando hasta el cierre del establecimiento. Ante esta situación sería una carga irrazonable obligar al colegio a responder por su obligación de enseñar porque se produciría un daño sin causa jurídica.

5. La prohibición de retirar los niños de clase por el no pago de pensiones es razonable durante el año lectivo, pero sólo durante éste y únicamente en los grados que la Constitución señala: La jurisprudencia de la Corporación ha sido enfática en el sentido de considerar como violatorio de la Constitución: impedir que los niños asistan a clase cuando sus padres están en mora de pagar las pensiones y estigmatizar a los niños por el incumplimiento de sus padres. la Corte reitera su jurisprudencia anterior en el sentido de considerar contrario a la Constitución que al niño se le impida asistir a clase (bien sea enviándolo a la casa, o a la biblioteca, o al patio de recreo), pero aclara que la protección constitucional es para el año de preescolar y los primeros nueve años lectivos porque son éstos los que la Carta Fundamental señala como objetivo constitucional. (El colegio no esta obligado a matricularlo en el año siguiente). 6. Modulación de la orden de no retener notas: Si el niño ha sido matriculado en un colegio privado y durante el año lectivo ha surgido un hecho que afecte económicamente los proveedores de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la empresa, etc.) es razonable que el no pago oportuno de las pensiones no puede ser invocado por el colegio para no entregar las notas. Ante esta imposibilidad sobreviniente que impide el pago, surge para el solicitante de la tutela el deber de aclararle y probarle al juez constitucional la circunstancia que impide el pago oportuno (que no es confesión de parte, ni prueba que lo perjudique en otros espacios) y que se den los pasos necesarios para cancelar lo debido (como sería por ejemplo acudir al ICETEX para obtener préstamo).
Pero si hay aprovechamiento grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional, por parte de padres con "cultura del no pago", hay una captación no adecuada de la jurisprudencia y la tutela no prosperaría porque habría una errónea inteligencia de un hecho que es importante para la decisión: que por educación se entiende no solo la enseñanza en un colegio, sino el ejemplo que la propia familia da. La educación no es un proceso aislado, es sistémico. Un antivalor, la mala fe no pueden ser nunca base para invocar la protección a un derecho. Se deslegitima quien invoca el derecho con base en el abuso y en el desconocimiento del derecho del otro. Por lo tanto, en estas circunstancias en que el padre sí puede pagar pero no lo hace, no se puede exigir, mediante tutela, la entrega de notas.La modulación de la jurisprudencia anterior se debe a una circunstancia nueva: el uso perverso e indebido de la jurisprudencia; abuso que creó un comportamiento social que no es constitucional, porque no respeta los derechos ajenos y sí abusa de los propios. 7. Obligaciones del Estado respecto la educación: Educación gratuita en las instituciones del Estado, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y, cómo mínimo comprenderá un año de preescolar y nueve de educación básica.



RESUELVE: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta, en cuanto concedió la tutela y ordenó entregar las calificaciones del período de 1996, porque, en el caso concreto está comprobada la capacidad de pago de la familia y por lo tanto ésta debe cumplir su obligación frente al derecho a la educación, según se expresó en la parte motiva. Tesis A

El derecho a la educación prima sobre la autonomía de los centros educativos en un Estado social de derecho. Tesis B

El derecho a la educación y su ejercicio no implica un abuso del mismo. por ello, al ingresar a determinada institución educativa se acepta su normatividad, permitiéndose así la privación de clase o documentos por no pago. Consideraciones: Esta Sala de Revisión considera que los temas en controversia, y que serán resueltos, son:

a- Si la educación es o no un derecho fundamental.
b- Si la decisión de la Universidad Tecnológica de Pereira constituye o no una violación de derechos constitucionales fundamentales.

La educación si es un derecho fundamental además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Constitución. Ello puesto que en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona.
La fundamentalidad del derecho a la educación, sin perjuicio de lo anterior, también puede constatarse en los criterios auxiliares, así:
a- Los tratados internacionales sobre derechos humanos
b. los derechos de acción inmediata

Consideraciones:
De las pruebas aportadas al expediente se concluye que la actora no cumplió con el reglamento de la Universidad Tecnológica de Pereira que establece en el artículo 55: "son deberes de los estudiantes: ...c) cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución". Así lo admitió la petente en declaración rendida ante el Juzgado de Instrucción Criminal de Pereira.
Observa esta Sala de Revisión que, teniendo en cuenta la fundamentalidad del derecho, éste se puede condicionar en su ejercicio, mas no ser extinguido, pero atravez del enunciado en el reglamento universitario "el estudiante que por causas académicas quede por fuera de un programa de formación, podrá ingresar a otro, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para los aspirantes".
No existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho fundamental a la educación porque con la reprobación de una asignatura en varias oportunidades, la peticionaria perdió el derecho a continuar sus estudios en ese programa concreto, sin perjuicio de iniciar, en igualdad de condiciones a los demás estudiantes, un programa de estudios distinto del cual fue excluída.
Full transcript