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Jurisprudencia en Materia Tributaria

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by

Victor Castillo

on 22 June 2016

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Jurisprudencia en Materia Tributaria
Error de Cálculo
(12-03-13 exp. 3255-12
Recursos en Materia Aduanera
exp 4892-2013, 24-07-2014

TESIS: Las providencias de urgencia reguladas en el artículo 170 del Código Tributario, no pueden ser objeto de impugnación, por no ser justamente procesos de conocimiento que resuelvan el fondo de un asunto dentro de un proceso judicial

la Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes de la Superintendencia de Administración Tributaria, no admitió a trámite la solicitud de la amparista de error de cálculo en la determinación de la obligación tributaria del Impuesto al Tabaco y sus Productos
Se ha afirmado que la determinación de la obligación tributaria, consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer, en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. En ese sentido los tipos de determinación pueden ser: a) determinación del sujeto pasivo: que realiza el deudor o responsable en forma espontánea; b) determinación de oficio: que es la efectuada motu proprio por la administración, sin cooperación del sujeto pasivo, y c) determinación mixta: que es la realizada por la administración con la colaboración del sujeto pasivo.
Recursos Administrativos Tributarios
(08-08-13 exp. 5081-2012)
Por lo anterior este Tribunal aprecia que la consideración del Tribunal de Primer grado, en cuanto al supuesto incumplimiento de dicho presupuesto procesal, para el presente caso no tiene sustento legal, debido a que de conformidad con la ley de la materia los rechazos liminares o inadmisiones de las enmiendas y nulidades, no tienen establecido medio de impugnación o vía por conducto de la cual se pueda cuestionar su tenor
Recursos Administrativos Tributarios II
(24-07-13 exp. 3256-2012)
El asunto planteado por el postulante implica, en primer orden, analizar si efectivamente los recurso interpuestos (revocatoria y nulidad), como medios de impugnación, constituye un mecanismo de defensa oponible frente a las actuaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, específicamente sobre las actas administrativas, informes de auditores tributarios y nombramientos de auditores y supervisores, y sobre la providencias que denieguen para su trámite el recurso de revocatoria. Determinado tal aspecto, procederá evaluar si la inadmisión de los recursos instados causó o no agravio al postulante.
Al respecto, el artículo 127 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, al regular lo relativo a la impugnación de resoluciones y actos en los procedimientos aduaneros, prevé que toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero, podrá impugnarlas en la forma y tiempo estipulados en su reglamento.
Al analizar las normas precitadas se establece, con relación al recurso de revisión, que para su interposición éste se encuentra sujeto a ciertos presupuestos que lo viabilizan, consistentes en que las resoluciones o actos dictados por la autoridad aduanera (Administrador de Aduana) deben ser finales, tal como lo dispone el artículo 127 del código, y que determinen tributos o sanciones; es decir, no todas las decisiones emanadas de la referida autoridad son impugnables por vía de tal recurso. Con base en ello, al examinar el acto reclamado, se concluye que éste no encaja en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 623 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que lo haga susceptible de ser impugnable mediante revisión, pues aunque fue dictado por la autoridad aduanera, no constituye una resolución o acto final y no contiene determinación de tributos o sanciones.
Garantía de las Obligaciones Tributaria en Materia Aduanera
Como primer punto, resulta oportuno hacer algunas acotaciones con relación a la forma de garantizar las obligaciones tributarias en materia aduanera. Al respecto, el artículo 52 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece que el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera podrá ser garantizado por quien esté obligado a su pago, en los casos previstos en ese cuerpo legal y su reglamento, disponiendo, en su segundo párrafo, que “La garantía podrá consistir en fianza emitida por una entidad autorizada, póliza de seguro, depósito en efectivo en una cuenta del Servicio Aduanero o del Estado según corresponda, cheque certificado, garantía bancaría, valores de comercio, o una combinación de los anteriores, siempre que se asegure al Servicio Aduanero el pago inmediato a su presentación, del monto garantizado”. Asimismo, conforme el artículo 53 del referido código, el monto de la garantía constituida deberá cubrir la totalidad de la referida obligación, incluyendo los intereses generados y cualquier otro cargo aplicable en su caso. Finalmente, el artículo 56 de la misma normativa dispone que éstas se otorgarán en la forma y plazos que se determinen en el reglamento.
Requerimiento de Información
exp 5133-2014, 29-07-2015
Con base en la norma transcrita, al examinar el requerimiento de información reprochado, se advierte que éste, por su contenido, constituye una solicitud que se realiza con base en las facultades que las leyes y reglamentos tributarios otorgan a los auditores y supervisores tributarios, con el objeto de obtener información en su labor de verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, por lo que no encaja en ninguno de los supuestos previstos en el citado precepto para ser objeto de enmienda de impugnarse por vía de la nulidad, puesto que no es un acto procedimental o una resolución que, en sí misma, pueda provocar violación a garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente administrativo, o contenga error en la determinación de la obligación tributaria, multas, recargos o intereses. Por ello, la enmienda o nulidad son inidóneas para objetar el contenido del requerimiento de información relacionado.
Ocurso
exp 3640-2015, 11-11-2015.
Analizadas las normas en cuestión, se establece que son dos los supuestos de procedencia del citado medio de impugnación -ocurso-: i) el rechazo in limine de la revocatoria, es decir, la decisión asumida en forma expresa, por virtud de la cual la autoridad administrativa declara inadmisible el recurso ante la inobservancia de los presupuestos procesales, y ii) el transcurso de quince días hábiles, siguientes a su interposición, sin que se resuelva la admisión o rechazo del relacionado correctivo, es decir, la ausencia de pronunciamiento alguno respecto a la admisibilidad de la revocatoria, luego de transcurridos quince días hábiles;
No obstante lo anterior, al particular también se le confiere la posibilidad de oponerse a las decisiones de la Administración Tributaria cuando estime que esta ha calculado la obligación con perjuicio de su peculio. Para ello, la legislación tributaria contempla diversos procedimientos o procesos mediante los cuales el contribuyente puede ejercer la defensa de sus intereses. Entre tales procedimientos pueden mencionarse dos: el asignado para los pagos efectuados bajo protesta y el que debe agotarse para las solicitudes de restitución de lo pagado en exceso.
debe entenderse que cuando en el contribuyente surja duda sobre el monto de lo adeudado al fisco, puede efectuar su pago, haciéndolo bajo protesta, pero como la condición para que proceda el pago de esa manera es que no exista determinación definitiva, luego de realizado este, el contribuyente deberá efectuar las gestiones correspondientes que le permitan obtener la liquidación del adeudo. Una vez efectuada esta, su resultado puede ser recurrido mediante recurso de revocatoria y, en caso de persistir la inconformidad, podrá instarse la vía contenciosa-administrativa. En esos casos, al obtener la resolución final sobre el asunto, es decir, cuando se encuentre firme la liquidación en la vía contenciosa administrativa (de haber sido instada) si resultare diferencia con lo efectivamente pagado, podrá requerirse la devolución de lo pagado en exceso cuando corresponda
En un análisis integral de la normativa tributaria, debe comprenderse que la controversia a que alude el artículo 153 precitado debe ser provocada por ajustes u objeciones que efectúe el fisco, lo cual puede colegirse de la redacción de los artículos del 146 al 150 antes relacionados. De ahí que no pueda admitirse que esa controversia se genere por el propio criterio del contribuyente, pues para la dilucidación de este tipo de discusión –la generada por el sujeto pasivo- deben instarse los recursos administrativos e incluso la vía contencioso-administrativa, tal como ya quedó esbozado.
De lo anteriormente analizado pueden extraerse tres premisas básicas: a) En los casos en los que aún no se hubiere efectuado la liquidación definitiva, el contribuyente puede efectuar pago bajo protesta. Posteriormente, para establecer el monto de lo adeudado, el contribuyente debe requerir que se formule la liquidación definitiva. No es sino hasta que esta quede firme y se determine que el monto de lo adeudado era menor que lo efectivamente pagado, que se puede requerir al fisco que efectúe la devolución del exceso que resulte en favor del contribuyente. b) El procedimiento previsto en la Sección Cuarta del Capítulo V del Título IV del Código Tributario tiene aplicación, entre otros supuestos, en los casos en los que, una vez presentada la solicitud de restitución de lo pagado en exceso, la Administración Tributaria formula objeciones o ajustes. En esos casos puede hablarse de procedimiento de restitución con controversia. c) Si se inicia el procedimiento de pago bajo protesta no puede simultáneamente con este instarse el procedimiento de devolución de restitución de lo pagado en exceso, pues, tal como se deriva de las dos premisas precedentes, la iniciación del primero impide que antes de que quede firme la liquidación definitiva, pueda solicitarse la restitución de exceso alguno, ello en atención a que primeramente debe ser establecida la existencia del derecho a dicho excedente.
el error de cálculo constituye una facultad otorgada exclusivamente a la Administración Tributaria con el objeto de que, al advertir un yerro cometido por el contribuyente o responsable en el cálculo aritmético del monto de la obligación tributaria, pueda corregirlo de oficio, ya sea a su favor o a favor de este. En el primero de los supuestos conferirá audiencia por cinco días al sujeto pasivo para que se pronuncie al respecto y luego emitirá resolución en la que confirme o modifique ese monto para su pago inmediato dentro del plazo improrrogable de cinco días. En el segundo supuesto acreditará en el sistema de cuenta corriente tributaria del sujeto pasivo la diferencia a su favor o solicitará al Ministerio de Finanzas Públicas que haga efectiva la devolución. En ambos casos, debe entenderse que la resolución respectiva puede ser impugnada. Asimismo, es importante resaltar que tal facultad puede ser utilizada por la referida administración únicamente en los casos en que la determinación de la obligación tributaria es realizada por el sujeto pasivo (artículo 105 del Código Tributario)
Con relación a los medios por los cuales puede objetarse el error de cálculo, debe indicarse que sí el sujeto pasivo lo advierte antes de ser notificado de la audiencia respectiva, puede presentar la rectificación de la declaración, conforme lo dispuesto en el artículo 106 del Código Tributario, pero sí este ya fue advertido por la administración tributaria, luego de evacuada la audiencia podrá impugnar la resolución que confirme el nuevo monto, mediante los recursos y procedimientos administrativos y judiciales previstos en la ley, conforme la tesis desarrollada en el considerando anterior, lo cual también puede hacer en los casos de error de concepto, para objetar los ajustes o reparos que la administración tributaria efectúe en virtud de tal yerro
al respecto el Código Tributario regula en cuanto a las actas administrativas que estas se suscribirán por hechos que puedan constituir incumplimiento de obligaciones o por la comisión de infracciones en materia tributaria, así como en caso de negativa a cualquier acto de fiscalización o comparecencia, en todo caso el presunto infractor deberá estar presente y podrá pedir que se haga constar lo que estime pertinente; en este punto resulta importante señalar dos aspectos fundamentales del acta: i) las actas administrativas como tal, no constituyen pronunciamientos ni resoluciones de trámite o de fondo dentro de la sustanciación de los procesos administrativos, son instrumentos elaborados por la autoridad administrativa competente, por medio de los cuales se hacen constar hechos y circunstancias apreciados por el funcionario o empleado público que se trate;
ii) no obstante la inconformidad con su emisión, tenor o contenido, se presume su validez legal, en tanto no se demuestre su inexactitud y falsedad. Respecto a la forma de planteamiento del recurso de revocatoria, efectivamente el artículo 154 del Código Tributario, regula que “si del escrito” que se presente por parte del interesado, se desprende la inconformidad de la “resolución”, esta se tramitará como “revocatoria” aunque no se mencione expresamente ese vocablo; en este contexto aún y cuando por virtud de la regulación amplia que determina la posibilidad de tener por instada la revocatoria, bastando para el efecto que el compareciente manifieste su inconformidad, también lo es que dicho recurso debe, por imperativo legal, cumplir con dos condiciones inexcusables: i) ser presentado por escrito y ii) instarse contra resoluciones.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Código Tributario, es el ocurso el medio idóneo para impugnar la falta de pronunciamiento respecto de la admisibilidad o rechazo de la revocatoria instada –la que no puede tenerse por promovida en este caso por medio de la “inconformidad” aludida, según se estableció en el apartado anterior-, de ahí que el planteamiento de la enmienda y nulidad con fundamento en la falta de tramitación o admisibilidad del supuesto correctivo, por las razones referidas, resulte improsperable debido a la inidoneidad de los remedios intentados
Al hacer el estudio de los antecedentes y los alegatos de las partes esta Corte advierte que, efectivamente, el veintiséis de abril de dos mil doce, la autoridad impugnada denegó para su trámite los recursos de revocatoria promovidos por el postulante, pues de conformidad con el artículo 154 del Código Tributario estos no fueron interpuestos contra resoluciones de la Administración Tributaria –se impugnaron actas, informes y un nombramiento- y además porque fueron presentados extemporáneamente.
Así también, con relación a las nulidades planteadas, la autoridad impugnada las declaró improcedentes al estimar que los pronunciamientos contra los que se promovieron (desestimatorias de las revocatorias) se encontraban ajustadas a Derecho y por no ser medios idóneos para impugnarlas, ello con base en lo regulado en el Código Tributario referente a que contra la denegaría del trámite del referido recurso procede el ocurso, con el fin de que el Directorio de la Superintendencia de la Administración Tributaria conceda el trámite de los recursos denegados, acto que consta también realizó el postulante, por lo que esta Corte advierte que los recursos instados resultan inidóneos, pues era inviable su conocimiento, ya que no se configuraban los supuestos en los que podía instarse tanto la revocatoria como la nulidad, pues en cuanto al primero el recurrente no cumplió con el presupuesto de temporalidad para que este sea viable,
ya que fue interpuesto fuera de los diez días hábiles y porque el acto contra el cual se promueve no es una resolución de la Administración Tributaria, requisitos regulados en el artículo 154 del Código Tributario; y en cuanto al recurso de nulidad este es inidóneo pues el propio Código Tributario regula que procede cuando dentro de las actuaciones administrativas se advierta vicio sustancial, así también porque el artículo 155 del Código Tributario regula que contra la Administración Tributaria deniegue el trámite del recurso de revocatoria, la parte que se tenga por agraviada podrá ocurrir, pidiendo se le conceda el trámite del referido recurso, por lo que, la decisión asumida por esa autoridad, de denegar el trámite los recursos de revocatoria por los motivos referidos y de declarar improcedente las nulidades planteadas, no puede causar agravio al postulante por ser inidóneos.
Referente a la inconformidad del postulante sobre la incompetencia de la autoridad impugnada para conocer sobre el recurso de revocatoria, esta Corte determinó de los antecedentes y del informe circunstanciado remitido, que las providencias que denegaron el trámite de los citados recursos fueron emitidas por aquella autoridad atendiendo, en primer lugar, a que el expediente se encontraba en esa dependencia (Intendencia de Asuntos Jurídicos) en virtud que el mismo había sido remitido allí para iniciar las acciones legales ante el incumplimiento del contribuyente por la no presentación de la documentación requeridas por la Administración Tributaria dentro del procedimiento administrativo de fiscalización; así también porque se aprecia de la lectura de las providencias referidas, que aquella autoridad actuó en representación de la Superintendencia de la Administración Tributaria, de conformidad con la resolución SAT-S-254-dos mil doce (SAT-S-254-2012) de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, emitida por el Superintendente de Administración Tributaria con fundamento en las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo que se debe denegar la protección constitucional solicitada por su notoriamente improcedencia.
En ese sentido, el referido reglamento, en el título VIII, regula todo lo relativo a la impugnación de resoluciones y actos finales del servicio aduanero, estableciendo en el capítulo I, los recursos que pueden instarse contra tales decisiones. Así pues, el artículo 623 de dicha normativa, preceptúa el recurso de revisión, disponiendo en su parte conducente que: “...Contra las resoluciones o actos finales dictados por la Autoridad Aduanera, que determinen tributos o sanciones, podrá interponerse, por parte del consignatario o la persona destinataria del acto, el recurso de revisión ante la autoridad superior del Servicio Aduanero…”. Por su parte, el artículo 624 –siempre del reglamento- establece que “contra las resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del Servicio Aduanero, por los que se determinen tributos, sanciones o que causen agravio al destinatario de la resolución o acto, en relación con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en el Código y este Reglamento, o que denieguen total o parcialmente el recurso de revisión, cabrá el recurso de apelación”.
Respecto a la apelación, se aprecia que tal medio de impugnación procede únicamente contra resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del Servicio Aduanero, las cuales deben contener determinación de tributos, sanciones o bien causar un agravio relacionado con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en el código y el reglamento, o que denieguen total o parcialmente la revisión. Lo anterior evidencia la inidoneidad de tal recurso para recurrir la decisión reprochada, puesto que las resoluciones o actos finales deben ser emitidas por la autoridad superior del Servicio Aduanero, en este caso el Superintendente de Administración Tributaria, por medio del Intendente de Aduanas y no por el administrador de la aduana que constituye la autoridad aduanera.
Del análisis de las normas antes citadas, se aprecia que la obligación tributaria aduanera puede garantizarse mediante la constitución de cualquiera de las garantías enumeradas taxativamente en el segundo párrafo del artículo 52, cuyo monto debe cubrir, necesariamente, la totalidad de la obligación, incluyendo intereses y cualquier otro cargo, debiendo ser otorgada de conformidad con lo dispuesto en el reglamento. Es decir que, si bien el contribuyente tiene la facultad de constituir cualquiera de las formas de garantía previstas en la norma señalada, tal posibilidad está limitada al hecho de que la garantía elegida cubra la totalidad de la obligación y que, sobre todo, sea autorizada por la autoridad aduanera correspondiente.
Ahora bien, en concordancia con los preceptos analizados anteriormente, el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el capítulo II regula lo relativo al valor en aduanas de las mercancías, previendo en la sección VII lo concerniente a la garantía que puede constituirse para obtener el levante (entrega) de aquellas mercancías que se encuentren sujetas al procedimiento de determinación de su valor en aduana. En ese sentido, el artículo 202 de la citada normativa dispone que: “…Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, sea necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador podrá solicitar el levante o despacho de sus mercancías de la aduana y si, cuando así se lo exija el Servicio Aduanero, presente una garantía suficiente que garantice y cubra el monto de los tributos a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. La Autoridad Aduanera fijará la garantía con base en los valores en que sustente la duda razonable…”. Además, el artículo 203 reglamentario dispone que la garantía, puede constituirse en forma de depósito, fianza o cualquier otro medio que establezca el servicio aduanero, que cubra la diferencia del monto de los tributos a la importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. Por último, el artículo 350 prevé que “El Servicio Aduanero autorizará el levante de las mercancías en los casos siguientes: (…) c) Cuando efectuada la verificación inmediata y habiéndose determinado diferencias con la declaración de mercancías, éstas se subsanen, se paguen los ajustes y multas, o en los casos en que proceda, cuando así se exija por la Autoridad Aduanera, se rinda la garantía correspondiente”.
Al examinar tales preceptos, se concluye que el contribuyente puede solicitar el levante de las mercancías sujetas al procedimiento de determinación relacionado, pero cumpliendo con presentar la garantía que le exija el servicio aduanero, la cual será fijada por éste con base en los valores en que sustente la duda razonable y podrá constituirse en forma de depósito, fianza o cualquiera otra que establezca el referido servicio, pero siempre dentro de las contenidas en el artículo 52 del código.
Con base en las normas analizadas en los párrafos anteriores, al examinar la resolución reclamada, esta Corte advierte que la autoridad reprochada, al denegar la constitución de garantía mediante fianza, solicitada por la entidad postulante para obtener el levante de su mercancía, no contravino el artículo 52 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, pues aunque no accedió a tal petición, en el numeral II de la parte resolutiva de la citada decisión, autorizó la constitución de la garantía de depósito mediante pago en efectivo, la cual está prevista en la norma precitada y el artículo 203 del reglamento; es decir, actuó con fundamento en ley, y pleno ejercicio de las facultades que tales disposiciones le confieren, por lo que no se evidencia la existencia del agravio denunciado y el peligro inminente o riesgo de daño que su decisión pudiera causar a la accionante.
No obstante lo anterior, esta Corte estima que el argumento de la accionante referido a que el requerimiento objetado viola los principios invocados porque los documentos solicitados fueron elaborados hace más de cuatro años, por lo que la Administración Tributaria no puede realizar verificaciones sobre éstos y que ello viola el artículo 47 del Código Tributario, debe instarse ante la administración tributaria, en la forma prescrita en el Código Tributaria, para que sea conocida tal razón de imposibilidad.
Finalmente, como último agravio, la postulante denuncia que se le amenaza con iniciar un proceso penal en su contra por resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, si no cumple con entregar los documentos requeridos. En cuanto a este punto debe indicarse que el apercibimiento contenido en el acto reclamado no puede calificarse de amenazante, pues para presentar una denuncia ante un juez del ramo penal por la posible comisión del referido delito, necesariamente debe solicitarse primero a un juez de lo económico coactivo que decrete una medida de urgencia requiriendo la información no proporcionada en sede administrativa, y sólo en el caso de no cumplirse con lo ordenado por éste, entonces podrá requerirse que se certifique lo conducente al juez penal por la resistencia de mérito. Además, tal apercibimiento es legal, por lo que de ninguna manera viola derecho constitucional alguno.
No está demás indicar que un requerimiento de información persé, no puede generar agravio alguno que lesione derechos fundamentales de los contribuyentes, pues como ya se señaló, éste constituye únicamente una solicitud de los funcionarios tributarios facultados para emitirlo, conforme las atribuciones que les confieren los artículos 98, 100, 112 y 146 del Código Tributario. En igual sentido se pronunció esta Corte en los fallos de fechas veintiséis de noviembre de dos mil once y veinticuatro de julio de dos mil catorce, dictada en el expediente 5351-2013 5413-2013, respectivamente.
en el primero de los supuestos, la inconformidad se debe sustentar, evidentemente, en la incorrecta o inadecuada calificación de los presupuestos procesales por parte de la autoridad tributaria, que redunde en una indebida inadmisión del recurso instado; en este sentido la línea argumentativa versaría, por ejemplo, en determinar que el referido correctivo rechazado por extemporáneo sí fue instado en tiempo. Respecto del segundo supuesto de procedencia, este se sustenta esencialmente en el hecho de que, una vez instada la revocatoria hayan transcurrido más de quince días hábiles sin que exista pronunciamiento alguno por parte de la autoridad competente al respecto; según se aprecia, en este segundo escenario lo que se cuestiona es la falta de pronunciamiento –silencio administrativo– y no su denegatoria, de ahí que la argumentación debe tender a demostrar que al momento de su interposición –del ocurso– aún no hay resolución alguna respecto de la admisibilidad o no de la revocatoria.
De conformidad con el referido artículo, dentro del segundo supuesto relacionado, si la administración tributaria no resuelve la admisión en el plazo referido, se tendrá por concedido el recurso y deberán elevarse las actuaciones al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, disposición que establece una especie de silencio administrativo de tipo positivo por virtud del cual, una vez determinada la falta de pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la revocatoria que se trate, declarará la admisibilidad del recurso de conformidad con los términos relacionados; lo anterior se confirma con lo establecido en el artículo 156 que dispone... lo que evidencia la posibilidad de admitir el recurso cuyo pronunciamiento de admisibilidad aún no se ha verificado y no, por el contrario, cuando se ha denegado este por incumplimiento de los presupuestos procesales, aún y cuando tal declaratoria se verifique fuera de los quince días señalados para el efecto. [En igual sentido resolvió esta Corte en sentencias de dieciséis de julio de dos mil catorce, nueve de julio de dos mil trece y veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictadas dentro de los expedientes tres mil quinientos noventa y nueve – dos mil trece (3599-2013), tres mil novecientos cuarenta y dos - dos mil doce (3942-2012) y dos mil ochocientos ochenta y nueve - dos mil trece (2889-2013)] respectivamente.
De conformidad con lo manifestado, puede determinarse que el referido ocurso fue interpuesto contra la denegatoria de admitir a trámite el recurso de revocatoria y no por ausencia de pronunciamiento alguno de su admisibilidad, por lo tanto, aun y cuando fue resuelto después de los quince días que la ley establece para el efecto, el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 156 del Código Tributario, no es aplicable, dado que en él lo que se cuestiona es la falta de pronunciamiento -silencio administrativo- y no la denegatoria de admisión a trámite de la revocatoria, como ocurrió en el caso concreto. Así mismo, debe considerarse también que, para darle trámite a la revocatoria, se debe cumplir con los presupuestos procesales de viabilidad como lo es el de temporalidad, aspecto que el postulante incumplió al presentarlo después de los diez días, requisito procedimental necesario (sine qua non) que imposibilita hacer el análisis de fondo de cualquier procedimiento (en el presente caso revocatoria).
Criterio jurisprudencial: “…Las providencias de urgencia reguladas en el artículo 170 del Código Tributario, no pueden ser objeto de impugnación, por no ser justamente procesos de conocimiento que resuelvan el fondo de un asunto dentro de un proceso judicial, por lo que rige la regla de la taxatividad, siendo que un recurso solo puede ser otorgado en los casos regulados expresamente por la ley; es decir, que la resolución que rechazó la nulidad promovida no podía ser impugnada mediante recurso de apelación, ya que esta no reúne las características de apelabilidad, por haberse dictado dentro de un proceso cautelar, cuya única pretensión es asegurar el cumplimiento de una obligación, por lo que no puede producir los efectos que se generan en un proceso de conocimiento…”.
Sentencias dictadas con fechas veintiséis de mayo de dos mil seis, diecinueve de marzo de dos mil nueve y cinco de julio de dos mil doce, expedientes 880-2006, acumulados 3793 y 4477-2008 y 1046-2012.
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