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Sentencia C-253A de 2012

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Juan Bello

on 12 March 2013

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Sentencia C-253A de 2012
M.P. Gabriel Mendoza Martelo “LEY 1448 DE 2011(junio 10)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:

ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
[...] ARTÍCULO 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.” PARÁGRAFO 3º. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

PARÁGRAFO 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.
[...] PARÁGRAFO 2º. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. (i) Concepto de V fijado por el bloque de constitucionalidad, derecho a la igualdad VS exclusión de V cuyos hechos son anteriores a las fechas fijadas en los artículos 3 y 75.
Sentencia C-250 de 2012 - Cosa Juzgada Constitucional (ii) ¿La exclusión de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, del ámbito de la definición de víctima contenida en la ley, resulta contraria al concepto de universal de víctima; comporta un tratamiento discriminatorio que carece de justificación, y está en contravía con mandatos vinculantes de derecho internacional que imponen el deber de brindar protección, en el marco de un conflicto, a los integrantes de los grupos armados que se encuentre fuera de combate? (iii) ¿La fijación de la condición conforme a la cual es necesario que los niños, niñas o adolescentes que sean miembros de grupos armados organizados al margen de la ley se hubiesen desvinculado de tales grupos siendo menores de edad, como condición para que puedan ser reconocidos como víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011, resulta contraria al deber de protección de los menores y a los principios de igualdad y no discriminación, al establecer una exclusión absoluta que desconoce la gravedad del delito de reclutamiento forzado y la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que les corresponde a quienes los sufren, en contravía con el concepto universal de víctima? (iv) ¿La previsión contenida en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, de conformidad con la cual no se reconoce la condición de víctimas a quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común, en cuanto admite una interpretación que permitiría excluir del ámbito de protección de la ley a personas que tendrían la calidad de víctimas del conflicto conforme a criterios objetivos contenidos en diversos instrumentos internacionales, resulta contraria al concepto universal de víctima y a los imperativos de protección que se derivan del mismo? Problemas Jurídicos Los demandantes citan como violados, el preámbulo (finalidad de la Constitución de asegurar a los integrantes del pueblo de Colombia la justicia y la igualdad, dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo), y los artículos 1, 2, 5, 13, 44 y 45 , 29 y 229 (derecho a las garantías judiciales y administrativas a un recurso efectivo, así como a la verdad, la justicia y la reparación), 58, y 93 de la Constitución. Así como diversos tratados e instrumentos internacionales, que consideran hacen parte del bloque de constitucionalidad, y que desarrollan los derechos a la dignidad humana, a la igualdad de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral, de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo y los derechos de los niños. INTERVENCIONES Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado

Frente a la exclusión de miembros de grupos armados, considera es inconstitucional, dado el carácter universal de los derechos a al V J y R

A manera de conclusión, se plantea que, como garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral, las personas que hayan sufrido daños a manos de estos grupos deben ser incluidas en la Ley de Víctimas. De la misma manera, en pro de los derechos a la igualdad, la dignidad, el debido proceso y la justicia, el legislador debe tener en cuenta a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH y no solo a un grupo de personas, o solo por ciertos hechos. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

El artículo 3°, parágrafo 2, establece una definición restrictiva de quienes puedes ser también considerados como víctimas; excluye a las víctimas de reclutamiento forzado cuando aquellas fueran desvinculadas después de haber cumplido 18 años y; lo que los hace susceptibles de otras vulneraciones a sus derechos:
No podrán solicitar la reparación por haber sido víctimas del reclutamiento forzado,
Tampoco podrán acudir a la justicia para ser reparados por las demás violaciones a sus derechos sufridas durante el tiempo que permanecieron dentro del grupo armado.
Por tanto, estas normas son contrarias a la igualdad de las víctimas de tales violaciones y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral y a las obligaciones internacionales al respecto. Ministerio Público “Declarar EXEQUIBLE la expresión “Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”, bajo el entendido de que pueden ser considerados víctimas del conflicto armado interno por violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario quienes hayan sido sujetos pasivos del delito de reclutamiento forzado, siendo menores de edad, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos exigidos en la ley.” Por cuanto desconoce la circunstancia de que:
Rara vez, la vinculación o desvinculación depende de la voluntad del niño, la niña o el adolescente.
Se desconoce la realidad colombiana en la materia.
Reclutamiento del menor y desmovilización siendo adulto, excepcional reparación. Plan Metodológico 1. Alcance de la Ley
2. Juicio de igualdad
3. Análisis de los cargos Alcance de la Ley
El art. 3 define las reglas de la aplicabilidad de la ley
El inc. 1 art. 3 desarrolla el concepto básico de víctima
Alcance operativo, fija el universo de los destinatarios de las medidas
Vasta magnitud y complejidad

Conjunto de instrumentos normativos que se han expedido con el fin de hacer frente a la situación de conflicto armado y que pueden articularse conceptualmente en torno a la idea de un modelo de justicia transicional (art. 8) que responda a las particularidades de al situación del país.

Dignidad - Buena fe - Igualdad - Enfoque diferencial.
Progresividad - Gradualidad - Sostenibilidad

Descripción de la Ley Libertad de configuración por parte del legislador
C-916 de 2002, + o - amplia, depende de la materia
C-291 de 2007, en materia penal - art. 93, 94 y 44.
Se pueden fijar ciertas limitaciones a las medidas, para que no sean meros ideales inalcanzables.
El valor paz no tiene alcance absoluto, tiene limitaciones en los derechos a la justicia y derechos de las víctimas.

El legislador contaba con amplio margen para decidir qué medidas escoger Test de igualdad (i) En primer término, el juez constitucional debe establecer si en relación con el criterio de comparación o tertium comparationis, las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. En caso de hallarlas notoriamente distintas, el test no procede; (ii) Si resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines. La Corte Constitucional ha modulado la intensidad del juicio de igualdad, en atención al grado de amplitud de la potestad de configuración normativa, de que goza el legislador, la cual se determina en atención a (i) la materia regulada; (ii) los principios constitucionales afectados por la forma en que dicha materia fue regulada; y (iii) los grupos de personas perjudicados o beneficiados con el trato diferente. Se aplicará entonces un juicio más estricto cuando el margen de configuración del legislador sea menor y, leve o intermedio, en los casos en que el legislador goce de amplia potestad de configuración normativa. Análisis de los cargos La ley no niega el carácter de víctimas a los integrantes de los grupos armados al margen de la ley como consecuencia de infracciones al DIH o violaciones graves y manifiestas al DIDH.
Está permitido como se dijo, hacer limitaciones.
Si lo excluye de los beneficios consagrados en la ley, por los criterios que fijó el legislador.
La ley no fija los derechos de las víctimas en general, sino que amplía los derechos para un determinado grupo
La ley no deroga el régimen ordinario penal.
Las medidas tienen un uso complementario

Por tanto declara la constitucionalidad de la expresión:
"“Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas” contenida en el primer inciso del parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011" Exigencia de desmovilización de los niños, niñas y adolescentes antes de cumplir la mayoría de edad so pena de ser excluidos de los beneficios de la Ley Inicialmente, estaba la regla general para los integrantes de los grupos armados al margen de la ley.
Por consideración del reclutamiento forzado se incluyó ésta limitación
Sentencia C-240 de 2009 recuento de los derechos de los menores
Es obligación para los Estados:
(i) Abstenerse de reclutar obligatoriamente en las fuerzas armadas a menores de 18 años salvo el caso del reclutamiento voluntario de personas por debajo de esa edad en el caso de las fuerzas armadas del Estado, bajo la premisa de la presentación de salvaguardias debidas;
(ii) prohíbe sin excepción a los grupos armados irregulares, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años y se propone a los Estados adoptar para el efecto, las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, incluyendo la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas;
(iii) consagra como una de las peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, por lo que se estimula a los Estados, a tomar acciones prioritarias para el efecto (Convenio 182 OIT).”
(iv) se obliga al Estado a sancionar el reclutamiento forzado. los niños y las niñas en los conflictos armados se encuentran protegidos por el DIH desde una doble perspectiva: (i) en su calidad de civiles afectados por las hostilidades y (ii) como sujetos vinculados a ellas en conflictos armados internacionales y no internacionales, de acuerdo con los artículo 77 del Protocolo I y al artículo 4º del Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra, respectivamente, siendo el reclutamiento y la participación de menores de 15 años de edad en los conflictos armados, una conducta prohibida por el DIH.

Sentencia C-468 de 2009 los menores de 18 años tienen gozan, sin distinción, de la protección especial establecida en la Constitución. El obligación del Estado, según DIH, proteger a los menores de:
(i) de ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores armados, (ii) de reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales, (iii) de ser víctimas excesivamente frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, (iv) de ser incorporados a los comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales, (v) de ser víctimas de los alarmantes patrones de violencia sexual contra niñas y adolescentes –y también contra niños-, y (vi) de soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país, las cuales llevan implícitas pautas de control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años. El Estado no desconoce la realidad del país, donde es común por parte de los grupos ilegales, el reclutamiento forzado.
En ese contexto, el alcance de la ley es el de que los menores desmovilizados en condición de tales son reconocidos per se como víctimas. Cuando la desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no se pierde la condición de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder los programas especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante una política diferencial, que tenga en cuenta la situación de los menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a margen de la ley.

Por lo cual declara la constitucionalidad de la norma del parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Respecto al cargo contra la expresión delincuencia común del el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011

No hay criterios que identifiquen un delito como tal, por lo cual se pueden excluir a víctimas de a infracciones del DIH y DIDH

Se define la delincuencia común en oposición a la definición de víctimas del arts. 1 y 3.

Conflicto armado - Criterios objetivos para delimitarlo

Sentencia C-291 de 2007, en la cual la Corte sentó unas bases, a la luz de las normas vinculantes del Derecho Internacional El recurso a la fuerza armada entre Estados,
La violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos, dentro de un Estado
Se debe analizar cada caso en particular y no en abstracto
Se excluyen las revueltas esporádicas, disturbios civiles y actos terroristas aislados
Se debe trascender un umbral de gravedad:
(i) la intensidad del conflicto, y [seriedad, aumento, extensión, tiempo, aumento en los recursos]
(ii) el nivel de organización de las partes. [cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas]
la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados. “[e]n términos materiales, para que un determinado hecho o situación que ha ocurrido en un lugar en el que no se han desarrollado los combates armados quede cubierto bajo el ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, es necesario que tal hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto"

"Las cortes internacionales han tomado en cuenta factores tales como:
la calidad de combatiente del perpetrador,
la calidad de no combatiente de la víctima,
el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto,
el hecho de que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o
el hecho de que el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes."

El conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen, sino que la existencia del conflicto debe haber jugado, como mínimo, una parte sustancial en la capacidad del perpetrador para cometerlo, en su decisión de cometerlo, en la manera en que fue cometido o en el objetivo para el que se cometió Resuelve Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-250 de 2012, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “a partir del 1º de enero de 1985” contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “por hechos ocurridos” contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, “simbólica” y “como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizados”, contenidas en el parágrafo 4º del mismo artículo.
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-250 de 2012, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley” contenida en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.
Cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del primer inciso del parágrafo segundo del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
Quinto.- INHIBIRSE de hacer un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones demandadas del segundo inciso del parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
Sexto.-Declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo 3º del artículo 3ºde la Ley 1448 de 2011. Finalmente declara la exequibilidad de la norma, siempre y cuando se observen: "criterios objetivos en orden a establecer si la conducta a partir de la cual alguien pretende que se le reconozca la condición de víctima para los efectos de la ley, se encuadra o no en el ámbito del conflicto armado interno. Precisa la Corte que, en todo caso, los daños originados en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas, en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración respectiva".
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