la masacre de mapiripan

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)1​ fue una organización paramilitar contrainsurgente de extrema derecha, que participó en el conflicto armado en Colombia, siendo uno de los grupos criminales que más víctimas ha dejado en el país. Se consolidó como agrupación paramilitar a finales de la década de 19902​ y su principal objetivo era, en principio, combatir a organizaciones de izquierda legales, como el partido político Unión Patriótica (UP) e ilegales como las FARC-EP, el ELN o el EPL en varias regiones de Colombia, aquellas que estaban controladas por varias facciones del grupo guerrillero. En 2006, cuando se desmovilizaron, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano.

AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA.

CARLOS CASTAÑO GIL.

Carlos Castaño Gil (Amalfi, Antioquia, 15 de mayo de 1965​ - 16 de abril de 2004), alias "el Comandante" "el Fantasma" o "el Pelado", fue un jefe paramilitar colombiano, máximo líder de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), grupo paramilitar que aglutinaba varios grupos armados al margen de la ley y que estaban estrechamente ligados a altos mandos militares y políticos colombianos. Dichos grupos se denominaban a sí mismos de autodefensa campesina, y predicaban combatir a las guerrillas marxistas colombianas como el EPL, ELN, y las FARC.

MAPIRIPAN (META)

LA LLEGADA DE LAS AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA.

El día 12 de julio arribaron dos aviones, un Antonov An-32 y un Douglas DC-3 con los últimos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia provenientes de Apartadó y Necoclí, las aeronaves habían despegado desocupadas inicialmente de Bogotá y Medellín, estos últimos descendieron sin complicaciones a pesar de que el aeropuerto estaba controlado por el Batallón Joaquín París y la Policía Antinarcóticos, cerca de allí se reunieron con 200 integrantes más de las AUC que estaban uniformados, armados y listos para entrar a la ofensiva.

El día 13 de julio, las lanchas con algunos integrantes de las AUC fuertemente armados parten de San José de Guaviare al “Barrancon”, base de la Brigada Móvil 2 del ejército, de 3 batallones contraguerrilla, un grupo de Marina y La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, un sargento les dio vía libre hacia Mapiripán, por carretera (La Trocha Ganadera) otro grupo se desplazaba en camiones y vehículos todo terreno, ellos anunciaban a viva voz que eran de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” y llegaban a la región a quedarse, los lugareños curiosos se acercaban a observarlos, la guerrilla se había retirado días atrás de la zona a una reunión interna.

LA MASACRE

Convergen hacia Mapiripán paramilitares provenientes del mismo Meta, del Casanare, Antioquia, Córdoba y de otras zonas del País, que Castaño denominó frente Guaviare de las AUC, igualmente se reúnen con mercenarios extranjeros. Se dispersan por todo el Municipio el 15 de julio, antes de arribar al poblado cometieron los primeros homicidios en la madrugada.

Durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban, con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare, así fueron eliminando las pruebas los victimarios. Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazados.

I. Responsabilidad del Estado

Si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación, las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza de tratado internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho Internacional general. Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional al Estado, así como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el presente caso, deben ser efectuados a la luz de la propia Convención.

Es decir, el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención”

II. Derecho a la vida, integridad y libertad personal en relación a la obligación de respetar los derechos

En consecuencia, y en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas – que el propio Estado mencionó como “aproximadamente 49” –, de las cuales han sido individualizadas los señores José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Antonio María Barrera Calle, Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón, Raúl Morales, Edwin Morales, Manuel Arévalo, Hugo Fernando Martínez Contreras, Diego Armando Martínez Contreras, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Gustavo Caicedo Rodríguez, Enrique Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, Jorge Pinzón López, José Alberto Pinzón López, Jaime Riaño Colorado y Uriel Garzón y la señora Ana Beiba Ramírez.

[E]l Estado no incluyó a los familiares de las víctimas en su reconocimiento de responsabilidad, razón por la cual la Corte entrará a considerar si el Estado incurrió en violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de éstos.

III. Derechos del niño en relación a la vida, integridad personal y derecho a la circulación y residencia

El Tribunal considera que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas, quienes “tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. El artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial.

El contenido y alcances del artículo 19 de la Convención deben ser precisados, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, ya que estos instrumentos y la Convención forman parte de un muy comprensivo corpus juris

IV. Derecho de circulación y residencia en relación con la vida, integridad personal, derechos del niño y a obligación de respetar los derechos.

En razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento y de la amplia gama de derechos que afecta y en atención a dichas circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición individual de facto de desprotección. Esta condición tiene una dimensión social, que se presenta en el contexto histórico específico del conflicto armado interno en Colombia, y conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de los desplazados a los recursos públicos administrados por el Estado.

En relación con esa situación de desigualdad, es pertinente recordar que existe un vínculo indisoluble entre las obligaciones erga omnes de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación (…) En cumplimiento de dichas obligaciones, los Estados deben abstenerse de crear situaciones de discriminación de jure o de facto, y adoptar medidas positivas.

V. Derecho a las garantías judiciales y la protección judicial en relación a la obligación de respetar los derechos.

La Corte estima que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. En el presente caso, no obstante, la Corte valora algunos de los resultados alcanzados en dichos procesos contencioso administrativos, que incluyen algunos aspectos que abarcan las reparaciones por conceptos de daño material e inmaterial, los cuales tomará en cuenta al momento de fijar las reparaciones pertinentes, a condición de que lo resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso.

Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.

ll. PARTE