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La eficiencia en el uso de recursos públicos se traduce en lograr resultados óptimos con un mínimo de recursos, mejorando así la gestión gubernamental.
El profesionalismo implica desempeñar labores con conocimiento, habilidad y diligencia, garantizando la calidad en el servicio público prestado a la ciudadanía.
La honestidad es fundamental en la función pública, exigiendo a los servidores actuar con rectitud e integridad, evitando conflictos de interés y comportamientos corruptos.
Los servidores públicos deben asumir la responsabilidad de sus actos, lo que implica demostrar un compromiso con la transparencia y la ética en su gestión.
La lealtad a los intereses de la nación debe primar en la actuación de los servidores públicos, alineando sus decisiones con el bienestar colectivo de la sociedad.
Cumplir y hacer cumplir las leyes es un principio esencial del Código de Ética, garantizando que las acciones de los servidores públicos se basen en el marco legal vigente.
La transparencia se manifiesta en la obligación de rendir cuentas y facilitar el acceso a la información pública, promoviendo la confianza ciudadana.
La integridad en los servidores públicos se refleja en una conducta ética y profesional constante, fundamental para el ejercicio adecuado de sus funciones.
La imparcialidad implica tomar decisiones objetivas, sin favoritismos o discriminación, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa.
El respeto a todas las personas en el ejercicio de funciones públicas es vital para fomentar un ambiente de confianza y colaboración entre el gobierno y la ciudadanía.
La ASF aplica diversas herramientas como análisis de datos, revisiones documentales y visitas de campo para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Esto incluye auditorías a programas gubernamentales, evaluando su eficiencia y eficacia.
La ASF se organiza en distintas unidades administrativas, tales como la Auditoría Especial de Desempeño, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial Forense, cada una con roles específicos en la fiscalización.
La Cuenta Pública presenta el informe del gobierno federal sobre el uso de recursos públicos durante un año fiscal, revisado por la ASF para asegurar el cumplimiento de leyes. Esta revisión incluye análisis de ingresos, gastos y patrimonio del gobierno.
La ASF planifica sus auditorías basándose en un programa anual considerando riesgos relevantes. Durante las auditorías, recopila evidencia y elabora informes con observaciones que se presentan a la Cámara de Diputados para acciones posteriores.
La ASF es responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. Esto incluye revisar cómo se utilizan por parte de los tres poderes de la Unión y entidades autónomas, garantizando el uso adecuado y eficiente de estos recursos.
La ASF realiza auditorías de desempeño para evaluar la eficiencia y efectividad de los programas gubernamentales. Estas auditorías permiten identificar áreas de mejora y asegurar que los recursos se utilicen de la mejor manera.
La ASF tiene la facultad de investigar y sancionar irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Esto incluye la elaboración de informes que se presentan a la Cámara de Diputados para posibles procedimientos de responsabilidad.
Las auditorías financieras realizadas por la ASF garantizan que los estados financieros de los organismos públicos sean transparentes y precisos. Este proceso es esencial para mantener la confianza pública en la gestión de los recursos.
La Cuenta Pública es el informe anual que presenta el gobierno sobre el uso de recursos durante el año fiscal. La ASF revisa este informe para verificar cumplimiento de las leyes y la correcta utilización de los recursos asignados.