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Teoría del acto administrativo

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G A

on 8 May 2015

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A. Características y efectos.

B. Supuestos legales.

C.Elaboración jurisprudencial de
los supuestos de nulidad absoluta.
Artículo 79 LOPA (1981)
a. Positivo
Teoría del acto administrativo

TEMA I:
DELIMITACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. Origen.
2. Evolución de la definición.
3. Definición de acto administrativo.
4. Características.
5. Diferencia con:
a. Los contratos administrativos.
b. Los hechos administrativos.
c. Los actos de gobierno.
d. Los actos de autoridad.
e. Los reglamentos.
Tema III:
ELEMENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. Los Elementos de los Actos Administrativos:
A. Elementos subjetivos: ¿Administración? y
competencia.
B. Elementos Objetivos: Objeto, causa (motivos), fin y
contenido.
C. Elementos Formales: Procedimiento administrativo,
forma de la declaración y motivación.
D. Elementos Accidentales: término, modo y condición.

2. El silencio administrativo.
A. Naturaleza jurídica.
B. Su régimen jurídico.
Tema IV:
EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

1. Perfección y eficacia según los actos administrativos de que se trate.
2. Eficacia respecto de los Administrados.
3. Eficacia temporal. El principio de irretroactividad de los actos administrativos.
4. El principio de respeto a los derechos adquiridos y el régimen de la revocación de los actos administrativos.
5. La presunción de legalidad de los actos administrativos y Los principios de su ejecución: La ejecutividad y La Ejecutoriedad de los Actos de Administrativos.
6. Los Medios de Ejecución de los Actos Administrativos: ejecución voluntaria y ejecución forzosa, presupuestos de hecho y de derecho.

EVALUACIÓN
1. Examen a distancia.
2. Artículo para revista.

Universidad Católica "Andrés Bello", Extensión Guayana

Gustavo Adolfo Amoni Reverón
Tema II:
CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. Según su recurribilidad:
AA de trámite y finales.
2. Según sus destinatarios:
AA internos y externos.
AA generales y singulares.
3. Según sus efectos:
AA positivos y negativos.
AA favorables, de gravamen y doble efecto.
4. Según la potestad:
AA reglados y discrecionales.
5. Según el contenido:
AA de decisión, juicio, conocimiento o deseo.
6. Según el órgano que lo dicta:
AA de la Administración, legislación o jurisdicción.
7. Atendiendo al número de sujetos que interviene en su emisión:
A. Actos simples.
B. Actos complejos.
8. Según la forma de su exteriorización.
A. Expreso.
B. Presunto.
C. Tácito

Tema V:
INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

1. La teoría de las nulidades en el Derecho Administrativo:
A. Inexistencia, nulidad y anulabilidad; B. La autotulela
administrativa y su incidencia en la teoría de las nulidades; C.
Grados de invalidez de los actos administrativos.
2. La nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos
administrativos:
A. Características y efectos; B. Supuestos
legales; C. Elaboración jurisprudencial de los supuestos de
nulidad absoluta.
3. La anulabilidad de los actos administrativos:
A. Características
y efectos; B. Supuestos legales; C. Convalidación, conversión e
incomunicación de invalidez.
4. Las irregularidades no invalidantes.
5. La Revocación de los actos administrativos:
A. Clases de
revocación; B. La revisión de oficio de los actos
administrativos y el ámbito de aplicación y extensión.
Tema VI
: EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
1. Concepto.
2. Extinción de actos ilegítimos:
A. Supuestos.
3. Extinción de actos legítimos:
A. Extinción de pleno derecho: Por Cumplimiento del término, del objeto y de la condición.
B. Imposibilidad del hecho.
4. Extinción de actos legítimos dispuesta por acto administrativo:
A. Caducidad.
B. Desuso.
C. Revocación por razones de oportunidad.
D. Rescate.
5. Extinción por el particular de actos legítimos:
A. Renuncia.
B. Rechazo.
Especialistas en "acto administrativo"
La importancia del acto administrativo radica en saber cuándo un acto jurídico de la Administración está regido por normas de derecho público o por normas de derecho privado “…o, más propiamente, cuándo es o no es un acto administrativo…” (Araujo, 2011, 8).
Hecho
Acto
Artículo 7 LOPA:
"Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración pública".
1. Origen del acto administrativo
(Araujo, 2011, 9).
(Santamaría, 2002, 128)
a. Concepción procesalista
b. Noción de acto autoritario y paralelo con la sentencia:
1. principio de legalidad.
2. Insuficiencia del derecho.
3. Fuerza ejecutoria.
(Araujo, 2011, 9).
(Santamaría, 2002, 128)
c. Del negocio jurídico civil al acto administrativo.
“…el elemento básico era aquí la declaración productora de efectos jurídicos, lo que suponía incluir en la misma actos que en sí mismos no incidían autoritariamente en la esfera jurídica de sus destinatarios. Esta tesis culmina en la conocida definición de acto administrativo… [de] Zanobini” (Santamaría, 2002, 129).
“Asumiendo estas dificultades conceptuales de partida, vamos a emprender la exposición de esta doctrina con arreglo a sus sistemática más ortodoxa… [que] sigue la enumeración de cuestiones típicas de la teoría del negocio jurídico: las clases de actos administrativos (II), sus elementos (III), el régimen de su invalidez (IV), su eficacia (V) y su extinción (VI)” (Santamaría, 2002, 133. En el mismo sentido, Araujo, 2011, 17).
¿ ?
“La Administración también realiza actos que han de sujetarse materialmente a otras ramas del Derecho...
…así sucede cuando la Administración desempeña actividades en el ámbito del Derecho civil…o del derecho procesal… [Ahora bien,] muchos de los actos que acaban de mencionarse son consecuencia o ejecución, o requieren la previa emisión de otro acto previo, sí sometido al Derecho administrativo…Tales actos previos, conectados a una operación que en sí misma no es de Derecho administrativo, son conocidos como actos separables (por cuanto su impugnación puede hacerse ante la jurisdicción contenciosa de modo separado de la eventual impugnación de la operación en sí misma” (Santamaría, 2002, 131).

2 . Evolución doctrinaria del concepto de acto administrativo.
a. El 4 de enero de 1909 se crea la cátedra de Derecho Administrativo en la UCV.
b. En 1937 J.M. Hernández Ron publica el primer libro de Derecho Administrativo en Venezuela y define al acto administrativo, así: “es un acto individual, realizado en relación con un servicio público y del cual se deriva una situación jurídica individual o particular subjetiva” (Pesci-Feltri, 2011, 872).
c. En los “Apuntes de Derecho Administrativo” de 1962, Tomás Polanco defiende la
teoría

funcional
, alejándose de la orgánica para afirmar que el acto administrativo puede ser dictado por órganos legislativos y judiciales (Pesci-Feltri, 2011, 874).
d. En 1963, Eloy Lares Martínez asume el
criterio orgánico
en la primera edición del Manual de Derecho Administrativo “al señalar que el acto administrativo es una manifestación de voluntad emanada de las autoridades administrativas y que tiene por objeto producir efectos de derechos generales o individuales” (Pesci-Feltri, 2011, 875).
e. En 1964, Allan Brewer Carías adopta la concepción
funcional
rechazando la orgánica “toda vez que la identificación de dicho acto jurídico como administrativo va a depender de si el Estado actúa ejerciendo la denominada función administrativa, independientemente de quién es el órgano que lo dicta. Igualmente, incluye dentro de la noción de acto administrativo a los reglamentos”. Para Brewer, la función administrativa como elemento determinante del concepto de acto administrativo es aquella cuya “finalidad es de servicio público”. (Pesci-Feltri, 2011, 877).
f. En 1967, Hildegard Rondón de Sansó considera que el acto administrativo emana de la Administración como “manifestación actual de esa autoridad”, como “actualización de la potestad latente”. (Pesci-Feltri, 2011, 878).
g. En 1975 y 1984, Allan Brewer Carías considera necesario
combinar los criterios
: “Toda manifestación de voluntad de carácter sublegal –criterio formal-, realizada por los órganos del poder Ejecutivo (criterio orgánico), actuando en ejercicio de la función administrativa, de la función legislativa y de la función jurisdiccional –criterio funcional-, por los órganos del Poder Legislativo, actuando en ejercicio de la función amdinistrativa y de carácter sublegal (criterio formal y funcional), y por los órganos del Poder Judicial actuando en ejercicio de la función administrativa y de la función legislativa (criterio funcional), con el objeto de producir efectos jurídicos determinados que ser la creación de una situación jurídica individual o general, o la aplicación a un sujeto de derecho de una situación jurídica general”
h. En 1983, Eloy Larez Martínez (segunda edición de su Manual) asevera: “En un sentido
orgánico
, entendemos por actos administrativos, las declaraciones de voluntad, de juicio o de conocimiento, emanadas de los órganos de la administración y que tengan por objeto producir efectos de derecho, generales o individuales” (Pesci-Feltri, 2011, 881).
i. En 1982, H. Rondón de Sansó explica "que la noción de acto administrativo ha de entenderse desde una perspectiva
orgánica
todas vez que es el criterio que asume el legislador” y no incluye a los reglamentos (Pesci-Feltri, 2011, 882).
j. En 1983, Eloy Larez Martínez (segunda edición de su Manual) asevera: “En un sentido
orgánico
, entendemos por actos administrativos, las declaraciones de voluntad, de juicio o de conocimiento, emanadas de los órganos de la administración y que tengan por objeto producir efectos de derecho, generales o individuales” (Pesci-Feltri, 2011, 879).
k. En 1985, Nelson Rodríguez sigue el criterio
orgánico
al cual suma los reglamentos y “los actos dictados por órganos públicos no encuadrados en la Administración (por órganos legislativos o judiciales” (Pesci-Feltri, 2011, 883). Por lo que realmente suma los tres criterios.
l. En 1996, Rafael Chavero alega que también hay
actos administrativos dictados por particulares
: “la declaración unilateral de voluntad de rango sublegal que crea e impone consecuencias jurídicas a un sujeto o sujetos, emanada de los órganos del Poder Público e incluso de particulares, en ejecución de normas de Derecho Administrativo” (Pesci-Feltri, 2011, 883) las cuales identifica con la prestación de servicios públicos (Pesci-Feltri, 2011, 884).
m. En 1998, Gonzalo Pérez Luciani, define al acto administrativo “como el acto mediante el cual la
autoridad administrativa
dispone en orden al interés público que tiene atribuido, ejercitando la potestad propia e incidiendo correlativamente en las situaciones subjetivas del particular. Todos los demás actos que no son proveimientos administrativos son actos instrumentales, y a esta nota negativa se agrega la de que están al servicio de un proveimiento administrativo. Generalmente el proveimiento se reconoce fácilmente porque es el que produce los efectos intersubjetivos principales, de nacimiento, modificación o extinción de situaciones jurídicas subjetivas” Pesci-Feltri, 2011, 885).
n. En 2007, Araujo-Juárez define al acto administrativo como “una manifestación o declaración unilateral de la
Administración Pública
destinada a producir efectos jurídicos subjetivos”. La manifestación puede ser de voluntad, juicio o conocimiento. Dicha voluntad difiere de la voluntad privada en que está predeterminada por la ley. Además, es unilateral y debe emanar de la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa y que produzca efectos jurídicos subjetivos. Pesci-Feltri, 2011, 887).
ñ. En 2008, se publica en la Gaceta Oficial de la República N° 5890 Extraordinario, del 31 de julio, la Ley Orgánica de la Administración Pública en cuyo artículo 131 se prevén las misiones, lo cual “plantea una primera duda a resolver, acerca de si sus actuaciones son actos materiales o actos administrativos” (León, 2011, 815). Si la misión se crea por desconcentración o por delegación interorgánica emitiría actos administrativos (León, 2011, 815), lo mismo ocurriría si se creare mediante formas de descentralización funcional (León, 2011, 819).
3. Concepto del acto administrativo.
El acto administrativo puede definirse en atención al criterio orgánico, formal, material y mixto (Pesci-Feltri, 2011, 867).
Orgánico
Formal
Material
El concepto de acto administrativo del artículo 7 de la LOPA excluye la actuación de los entes (institutos públicos) en forma absoluta; no sirve de soporte a actividades como las dirigidas a satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población (León, 2011, 821). Por ello, se entiende por acto administrativo: “Toda actuación con destinatario general o particular, producida con base a un poder legal de derecho público, por los
órganos y entes de la administración pública
” (León, 2011, 822).
“Acto administrativo sería así la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la
Administración
en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria” (García y Fernández, 2004, 550). De esta definición, derivan:
a. Es una declaración intelectual
b. La declaración puede ser de
voluntad
(Resoluciones de procedimientos), de
juicio
(opinión consultiva, informe o rendición de cuentas, intervención o fiscalización financiera), de
deseo
(propuestas o peticiones de un órgano o ente a otro y de conocimiento (diligenciamientos, anotaciones, registraciones de títulos, documentos, actos o trámites y el levantamiento de actas o la referencia de órdenes verbales),
de información o comunicación
. Solo las declaraciones de voluntad o resoluciones son recurribles por separado (García y Fernández, 2004, 552).
d. El acto administrativo es el ejercicio de una potestad administrativa, como consecuencia del principio de legalidad y a diferencia del principio de autonomía de la voluntad (García y Fernández, 2004, 553).
c. La declaración debe proceder de una Administración (García y Fernández, 2004, 552). Aunque el acto sea unilateral, puede haber actuación del particular como presupuesto de existencia (el cierre de un procedimiento por renuncia, otorgar una autorización –lo cual presupone una solicitud-) o eficacia (la toma de posesión de un funcionario previamente nombrado) (García y Fernández, 2004, 552); (Parada, 1996, 94; Araujo, 2011, 27 y Patrón y Patrón, 2004, 263)..
4. Características del acto administrativo
1. “El acto administrativo es una categoría jurídica distinta del reglamento, la sentencia, el contrato y demás normas administrativas” (Araujo, 2011, 20).


2. "Es, además, una manifestación o resultado del ejercicio de una potestad administrativa -distinta de la potestad reglamentaria- habilitada por el ordenamiento jurídico -nulla potestas sine lege- sea o no una Administración Pública su titular…” (Araujo, 2011, 20).
3. “…su finalidad es la realización singular o particular de una norma, y su contenido situaciones jurídicas concretas, reconociéndolas, creándolas, modificándolas o extinguiéndolas…” (Araujo, 2011, 20).
4. Según Linares Benzo “existen actos de la administración ‘sometidos al derecho privado’…” (2011, 826), para saber cuáles son los actos administrativos debe indagarse si tales actos son ejecutorios por ser “...la característica básica de las pretensiones residenciables en la jurisdicción contenciosa. Sólo si la Administración puede pasar a los hechos sin autorización judicial se justifica el contencioso-administrativo…Sólo si el acto es ejecutorio puede pedirse su nulidad ante la jurisdicción administrativa” (León, 2011, 827).
5. Diferencia con otros actos.
a. Diferencia con los contratos
b. Actos de gobierno
e. Diferencia con el hecho administrativo
f. Diferencia con el acto de autoridad
El acto contractual se caracteriza porque hay dos partes contrarias y opuestas que crean relaciones recíprocas; no obstante, atendiendo a la teoría del acto separable se pueden identificar actos administrativos previos o preparatorios del contrato los cuales pueden impugnarse administrativa y judicialmente (Araujo, 2011, 35).
“…precisan para su perfección o plena eficacia de la voluntad del sujeto al que se dirigen (p. ej., el nombramiento de un funcionario). Estos últimos no deben confundirse con los contratos y convenios administrativos, que… poseen una naturaleza diversa” (Santamaría, 2002, 134).
g. Diferencia con el Reglamento

- Generalidad y abstracción (crea, extingue o modifica normas).

- "no agota su eficacia con una sola aplicación".

(Entrena, 1998, 118; García y Fernández, 2004, 187-190; y Araujo, 2011, 32-33).
El acto administrativo sería el acto jurídico
unilateral
(Santamaría, 2002, 134; García y Fernández, 2004, 549; Patrón y Patrón, 2004, 20; Pellegrino, 2007, 1052).

El DRAE define al acto como el “ejercicio de la posibilidad de hacer”.

Según Peiser (2004, 19) el acto es una acción material y en lenguaje jurídico se refiere a una decisión que crea un efecto jurídico; sin embargo la distinción no es total, ya que por ejemplo el pago es un acto material que produce un efecto jurídico.
SSC N° 1122 del 8 de junio de 2006:
"los actos de gobierno son aquellos que constituyen materialización del poder de dirección política del Estado, pues es sabido que el Ejecutivo Nacional reúne una doble condición: la de Gobierno y la de Administración. En razón de su actividad de Gobierno puede dictar actos que encuentran su cobertura inmediata en la Constitución (nombrar ministros, dirigir relaciones internacionales de la República, conceder indultos, decretar el estado de excepción, por citar los casos más conocidos y relevantes). Como Administración, el Ejecutivo emite reglamentos (en ejecución de la ley o incluso en ausencia de la ley, siempre que no se trate de materia de reserva legal) o actos particulares".
Respecto a la impugnación de actos dictados en ejecución directa de la Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2748 del 20 de diciembre de 2001, indicó:
"... sólo esta Sala tiene jurisdicción para conocer de los recursos de inconstitucionalidad que se interpongan contra leyes o actos de los poderes públicos que se dicten en ejecución directa de la Constitución o que tengan rango de ley... [pero] No define la norma fundamental lo que debe entenderse por acto del Poder Público dictado en ejecución inmediata y directa de la Constitución,... [calificación que ] está referida a la forma de cómo un determinado acto jurídico se articula con las normas constitucionales, es decir si su ejecución obedece en primer término a una disposición legal que regula su práctica o si deriva directamente de una norma constitucional que no requiere de ley alguna que regule el ejercicio del derecho o de la atribución que fundamenta el acto".

"En primer lugar, debe partirse de que el indulto constituye un acto político o de gobierno, cuyo dictado se realiza en ejecución directa e inmediata de la Constitución.., [que] de ninguna forma puede ser concebido como una manifestación de la actividad administrativa estatal. .. [por ello solo serán objeto de control judicial] los aspectos formales de validez y competencia del decreto de indulto... (así como las prohibiciones] como es el caso del artículo 29 de la Constitución..., en el cual se prohíbe el otorgamiento de indultos en casos de delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra".
STS 296/2013

Con relación a la alegación de que sí concurren los requisitos legales para la concesión del indulto, cumple significar, siguiendo una reiterada jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 9/2/05 -recurso nº 31/2004 -; 30/9/2005 -recurso nº 100/2004 -; 28/4/09 - recurso nº 487/2008 -; 5/5/2009 -recurso nº 570/2008 -, 7/5/10 -recursos nº 541/2008 y 68/2009 -, y 14/5/10 - recurso nº 636/2008 ), que el control jurisdiccional contencioso administrativo de los acuerdos de indulto se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración, esto es, a los aspectos reglados del procedimiento, concretamente, a si se han solicitado los informes preceptivos y no vinculantes que la Ley 1/1988 establece, sin extenderse a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo.

La Administración Pública requiere ejecutar actos materiales para cumplir sus funciones, hechos que nos constituyen actos administrativos. La sanción contra un acto administrativo antijurídico es la nulidad, mientras que el hecho administrativo que viola derechos particulares es sancionado mediante la responsabilidad patrimonial. (Araujo, 2011, 39).
Vía de hecho
: actuación material "... que se produce como consecuencia de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta por incompetencia manifiesta o prescindencia del procedimiento, o bien... sin acto administrativo que la fundamente" (Torrealba, 2011, 26).

Sentencia N° 53 del 19 de mayo de 2008 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL

"...se observa que el escrito libelar no se encuentra acompañado del documento fundamental del cual deriva la pretensión de la presente querella, como lo es 'la notificación del acto administrativo de fecha ocho (8) de diciembre del año 2008, emitido por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito dicho acto por la ciudadana Numidia Flores en su carácter de Directora (E) General de Recursos Humanos donde nos notifica el cese de nuestras funciones por no haber quedado seleccionados en el concurso público (…)'. Aún más cuando es este el acto administrativo impugnado...".
SSC N° 1338 del 19 de octubre de 2009 (URBE).
“...[los] acto de autoridad '...podrían ser definidos en sentido lato, como aquéllos emanados de personas de derecho privado conforme a delegaciones que les hace la Ley, en procura de satisfacer fines de interés público propios de la actividad administrativa, impugnables en consecuencia ante a la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de haberse producido en el ejercicio de competencias fundamentadas en el imperium del Estado' (Cfr. s.S.P-A n.° 766 de 27.05.03, caso: Yumelis Verde), en el cumplimiento de los fines que le son propios a su condición de prestador del servicio público de educación a nivel superior. Por ello, sus actos de esta clase solamente son impugnables ante los tribunales contencioso-administrativos (s.S.C. n.° 887 de 06.07.09, caso: Juan Carlos Sierra)”.
c. SSP N° 145 del 11 de diciembre de 2012 (UCAT).
“La jurisprudencia patria ha consagrado esta especial categoría de actos, como una forma a través de la cual la jurisdicción contencioso-administrativa controla las actuaciones de ciertos entes que si bien se crean bajo la forma de derecho privado, ejercen potestades públicas por una disposición legal y sus actos son capaces de incidir sobre la esfera jurídica de otros sujetos”.

SSC N° 886 del 9 de mayo de 2002 (Federación Venezolana de Deportes Ecuestres).
"En el caso bajo estudio, la presunta agraviada fue la destinataria de un acto de autoridad de naturaleza sancionatoria que dictó la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres, al cual debió anteceder un procedimiento que debió ser realizado acorde con los principios del derecho administrativo sancionador, a saber: principio de legalidad, derecho a la presunción de inocencia, principio de tipicidad, culpabilidad, racionalidad, etc. Esto tiene sentido en la medida en que se resalte que la mencionada Federación, al igual que otros Entes constituidos con forma de derecho privado, en ciertas relaciones jurídicas, pueden afectar unilateralmente la esfera jurídica de los particulares en el ejercicio de sus potestades y en cumplimiento de los fines públicos que tutela por disposición legal; y esa posibilidad de incidencia unilateral en la esfera jurídica de un sujeto, debe tener como contrapartida una garantía, la cual, precisamente, consiste en la apertura y posterior sustanciación de un procedimiento en el que los posibles afectados, en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, puedan defenderse".

1. Atendiendo a su Recurribilidad.


A. Actos Administrativos de Trámite.
B. Actos Administrativos Finales.
“…son actos jurídicos emitidos por la administración Pública preparatorios de la futura voluntad administrativa que generalmente contienen informes y opiniones o pareceres técnico-jurídicos que facilitan la formación de la declaración o decisión del órgano administrativo” Excepcionalmente, los actos instrumentales o de trámite son recurribles. (Pellegrino, 2007, 1057).
Los actos de trámite son de carácter preparatorio e irrecurribles por carecer de efectos jurídicos “es decir que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas subjetivas” por ello no son impugnables, aunque adolezcan de algún vicio (Pellegrino, 2007, 1058).
Pero según la doctrina y jurisprudencia patrias, los actos administrativos serán impugnables si “deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable” (Pellegrino, 2007, 1058).
No quiere decirse que los actos de trámite no sean impugnables, que constituyan una suerte de dominio soberano de la Administración "…Quiere decirse que los actos de trámite no son impugnable separadamente…habrá que esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para, a través de la impugnación de la misma, poder plantear todas la eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener…sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite” (García y Fernández, 2004, 576).
Comparación con la apelación de autos del CPC:

SSCC N° 221 del 19 de mayo de 2003

“...en el caso que nos ocupa es evidente que el juez de alzada no tenía que conocer ni resolver lo relativo a la apelación que la parte actora interpuso contra la sentencia interlocutoria que negó la admisión de la inspección judicial solicitada; pues, como quedó claro, no se ratificó la apelación contra la interlocutoria, al momento de ejercerse la apelación contra la definitiva, como lo exige el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil citado”.

Los actos administrativos definitivos son los únicos recurribles; por ello se requiere de un acto que ponga fin al procedimiento administrativo para poder intentar los recurso administrativos (Pellegrino, 2007, 1052).

Es “… la resolución final, que es la que decide el fondo del asunto…” (García y Fernández, 2004, 575. En el mismo sentido: Santamaría, 2002, 136).

2. Atendiendo a sus destinatarios:


A. Actos internos y actos externos.
B. Actos generales, actos singulares y complejos.

3. Atendiendo a sus efectos:

A. Actos positivos y negativos.
B. Actos favorables (o de ampliación), actos de gravamen (restrictivos o de limitación) y actos bifrontes o de doble efecto.

4. Atendiendo a la potestad de la autoridad administrativa:

A. Actos reglados.
B. Actos discrecionales.

5. Actos que contiene declaración de voluntad y que no la contienen (sino de juicio, conocimiento o deseo).


A. Actos de declaración de decisión o voluntad.
B. Actos de declaración de conocimientos.
C. Actos de juicio.
D. Actos de declaración de deseo.


6. Atendiendo a la función del órgano que los dicta:


A. Actos administrativos de órganos legislativos y judiciales.
B. Actos administrativos de órganos administrativos.

7. Atendiendo al número de sujetos que interviene en su emisión:


A. Actos simples.
B. Actos complejos.

8. Según la forma de su exteriorización:

A. Expreso.
B. Presunto.
C. Tácito.
BIBLIOGRAFÍA

1. Araujo, J. (2011), Acto y contrato administrativo, Caracas: Paredes.

2. Brewer, A. (1997), “Sobre la importancia para el Derecho Administrativo de la noción de acto administrativo y de sus efectos”, Los efectos y la ejecución de los actos administrativos, Caracas: funeda, pp. 19-45 .

3. Entrena, R. (1998), Curso de Derecho Administrativo (12ª Ed., T. I), Madrid: tecnos.

4. Gallegos, N. (2006), La teoría del hecho y el acto jurídico aplicada al derecho de familia. México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

5. García, E. y Fernández, T. (2004), Curso de Derecho Administrativo (12ª Ed., V. 1), Madrid: Thomson-Civitas.

6. León, María. (2011). “Estudios acerca de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008: El concepto de acto administrativo y su aplicación a las misiones”. 100 años de la enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009, Caracas: Funeda, pp. 813-824.

7. Patrón Faura, P. y Patrón Bedoya, P. (2004), Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú, Lima: Grijley.

8. Parada, R. (1996). Derecho Administrativo, Parte General. (T. I, 8ª Ed.), Madrid: Marcial Pons.

9. Pellegrino, C. (2007), “La regulación general de los recursos administrativos en el sistema venezolano”, Derecho Administrativo Iberoamericano, (T. 2), Caracas:Paredes, 1039-1076.

10. Pesci-Feltri, F. (2011), Algunas notas sobre la evolución doctrinal de la noción de acto administrativo en el Derecho Administrativo venezolano. 100 años de la enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009, Caracas: Funeda, pp. 865-891.

11. Torrealba, M. (2011), La vía de hecho en Venezuela, Caracas: Funeda.

12. Santamaría, J. (2002), Principios de Derecho Administrativo (T. II, 3ª Ed., 5ª Reimp.), Ceura: Madrid.

Actos cuyos destinatarios son las propias autoridades o funcionarios administrativos. No producen efectos inmediatos respecto de los particulares (como circulares, directrices, instrucciones, órdenes generales, etc.) (Araujo, 2011, 118).
Si una circular afecta derechos de los particulares son susceptibles de control judicial (Araujo, 2011, 119).
“…los actos singulares tienen por destinatarios específicos a una o varias personas, identificadas nominativamente (esto es, por sus nombres y apellidos) o por su pertinencia a un colectivo delimitable objetiva e inequívocamente (p. ej., todos los propietarios de una urbanización)…” (Santamaría, 2002, 134).
Solo estos son recurribles (en sede administrativa) ya que los actos de efectos generales deberán ser accionados (en sede judicial) por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad (Pellegrino, 2007, 1059).
Acto complejo
: “…aunque se presenta como un acto unitario, sin embargo, el contenido está compuesto por dos tipos de actos: por un lado, un acto jurídico normativo y, por el otro, una acto administrativo de efectos particulares…” (Araujo, 2011, 115).
Pero la SPA-TSJ reserva esa denominación para los actos en cuya formación intervienen varios órganos públicos (Sentencia SPA N° 557 del 1° de junio de 2004):

“En relación a lo alegado por las recurrente de que el Acta de fecha 15 de julio de 1999 es un ‘acto complejo’, la Sala, en el mismo sentido expuesto por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, considera que la decisión del Jurado Examinador antes mencionada, mediante la cual se dispusieron los ganadores del concurso en referencia, no constituye un acto administrativo complejo, por cuanto sólo goza de tal naturaleza aquel acto producto de varias manifestaciones de voluntad, es decir, de la concurrencia de dos o más órganos o entes, que participan en la obtención de un mismo resultado. En el caso que se analiza, según la normativa aplicable la decisión que adopta el Jurado Examinador del Concurso de Oposición no requiere la participación de otro ente u órgano para complementar o perfeccionar el acto final, sino que se basta por sí sólo, esto quiere decir que el resultado de la decisión tomada por el jurado en cuestión, debidamente asentada en el Acta que se levante a tal efecto, tiene la misma cualidad y surte los mismos efectos que cualquier acto administrativo”.

SPA N° 49 del 21 marzo de 2012:

“Refiere que en Venezuela la formación de la voluntad del Estado para la celebración y aceptación de los tratados que obliguen a la República Bolivariana de Venezuela derivan de un acto complejo, conforme a las normas y doctrina internacional, en especial a la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, ya que para formar la voluntad del Estado se requiere, además de las atribuciones del Presidente de la República, un acto de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

“Actos positivos o de otorgamiento y denegaciones, en relación con la suerte que dispensan a las pretensiones ejercitadas ante la Administración” (García y Fernández, 2004, 578).
“Actos favorables o declarativos de derechos son… los que amplían la esfera jurídica de los particulares. Son actos fáciles de dictar pero difíciles de anular o revocar. Por ello no necesitan motivación respecto de sus destinatarios ni, en principio, apoyarse en normas con rango de ley. Excepcionalmente pueden ser retroactivos. Sin embargo, no pueden ser revocados sino a través de procedimientos formalizados…”
“Actos de gravamen o restrictivos son aquellos que limitan la libertad o los derechos de los administrados o bien les imponen sanciones. Por ello, el ordenamiento impone determinadas garantías defensivas de los destinatarios, siendo inexcusable el trámite de audiencia del interesado y la motivación…sin que en ningún caso pueda reconocérseles efecto retroactivo…" (Parada, 1996, 118 y 119).
“…la norma expresa la vinculación de la potestad administrativa, su carácter reglado, utilizando el término ‘deberá’, o configurando esa vinculación mediante el reconocimeinto de un derecho del administrado” (Parada, 1996, 103).
Actos discrecionales:
“…la Administración ante determinadas situaciones dispone de un margen de elección, que le permite hacer o no hacer y, en este segundo caso, puede disponer de varias soluciones. La legislación misma confirma en ocasiones la existencia de esa potestad discrecional, cuando la norma dispone que la Administración ‘podrá’ llevar a cabo determinada actividad y también cuando le abre la posibilidad de optar entre diversas soluciones en función de criterios de oportunidad” (Parada, 1996, 102).

“El Tribunal Supremo [español]…ha definido la potestad discrecional como la ‘capacidad de opción, sin posibilidad de control jurisdiccional, entre varias soluciones, todas ellas igualmente válidas por permitidas por la Ley’…” (Parada, 1996, 103).

SSPA N° 310 del 14 de febrero de 2006:
"No obstante, tal discrecionalidad no produce de suyo la “irrecurribilidad” del acto, por cuanto si bien se ha delegado en la Administración la potestad de apreciar la oportunidad de la medida, es presupuesto esencial para la actividad administrativa en todo momento, su apego a la legalidad (artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), y en tal virtud, todo acto derivado de la misma tiene y debe necesariamente ser controlado en sede jurisdiccional.
En efecto, estas amplias potestades de la Administración de apreciar la oportunidad y conveniencia de sus decisiones en determinados supuestos, están delimitadas por ciertos parámetros que deben ser considerados inexorablemente a los fines de evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública. De este modo, la irrevisabilidad del acto discrecional sólo alcanza el mérito de la decisión, en tanto ésta no sea desproporcionada, no constituya abuso o desviación de poder o carezca de causa legítima.
Por lo demás, todos los presupuestos del acto, tales como la competencia del órgano del cual emana, los requisitos de forma consagrados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en especial la legalidad de la propia potestad discrecional, deben ser revisados por el sistema de justicia nacional".
SCE N° 3416 del 26 de enero de 1996:
Para que la voluntad administrativa del Alcalde Municipal de Floridablanca, plasmada en el artículo 4º de dicho decreto, de autorizar las rutas a la Empresa de Transportes Lusitania S. A., produjera plenos efectos, debía ser avalada por la voluntad administrativa del Alcalde Metropolitano de Bucaramanga. Ello encaja dentro de la concepción que la doctrina y la jurisprudencia tienen acerca del acto administrativo complejo, esto es, cuando la voluntad de la Administración se integra por la intervención de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o a entidades diferentes.
SCE N° 3443 del 28 de octubre de 1999:
"El acto acusado, en cuanto contiene decisiones con efectos particulares y generales, a la vez, resulta ser un acto administrativo mixto, según lo ha reconocido la Sala en providencias anteriores".
Entre ellos “…se incluyen las
admisiones
[actos cuyo efecto es la inclusión del sujeto en una institución u organización, o en una categoría de personas, para hacerlo participar de algunos derechos…o del disfrute de determinados servicios administrativos],
las concesiones
[Resoluciones por las que una Administración transfiere a otros sujetos un derecho o un poder propio…],
las autorizaciones
[Son actos por los que la Administración confiere al administrado la facultad de ejercitar un poder o derecho, que preexiste a la autorización en estado potencial. A diferencia de lo que acontece con la concesión, el derecho o facultad no lo crea, constituye o traslada la autorización, sino que está previamente en el patrimonio o en el ámbito de libertad del particular, pero cuyo ejercicio solo es lícito después que la Administración constata la existencia y límites del derecho o de la libertad…],
las aprobaciones
[actos por los cuales la Administración presta eficacia o exigibilidad a otros actos ya perfeccionados y válidos… a diferencia de la autorización que puede recaer sobre una actividad material o un acto jurídico, la aprobación siempre está referida a un acto jurídico. El control que la aprobación cumple puede tener por objeto verificar la conveniencia u oportunidad del acto controlado o simplemente su legitimidad o conformidad con el ordenamiento jurídico] y
las dispensas
[Son actos por los que la Administración exonera a un administrado o a otra Administración del cumplimiento de un deber ya existente. La dispensa sólo puede tener lugar cuando está prevista en la ley, ya que se opone a la misma el principio de igualdad. También es un obstáculo a la admisión de dispensas la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos u otras prohibiciones legales expresas de dispensas…]” (Parada, 1996, 116, 117 y 118).
Entre los actos negociales restrictivos se comprenden las
órdenes
[Son actos por los que la Administración impone a un sujeto un deber de conducta positivo o negativo, y de cuyo incumplimiento puede derivarse, sin perjuicio de su ejecución por la propia Administración, una sanción penal o administrativa al obligado…], los
actos traslativos de derechos
…[Son aquellos cuyo efecto es transferir la propiedad o alguna de sus facultades a una Administración o a un tercero…],
los actos extintivos
[Son aquellos cuyo efecto es extinguir un derecho o una relación jurídica, bien actuando directamente sobre éstos o sobre el acto origen del derecho o de la relación. Entre los que actúan directamente pueden incluirse la confiscación…; la caducidad o decadencia de derechos que se origina como sanción de un comportamiento contrario a la finalidad por la que se otorgó el derecho...La extinción de un derecho se produce en otros supuestos a través de la anulación del acto que lo creó, es decir, eliminando el acto con efecto retroactivo al momento en que nació (ex tunc), o bien mediante la revocación del acto creador, pero extinguiendo sus efectos…ex nunc…], y por último,
los punitivos
[Son aquellos por los que la Administración impone una sanción como consecuencia de la infracción a los dispuesto en una norma o en un acto administrativo]” (Parada, 1996, 118 y 119).
SSPA N° 2006 del 25 de septiembre de 2001
: "...en estos actos no existe discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa, sino que dados los elementos establecidos en la ley, la Administración sólo debe limitarse a dictar el auto en cuestión...".
SSPA N° 697 del 21 de mayo 2002: "el acto de inscripción de los aspirantes ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela, puede encuadrarse como acto administrativo definitivo, de efectos particulares, reglado y de contenido autorizatorio, toda vez, que la Administración en uso de sus potestades regladas, sólo se debe limitar en constatar el supuesto de hecho establecido en la norma, y aplicar lo que la ley ha determinado, y en este proceso aplicativo de la ley, no se deja posibilidad de ningún tipo de juicio por parte del ente administrativo, salvo la constatación y verificación de los supuestos establecidos en la normativa señalada. .. De conformidad con lo antes señalado, se concluye que el Colegio de Ingenieros, tiene como carga administrativa una obligación concreta de proceder a otorgar la colegiación, esto es, a inscribir los títulos universitarios que le sean presentados para ello, cuando se cumplen los requisitos antes referidos".
SSPA N° 1512 del 16 de noviembre de 2011:
"Fija la norma transcrita como período máximo para el otorgamiento de las habilitaciones administrativas, el de veinticinco años (25) años, siendo posible para la Administración otorgar habilitaciones por períodos inferiores al máximo legal permitido con lo cual debe entenderse que el legislador otorgó en esta materia potestad discrecional a la Administración.
Potestad discrecional conferida por el legislador del año 2000 a la Administración que tiene su fundamento en el Principio de Legalidad Administrativa (Artículo 137 de la Carta Magna), en razón de que es la propia ley la que deja a cargo de la Administración la libre apreciación de algunos elementos de la decisión administrativa, entiéndase acto administrativo, contrariamente a lo que sucede en la llamada “potestad reglada”, la cual se configura en aquellos casos cuando las reglas de derecho imponen a la Administración la decisión, ante la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho contempladas en la misma norma.
Otorgada por el legislador a la Administración esta potestad discrecional, la doctrina especializada es conteste al considerar que la misma no es susceptible de graduación, afirmándose en este sentido que un poder no es más o menos discrecional: lo es si la Ley deja a la Administración administrar su ejercicio; no lo es si ella -la Ley- dicta las condiciones; pero en el seno, es decir, al interior del acto administrativo puede haber más o menos discrecionalidad, es la denominada proporcionalidad, según que, la Ley deje más o menos elementos de la decisión a la libre apreciación de la Administración, estas son, las razones de conveniencia y oportunidad del acto administrativo".

La decisión puede ampliar o limitar derechos. Se trata de los actos estudiados al calificar los actos favorables o desfavorables.
Actos de conocimiento: “…Se limitan a declarar la exactitud del traslado que hacen, de documentos y de registros que reposan en los archivos de la Administración Pública.
Desde el punto de vista procesal son actos inimpugnables, porque ellos forman parte de un procedimiento administrativo y, por ende, son actos administrativos de mero trámite… En efecto, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa puede solicitar informes, certificaciones, y si esos actos…” tienen vicios, deben impugnarse con el acto final. (Araujo, 2011, 144).

Se subdividen en comprobaciones, certificaciones, inspecciones (“actividad administrativa de intervención, de carácter ejecutivo para la comprobación del ejercicio de derechos y obligaciones por parte de un particular, con el fin de determinar su adecuación al Ordenamiento jurídico”) (Araujo, 2011, 146), transmisiones (“actos a través de los cuales se lleva al conocimiento de otros órganos administrativos o de los administrados, la existencia de hechos, datos o actos jurídicos… el acto administrativo que no ha sido transmitido a su destinatario no produce efectos jurídicos y no puede aplicarse… Lo que debe quedar claro es que el acto administrativo de transmisión y el acto administrativo transmitido son dos actos administrativos autónomos y separados, y que puede ser perfectamente nulo sin que el otro lo sea, puesto que los vicios jurídicos no son intercambiables” (Araujo, 2011, 147-148). Entre las transmisiones se deben diferenciar: las comunicaciones (acto mediante el cual se hace conocer a un órgano o ente, hechos o actos (Araujo, 2011, 148).
Declaraciones de juicio:
Declaraciones valorativas sobre el fenómeno que se le presente a la Administración (Araujo, 2011, 157). Entre ellas están: el informe administrativo (preceptivo o facultativo, vinculante o no e instructorio –en un procedimiento administrativo- y consultivo –fuera de un procedimiento-) (Araujo, 2011, 157.158).
Declaraciones de deseo
: Propuestas o peticiones de un órgano o ente a otro (García y Fernández, 2004, 552).
“Actos administrativos que tienen su origen en organizaciones o poderes públicos que no son formalmente Administración Pública…son los dictados fuera del ejercicio de las funciones típicas y definidoras de estos otros poderes…Son, pues, actos marginales en el conjunto de la actividad de esos organismos, nacidos de su inevitable actividad logística…” (Parada, 1996, 97).
“…pueden otros órganos de una persona pública no integrados a la jerarquía administrativa (p. ej. un juez) o una persona de Derecho privado estar investidos para el cumplimiento de una función administrativa, de prerrogativas exorbitantes del Derecho común y, más exactamente, de un poder administrativo… serán, por tanto, autoridades administrativas. Y los actos unilaterales que ellos profieren, son entonces, por ese título, actos administrativos…" (Araujo, 2011, 49).
Actos simples: “…emanan de un solo ente y órgano…constituyen la norma general en nuestro ordenamiento…”. Ej. Orden de cierre de un establecimiento dictada por un alcalde (Santamaría, 2002, 133).
Actos complejos: “…emanan de dos o más órganos o entes en ejercicio de competencias compartidas…” (Santamaría, 2002, 134).
Expreso: “…es aquel donde existe una clara e inequívoca exteriorización de la declaración de decisión, juicio, deseo, etc… La forma expresa puede ser escrita, verbal o por señales”. Sin embargo dado el principio general de escritura previsto en la LOPA “cualquier excepción… tendría que ser expresamente consagrado por la ley” (Araujo, 2011, 116).
Presunto:
“Formalmente, la falta de respuesta, el silencio de la Administración, frente a una petición o el recurso de un particular no es un acto, sino un hecho jurídico, pues falta la declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos como es propio de los actos expresos…” (Parada, 1996, 119).
“En el derecho administrativo… con el objeto de asegurar el derecho a la garantía judicial, el acceso al proceso o bien la efectividad de otros derechos de carácter substantivo que pueden resultar bloqueados por la inactividad de la Administración, se atribuye al silencio el valor de una decisión de significado… positivo [o] negativo” (Parada, 1996, 120).
“…es preciso separar los supuestos de silencio de otros supuestos, como las declaraciones o actos tácitos…que resultan de un comportamiento de la Administración que, sin manifestar de manera expresa su voluntad, la presupone” (Parada, 1996, 120).
“La falta de respuesta de la Administración a la petición o al recurso de un administrado ha tenido en el ordenamiento jurídico normalmente un significado negativo o de desestimación de la petición o recurso interpuesto por el particular…De esta manera, se cumple con la regla de que el proceso contencioso necesita un acto: que es un proceso a un acto de la Administración. Lógicamente, la desestimación debe entenderse producida una vez que ha transcurrido un plazo prudencial sin contestación” (Parada, 1996, 120).
“El evidente riesgo que la técnica del silencio positivo supone al permitir el otorgamiento de autorizaciones o licencias u otros derechos contrarios al ordenamiento, y que como actos declaratorios de derechos no pueden ser revocados a posteriori sin seguir los complejos procedimientos establecidos, llevó también a limitar sus efectos” (Parada, 1996, 122).
SSPA N° 1088 del 26 de septiembre de 2012 (1685 del 7 de diciembre de 2011 y 242 del 18 de marzo de 2010) se refiere al acto emitido como consecuencia de silencio administrativo como “acto tácito”.
Tácito: “…sería el que se deriva de comportamientos positivos o negativos de la Administración Pública, y han de tratarse de hechos concluyentes que patenticen de forma unívoca una declaración” (Araujo, 2011, 117).
A. Elementos subjetivos
“Quién dicta el acto” (Araujo, 2011, 53). (Ver: García y Fernández, 2004, 554 y Leal, 1997, 67).
“… el acto administrativo sólo puede producirse por una Administración pública...” (García y Fernández, 2004, 555).
A. Administración Pública
a. Legalidad de la investidura
“…para ejercer una función pública se precisa legal nombramiento, juramentación, toma de posesión y estar en servicio activo del cargo” (Araujo, 2011, 55 y García y Fernández, 2004, 555).
Art. 18. LEFP
Funcionario de facto
b. Competencia.
i. "...medida de la potestad que corresponde a cada órgano..." (García y Fernández, 2004, 555; y Peña, 2013, 295).

ii. es irrenunciable excepto por delegación, sustitución y avocación (García y Fernández, 2004, 555 y Leal, 1997, 69-74).
1. Delegación de competencias y atribuciones: Artículos 32 AL 37 LOAP (2008).
2. delegación de firmas: Art. 34 LOAP (2008).
3. Avocación: Art. 41 LOAP (2008)
Tipos de competencia

1. Competencia material:



2. Competencia territorial:



3. Competencia temporal:

G.O. 34.451 del 20 de abril de 1990
Artículos 36 LOPA y 33 num. 10, letras a) a la d) LEFP: Inhibición.
c. Imparcialidad del órgano:
B. Elementos objetivos
a. Objeto:
"...puede ser una cosa, una bien, una actividad, una relación, un hecho, una situación jurídica, e incluso, un estatuto…” (Araujo, 2011, 59. En el mismo sentido: García y Fernández, 2004, 564).
i. cierto

ii. Lícito

iii. Posible
b. Causa:
La causa serían los
presupuestos de hecho
y de derecho, además de los motivos (Araujo, 2011, 58). La comprobación de la
causa
consiste en constatar un hecho o un estado de hecho de modo que la declaración coincida con la norma jurídica (Araujo, 2011, 59).
- Presupuestos de hecho no son causa.
- Causa es la adecuación del acto a los fines para los cuales se otorgó la potestad (García y Fernández, 2004, 557)
d. Contenido:
CONTENIDO: Es la parte preceptiva, el efecto práctico que se pretende obtener. El contenido puede ser: una declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo (Araujo, 2011, 60. Así mismo: Leal, 1997, 79).
i) Necesario


ii) Explícito/implícito



iii) Natural/eventual

e. fin:
Fin (elemento teleológico): El fin responde a la noción de interés público. Si el acto administrativo persigue un fin distinto al previsto en la norma o un interés personal, está viciado de desviación de poder (Araujo, 2011, 62. Igualmente: Leal, 1997, 79.De modo similar: García y Fernández, 2004, 558).
b.1 motivos
MOTIVOS: La Administración actúa ante hechos subsumibles en la norma, de ahí que los motivos estén incorporados en la causa. (García y Fernández, 2004, 560. Ver: Leal, 1997, 77).
C. Elementos formales.
a. Procedimiento administrativo.
b. Forma de la declaración.
c. Motivación.
(Araujo, 2011, 67 y 68; García y Fernández, 2004, 567-569; y Leal, 1997, 81).


El acto administrativo es el fin del procedimiento administrativo.

“…es la manera en que exteriormente se cumplen los actos o actividades tendentes a lograr la tutela que el proceso promete” (Ortiz-Ortiz, 2004, 442)

1. Notificación o publicación

2. Certeza para ejecución.

3. Expediente (actos de trámite).

4. Motivación.

5. Orden procedimental.

6.Independencia de la persona natural.

(García y fernández, 2004, 568)
Araujo, 2011, 67-68; García y Fernández, 2004, 568-569; Leal, 1997, 82.
STSCARC N° 298 del 30 de junio de 2003:
"...e
ste juzgado observa que no consta en el expediente que se haya llevado a cabo un primer procedimiento administrativo de naturaleza disciplinaria, para la amonestación verbal del ciudadano José Rafael Sánchez, así como tampoco consta en el expediente amonestación verbal alguna
, siendo además que su superior, Luis Manuel Moreno, declaró que no fue amonestado o sancionado verbalmente, sólo se le llamó la atención. No puede este Juzgador tomar en cuenta a la hora de sentenciar, un alegato que no ha sido probado durante el juicio, siendo además que la declaración del ciudadano Luis Manuel Moreno, contradice dicho alegato, en vista de haber declarado que no hubo amonestación verbal, sólo hubo un llamado de atención, lo que supone un indicio de que dicha amonestación verbal nunca ocurrió.
Es esencial, para que dicha amonestación tenga valor jurídico, o tenga relevancia desde el punto de vista legal, que se haya llevado a cabo... ciertas formalidades
, como lo son comunicar por escrito a la Oficina de Personal con copia al funcionario amonestado... En consecuencia dicho alegato es un hecho carente de prueba y por lo tanto debe ser desestimado...".
Sentencia N° 730 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó (COLOMBIA), el 19 de noviembre de 2012:

“…
la jurisprudencia ha admitido la producción de actos administrativos verbales, es decir aquellos que no estén contenidos en formatos escritos
, pero que producen efectos jurídicos al dárseles publicidad o porque la decisión que contiene es ejecutada,
siendo posible probar su existencia por otros medios y en consecuencia son susceptibles de impugnación
. De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto, no es la forma común y ordinaria en las que la administración debe comunicar sus decisiones, es viable que sus pronunciamientos verbales sean susceptibles de ser discutidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre y cuando se pruebe de manera fehaciente su existencia…”.

“…dando por sentado que efectivamente se produjo el acto administrativo impugnado, el cual dio por terminado un vínculo entre la demandante y la Administración Municipal, cuya existencia al momento de la desvinculación no fue suficientemente esclarecida o probada, ni siquiera en forma sumaria, por lo que el Despacho se abstendrá de dar calificativo al mismo,
no se explica el Despacho la razón, motivo o circunstancia que impidió a la demandante o a su apoderado el cumplimiento del requisito previo para demandar de que trata el art. 161 numeral 2 del C.P.A.C.A., antes llamado agotamiento de la vía gubernativa, con el cual se hubiese logrado un pronunciamiento expreso o ficto de la administración
, al que el juicio de legalidad se pudiera hacer en forma más sencilla por parte de quien demanda”.

Sentencia del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, del 22 de noviembre de 2012:

"Ahora bien, de las anteriores documentales puede evidenciar este Juzgador que e
n el presente caso no se configuró una vía de hecho, (como alega la parte querellante) por cuanto no se configura uno de los requisitos primordiales para su constitución, tal como lo es, la ausencia del acto emanado de la Administración
, ya que cursan a los autos tanto el acto administrativo mediante el cual se removió al querellante del cargo que desempeñaba, como el acto mediante el cual se retiró al mismo del Ente querellado, en razón de que fueron infructuosas las gestiones para reubicarlo, en consecuencia debe este Órgano Jurisdiccional desechar la vía de hecho denunciada por la parte querellante...".

Es la expresión de la causa del acto administrativo, es decir, de los fundamentos de hecho y de derecho del acto administrativo. Esto no debe confundirse con los motivos (Araujo, 2011, 68; y Leal, 1997, 77).

- Objeto: (Araujo, 2011, 70).

- Debida aplicación normativa al caso específico (Leal, 1997, 78).


Christo and Jeanne-Claude
"Wrapped Reichstag" (parlamento envuelto),
Berlin, 1971-95
D. Elementos accidentales
"... la condición, el término y el modo…”.
(Araujo, 2011, 54; y Leal, 1997, 79).

Se admiten si las ley las prevé (García y Fernández, 2004, 564).
2. Silencio administrativo
A. Naturaleza jurídica
Se discute si es una ficción, presunción, infracción o verdadero acto (Juan, 2006, 3-4).
a. Ficción:
La “… ficción es un mandato legal que no se basa en ninguna regla general de experiencia, en lo constante de los fenómenos físicos o morales y ni siquiera en su carácter ordinario, sino en
la voluntad del legislador
que parte de una base absolutamente contraria:
el conocimiento de que la realidad es distinta
” (Devis, 1993, 707)
b. Presunción
La “…
presunción es un juicio lógico
del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho… con fundamento en las máximas generales de la experiencia… [siendo necesario que]
el hecho del cual se presume aquél y que le sirve de antecedente, sí necesita la plena prueba
usual para que el juez lo considere cierto y pueda aplicar esa presunción” (Devis, 1993, 695).
c. Infracción
SSC N° 1266 del 6 de agosto de 2008:
"...
la sanción, como manifestación externa del ius puniendi de la Administración por el acaecimiento de una infracción administrativa
, es de diversa naturaleza. Fundamentalmente pueden ser las sanciones pecuniarias como la multa, o interdictivas como la suspensión, la destitución o la inhabilitación...
...infracción administrativa a través de la descripción normativa de actos, hechos u omisiones generados de responsabilidad administrativa...".
d. Acto administrativo:
“…el acto administrativo es una declaración jurídica de origen unilateral, realizada en ejercicio de una potestad administrativa otorgada por la ley, y destinada a producir efectos jurídicos subjetivos” (Araujo, 2011, 24).
+ -
Positivo Negativo
Presunción (silencio positivo) o ficción legal (silencio negativo), en virtud de la cual, luego de transcurrido cierto tiempo sin resolver la Administración y producidas determinadas circunstancias se entenderá otorgada o negada la petición o el recurso (García-Trevijano, 1990, 79).
El silencio administrativo positivo sí genera un acto presunto el cual deberá ser revocado, únicamente, mediante el procedimiento correspondiente (Ortiz, 2000, 75 y García-Trevijano, 1990, 81). Es más, el particular se encuentra ante un acto presunto con las mismas garantías y efectos que el acto expreso (García-Trevijano, 1990, 85).
“el silencio negativo… se configura como una ficción legal, cuyos únicos efectos se contraen a permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente” (Ortiz, 2000, 140. Igualmente, Meier, 2004, 355).
A. Régimen jurídico.
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio

Artículo 54.
En todo caso, el otorgamiento de las autorizaciones nacionales o regionales respectivas, deberá decidirse en un lapso de 60 días continuos, a contar del recibo de la solicitud respectiva. Vencido dicho lapso, sin que se hubiera otorgado o negado autorización, s
e considerará concedida a cuyo efecto, las autoridades respectivas están obligadas a otorgar la respectiva constancia.

Artículo 55.
El desarrollo de actividades por particulares o entidades privadas en las áreas urbanas y que impliquen ocupación del territorio, deberá ser autorizada por los Municipios. A tal efecto los interesados deberán obtener de los Municipios, los permisos de urbanización, construcción o de uso que establezcan la Ley Nacional respectivas y las Ordenanzas Municipales. El procedimiento para la tramitación de las solicitudes de dichos permisos municipales deberá ser simplificado, y los mismos deben decidirse en un lapso de 60 días continuos, contados a partir del recibo de las solicitudes respectivas, vencido el cual, sin que se hubieran otorgado o negado los permisos,
se considerarán concedidos, a cuyo efecto los Municipios están obligados a otorgar la respectiva constancia de permiso.
Las autoridades municipales conforme a las normas y procedimientos técnicos que establezcan el Ministerio de Desarrollo Urbano, deberán dictar las Ordenanzas respectivas a los efectos de garantizar la celeridad de los procedimientos y los derechos de los interesados

b. Negativo
LOPA (1981):
Artículo 4. "En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un
asunto
o
recurso
dentro de los correspondientes lapsos,
se considerara que ha resuelto negativamente
y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos, ni a sus personeros, de las responsabilidades que le sean imputadas por la omisión o la demora.
Parágrafo único: La reiterada negligencia de los responsables de los asuntos o recursos que dé lugar a que estos se consideren resueltos negativamente como se dispone en este artículo, les acarreará amonestación escrita a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Carrera Administrativa, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 100 de esta ley."

SSPA N° 130 del 7 de febrero de 2013:
"una vez ejercido el recurso jerárquico el 1° de agosto de 2011, la Ministra del Poder Popular para el Comercio contaba con un lapso de noventa (90) días hábiles para decidir, lapso que venció el 6 de diciembre de 2011
sin que esta autoridad ministerial hubiese dado respuesta
a la parte accionante, con lo cual se verificó el
silencio administrativo negativo
".
SSE N° 183 del 20 de enero de 2003:
"lo que sí resulta necesario es que el recurrente en materia contencioso electoral especifique si se trata de una impugnación contra un acto administrativo de efectos particulares o generales, una actuación, una vía de hecho o una conducta omisiva o negativa. Y en ese último caso
la figura del silencio administrativo negativo será determinante para configurar adecuadamente la específica e idónea pretensión
(que siempre será un recurso contencioso electoral),
que variará entre una pretensión anulatoria

sustentada en un acto expreso,
en el silencio administrativo negativo como mecanismo procesal que permite acudir a la vía judicial aún sin que haya pronunciamiento de la máxima instancia administrativa c
on ocasión de un procedimiento de segundo grado
, o acudiendo directamente a esta Sala sin agotar la vía administrativa conforme a sus propios criterios jurisprudenciales-
o una de condena destinada a que la Administración Electoral realice determinada actividad
a que está obligada con ocasión de sus competencias legalmente asignadas,
en el supuesto de que se esté en presencia no de una denegación tácita, sino de la negativa de cumplir con una actuación concreta
".
SSPA del 13 de junio de 1991 (Caso: Rangel Bourgoin) ratificada en la SSPA N° 958 del 1° de julio de 2009: "el silencio administrativo supone el incumplimiento por parte de la Administración de un deber, en el supuesto contemplado en la ley mencionada, de decidir expresamente – positiva o negativamente – sobre una petición o recurso en el lapso que corresponda".
C. Impugnaciones:
¿Reclamo (queja)?
Artículo 3 LOPA (1981):
"Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda...
Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo
...
Si el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo 100 ...".
1. Amparo constitucional
2. Recursos administrativos
Luis Ortíz (2000, 85-87)
considera que pudiera admitirse el silencio administrativo ante la abstención de decidir la petición o procedimiento administrativo de primer grado para acceder a los recursos administrativos.
La jurisprudencia ha venido defendiendo la tesis de la abstención o carencia y no del silencio administrativo (Ortiz, 2000, 81-82)
lo que implicaría la inadmisibilidad de la pretensión de nulidad, la cual, por el contrario, estima admisible
Ortiz-Álvarez (2000, 87 y 93). Meier (2004, 366)
cita la sentencia “Fincas Algaba” proferida por la Corte Suprema de Justicia el 23 de mayo de 1988 donde se afirma que ante la inactividad en el procedimiento primario es procedente el amparo pero en caso de recurso, “el silencio administrativo denegatorio cobra su plena funcionalidad”.
SSPA N° 1425 del 8 de agosto de 2007:
sostiene la parte apelante que
la tantas veces mencionada resolución estaba dirigida a la sociedad mercantil Distribuidora El Sabor, C.A., a pesar de que para la fecha de la notificación de dicha resolución (N°324-2002) su representada se denominaba Distribuidora El Sabor S.R.L.,
por lo tanto la funcionaria actuante no estaba facultada suficientemente para fiscalizar a esta última, existiendo un vicio en el objeto de la Resolución N° 324-2002 en razón de la “imposibilidad física de fiscalizar un ente que no existía”...l
a Sala concluye que el hecho de que la Administración Tributaria Municipal no haya precisado las siglas “S.R.L.” de la contribuyente para el momento de la notificación de la citada resolución, no vicia de nulidad absoluta el mencionado acto y tampoco su objeto es de imposible o ilegal ejecución
, como lo alega la representación judicial de la contribuyente; pues su contenido, concerniente a la autorización para la realización de una investigación fiscal es determinado, posible y lícito, como lo muestra el hecho de que en efecto se pudo llevar a cabo la fiscalización, consecuencialmente tampoco se verifica la pretendida incompetencia de la fiscal actuante. Así se declara".
SCPCA (Exp. 2009-357) de 2011: "Uno de los requisitos de fondo de todo acto administrativo es la causa, es decir, la fundamentación fáctica o de hecho de la actuación administrativa en la determinación de la existencia o inexistencia de los hechos generadores de las sanciones a que haya lugar en caso de inobservancia de las obligaciones y deberes, que conforman la relación jurídica.
Todo vicio en la causa del acto o en las condiciones de hecho o de derecho en el cual se ha originado influye en la voluntad del órgano del cual emana el mismo, y por tanto constituye un exceso de poder por parte del órgano emisor del acto, por lo cual, los hechos contenidos en la norma expresa deben ser apreciados por la Administración a fin de concretar el acto administrativo, lo que quiere decir que el presupuesto de hecho de la norma debe ser acorde con los hechos acaecidos en la realidad.
Los vicios que afectan la causa de los actos administrativos pueden comprender, en definitiva, los supuestos siguientes: a) el falso supuesto, que se configura cuando los hechos en que se fundamenta la Administración para dictar un acto son inexistentes o cuando los mismos no han sido debidamente comprobados en el expediente administrativo; b) la errónea apreciación de los hechos, que se produce cuando la Administración subsume en una norma jurídica, hechos distintos a los previstos en el supuesto de hecho de la norma aplicada; c) la errónea interpretación de la base legal, en la cual la Administración interpreta erróneamente las normas jurídicas que le sirven de base para su actuación".

SSPA N° 570 del 10 de marzo de 2004: "ha entendido esta Sala que el vicio en la causa del acto administrativo por falso supuesto de derecho, se configura cuando existen los hechos que sirven de fundamento a la decisión administrativa, son verdaderos y se corresponden con lo acontecido; sin embargo, la Administración al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo".
SSPA N° 570 del 10 de marzo de 2004: "constata esta Sala que el Consorcio recurrente no demostró ni en la fase de precalificación ni por ante esta Sala en la fase probatoria, la experiencia mínima exigida para desarrollar el proyecto SINACOC, circunstancia la cual, fue uno de los fundamentos fácticos y de mayor importancia del Ministerio del Interior y Justicia para revocar la buena pro. En efecto, dentro de los puntos que se analizaron en las experticias promovidas, ninguno se orientó a analizar los instrumentos que le acreditaren al Consorcio Hyundai la experiencia requerida en el Pliego de Licitaciones.
Con base en lo anterior, es criterio de esta Sala que tal situación constituye fundamento suficiente para que el Ministro del Interior y Justicia revocare la buena pro concedida al Consorcio Hyundai, dadas las razones de interés general que conllevan la impecable y cabal realización de un sistema nacional de identificación y control ciudadano. En efecto, al haber quedado demostradas deficiencias en la oferta técnica presentada por el Consorcio y sus implicaciones, resultaba necesario dar por terminado el proceso licitatorio, circunstancia además que tiene un importante contenido económico por el monto de la inversión que pretende hacer el Estado venezolano, por lo cual, al no haber quedado demostrada la experiencia requerida, no podía en modo alguno suscribirse el contrato definitivo.
De acuerdo con los razonamientos anteriormente expuestos y al haber quedado suficientemente demostrados elementos que no otorgan confiabilidad sobre la propuesta presentada por el Consorcio Hyundai, es aceptable que el ente licitante una vez seleccionada la oferta, haya decidido dar por terminado el procedimiento licitatorio, por haber considerado la existencia de un vicio de mérito, al haberse apreciado con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, hechos que hacen inaceptable la propuesta del oferente, implicando una alteración en el contenido de la propuesta clasificada en primer lugar, por lo que considera esta Sala que resulta inoficioso conocer los otros argumentos respecto al vicio en la causa por falsos supuestos de hecho alegados por los apoderados del recurrente, ya que la situación de la falta de experiencia en proyectos similares, constituye razón suficiente para que se revoque la buena pro y en consecuencia, se dé por terminado el proceso licitatorio".

SSPA N° 324 del 18 de abril de 2012:
"Conforme se aprecia, l
a competencia del órgano que dictó el acto objeto de impugnación, constituye un elemento fundamental para verificar su validez o por el contrario su nulidad
… el acto objeto de impugnación, no emanó del Rector o del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, sino del jefe del Departamento de Tecnología de Servicios …la decisión de no renovar el contrato del recurrente, le correspondía al Rector… Así,
la incompetencia como vicio de nulidad absoluta del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se producirá cuando el funcionario actúe sin el respaldo de una disposición expresa que lo autorice para ello, o bien, cuando aún teniendo el órgano la competencia expresa para actuar, el funcionario encargado de ejercer esa competencia es un funcionario de hecho o un usurpador
”… En cuanto al vicio de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones. La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio. Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa (...)”.
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS ANDES 14 DE DICIEMBRE DE 2006:

"Respecto al asunto aquí planteado se ha pronunciado la Corte Contencioso Administrativo en Sentencia Nº 902 de fecha 27 de Marzo de 2003, de fecha 27 de marzo de 2003 donde entre otras cosas dejó establecido que en la Administración pueden distinguirse otros tipos de funcionarios, cuales son, los denominados funcionarios de derecho y de hecho. Los primeros son aquellos que desempeñan su cargo con investidura plena, es decir, han ingresado y se mantienen en el ejercicio de su destino por haber cumplido con todos los requisitos que para ello pautan las leyes y reglamentos en vigor. Los segundos, es decir, los funcionarios de hecho, están caracterizados por la existencia de elementos que enervan su investidura, elementos estos que generalmente atañen a la ilegitimidad del funcionario en la medida en que se presentan cuando el ingreso a la prestación del servicio público no se realiza conforme al estricto cumplimiento del régimen legal existente, pero que a pesar de ello, su desempeño funcionarial resulta cubierto de una apariencia de legalidad. Tal categorización de funcionario público, obedece a una creación jurisprudencial y doctrinal, movida por la justa y razonable necesidad de que, concibiendo a la Administración Pública como la legítima responsable del Interés Público, su actividad administrativa quede preservada con un manto de presunción de legalidad, el cual permita que los particulares sin averiguaciones previas, admitan como regularmente investidos a los funcionarios y por lo tanto con competencia para realizar los actos propios de sus funciones.
La conceptualización de esta categorización de funcionarios, ha permitido a la jurisprudencia contenciosa administrativa establecer que los actos emanados de funcionarios que luego pierden su titularidad por vicios en la designación o elección, no se ven afectados en su validez por tal circunstancia.
En tal sentido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fallo de fecha veintiocho (28) de Febrero del año Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1.985) (Caso: Nelly Cuenca Ramírez Vs. Concejo Municipal del Distrito Palavecino del Estado Lara) señaló que: '
La validez de actos dictados por “funcionarios de hecho” salva, desde luego, el vicio original de la incorporación de éstos al ejercicio de la función pública, pero no impide que sean impugnados, si fuere el caso por presentar otras irregularidades, que pueden llevar a su anulación conforme al ordenamiento vigente
'...".


SSPA N° 875 del 17 de junio de 2003: "Así, todo acto administrativo debe emanar de un órgano competente según el ordenamiento jurídico, que ejerza las atribuciones conferidas en razón del territorio, tiempo, materia y grado. Para ello el agente emisor debe haber sido regularmente designado y estar en funciones al tiempo de emitirlo, es decir, debe ser dictado por un funcionario de iure o de derecho, de lo contrario se estaría en presencia de un funcionario de hecho o de un usurpador, entendiéndose este último como aquél que no ostenta investidura alguna".
1. Perfección y eficacia según los actos administrativos de que se trate.
a. Notificación
(Art. 73 LOPA)
b. Publicación
(Art. 72 LOPA)
1. Perfección y eficacia según los actos administrativos de que se trate.
a’. El texto íntegro del acto
(artículos 9, 18 -numeral 5- y 73 LOPA).

b’. Indicación de los recursos, los lapsos y los órganos competentes ante los que habrán de ser ejercidos
(artículo 73 LOPA).

c’. Debe extenderse por escrito, personalmente al interesado o a su apoderado en su domicilio o residencia, con recibo firmado donde conste fecha y contenido de la notificación, nombre y cédula de quien recibe
(artículos 73 y 75 LOPA)
o en la dirección indicada por el interesado
(numeral 3 del artículo 49 LOPA).
SSPA N° 1698 de 19 de julio de 2000:
“… la Sala observa que, si bien es cierto que las mismas indican contravenciones al ordenamiento adjetivo correspondiente a los recursos administrativos y contencioso administrativo de nulidad, a saber, al artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y al artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, no puede sostenerse válidamente que tales contravenciones hayan violado el derecho a la defensa de la parte actora, pues,
la interposición del recurso de reconsideración en el lapso oportuno
(a través de cuyo texto se advierte claramente que el recurrente si conocía la motivación completa del acto administrativo de rescate del terreno),
así como la interposición del recurso de nulidad que dio origen al presente proceso en el lapso de ley, sirven para probar que no se causó indefensión alguna
. Más aún,
mediante tales actuaciones la parte actora convalidó tales vicios de forma incurridos en la notificación de los actos administrativos impugnados, ya que a través de éstas la parte actora demostró que conocía las normas que denunció violadas por la Administración”.

SSPA N° 581 de 7 de marzo de 2006: “la Administración omitió determinadas formalidades y menciona la recurrente, en particular, que no consta en el acto ‘el lugar en el que se dictó’; ni el sello de la oficina respectiva; como tampoco los recursos que procedían contra el mismo. (...)
Observa la Sala que si bien tales omisiones resultan evidentes de la revisión del acto, éstas no causaron indefensión grave a la demandante… actos como el presente sólo se anulan cuando han incumplido formas sustanciales que inciden en la decisión final o producen indefensión...”

(Brewer-Carías, 2005, 199)
(Araujo, 2007, 316 y 321, Brewer-Carías, 2005, 195 y 197, y Hostiou, 1997, 69).
3. Eficacia temporal. El principio de irretroactividad de los actos administrativos.
Artículo 11 LOPA:
"Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes".
"... los actos administrativos sólo pueden producir efectos hacia el futuro... principio que... se aplica a los actos reglamentarios [y] a los actos administrativos de efectos particulares"
(Brewer, 2010, 4).
Artículo 87: "La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario.
El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada".
SSPA N° 1062 del 28 de octubre de 2010:
"... la norma transcrita no está dirigida al órgano jurisdiccional que conoce de la impugnación de un acto administrativo, sino a la Administración
que tiene la posibilidad de suspender los efectos de sus decisiones cuando han sido ejercidos los recursos administrativos, lo cual puede verificarse de oficio o a solicitud de parte, por lo que el referido artículo no puede constituirse en fundamento legal de la suspensión de efectos solicitada..." (Vid. SSPA N° 346 del 28 de abril de 2010 y N° 23 del 13 de enero de 2011).
SSPA N° 841 del 11 de agosto de 2010:
"
la norma en referencia... no constituye la base legal de la pretensión de suspensión de efectos en sede jurisdiccional.
No obstante, tratándose de un aspecto estrictamente de derecho, cuya interpretación y aplicación corresponde al Juez con base al principio iura novit curia que rige el proceso civil y, de manera supletoria, el contencioso-administrativo, toda vez que es aquél quien tiene los elementos para aplicar al caso concreto la norma de derecho correspondiente sin que se encuentre atado a las que fueran invocadas por las partes; y atendiendo a las razones que a juicio de la representación actora justifican la pretendida protección cautelar, esta Sala considera que la medida en cuestión está referida a la medida típica de suspensión de los efectos de los actos de efectos particulares recurridos en nulidad, cuya finalidad es impedir la ejecución material y la eficacia de la providencia impugnada".
SSE N° 217 del 28 de noviembre de 2012:
"En relación a la denuncia de la parte quejosa en el escrito de solicitud de amparo y contestada por la parte presuntamente agraviante en la audiencia constitucional, referida a que no se puede ejecutar la Resolución del Consejo Nacional Electoral, por existir un
recurso judicial
pendiente, el cual cursa ante esta Sala Electoral,
se aprecia que la sola interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado
. En este sentido, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece:...
En consecuencia, no procede este alegato, y así se decide".
SSCC N° 188 del 23 de abril de 2013:
“… el acto administrativo desde que es dictado y tiene fuerza obligatoria, se presume legítimo y debe cumplirse a partir del momento en que es definitivo, vale decir, en tanto que resuelva el fondo del asunto, característica ésta conocida como “ejecutividad”, y
podrá ser paralizado por el mismo órgano que lo dictó por una decisión judicial de un Jugado Contencioso Administrativo competente
, cuando la ejecución del acto administrativo que se impugna represente o pueda causar perjuicios irreparables, siempre y cuando el solicitante de dicha medida constituya garantía suficiente.
...
Ahora bien, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 77 prevé que para poder interponer este tipo de recurso deben estar notificadas las partes, de la interposición del recurso de nulidad se verifica que el accionado estaba notificado, y
no habiendo sido decretada la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa o judicial
, y estando el demandado notificado se evidencia que el mismo se encuentra vigente, y por lo tanto su ejecución era inmediata”.
SSPA N° 346 del 27 de abril de 2010: "... a los fines de suspender la ejecución de los actos administrativos
contentivos de sanciones tan graves como la demolición de una construcción,
tanto la Administración Pública
(con la interposición de los recursos de reconsideración y jerárquico)
como el Juez o el Tribunal
(con la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad),
están en la obligación de exigir una caución suficiente al recurrente,
a los fines de garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios que por la suspensión de los efectos del acto contentivo de la orden de corrección, modificación, paralización o demolición, pudieran sufrir los terceros interesados en la resolución de la situación de que se trate.
...
[La demolición] sólo podía posponerse en virtud del otorgamiento de una medida cautelar de suspensión de efectos (bien mediante la aplicación del artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en sede administrativa,
o en cumplimiento del artículo 94 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en la vía jurisdiccional), previa constitución de una caución suficiente a cargo del presunto infractor".
Consejo de Estado francés (arrêt Societé du Journal Aurore, 1947, Rec. 289):
“le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir”
(http://www.conseil-etat.fr).
Consejo de Estado francés (arrêt Societé du Journal L'Aurore, 1947, Rec. 289):
"la jurisprudence avait eu tendance à considérer qu’un règlement comportant un effet rétroactif était entaché d’une incompétence ratione temporis dans la mesure où les auteurs de ce réglement, en régissant des situations passées, empiétaient, en quelque sorte, sur la compétence de leurs prédécesseurs..."

(http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/25-juin-1948-societe-
du-journal-laurore.html).

La atribución de efectos retroactivos a un acto administrativo, es un caso de incompetencia ratione temporis.
(Brewer, 2010, 4).
SSPA N° 1190 del 2 de octubre de 2002:
"...La lectura del precitado artículo 11, evidencia la facultad que tiene la Administración Pública de modificar sus criterios, sin más limitaciones que la que establece la propia Ley, por lo tanto, s
ólo se requiere una nueva situación o hecho, análoga o no, para tener la facultad de modificar el criterio precedente, con la condición de que la misma no podrá ser aplicada a situaciones anteriores,

salvo que fuere más favorable al administrado.
Por lo tanto, entiende la Sala que la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (S.E.N.I.A.T.), bien puede modificar, ajustado a la ley, una opinión que fue establecida previamente... ".
Sentencia proferida el 11 de noviembre de 2013 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Exp. 2010-1179):
"... la confianza legítima nace cuando la administración tiene un criterio previamente establecido y luego realiza una nueva interpretación, cuando es así el mismo no podrá aplicarse a situaciones anteriores a menos que sea más favorable para el administrado... ".
SSPA N° 615 del 15 de junio de 2012:
"... la expectativa que eventualmente pueda crear en los administrados determinada conducta de la Administración, no es óbice para que ésta modifique su actuación o sus criterios -cuando el resguardo del interés general o el desarrollo de la actividad administrativa así lo amerite-...".
SSPA N° 170 del 24 de febrero de 2010:
"El contenido de la norma transcrita, alude al valor de los criterios establecidos por la Administración, que pueden variar, por cuanto los organismos que la integran obedecen a las mutaciones de la sociedad en la cual operan, exigiéndose sólo que
tales variaciones no se apliquen a situaciones anteriores, salvo que sean más favorables para los administrados.
El dispositivo en cuestión, no es más que la aplicación del principio de la irretroactividad de las disposiciones generales a
situaciones nacidas con anterioridad
a su pronunciamiento".
SSPA N° 1022 del 27 de julio de 2011:
"... a los fines de constatar la existencia de la violación de tal principio es necesaria la preexistencia de un criterio administrativo que regule el mismo supuesto de hecho.
...
En el caso de autos, se constata que la representación judicial de la contribuyente, no expuso cuál fue el criterio administrativo precedente a los fines de verificar la vulneración del referido principio.
Sobre la base de lo destacado anteriormente, concluye esta Sala, que
mal podía pretender la representación judicial de la contribuyente, que se reprodujera en el caso una decisión adoptada en un 'precedente' que no fue invocado y que a su vez, haya sido aplicado retroactivamente a períodos anteriores
. Ello así, esta Sala desestima la denuncia de violación del mencionado principio".
"El acto emitido después de un procedimiento se ha perfeccionado...".
(Leal, 1997, 127)
A. Excepciones:

+
(Parada, 1996, 149 y Gallego y Menéndez, 2001, 247)
2. Acto favorable.
1. Sustitución de acto nulo.
SCPCA de 2002 (Exp. 01-25839):
“en la referida zona debía construirse una escuela y sus instalaciones anexas. No obstante, observa esta Corte que… la zonificación donde está ubicado el inmueble fue modificada…a vivienda multifamiliar con comercio comunal.

Al respecto, pasa esta Corte a analizar si,… puede aplicarse, en el presente caso, retroactivamente el acto administrativo que cambió la zonificación.

Interpretado a contrario sensu el principio general de que ninguna ley debe producir efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, se arriba a la conclusión de que
la retroactividad es lícita cuando, lejos de perjudicar, beneficia a los particulares…
…tomando en cuenta que aún cuando en la oportunidad de la construcción de la obra ésta no estaba permitida -en virtud de la zonificación existente- para la fecha de la emisión del acto sancionatorio ya la normativa vigente si era permisible -situación no apreciada por la Administración- [por ello] queda revocado, en virtud de la retroactividad in bonus (en favor del justiciable) el acto administrativo recurrido...”.
"El acto administrativo se perfecciona cuando en su producción concurren todos los elementos esenciales y es temporalmente eficaz...".
(Parada, 1996, 150).
4. El principio de respeto a los derechos adquiridos y el régimen de la revocación de los actos administrativos.
5. La presunción de legalidad de los actos administrativos y Los principios de su ejecución: La ejecutividad y La Ejecutoriedad de los Actos de Administrativos.
6. Los Medios de Ejecución de los actos administrativos: ejecución voluntaria y ejecución forzosa, presupuestos de hecho y de derecho.
Artículo 79.
"La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial".
Artículo 8 LOPA (1981)
Artículo 8 LOPA: Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.
Artículo 87 LOPA (1981)
Artículo 87. "
La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado
, salvo previsión legal en contrario.
El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada".

SSPA N° 2323 del 30 de septiembre de 2004: ".
..
estando revestidos los actos administrativos de una presunción de legalidad...
no comporta violación al derecho a la defensa... el que los funcionarios objeto de procedimientos disciplinarios en contra de los cuales la Administración haya alegado hechos negativos (como faltantes, omisiones, etc) tengan la carga de probar en sede administrativa la falsedad de los hechos
que le han sido atribuidos...
En efecto, en el caso bajo estudio,
la Contraloría General de la República
afirmó en contra del ciudadano Gustavo Corredor Muller la falta de consignación por parte de éste de algunos comprobantes que justificaran la emisión de cheques que dicho funcionario giró en ejercicio de sus atribuciones... Al no cumplir con dicha carga, la consecuencia jurídica fue que, al estar tipificado el hecho atribuido como generador de responsabilidad administrativa, el acto definitivo le impuso la sanción prevista en la ley para castigar dicha infracción".
A. Ejecutividad.
B. Ejecutoridad.
a. Es "... la cualidad de título ejecutivo del acto administrativo..."
(Leal, 1997, 129).
a. "... los actos que deben ser cumplidos mediantes actos de ejecución serán cumplidos por la propia Administración..." (Leal, 1997, 129).
Excepción:
"...cuando no ha habido notificación formal pero consta fehacientemente que el interesado ha tenido conocimiento de la decisión proferida por la Administración, no podrá alegar la falta de notificación para eventualmente reabrir un lapso de caducidad"
(SSPA N° 1372 del 21 de noviembre de 2002 y N° 1124 del 27 de junio de 2007).
b. "... es, la potestad de la Administración para llevar a efecto el mandato que el acto incorpora violentando la posesión y la libertad personal del administrado..." (Parada, 1997, 132).
b. "... los actos administrativos... pasan por válidos mientras esa nulidad no ha sido declarada administrativa o judicialmente"
(Parada, 1997, 150)
.
A. Ejecución voluntaria.
B. Ejecución forzosa.


Artículo 80 LOPA (1981):
"La ejecución forzosa de actos por la administración se llevará a cabo conforme a las normas siguientes:
1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al obligado, se procederá a la ejecución, bien por la administración o por la persona que esta designe, a costa del obligado.
2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que se le hubieran aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs. l0.000,00),
salvo que otra ley establezca una mayor, caso en el cual se aplicará ésta".
Artículo 79 LOPA (1981). La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial.
SSPA N° 765 del 28 de junio de 2012:
"... la ejecutividad es una prerrogativa propia de todo acto administrativo, en el sentido de que éste no requiere la homologación de un ente distinto a la administración para que produzca sus efectos...".
SSPA N° 765 del 28 de junio de 2012:
"... la ejecutoriedad alude a la facultad que tiene la administración de ejecutar por sí sola los actos que dicta, aún contra la voluntad de los administrados...".
SSPA N° 765 del 28 de junio de 2012:
"De acuerdo a la norma transcrita la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), puede acudir a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa a los fines de solicitar la ejecución de los actos dictados por el Directorio de Responsabilidad Social, en caso de incumplimiento por parte del destinatario de la sanción pecuniaria, lo cual a juicio de este Alto Tribunal no es óbice para que la mencionada Comisión, antes de acudir a la vía judicial, haga cumplir ella misma los actos dictados por el referido Directorio, con fundamento en los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, más aun ante la ausencia de medida cautelar alguna que hubiese suspendido los efectos de sus actos.
...
En razón de lo expuesto, debe concluirse que si bien el... artículo 35 de la Ley Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos posibilita la intimación judicial del administrado, resulta evidente para la Sala que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) debió agotar las modalidades de ejecución previstas en el artículo 80 de la mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos con el objeto de hacer cumplir el pago de la multa impuesta por el Directorio de Responsabilidad Social a la empresa Corpomedios G.V. Inversiones, C.A., y en caso de no lograr dicho pago, procedería la intervención de los órganos jurisdiccionales a tales fines".

SSPA N° 580 del 4 de junio de 2013:
"... los ciudadanos... alegaron que el Instituto accionado se ha negado a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa... mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por los accionantes, contra el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).
Al respecto, se desprende del expediente, acta... de la Inspectoría del Trabajo que... ordenó dar inicio al procedimiento de multa,... por no haberse acatado y cumplido el citado acto administrativo...
..
.el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), está en la obligación de dar cumplimiento a las providencias administrativas... de no ser así, la referida Inspectoría del Trabajo podrá sancionar con sucesivas multas a la mencionada sociedad de comercio, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 80 supra transcrito o ejecutar las mismas, mediante el procedimiento de ejecución de créditos fiscales, previsto en el Código de Procedimiento Civil y atendiendo al criterio sentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal mediante decisión N° 379 del 7 de marzo de 2007.
Así, visto que existe un procedimiento especial mediante el cual se puede lograr la ejecución forzosa de las providencias administrativas que ordenen el reenganche y pago de salarios caídos de los trabajadores y trabajadoras, resulta forzoso para esta Sala, conforme a las normas antes analizadas, concluir que, en esta etapa, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de ejecución de la Providencia Administrativa... por no haberse agotado en su totalidad el procedimiento sancionatorio..."..
SSPA N° 1144 del 16 de octubre de 2013:
“…las Inspectorías del Trabajo cuentan con la posibilidad de dirigir oficio al Juez de Municipio de la residencia del multado, a los fines de imponerle la sanción de arresto, ello con ocasión al incumplimiento del pago de la multa.
Sin embargo, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal mediante la sentencia N° 379 del 7 de marzo de 2007… [decidió,] en caso [de] que la parte demandada no proceda al cumplimiento de las providencias administrativas dictadas corresponde la aplicación del precepto contenido en el artículo 80 [LOPA]…
En tal sentido, la sociedad mercantil Agro Consorcio Orograin, C.A., está en la obligación de dar cumplimiento a las providencias administrativas supra señaladas [ejecución voluntaria], de no ser así, la referida Inspectoría del Trabajo podrá sancionar con sucesivas multas a la mencionada sociedad de comercio, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 80 supra transcrito o ejecutar las mismas, mediante el procedimiento de ejecución de créditos fiscales, previsto en el Código de Procedimiento Civil [ejecución forzosa].
[Para concluir] visto que existe un procedimiento especial mediante el cual se puede lograr la ejecución forzosa de las providencias administrativas que ordenen el reenganche y pago de salarios caídos de los trabajadores, resulta forzoso para esta Sala… concluir que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de ejecución de la Providencia Administrativa… que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios…” (Vid. SSPA N° 64 del 30 de enero de 2013).
Artículo 78 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos (2011):
"La ejecución forzosa de actos administrativos por parte del funcionario competente se llevará a cabo conforme a las normas siguientes:

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al obligado u obligada, se procederá a la ejecución, bien por la Administración o por la persona que ésta designe, a costa del obligado u obligada, con auxilio de la fuerza pública para su ejecución si fuere necesario.

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado u obligada se resistiere a cumplirlos, se solicitaré el auxilio de la fuerza pública para ejecutarlos, imponiéndosele a la infractora o el infractor multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que se le hubieran aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la Administración, para que cumpla lo ordenado.

3.
Cada multa tendrá un monto de entre cincuenta (50) y doscientos cincuenta (250) salarios mínimos urbanos
".
c. la Administración no requiere un proceso jurisdiccional para que se declare la certeza de su acto.
(Brewer, 1997, 41)
"... existen actos válidos que no pueden producir efectos... y actos inválidos que... producen efectos...".
(Nieto, 1997, 48).
"imaginemos un nombramiento de funcionario que, tres años después, es declarado nulo de pleno derecho... Otorgada una concesión de aprovechamiento de aguas... ¿qué hacer con el agua consumida?... ¿Habrá que quemar... el maiz producido con los riegos indebidos...?
(Nieto, 1997, 51).
1. La teoría de las nulidades en el Derecho Administrativo:


A. Inexistencia, nulidad y anulabilidad

B. La autotutela administrativa y su incidencia
en la teoría de las nulidades;

C. Grados de Invalidez de los Actos Administrativos.
a. La potestad revocatoria es limitada
(Meier, 2001, 486).
b. Límite: "... la situación jurídica activa legítimamente adquirida por un particular en virtud de un determinado acto administrativo"
(Meier, 2001, 486).
c. Situación jurídica activa: "... derecho subjetivo típico... o... interés legítimo, personal y directo (...especial situación de ventaja creada al particular...)"
(Meier, 2001, 486).
Límites: derechos e intereses
Prever: Seguridad jurídica
Artículo 19 LOPA (1981). "Los actos de la administración serán
absolutamente nulos
en los siguientes casos:...
2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya
creado derechos particulares
, salvo autorización expresa de la ley".
Artículo 82 LOPA (1981): "Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico".

¿Indemnización?
Art. 19 Lopa (1981)

Sin derechos subjetivos
Potestad reglada Potestad discrecional
(Meier, 2001, 493-495)
Revocación del acto administrativo
1. Creador de derecho
2. No crea derecho
Reglada
Discrecional
"... los actos por muy nulos que sean producen inexorablemente efectos mientras no tenga lugar el pronunciamiento correspondiente..."
(Nieto, 1997, 56)
Por ello, producen efectos mientras no sea acordada su suspensión
(Meier, 2001, 182).
Bibliografía
Artículo 18.
"Los funcionarios o funcionarias públicos, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo".
Preservar de
la arbitrariedad
publicidad
control
1. Araujo, J. (2011), Acto y contrato administrativo, Caracas: Paredes.
3. Brewer (2010). El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, principios del procedimiento, Caracas: Editorial jurídica venezolana.
4. Devis, H. (1993). Teoría general de la prueba judicial, Colombia: Diké.
5. García, E. y Fernández, T. (2004), Curso de Derecho Administrativo (12ª Ed., V. 1), Madrid: Thomson-Civitas.
6. 1. García-Trevijano, E. (1990). El silencio Administrativo en el Derecho Español, Madrid: civitas.
7. Gallego y Menéndez, 2001.
8. Hostiou, R. (1997), "Eficacia de los actos administrativos. Obligación de la Administración de comunicarlos. Publificación y notificación", Los efectos y la ejecución de los actos administrativos, Caracas: funeda.
9. Juan, F. (2006). “El silencio administrativo: problemas actuales”, Revista eletronica de direito do Estado (N° 7), Brasil: IBDP.
10. Leal, S. (1997). Teoría del acto administrativo, Caracas: Vadell hermanos.
11. Meier, E. (2004). El procedimiento administrativo ordinario, Caracas: Homero.
12. Nieto, A. (1997), "Contra las teorías al uso: una propuesta de renovación", Los efectos y la ejecución de los actos administrativos, Caracas: funeda.
14. Parada, R. (1996). Derecho Administrativo, Parte General. (T. I, 8ª Ed.), Madrid: Marcial Pons.
15. Peña, J.. (2013). "Aproximación a la delegación de competencias en Venezuela", Revista Electrónica de Derecho Administrativo, Caracas: UMA.

Definición
3. Pretensiones jurídicas
SSPA N° 2788 del 12/12/06: "la negativa del Inspector del Trabajo a la que se hace referencia no se reflejó en un acto administrativo expreso; por el contrario, lo que se produjo fue la inactividad de la Administración respecto a la solicitud de homologación formulada, conducta que no puede ser impugnada a través de los recursos previstos para la sede administrativa... [además] en el sistema contencioso administrativo... se contempla un recurso específico dirigido a atacar la conducta omisiva de los órganos administrativos ante el incumplimiento de las funciones que la Ley le asigna, a saber: el recurso contencioso administrativo por abstención o carencia".
Acto inexistente: ¿Requiere declaratoria judicial? (Meier, 2001, 175)
¿Inexistencia y presunción de validez? : Usurpación de autoridad y vía de hecho. Meier, 2001, 177 y 179.
¿La falta de requisitos de eficacia, por ejemplo, la falta de notificación implica inexistencia del acto?
SSPA N° 860 del 23/07/08: "Ahora bien, el hecho de que no se haya notificado al recurrente acerca del acto primigenio por el cual se dejó sin efecto su designación como Juez Provisorio, conforme lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no determina su invalidez y mucho menos su inexistencia, ya que en el presente caso, tal situación no causó indefensión.

En efecto... [no] puede afirmarse que el acto recurrido, por medio del cual se resolvió el recurso de reconsideración confirmó un acto inexistente, ya que la omisión en la notificación del acto primigenio contenido en el referido Oficio, determinó su ineficacia, que luego fue subsanada..."

SSPA N° 632 del 6/07/10: "...
se estima que el acto de imposible ejecución material es también en la práctica un acto inexistente
, y por tanto no hay riesgo alguno para el orden público, pues, si el acto tiene esa imposibilidad de efectiva realización de su objeto o contenido, quiere ello decir que el mismo está irremediablemente condenado a la ineficacia total o absoluta...".
SSPA N° 1219 del 30/05/00: "...Efectivamente, ni en las actas administrativas (prueba que presenta la Administración para demostrar la legitimidad de sus actuaciones, la veracidad de los hechos y el fundamento de aquéllas) ni en las judiciales, consta el acto administrativo contentivo de la sanción...
Es así como, la inexistencia del acto administrativo recurrido, la sanción impuesta sobre la base de meras presunciones de culpabilidad, la notificación defectuosa de un acto inexistente, el abuso en el retardo al decidir la apelación interpuesta, llevan a esta Sala a concluir que efectivamente en el presente caso la actuación de la Administración violó principios y derechos fundamentales...".
¿La falta de requisitos de validez, por ejemplo tener un objeto imposible, supone la inexistencia del acto?
Artículo 19. "Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal.

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley.

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento lealmente establecido".

Es la sanción jurídica que afecta totalmente al acto administrativo
haciendo desaparecer sus efectos
(Meier, 2001, 216-218).

"La nulidad es absoluta cuando el vicio en que se incurre en su realización...
impide toda posibilidad de producir efectos
jurídicos desde el momento de su realización..." (Ortiz-Ortiz, 2004, 643).
Características:
a. Orden público.
b. Inconvalidable.
c. No adquiere firmeza.
d. Declarable en cualquier tiempo.
e. No aplica la T. de los derechos adquiridos.
f. Invalidez total. Excepción.
g. Causal de suspensión de efectos.
(Meier, 2001, 257).
Es la sanción jurídica que afecta parcialmente al acto administrativo (Meier, 2001, 216), que puede ser convalidado por la Administración o consentido por el particular (Meier, 2001, 252) haciendo desaparecer sus efectos hacia el futuro (Meier, 2001, 253).
Artículo 20 LOPA. "Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior, los harán anulables".
Excepción a la prohibición de hacerse justicia por sí mismo (Meier, 2001, 59).
Manifestaciones:
1. A. Declarativa: Potestad de dictar actos ejecutivos
(Meier, 2001, 62).
2. A. Ejecutiva: Potestad de ejecutar sus actos sin
auxilio judicial (Meier, 2001, 70).
3.
A. Revisora: Potestad de revisar los actos
administrativos para controlar los requisitos
legales de validez (fondo y forma) y las razones
de mérito (oportunidad y conveniencia) para
dictarlo
(Meier, 2001, 79).
Tipos:
1. De oficio.
2. A solicitud de parte.
(Meier, 2001, 83).
1. De oficio:
a. Convalidación (Art. 81 LOPA).
b. Revocación (i. Por razones de
mérito u oportunidad - Art. 82
LOPA - y ii. Por razones nulidad
absoluta -Art. 83 LOPA-).
c. Reposición (Art. 90 LOPA)
d. Corrección material (Art. 84
LOPA)
(Meier, 2001, 93-115).
Artículo 90. "El órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado,
así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento
, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables".
Artículo 84. La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos.
Artículo 81 LOPA. "La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan".
Artículo 82 LOPA.
"Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico".

Artículo 83 LOPA.
"La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella".
2. Recursos administrativos: a. Reconsideración, b. Jerárquico, c. Jerárquico impropio, d. Revisión.
3. La queja.
2. La nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos administrativos:
Artículo 19 lopa. "Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal.

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley.

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento lealmente establecido".

- Art. 25 CRBV. "Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo...".
- Art. 138 CRBV. "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".
Artículo 41 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía (2004).
"Están sujetas a la acción de nulidad, ante el órgano judicial competente y conforme con el procedimiento establecido en esta Ley para la revocatoria de la nacionalidad venezolana por naturalización, las Cartas de Naturaleza expedidas en virtud de pruebas o documentos viciados de falsedad o cuando se hubieren expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta Ley".
SSPA N° 295 del 13/3/14.
"En el caso concreto, al señalar el acto administrativo impugnado que la trabajadora Celina Rosa Andrade Mena que padece una enfermedad agravada por el trabajo prestó sus servicios para una empresa que quedó demostrado en autos no era su patrono,
su contenido es de ilegal ejecución pues los efectos del acto recaerán en una empresa ajena a la relación laboral
, cuando de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, arriba trascrito, sus normas son aplicables a las relaciones de los trabajadores y trabajadoras con sus patronos, así como, a las condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio.
Demostrado como ha sido que la certificación impugnada fue dictada contra una empresa que no era el verdadero patrono, razón suficiente para declarar la nulidad del acto administrativo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos...".
SSPA N° 1033 del 11/05/00.
"...la revocación o suspensión de los efectos de un acto administrativo creador o declarativos de derechos a favor de los particulares en forma no autorizada por el ordenamiento jurídico, da derecho a éstos a ser indemnizados por los daños y perjuicios que les cause la revocación o suspensión de los efectos del acto".
SSPA N° 1033 del 11/05/00.
"...la potestad revocatoria de la Administración se limita a los actos no creadores o declarativos de derechos a favor del particular, ya que, si se trata de actos creadores o declarativos de derechos, una vez firmes, los mismos no podrán ser revocados en perjuicio de sus destinatarios por la Administración, por razones de mérito o ilegalidad y que, excepcionalmente, la Administración podrá declarar la nulidad sólo por razones de ilegalidad, esto es, si el acto está viciado de nulidad absoluta, independientemente de que el particular (equívocamente) considere que se le han violado derechos".
SSPA N° 508 del 26/04/11
: "... [La ex jueza accionante] precisó que el acto administrativo cuestionado le impuso tres (3) sanciones, las cuales -a su decir- son excluyentes y, en tal sentido, planteó lo siguiente: “(…) la primera de las penas es la DESTITUCIÓN y destituida ¿cómo es que en el mismo fallo se ordena ser SUSPENDIDA?, ¿cómo se cumple el fallo?, ¿Por cuánto tiempo he sido suspendida? Siendo DESTITUIDA ¿cómo es que se me AMONESTA?...
Ahora bien, el supuesto específico del acto de “imposible ejecución” material, al igual que el acto de objeto indeterminado, es la expresión radical de la ineficacia. La misma palabra lo indica: “imposible ejecución”. Si el acto no es ejecutable por esa imposibilidad material inherente a su objeto, deja de ser tal.
... cabe precisar que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial le impuso a la recurrente las sanciones de destitución y amonestación y, además, declaró su responsabilidad disciplinaria por haber incurrido en una falta que daba lugar a su suspensión, sin que esta última le haya sido aplicada efectivamente.
...[además, según ha expuesto la SPA] aun cuando esté separado del cargo- todos los efectos del acto impugnado (…) en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del recurrente forman parte de sus antecedentes administrativos y como tal deben constar en su expediente personal'.
...se concluye que el acto administrativo impugnado no es de imposible o ilegal ejecución, por cuanto las sanciones impuestas no resultan 'excluyentes' como erróneamente lo apuntó la recurrente de autos...".

SSPA N° 1133del 4/05/06.
"...el vicio de incompetencia sólo da lugar a la nulidad absoluta de un acto cuando es manifiesta o lo que es lo mismo, patente u ostensible, pues como ha dejado sentado la jurisprudencia de este Tribunal, el vicio acarreará la nulidad absoluta únicamente cuando la incompetencia sea obvia o evidente, y determinable sin mayores esfuerzos interpretativos.”
SSPA N° 196 del 11/02/09.
"...el a quo declaró la nulidad de las planillas de liquidación impugnadas, por cuanto a su entender, “(…) consta que las planillas impugnadas aparecen suscritas por una firma ilegible debajo de la cual se lee ‘Firma Autorizada’, sin ningún tipo de identificación, ignorándose cuál era su cargo y sus atribuciones o facultades”.
...
Al respecto, observa la Sala que si bien la planilla de liquidación analizada en el caso de autos aparece suscrita con una firma ilegible sin ningún tipo de identificación, la representante judicial del Fisco Nacional, en la oportunidad de presentar el escrito de fundamentación, consignó movimiento de personal del cual se desprende que la funcionaria firmante de la mencionada planilla de liquidación fue Olivia Espinoza de Quintero, la cual se encontraba adscrita a la División de Administración Seccional en la Primera Circunscripción (Caracas).

Sobre la base de lo anteriormente señalado observa esta Alzada que, para la fecha de la emisión de la planilla de liquidación recurrida, la aludida funcionaria actuó en ejercicio de las competencias que se encontraban establecidas en el Reglamento Orgánico de la Administración de Impuesto sobre la Renta de 1960, tal como lo señala en su artículo 38 ordinal 4°, por lo que el acto administrativo impugnado no adolece del vicio de incompetencia.”.

...[Por lo] expuesto, debe concluirse inexorablemente que el a quo incurrió en un error de interpretación de la Ley, al dictaminar la nulidad absoluta de la planilla recurrida, razón por la cual se revoca el fallo apelado".
1. Que afectan la causa o motivo.
a. Vicio en la determinación y prueba de los hechos (ausencia de causa).
b. Vicio en la calificación de los hechos (falso supuesto).
c. La intencional tergiversación de los hechos (abuso de poder).
(Meier, 2001, 205).
SCPCA N° 100/2014. "
Los vicios que afectan la causa de los actos administrativos pueden comprender, en definitiva, los supuestos siguientes: a) el falso supuesto, que se configura cuando los hechos en que se fundamenta la Administración para dictar un acto son inexistentes o cuando los mismos no han sido debidamente comprobados en el expediente administrativo; b) la errónea apreciación de los hechos, que se produce cuando la Administración subsume en una norma jurídica, hechos distintos a los previstos en el supuesto de hecho de la norma aplicada; c) la errónea interpretación de la base legal, en la cual la Administración interpreta erróneamente las normas jurídicas que le sirven de base para su actuación".
SSPA N° 196 de 12/02/14.
"...examinadas las actas procesales, se evidencia que ni en el acto recurrido dictado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ni en el fallo apelado, se aplicaron las reglas de la concurrencia de infracciones tributarias, vista la imposición mes a mes de la multa por contravención para los períodos impositivos comprendidos desde el mes de febrero del año 2002 al mes de febrero del año 2003.

No obstante lo anterior, al verificarse en el caso sub examine la constatación en un mismo procedimiento fiscalizador de ilícitos tributarios distintos en razón de cada período de imposición, sancionados con penas pecuniarias, corresponde concluir que deben aplicarse las reglas de concurrencia establecidas en el artículo 81 del vigente Código Orgánico Tributario, aun cuando la contribuyente haya incurrido en la misma falta durante varios períodos fiscales, pues cada uno de ellos se encuentra separado, por lo que debe aplicarse para los períodos impositivos comprendidos desde el mes de febrero del año 2002 al mes de febrero del año 2003, la sanción más grave aumentada con la mitad de las restantes debiendo sumarse al resultado de dicha operación el monto de la sanción determinada para los períodos respecto de los cuales resultó aplicable la figura del delito continuado. Así se declara.

Con fundamento en lo anteriormente señalado debe esta Sala declarar parcialmente procedente el vicio de falso supuesto de derecho en el cual incurrió el Tribunal a quo al haber declarado la improcedencia de la figura del delito continuado respecto a los períodos impositivos comprendidos desde el mes de enero del año 2001 al mes de enero del año 2002, motivo por el cual se revoca el fallo apelado en este aspecto. Asimismo, declara procedente el vicio de falso supuesto de derecho al incurrir en la imprecisión de no emplear la decisión recurrida, las reglas de la concurrencia de infracciones establecidas en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001".

2. Que afectan la finalidad del acto administrativo:
La desviación de poder.
(Meier, 2001, 205).
SSPA N° 276 del 20/02/14.
"...la desviación de poder es un vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, y se produce fundamentalmente cuando la actuación de la Administración persigue un fin distinto al querido por el legislador al establecer la facultad de actuar del órgano administrativo, y cuya declaratoria de procedencia sólo se verificará con la demostración de hechos tangibles que prueben el fin desviado, ilegítimo o torcido que efectivamente, la autoridad administrativa persiguiera, sin que pueda ser subsanada por el juzgador, la inactividad probatoria de quien lo alega...".
"...estima la Sala que contrariamente a lo señalado por los apoderados de la recurrente, cuando el artículo 76 del Estatuto de Personal Docente y de Investigación alude a que puede proceder la prórroga de la beca cuando 'la unidad académica lo considere conveniente´, se refiere a la Universidad que otorga el subsidio y no al lugar donde cursa estudios el becario, habiendo quedado claramente establecido al resolver el punto anterior, que la negativa de prórroga se debió a que justamente la autoridad universitaria no consideró conveniente la extensión del beneficio por necesidades académicas de la Facultad a la cual se encontraba adscrita la accionante.

Luego, no extender la subvención a la recurrente porque necesitaban que se reintegrara a su actividad docente, encuadra precisamente en el supuesto normativo del artículo in commento, esto es, el artículo 76 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes. Así, la autoridad universitaria, haciendo uso de la potestad discrecional que le otorga la aludida norma, no extendió la beca por no considerarlo conveniente.

En tal virtud, debe ser declarada la improcedencia de la pretendida desviación de poder y del supuesto abuso del poder discrecional alegado por la parte actora...".

3. La omisión en el iter procedimental de trámites que causan indefensión (vicio grave de procedimiento) (Meier, 2001, 206).
SSPA N° 1698 del 19/07/00.
"...tanto el procedimiento administrativo como las formas que deben guardar los actos administrativos son simples instrumentos destinados a contribuir en que la exteriorización de la voluntad de la administración se haga de forma válida, es decir, ni el procedimiento administrativo ni las formalidades de los actos administrativos son fines en sí mismos, sino canales a través de los cuales son dictados los actos administrativos. Así, sólo si tales canales o formas fallan de manera tal que alteren la voluntad de la Administración o creen algún tipo de indefensión al administrado, acarrearan la nulidad del acto administrativo correspondiente.

En el caso en cuestión, el hecho [de] que el acto administrativo se haya denominado a sí mismo como “Resolución” y que luego se haya referido a sí mismo como “Acuerdo” no es capaz por sí sólo de causar algún tipo de indefensión al recurrente y, mucho menos, de haber alterado la voluntad de la Administración de forma tal que sino se hubiera incurrido en tales menciones, el acto administrativo hubiese sido dictado en sentido distinto. Por tal razón, debe esta Sala rechazar el argumento antes referido y así se declara".

3. La anulabilidad de los actos administrativos:
A. Características y efectos.

B. Supuestos legales.

C. Convalidación, conversión e
incomunicación de invalidez.

Características:
a. No es de orden público:
afecta al particular y no
se declara de oficio.
b. Convalidable.
c. Adquiere firmeza:
No ejercer recursos.
d. Declarable por via de recursos:
Lapsos.
e. Aplica la T. de los derechos adquiridos.
f. Invalidez parcial:
El resto del acto se mantiene.
g. Puede ser causal de suspensión de efectos. (Meier, 2001, 257).
"...sólo tiene efectos futuros"
(Meier, 2001, 253).
Artículo 20 LOPA.
"Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior, los harán anulables".
4. Las irregularidades no invalidantes.
5. La Revocación de los Actos Administrativos:

A. Clases de revocación.

B. La revisión de oficio de los actos administrativos, el ámbito de aplicación y extensión.
SSPA N° 680 de 14/5/14: "
En tal contexto, si bien se constata de los folios 46 y 47 del expediente judicial, que la Resolución de Imposición de Sanción N° 1322 de fecha 17 de marzo de 2008 fue suscrita por un ciudadano cuya firma resulta ilegible y en la que no aparece ni su nombre ni el cargo que tiene dentro de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, lo que en principio acarrearía la nulidad relativa de dicha resolución... el Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT... declaró improcedente la solicitud de revisión de oficio interpuesta por la contribuyente Restaurant El Budare Guaireño, C.A., y en consecuencia, confirmó “el acto administrativo...
Con la actuación por parte del órgano jerárquico superior... quedaron convalidados los aludidos actos administrativos".
Convalidación:
Potestad de la Administración de dotar de validez a un acto viciado de nulidad relativa mediante un acto de enmienda por el que se corrige el elemento viciado, bien sea modificando la actuación irregular o efectuando el trámite omitido.
Meier, 2001, 94
.
Elementos
:
1. No sustituye sino que integra al acto viciado.
2. Si no se ejercita la convalidación puede
impugnarse en sede administrativa o accionarse
en sede judicial.
3. No puede corregir los actos accionados.
4. No aplica en casos de nulidad absoluta.
5. Corresponde al órgano que dictó el acto o a su
superior.

Meier, 2001, 94.
Conversión:
Es la potestad de mantener los efectos del acto administrativo nulo o anulable "por falta de los requisitos propios de la categoría jurídica en la que la voluntad administrativa ha querido colocarlo".

Garrido, Palomar y Losada, 2005, 646.
Tipos
(En España): Ratificación y saneamiento.

Garrido, Palomar y Losada, 2005, 647.
Incomunicación de invalidez:
Regla que impone al órgano que declare la nulidad de un acto el deber de conservar, bien sea los demás actos procedimentales o los demás partes de un mismo acto, siempre que no se vean afectados por aquella.

Parada, 1996, 211

Artículo 21 LOPA
"Si en los supuestos del artículo precedente, el vicio afectare sólo una parte del acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez".
Son los vicios cuya "inobservancia no es causal de nulidad, ni de anulación. Es el principio general en la materia [de procedimiento] por ser las formas [de] carácter instrumental"
(Meier, 2001, 439).
SSPA N° 6065 del 2/11/05:
“Para que pueda invalidarse una decisión administrativa por falso supuesto de hecho, es necesario que resulten totalmente falsos el o los supuestos de hecho que le sirvieron de fundamento a lo decidido. Cuando la falsedad es sólo parcial, pero no absoluta, es necesario verificar si los alcances de aquélla (de la falsedad) son de una entidad tal que puedan conducir a enervar el acto; esto es, en otros términos, que debe evaluarse si abstracción hecha de lo que es falso, el resto de los hechos que sí son ciertos fundamentan adecuadamente o no al acto administrativo; de tal manera que si resultan ciertas y demostradas el resto de las circunstancias de hecho, aun cuando la otra sea falsa, ello necesariamente conduce a que el acto no debe ser anulado.
En el caso de autos, no obstante resultan inciertas tanto una de las circunstancias alegadas la Administración sobre la cual dictó la medida de destitución contra el actor (que la actividad haya estado ligada a alguna actividad política), como una de las agravantes (relativa a la comisión de la falta en forma que perjudique o hayan perjudicado la buena imagen de la Institución), son verídicas el resto de las imputaciones y circunstancias agravantes que se le imputan.
...
Es la veracidad de estas infracciones, que también llevaron al órgano administrativo a adoptar la decisión contra el impugnante, las que ponen en evidencia que los fundamentos de hecho del acto que se revelaron como falsos, constituyan un vicio no invalidante del acto administrativo; lo cual impide en consecuencia su nulidad”.

SSPA N° 868 del 31/05/07
: "La situación descrita configura el incumplimiento por parte de la empresa recurrente a la normativa cambiaria, por lo que resultaba aplicable, tal como lo señaló la Resolución impugnada, el artículo 19 del Decreto Nº 326, en virtud de que dicha renuncia se verificó el 4 de abril de 1995, durante la vigencia del referido cuerpo normativo, por lo que de admitirse bajo estrictos criterios formalistas, contrarios a los principios de justicia consagrados en la vigente Constitución, que la fundamentación correcta de los actos administrativos denominados “Hoja de Reparo con Reintegro” era el artículo 30 del Decreto Nº 714, se estaría en presencia de un vicio no invalidante e intrascendente, toda vez que la norma en la cual pudo sustentarse la decisión administrativa es idéntica en su finalidad a la denunciada como incorrecta, lo cual conduciría a la Sala a desecharla, igualmente, como constitutiva del vicio de falso supuesto de derecho".
SSPA N° 56 del 22/01/14
: "El Profesor... compareció asistido por su abogado... pero no se realizó la imposición de los cargos debido al extravío de la carpeta del expediente disciplinario.
No obstante, al día siguiente (2 de marzo de 2006)... se dejó constancia que... fue hallado el expediente...
Ahora bien, el extravío del expediente disciplinario durante un día en el Archivo del órgano sancionador, a criterio de esta Sala, no resulta decisivo para afectar el resultado del procedimiento administrativo...
De manera que, a juicio de esta Sala, lo denunciado por la parte apelante constituiría, en todo caso, un vicio no invalidante e intrascendente, no susceptible de acarrear la nulidad del acto administrativo impugnado".
Artículo 82 LOPA.
"Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular,
podrán ser revocados
en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico".

Artículo 83 LOPA.
"La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares,
reconocer la nulidad absoluta
de los actos dictados por ella".
Meier
(2001, 96): Revocar / Anular
Gordillo
(www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo13.pdf): Revoca la Administración y anula el juez
Garrido, Palomar y Losada
(2005, 703): Anulación: actos nulos o anulables y revocación: Actos inoportunos o contrarios al interés público.
1. Previsión legal expresa.
2. Procedimiento previo.
3. Indemnización al afectado

(Meier, 2001, 487-491)
SSPA N° 1646 del 30/11/11:
“…una de sus manifestaciones más importantes es la potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y, en consecuencia, la facultad para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa.
Esta potestad se encuentra regulada, en primer lugar, en la norma prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos antes transcrito, en el sentido de que los actos administrativos pueden ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, sea por la misma autoridad que dictó el acto o su superior jerarca, siempre y cuando no originaren derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular.
Por otro lado, la potestad declaratoria de nulidad que está prevista en el artículo 83 eiusdem, autoriza a la Administración para que en cualquier momento, de oficio o a instancia del particular, reconozca la nulidad absoluta de los actos por ella dictados.
Así las cosas, observa esta Sala que si bien la norma antes referida consagra la posibilidad de la Administración de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares los actos por ella dictados, esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalado taxativamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

SSPA N° 1646 del 30/11/11:
"En efecto, esta potestad o poder de la Administración se ve materializada a través del ejercicio de diversas facultades, como lo son la posible convalidación de los actos viciados de nulidad relativa mediante la subsanación de éstos; la revocatoria del acto por razones de oportunidad e ilegalidad, siempre que no se originen derechos subjetivos, a través del reconocimiento de nulidad absoluta y por último, la corrección de errores materiales".
1. Por razones de mérito:
Actos no creadores de derechos subjetivos. Puede revocar actos de gravamen
(Meier, 2001, 100).
2. Por razones de ilegalidad: a.
Actos viciados de nulidad absoluta, aunque se piense que han creado derechos;
b.
Actos anulables, si no han creado derechos.
(Meier, 2001, 101).
SSPA N° 1646 del 30/11/11:
"... la única posibilidad que tiene una autoridad administrativa para revocar un acto administrativo creador o declarativo de derechos a favor de particulares, una vez firme, es que el mismo sea un acto administrativo viciado de nulidad absoluta, pues de lo contrario si se tratase de un acto anulable infectado de nulidad relativa sería irrevocable, si éste crea o declara derechos a favor de particulares".
“(…) REVISIÓN DE OFICIO. En horas del día de hoy 30 de octubre de 2013, (...) en sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ciudadano MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES (...) en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, procediendo a la revisión de Oficio conforme al ejercicio de la Autotutela Administrativa, mediante la cual podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezca, en todo o en parte (...) ‘En fecha 30 de octubre de 2012, se dictó resolución N° 281, notificada en fecha 07 de noviembre de 2012, a la sociedad mercantil Inversiones N.A.61, C.A. (...) Ahora bien, de la revisión y análisis exhaustivo del expediente administrativo formado con ocasión a la Rescisión Unilateral de contrato, realizada en base al punto de cuenta N° 0320 de fecha 18 de julio de 2012, se pudo constatar un error de fondo en la conformación y sustanciación del expediente administrativo, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, (...) se constató que en las notificaciones N° 0210 y 0211 de fecha 30 de julio de 2012, dirigida al ciudadano Nabil Saleh Nassar Vargas, en su carácter de Presidente de la empresa contratista, no cumplen con los requisitos de ley establecidos en el artículo 48 de la ley ut supra mencionada (...) ya que las mismas concedían al contratista tres (3) días para exponer y alegar las pruebas que considerase pertinentes, siendo el lapso mínimo (...)diez (10) días hábiles. Precisado lo anterior y en base al análisis de los aspectos formales relativos a la competencia de la autoridad que dictó el acto, se puede precisar (...) que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas, el cual dispone que será el órgano o ente contratante el facultado para realizar la rescisión unilateral de los contratos que el mismo suscribe, en base a las causales descritas en dicho artículo, por lo cual no debió ser el ciudadano Ministro quien realizara las rescisiones, debido al hecho de que con ello limita en su derecho a la defensa a la contratista, ya que la imposibilita del ejercicio de los recursos dispuestos por ley para su defensa’. (...) En consecuencia, quien suscribe, en base al ejercicio del Principio de (...) Autotutela Administrativa, declara la NULIDAD del acto administrativo de rescisión unilateral del Contrato de Obra MPPRIJ-SIGEPOL-CP-07-2011 (...) suscrito entre el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y la sociedad mercantil Inversiones N.A. 61, C.A. (...) cuya decisión se encuentra contenida en la Resolución Ministerial N° 281 de fecha 30 de octubre de 2012 (...) A los efectos legales consiguientes, se emite la presente Resolución constate de dos (2) folios útiles, en dos (02) ejemplares, de los cuales queda un (1) ejemplar en poder de la sociedad mercantil que firma en señal de notificación de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.(Sic). (Mayúsculas de la cita) (Destacado de la Sala).
Extensión:
Además de cumplir los requisitos de validez del acto administrativo, la Administración está obligada "... a la vigilancia de su actuación, a su examen; y en definitiva, a la enmienda o corrección de los vicios e irregularidades en que el autor del acto haya incurrido al emitirlo..." (Meier, 2001, 83).
"La ley ha conferido potestades a la Administración con el objeto y la finalidad de que intervenga en el control de sus propios actos..."
(Meier, 2001, 85).
1. Concepto
Eliminación de un acto administrativo por las mismas causas de los demás actos jurídicos. Ej. El cumplimiento de una prestación impuesta por el acto o la verificación del supuesto para que opere la condición resolutoria o el término final.

Entrena, 1998, 227.
2. Extinción de actos ilegítimos:
A. Supuestos.
A. Ilegitimidad originaria.

B. ilegitimidad sobrevenida.
(Gordillo. Disponible en: http://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo13.pdf).
3. Extinción de actos legítimos:
A. Por razones objetivas:

a. Extinción de pleno derecho: Por cumplimiento
del término, del objeto y de la condición.


b. Imposibilidad del hecho.

B. Por decisión de órganos públicos no Admnistrativos:

a. Por decisión judicial.
b. Por disposición legal.

4. Extinción de actos legítimos dispuesta por
acto administrativo:
A. Caducidad.
B. Desuso.
C. Revocación por razones de oportunidad.
D. Rescate.

5. Extinción por el particular
de actos legítimos:

A.
Renuncia.

B.
Rechazo.

Extinción por razones objetivas:
"Los efectos del acto administrativo pueden desaparecer por la simple desaparición de las circunstancias que constituyen su soporte; esto es, sin que medie decisión de sujeto alguno dirigida a poner fin a la eficacia del acto"
(Santamaría, 2005, 171).
El acto se extingue por cumplirse sus efectos.
(Santamaría, 2005, 171)
Ej. El permiso para la importación de un bien determinado se extingue con dicha importación.

Los actos de efectos permanentes (como un título universitario) no se extinguen al cumplir su efecto
Por desaparición definitiva e irreversible del objeto sobre el que recae o de la persona. Ej. La autorización para exportar una obra de arte que se destruya o la autorización para presentar en espectáculo público a un cantante que fallece (Santamaría, 2005, 171).
El acto cuya eficacia está subordinada a cierto hecho temporal o un acontecimiento futuro e incierto. (
Santamaría, 2005, 171
). Ej. El RIF (extinción temporal) o la expropiación de finca mejorable certificada por la necesidad de un proyecto especial de producción (Art. 58 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
"Caducidad es la extinción de un acto dispuesta por la administración en virtud del incumplimiento grave y culpable, por parte del particular, a las obligaciones que el acto le creaba. Es pues una sanción, una pena administrativa " (Gordillo. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2. En el mismo sentido: Leal, 1997, 142).
Ejemplos: Extinción de concesiones, extinción de patente de propiedad industrial por falta de pago de tributos (Leal, 1997, 142).
"La caducidad supone que el acto que se extingue fundamentalmente concedía un derecho, creando al mismo tiempo ciertos deberes: es el incumplimiento de los segundos lo que lleva a la extinción del primero y con ello del acto todo" (Gordillo. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2).
"El desuso no comporta una revocación por razones de oportunidad, pues su fundamento no es que el acto ha devenido inoportuno, sino que el particular no ha hecho uso del derecho que el acto le acordaba. La extinción no es imputable a la administración (como en la revocación por razones de oportunidad) sino al individuo y éste no puede pretender indemnización por la extinción del acto, a la inversa de lo que puede ocurrir en la revocación por razones de inoportunidad, que puede dar lugar a indemnizaciones. Difiere a su vez el desuso de la caducidad en que esta última implica un incumplimiento de obligaciones esenciales y es una sanción, mientras que el desuso es el no ejercicio de un derecho que faculta a retirarlo del campo jurídico en base a una voluntad, presumida legalmente, de renunciarlo. Por ello la extinción por desuso puede ser dispuesta sin necesidad del cumplimiento de las mismas formalidades que la caducidad, aunque el desuso debe igualmente estar probado y ser imputable, requiriendo también una intimación previa. Por lo demás, la caducidad puede traer otras sanciones para el individuo,102 que son en el desuso, por no ser una sanción" (Gordillo. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2).
"Se discute si es o no necesaria una cláusula de rescate, aplicable a las concesiones de servicios públicos y a los actos administrativos en general. Es un tema que no puede analizarse aisladamente del derecho internacional que se ha incorporado como derecho interno, a través de los tratados de protección de inversiones extranjeras que protegen contra la nacionalización o estatización de actividades, que no es sino el resultado del rescate o la caducidad cuando se reasume la prestación por el Estado" (Gordillo. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2).
"Es la voluntaria declinación por el interesado, de los derechos que el acto le acuerda. Hay quienes consideran que la renuncia no puede aplicarse fácilmente a un acto administrativo, porque enfatizan en éste su aspecto de fuerza obligatoria...
La renuncia tiene gran similitud con el desuso, sólo que en este caso el particular manifiesta expresamente, su voluntad de no utilizar los derechos que el acto le acuerda y lo notifica a la administración. Los honores y condecoraciones, los derechos de indemnización, las licencias y permisos en la función pública, etc., pueden ser objeto de renuncia. Va de suyo que sólo puede renunciarse a aquellos actos que se otorgan en beneficio o interés del individuo, creándole derechos: los actos que crean obligaciones no se renuncian sino que, en todo caso, se solicita su extinción"
(Gordillo.
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2).
"...cuando la administración dicta un acto de los que requieren el consentimiento del interesado, sin habérselo pedido o haberlo obtenido previamente. En tal caso el interesado puede otorgar su aceptación, con lo cual el acto comienza a producir sus efectos, o en cambio no hacerlo. En esta última hipótesis, a su vez, el interesado puede rechazar formalmente el acto, notificándolo a la administración, o puede en cambio mantener silencio..."
(Gordillo.
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=29380&print=2).
La suspensión:
Cesación provisional de efectos jurídicos.
La extinción:
Cesación definitiva de ellos y del acto.
La modificación:
No hace cesar los efectos sino que los transforma o cambia en algún sentido determinado (
Gordillo.
Disponible en http://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo13.pdf).



(Ver presentación de acto administrativo electrónico).
SSPA N° 2607 del 22 de noviembre de 2006:
"toda medida de arresto emanada de un juez por aplicación de las normas consagradas en los artículos 91, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituye un acto administrativo sancionatorio, por lo que evidentemente atendiendo a la naturaleza de la medida, el conocimiento de su impugnación corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativo" (Criterio reiterado en la
Sent. N° 118 dictada por el JSSPA, el 18 de febrero de 2010
).

SSC N° 1184 del 22 de septiembre de 2009:
"los actos que se derivan del poder procesal reconocido en las normas sancionadoras contenidas en los precitados artículos, son de naturaleza jurisdiccional, y no administrativa, razón por la que esta Sala cambia expresamente el criterio adoptado, entre otras decisiones, en la sentencia N° 1212 del 23 de junio de 2004, caso Carlos Palli, en la que se afirmaron, ente otras cosas, que “Tal potestad disciplinaria está comprendida dentro de los poderes generales del juez, aun cuando no tiene naturaleza estrictamente jurisdiccional, y de allí que la doctrina procesalista, la cual comparte esta Sala, la entienda como un poder procesal, inherente a la condición del Juez en tanto director del proceso (…) poder procesal que se ejerce mediante actos cuya naturaleza jurídica analizó ya esta Sala en anteriores oportunidades, en las que señaló que se trata de actos administrativos de efectos particulares…” (
Criterio reiterado en SSC N° 99 del 25 de febrero de 2011, 472 del 6 de mayo de 2013 y 245 del 9 de abril de 2014 (ilícito judicial constitucional
).

SSPA N° 1041 del 9 de julio de 2014
: "... fue creada la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano integrado por un Magistrado de cada Sala y dependiente directamente del Máximo Tribunal. Este órgano actúa también por delegación,
en todas aquellas funciones administrativas
de control y supervisión conferidas por la Sala Plena, así como cualquier otra establecida en la Normativa antes señalada,
lo que excluye, por supuesto, la función jurisdiccional
, pues ésta corresponde de forma exclusiva al Tribunal Supremo de Justicia y al resto de los Tribunales de la República”.
Ley General de la Administración Pública (Costa Rica):
Artículo 115. Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida, o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y
b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho.

Artículo 116. (1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos...).
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