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Copy of RESPONSABILIDADES DE LOS

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ERNESTO AMADOR

on 12 May 2015

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Responsabilidades
de los Servidores
Públicos.

Contenido
Objetivo General
Los asistentes comprenderán los elementos conceptuales constitucionales, legales y normativos en materia de responsabilidades de los servidores públicos, con el objeto de que traslade a su esfera de competencia laboral el marco jurídico aplicable.

I. Bases Constitucionales del
Servicio Público
Dr. Ernesto Amador Ortega
I. Bases Constitucionales del
Servicio Público
Objetivo: Analizar y precisar la noción general del Estado y su estructura básica, a partir de lo cual se analizará de manera general el concepto de servicio público, sus principios y clasificación; así como la reafirmación del significado de trabajo del servidor público, conforme a los diferentes
preceptos que señala la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Bases Constitucionales del
Servicio Público

Según Giovanni Sartori, el gobierno tiene una doble acepción: designa tanto los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la dirección pública de la colectividad social, como el aparato que hace aquella posible.
 Acción y efecto de gobernar. Conjunto de personas con autoridad y poder para organizar los asuntos públicos de una colectividad nacional y velar por el cumplimiento de las leyes de un país.Conjunto de los ministros superiores de un estado.
 Desde el punto de vista orgánico entraña el conjunto de autoridades del estado, comprendiéndose entre ellas no sólo las administrativas sino a las legislativas y judiciales, formalmente consideradas.
Por lo anterior, entendemos que los mexicanos somos libres, y por tanto, podemos decidir cuál es la forma de gobierno que queremos y a los gobernantes que nos van a representar, respetando la forma de organización de nuestro país. El gobierno se divide para su organización en tres ordenes:
 Federal
 Local
 Municipal

Ejecutivo:
encargado de aplicar lo que marcan las leyes y, con base en éstas, llevar a cabo la tarea de gobernar.

Legislativo:
encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos, para garantizar la coexistencia de la sociedad.

Judicial:
con la labor de cuidar que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos para que exista armonía social.

Generalidad
Uniformidad o igualdad
Continuidad
Regularidad
Obligatoriedad
Persistencia
La gratuidad del servicio

De acuerdo con Serra Rojas, los servicios públicos pueden clasificarse en cuatro grandes categorías si se parte de la competencia de los diversos órganos del estado federal mexicano:

1) Servicios públicos federales
2) Servicios públicos estatales
3) Servicios públicos municipales
4) Servicios públicos internacionales
El marco normativo fundamental de los servidores públicos se encuentra contenido en los siguientes ordenamientos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Código de Ética de los Servidores Públicos
de la Administración Pública Federal

Bien común
Integridad
Honradez
Imparcialidad
Justicia
Transparencia
Rendición de cuentas
Entorno cultural y ecológico
Generosidad
Igualdad
Respeto
Liderazgo

II Ley Federal de Responsabilidades y
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Objetivo: Analizar las diferencias sustantivas entre ambos ordenamientos, los sujetos a los que se les aplica, los conceptos que contienen, los tipos de responsabilidad que señalan, obligaciones y sanciones que abarcan, como parte del sistema integral de responsabilidades de los servidores públicos.
A partir de 2002 en México existen dos leyes de responsabilidades aplicables a los servidores públicos.
Establecer en un solo ordenamiento jurídico la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y en otro los juicios políticos y las declaraciones de procedencia.
Establecer controles y sanciones administrativos, independientemente de la sanción penal a la que haya lugar, contra el tráfico de influencias.
Crear el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados
Imponer a las dependencias y entidades federales la obligación de consultar el registro antes mencionado, de manera previa a la contratación de cualquier persona.
Garantizar la transparencia de la información sobre la situación patrimonial de los servidores públicos, regulando el acceso a la misma por parte del público.


Gobierno
Ámbitos de Gobierno
Los poderes de la Unión son:
Principios del Servicio Público
Clasificación del Servicio Público
Prever la elaboración de códigos de ética en las dependencias y entidades federales, con la participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales.
Otorgar atribuciones para aplicar la Ley al Instituto Nacional Electoral, los Tribunales Agrarios, la Auditoría Superior de la Federación.
Incorporar nuevos servidores públicos a quienes se les aplicará la ley.
Fortalecer a la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Función Pública, para investigar y sancionar a los servidores públicos que violen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
Ampliar los plazos de prescripción para sujetar al procedimiento a los servidores públicos, y
Establecer, por primera vez, el embargo precautorio, a través la Tesorería de la Federación, en contra de los presuntos responsables para garantizar el cobro de las sanciones.
Objetivos:
Objetivos:
Respecto a las disposiciones generales se observa que:
1. Ambas leyes son reglamentarias del Título Cuarto Constitucional, sin embargo, cabe aclarar que la LFRSP norma los cuatro tipos de responsabilidades que regula dicho título: política, penal, patrimonial y la administrativa aún y cuando ésta aplica sólo para el Distrito Federal y en su caso las entidades federativas. Por su parte la LFRASP como su nombre lo indica regula la responsabilidad administrativa y como complementaria de ésta, la patrimonial, en el ámbito federal.
2. Con relación a los sujetos de ambas leyes, la LFRSP considera sujetos de la misma a los servidores públicos que se refieren los párrafos primero y tercero del artículo 108 constitucional (art. 2º); la LFRASP excluye a los del párrafo tercero, considerando sujetos de la misma únicamente a los mencionados en el
párrafo primero, dado que ésta está dirigida a los sujetos de responsabilidad del ámbito federal, al señalar expresamente que “son sujetos los servidores públicos federales” (art. 2º).
III. Derechos de los Ciudadanos al Acceso a la
Información de la Administración Pública Federal

Objetivo: Analizar la importancia del avance del Estado Mexicano de establecer un sistema de acceso a la información pública gubernamental, sus conceptos principales, las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos para solicitar la información, las sanciones por el uso ilegal e inadecuado de los documentos públicos y el significado que tiene en un régimen de transparencia y combate a la corrupción.
El esquema bajo el que se construye la legislación se erige en tres ejes fundamentales:
El primer eje de la ley se refiere a la obligación de los órganos del estado de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados.

Se trata de lograr la mayor transparencia posible respecto de, entre otras cuestiones, los puestos asignados, su monto y ejecución, las observaciones de las contralorías o de la entidad superior de fiscalización al desarrollo del ejercicio presupuestal, los sueldos y prestaciones de los servidores públicos, los programas operativos, los trámites y servicios, el marco normativo, los programas de subsidios, las concesiones y permisos, las contrataciones públicas, información sobre la situación económica, financiera y de la deuda pública.
El segundo eje de la ley consiste en el derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados. La ley, en su diseño, establece un procedimiento detallado aplicable a las dependencias y entidades de la administración pública. Posteriormente, permite que los Poderes Legislativo, Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos implementen, mediante reglamentos o acuerdos generales, procedimientos adecuados a sus propias características, siempre y cuando respeten los mínimos establecidos en la ley.
El acceso a la información se comprende dentro de las más importantes tareas de la agenda democrática nacional, en el entendido de que la democracia, como forma de participación en el gobierno, depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el ámbito público.

Para ello, es indispensable que se cuente con un derecho de acceso a la información efectivo, garantizado por la ley, sobre los asuntos del estado. La rendición de cuentas se erige, además, en un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana.

Es precisamente por lo anterior que una ley de transparencia y acceso a la información puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción. Nuestro país precisa que se establezcan las instituciones idóneas que nos permitan reducir los índices de corrupción pública. El principio de publicidad en la información favorece y posibilita el funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya que contrarresta el anonimato en el ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los actos con sus actores.


Es pertinente añadir que un estado más transparente será por consecuencia más eficiente. Esta mejoría en la eficiencia estatal no sólo se reflejará en el largo plazo en un fortalecimiento del erario público, que es patrimonio de todos los mexicanos, sino también de la economía en su conjunto. Lo anterior se explica al considerar que, acorde a diversas estimaciones de organismos tanto nacionales como internacionales, los costos que representa la corrupción para nuestra economía ascienden a varios puntos porcentuales del PIB, recursos que, una vez reducida la corrupción a su mínima expresión, se reorientarán a actividades productivas como la generación de empleos y el ahorro tanto privado como público.
La conciencia de un compromiso por salvaguardar nuestro estado de derecho y construir un régimen plenamente democrático, se sustenta en los artículos 6º y 8º de nuestra carta magna, que consagran como garantías individuales el derecho de petición y el de información. Por este último, corresponde a todo individuo dirigirse de manera respetuosa a la autoridad, sin que se encuentre limitado en cuanto a la materia de la solicitud. La autoridad queda obligada a responder al particular. En este sentido la solicitud puede consistir en una petición de información.
Con la ley que regula el acceso del ciudadano a la información de la administración pública se establecen los principios y procedimientos que regirán el acceso de los particulares a la información de todos los órganos del estado.

Principio de legalidad, esencial dentro de un estado de derecho, reclama que la actividad de la autoridad se sujete estrictamente a la ley, siendo éste el único mecanismo para obtener seguridad y garantía en el respeto a los derechos de los particulares.
La ley se ha diseñado para aplicarse a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales, así como a los organismos constitucionales autónomos, es decir, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México. Se incluyen como sujetos obligados a las universidades y a las demás instituciones a las que la constitución o la ley otorguen autonomía, así como a los tribunales administrativos.
Principio de la publicidad de la información en posesión del estado. Efectivamente en el artículo 2º, se señala expresamente este principio. Sin embargo, hay que apuntar que su verdadera eficacia sólo se comprende frente al derecho específico que corresponde a los particulares de tener acceso a la información.

El segundo principio consiste en establecer la obligación estricta, por parte de los servidores públicos, de observar las disposiciones de la ley.

Es importante destacar que el concepto de servidores públicos no se limita a los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal sino que, de conformidad con la legislación aplicable, cubre todos aquellos sujetos previstos en el párrafo primero del Artículo 108 constitucional
Un tercer principio de la ley corresponde a la delimitación de la información reservada o confidencial.

Para la elaboración del catálogo de materias reservadas se tomó en cuenta con especial cuidado la experiencia internacional. Es posible afirmar que, en todos los casos, las excepciones previstas en la ley corresponden a los estándares internacionales comúnmente aceptados en la materia y están siempre justificados por un equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés público.
Como último principio, y como parte del objeto de la ley, se señala la protección de datos personales. Existe una clara relación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, no porque se trate forzosamente de dos realidades contrapuestas, sino porque la regulación de ambas debe ser complementaria. En efecto, la publicidad de la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los datos personales de cualquier individuo.
El tercer eje de la ley se refiere a la creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, se prevé la existencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como un órgano con autonomía de operación, presupuestal y, lo más importante, de decisión. Este órgano innova la manera en que la administración pública federal enfrenta su proceso de apertura.
La autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se dará en dos niveles, el primero, se actualiza con la autonomía de decisión, es decir, para efecto de sus resoluciones, el Instituto no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
El segundo, al ser el Poder Judicial de la Federación el garante del control constitucional, la iniciativa preserva la jurisdicción constitucional como el medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra CPEUM, a través del juicio de amparo que es la última instancia de la que disponen los justiciables.
Responsabilidades y sanciones de carácter administrativo para aquellos servidores públicos que usen, destruyan, oculten, divulguen o alteren indebidamente información que se encuentre bajo su custodia, así como para aquellos que nieguen intencionalmente información considerada como pública o entreguen la que tenga carácter de reservada o confidencial
a) Delitos por el manejo indebido de información y documentos públicos.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 63, establece las causales de responsabilidad administrativa de los servidores públicos respecto al uso de la información. Estas son:
I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a la ley.

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial.
IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en la ley.
V. Entregar información considerada como reservada o confidencial.
VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso.
VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Poder Judicial de la Federación.

a) Usar indebidamente información (Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterarla).
b) Actuar negligentemente en la resolución de solicitudes de información.
c) No proporcionar información pública.
d) Clasificar dolosamente como reservada información que no cumple con las características.
e) Proporcionar información clasificada como reservada o confidencial.
f) Proporcionar información incompleta.
g) Negarse a proporcionar información solicitada por órganos jurisdiccionales.
De acuerdo a la norma jurídica mencionada, en concreto las causales de responabilidad administrativas son:
Si alguna conducta de los servidores públicos encuadra en una de las causales mencionadas, entonces existe la posibilidad potencial de configurarse la responsabilidad administrativa del servidor público

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 13, establece una serie de sanciones administrativas, las cuales son:
I. Amonestación privada o pública;
II. Suspensión del empleo
III. Destitución del puesto;
IV. Sanción económica, e
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrá de seis meses a un año de inhabilitación. Y cuando ésta se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.
También aclara “para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia”.
Este conjunto de sanciones son exclusivamente del orden administrativo, es decir, derivadas de un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio por el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia en contra de un servidor público, y que una vez resuelto, puede traer como consecuencia la aplicación de una sanción que impacte en su cargo, empleo o comisión.
Hay una cuestión muy delicada que también es importante analizar, pues las consecuencias legales pueden impactar en la perdida de la libertad del individuo, nos referimos a las sanciones en materia penal respecto al uso de los expedientes o archivos públicos, reguladas en los artículos 214 fracción IV, 381 fracción XIV y 397 fracción III, del Código Penal.
b) Delitos en el manejo de archivos públicos
Existen varios delitos en que pueden incurrir los servidores públicos relacionados con el uso de expedientes y archivos públicos, entre estos se encuentran: el ejercicio indebido del servicio público, robo de documentos públicos y daño a propiedad ajena.
Es importante que los servidores públicos que hacen uso o administran archivos en las dependencias gubernamentales conozcan estos delitos tipificados en el Código Penal, pues no necesariamente se configuran cuando de manera intencional se realizan sino también se pueden configurar de manera culposa, es decir, cuando no existe intención de hacerlo.
Ejercicio indebido del servicio público
El artículo 214 fracción IV del Código Penal establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el servidor público que “por si o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo cargo o comisión”
De esta disposición se puede establecer que:

a) Comete este delito aquella persona que lo realice por sí misma y;
b) Comete el delito aquella persona que se valga de otra para cometerlo.
En este sentido, es importante mencionar que en el ámbito archivístico.

Este delito se podría configurar al momento de pretender realizar una baja documental, pues si se destruye documentación solo porque ya no tenemos espacio en los archivos, sin considerar las vigencias documentales establecidas en la norma jurídica y además no nos apegamos a la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación, y aunado al hecho de ser una decisión propia, se puede incurrir en una responsabilidad de carácter penal.

Por otra parte, si se utiliza ilícitamente la documentación conservada en los archivos con el objeto de sacarle provecho, como por ejemplo sacar un juego de fotocopias de un expediente o documento público a cambio de una “pequeña mordida”, dicha acción puede configurar este delito, además de existir la posibilidad de poderse tipificar el delito de cohecho .
Ocultar la información tiene que ver fundamentalmente como una forma de negar el servicio en los archivos, cuando se oculta un expediente es común que sea para darle ventaja a alguien en algún juicio o simplemente para retardar algún proceso ya sea de carácter administrativo, civil o penal.

Para este delito el Código Penal Federal establece una pena de 2 a 7 años de prisión, multa de 30 a 300
veces el salario mínimo diario vigente y destitución e inhabilitación de 2 a 7 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública.
Robo de documentos públicos
El Código Penal Federal en su artículo 367 establece que robo es el “apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”. Pero ¿qué es apoderarse de algo? y ¿qué es un mueble?. Por apoderamiento debe entenderse como “la aprehensión material de una cosa, con ánimo de obtener el dominio de la misma”. Mientras que por muebles, a los “cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior”. . Entonces, robar consiste en apoderarse de una cosa ajena mueble sin el permiso del legítimo propietario.

Entonces, los documentos, expedientes y archivos de oficinas públicas son considerados por la Ley de Bienes Nacionales como bienes muebles, por consiguiente estos son parte del patrimonio de la nación.
El Código Penal Federal establece en su artículo 381 fracción XIV, que es robo de documentos públicos cuando el apoderamiento sea “de expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos públicos, de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública”.

En este artículo se puede establecer que la configuración del delito de robo de documentos públicos, se puede dar en los casos siguientes:
a) Cuando el apoderamiento sea contra documentos o expedientes de oficina o archivos públicos
b) Cuando el apoderamiento sea contra expedientes judiciales.
IV. Sujetos y Responsabilidad Administrativa
en el Servicio Público
Objetivo: El participante analizará los diferentes niveles de servidores públicos y de responsabilidades administrativas correspondientes que señala la legislación correspondiente, a fin de precisar el alcance de las obligaciones y sanciones que conllevan en el derecho administrativo mexicano.
Son sujetos en materia administrativa los señalados en el primer párrafo el artículo 108 constitucional y regulados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
En ambas leyes se establecen las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos, mismas que de no ser observadas dan origen a actos u omisiones, que son considerados como causales de responsabilidad administrativa. Dichas obligaciones pasaron en su mayoría de la LFRSP a la LFRASP.

De las que únicamente se contemplan en la ley aplicable al Distrito Federal (art. 47) son:

Observancia de las reglas de trato y abstención de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad.

Respeto y subordinación a los superiores jerárquicos mediatos o inmediato.

Desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular prohibido por la ley.
Sobre el mismo tópico la LFRASP elimina,
añade o en su caso incorpora las obligaciones
que debe cumplir el servidor público (art. 8),
siendo éstas, las siguientes:
Incorpora como obligación la rendición de cuentas sobre el ejercicio de las funciones que ejerce el servidor público.
Elimina la especificación que se hace respecto a autorizar periodos de inasistencia por causa injustificada (por 15 días continuos o 30 discontinuos en un año).
Se incorporan como autoridades facultadas para dar instrucciones, solicitar requerimientos o emitir las resoluciones que deberá atender diligentemente el servidor público, al contralor interno y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades.
Incorpora la figura de intereses en conflicto. Como complemento de la obligación de proporcionar en forma oportuna y veraz, información y datos que la institución en materia de defensa de los derechos humanos le solicite.

Se elimina la autorización previa y específica de la secretaría a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad de que se trate, para celebrar o autorizar la celebración de contratos o pedidos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios, contratación de obra pública o de servicios.

Se le prohíbe inhibir a los quejosos de presentar o formular denuncias o de realizar cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten.
Se le prohíbe aprovecharse de la posición que le confiere su empleo, cargo o comisión para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir la realización de un acto de su competencia en beneficio propio o de su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el propio servidor o las personas mencionadas formen o hayan formado parte.

Se le prohíbe adquirir para sí o para terceros, bienes inmuebles que puedan incrementar su valor o que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o de las que haya tenido conocimiento por motivos de su cargo.
Destaca en la LFRASP (art. 9) las normas que disponen que el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar las siguientes obligaciones hasta un año después de haber concluido sus funciones:

No aprovecharse para sí o para terceros:

De su influencia u obtener ventaja derivada de la función que desempeñaba.
De usar la información o documentación a la que haya tenido acceso y que no sea del dominio público.
De participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron, desempeñando cargos como Directores en el INE, siendo Consejeros o Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
V. Obligaciones en el Servicio Público
Objetivo. Revisar las obligaciones a que están sujetos los servidores públicos, diferenciando claramente la función de la obligación.
Los individuos considerados por la ley suprema con el carácter de servidores públicos, los encontramos en el título cuarto, apartado en donde se regula todo lo concerniente a las responsabilidades a que están sujetos. El artículo 108 de dicho ordenamiento, considera como servidores públicos: a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que despeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Nacional Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; al Presidente de la República, quien durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común; a los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, quienes serán responsables por violaciones a esta constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Así, todos los servidores públicos mencionados en el artículo 108 y quienes manejen o apliquen recursos económicos federales, están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de Los Servidores Públicos, y de acuerdo con el artículo 47 de esta ley, tendrán la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo cumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas”.
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les ha encomendado, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo; de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, conserve bajo su cuidado; de observar buena conducta en su empleo, observar de igual manera respeto y subordinación legítimas con respeto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos; de desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función; de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con lo que la ley señala y denunciar los actos u omisiones en que éstos incurran.
Los términos responsabilidad y responsable, se utilizan en sentidos distintos aunque no del todo inconexos; el significado más frecuente atribuido en contextos morales y legales es el de la responsabilidad por los propios actos; uno es responsable si pudiera haber actuado de forma diferente y, por ello, está sujeto a censura, alabanza o castigo. En política y administración pública, el sentido más común y claro hace referencia a los deberes asociados a un término responsabilidad, cargo o institución. La responsabilidad implica que hay determinadas tareas que los servidores públicos deben de cumplir en virtud del cargo que ocupan
Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;
Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;
De acuerdo al artículo 8º de la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública,
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad,
Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la ley
Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó,
Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;
Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito;
Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones . Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;
Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso;
Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley;
Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;
Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos;

Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
Denunciar por escrito ante la secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa;
Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;
Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir aque otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas.
Abstenerse de adquirir para sí o para las personas, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.
Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas
VI. Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Objetivo: Analizar los diferentes tipos de responsabilidades a que están sujetos los servidores públicos, así como su régimen de sanciones.
Como acertadamente lo señala Fix -Zamudio, “la falta de cumplimiento de los deberes de la función pública por los trabajadores públicos origina responsabilidades de naturaleza diversa con respecto de la administración pública y de terceros”

Sabemos, que existen determinados hechos jurídicos que tienen la virtuosidad de engendrar o dar lugar al nacimiento de obligaciones, la ley reconoce a tales hechos determinados efectos, constante la presencia de un nexo causal. Uno de los efectos más comunes estriba en el nacimiento de las obligaciones de indemnizar -entendida en su sentido más amplio-, como la responsabilidad civil. Estas obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos y de los actos u omisiones ilícitos. En el anterior tenor de ideas, todos y cada uno de los servidores públicos están obligados a cumplir con la responsabilidad civil, en igualdad de circunstancias que el resto de los particulares, ya que por esta responsabilidad no gozan de ninguna protección o fuero. Así, todos están obligados a pagar la renta, cumplir con sus contratos; pueden ser requeridos por un juez cívico, responder a una demanda de divorcio, y en general, a todo lo que concierne a la materia civil; por lo que pueden ser requeridos y sancionados por la autoridad competente, si no cumplen con su obligación.
a) Responsabilidad civil
b) Responsabilidad administrativa
Incurre en responsabilidad administrativa, el servidor que por sí por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación de las quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten.

En cuanto a este tema, la constitución en su artículo 113, señala: “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones”
La fracción III, del 109 constitucional, mandata que “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos y omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

Conforme al Artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistirán en:
Amonestación privada o pública;
Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;
Destitución del puesto;
Sanción económica, e
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.


La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Son sujetos de la ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 4, de la citada ley: “Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República”.


Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;
La Secretaría de la Función Pública;
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
Los tribunales de trabajo y agrarios;
El Instituto Nacional Electoral;
La Auditoría Superior de la Federación;
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
El Banco de México, y
Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.
En el ámbito de su competencia las autoridades facultadas para aplicar la citada ley, serán:
En principio, diremos que al igual que el resto de los particulares todos los servidores públicos están sujetos a responsabilidad penal, pero en el caso de algunos de ellos el tratamiento es distinto, ya que primero se tiene que llevar a cabo un juicio de desafuero, llamado también declaración de procedencia, previsto en el artículo 111 de la ley fundamental. Figura que analizaremos detalladamente más adelante.

Es menester señalar que dentro del Código Penal Federal, específicamente en el Título Décimo, I, existen un catálogo de delitos y sanciones imputables exclusivamente a los servidores públicos. Es decir, que estos funcionarios deben responder por los ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y precisamente en razón de estas, y al igual que el resto de los ciudadanos por los delitos cometidos aunque no tengan relación alguna con las funciones que desempeñan.
c) Responsabilidad penal
Delitos cometidos por servidores públicos
“Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.
Artículo 213. Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el juez tomará en
cuenta, en su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
Delitos cometidos por servidores públicos
Artículo 213-Bis. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempañar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Delitos cometidos por servidores públicos
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
Ejercicio indebido de servicio público
IV.-Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de tres días a un año de prisión, multa de treinta o trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
V.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Al infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondrán de dos años a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Ejercicio indebido de servicio público
Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;
IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley;
Abuso de autoridad
Abuso de autoridad
V.- Cuando el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;

VI.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;

VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;
VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;

IX.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;

X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;

XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; y
Abuso de autoridad
XII.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Abuso de autoridad
Artículo 216. Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.

Coalición de servidores públicos
Artículo 21. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I.- El servidor público que indebidamente:

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la federación;
B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública federal, y del Distrito Federal.
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

Uso indebido de atribuciones y facultades
III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. Al que cometa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Uso indebido de atribuciones y facultades
I. Bases Constitucionales del Servicio Público

II. Ley Federal de Responsabilidades y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

III. Derecho de los Ciudadanos al acceso a la Información

IV. Sujetos y Responsabilidad Administrativa En el Servicio Público

V. Obligaciones en el Servicio Público

VI. Responsabilidades y Sanciones Administrativas

VII. Autoridades competentes

VII. Procedimiento de aplicación de Sanciones

IX. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos

Artículo 218. Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Concusión
Tráfico de Influencia
Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.


Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Cohecho
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios.
Peculado
Artículo 223. Comete el delito de peculado:
I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y
IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
Enriquecimiento Ilícito
Artículo 224. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia.
Fuero o Inmunidad Constitucional
De acuerdo a nuestra ley fundamental, los funcionarios que gozan de fuero federal son: Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Diputados de la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del INE, los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, los miembros de los Consejos de la Judicaturas Locales.
Declaración de procedencia o juicio de desafuero
El desafuero es la privación del fuero a un funcionario público, este recurso se utiliza para poder hacerlo sujeto de responsabilidades penales. La ley fundamental, determina en el artículo 108, que los funcionarios públicos, “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones”, aunque la distinción entre responsabilidad política y penal no siempre ha estado esclarecida como veremos más adelante.
El delito de traición a la patria, se encuentra regulado en el Libro Segundo, Título Primero, denominado “Delitos contra la seguridad de la nación”, I, del Código Penal.

“Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

III. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la república, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;

IV. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la república, o ésta se halle en estado de guerra;

V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;

VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión en el territorio nacional o de alterar la paz interior;
VII. Proporciona dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra a persona, grupo o gobiernos extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;

VIII. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;

IX. Proporcione a un estado extranjero o grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban auxilios;

X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de estado extranjero o solicite que aquél haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;
d) Responsabilidad política
Es la responsabilidad ética y moral que el servidor público guarda frente al pueblo; y la cual se finca a través del Juicio Político.
Juicio Político
En el lenguaje jurídico el vocablo juicio, del latín judicium, tiene distintas acepciones: Referido al aspecto personal concierne al litigio entre partes que ha de concluir con una sentencia definitiva, o bien por desistimiento del actor, allanamiento del demandado o transacción de ambos, cuando esto es lícito y posible. Escriche enseña que el juicio es: “la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente; o sea, la legítima discusión entre el actor y el reo ante juez competente que la dirige y determina con su decisión o sentencia definitiva”.
El Código Civil en su artículo 1916, señala que se entiende por daño moral “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”...
Por su parte, el artículo 1916-Bis, del mismo código, dispone que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6° y 7° de la constitución general de la república”.

Marco jurídico del juicio político en México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula las responsabilidades de los servidores públicos. El artículo 109 en su fracción I señala que “se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Agrega además, que “No procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.
Sujetos, sanciones y órganos encargados de sustanciar el juicio político.
De acuerdo con el ordenamiento constitucional, podrán ser sujetos de juicio político los “senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral.”
Sanciones y resoluciones
“Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
Órganos
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
Comentarios al artículo 110 Constitucional
La lectura del artículo en comento nos lleva a diversas reflexiones entre ellas, en primer término, considero importante resaltar que en dicho precepto los presidentes municipales y los delegados políticos
(funcionarios del Distrito Federal) no son considerados como sujetos de juicio político, a pesar de que ambos manejan recursos públicos y son elegidos por los ciudadanos. Vacío que en diversas ocasiones se repite en las constituciones locales, las cuales olvidan señalar en su catálogo de funcionarios a los presidentes municipales.
Tesis sobresalientes de la Suprema Corte de Justicia
“La resolución expedida por el oficial mayor que declara improcedente la tramitación de una denuncia de hechos, no tiene el carácter de definitiva aun cuando se haga por acuerdo de su presidente"
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
La ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos reglamenta el título cuarto de la constitución, en materia de: los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como lasque se deban resolver mediante juicio político; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones; las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y, el registro patrimonial de los servidores públicos.
Artículo 6º.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Artículo 7º.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales;
IV.- El ataque a la libertad del sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;
VI.- Cualquier infracción a la constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

Artículo 8º.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Artículo 9º.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7º., De esta propia ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5º. De esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales.
Artículo 10.- Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
Artículo 11.- Al proponer la gran comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12.- La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;
b) Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de justicia, para la tramitación correspondiente. La Oficialía Mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una de las coordinaciones de los grupos partidistas representados en la Cámara de Diputados.
c) La Subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7º. de la propia Ley, y si los elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la subcomisión desechará de plano la denuncia presentada.
d) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones, y
e) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la sección instructora de la Cámara.

Artículo 13.- La Sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.
Artículo 14.- La sección instructora abrirá un período de prueba de 30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesarias.
Artículo 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.
Artículo 16.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento.
Artículo 17.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.
Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:

I.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;
II.- Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado;
III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8º de esta ley, y
IV.- Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.
Artículo 18.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la sección instructora las entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que harán saber los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos.
Artículo 19.- La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción.
El nuevo plazo que se conceda no excederá de quince días.
Artículo 20.- El día señalado, conforme al artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su presidente. En seguida la secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la sección instructora. Acto continuo se concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos.
Artículo 21.- Si la Cámara resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el Senado.
Artículo 22.- Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección de enjuiciamiento, la que emplazará a la comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días naturales siguientes al emplazamiento.
Artículo 23.- Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.
Artículo 24.- Recibidas las conclusiones por la secretaría de la Cámara, su presidente anunciará que debe erigirse ésta en Jurado de sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la secretaría a citar a la comisión a que se refiere el artículo 21 de esta ley, al acusado y a su defensor.
Para finalizar este apartado, se hace hincapié en la necesidad de adecuar las normas correspondientes a las exigencias actuales. La estructura de las Cámaras se ha reformado, por ejemplo, ya no existe grancomisión ni oficial mayor como se señala en la ley para llevar a cabo el procedimiento del juicio político, sino que hoy existen nuevas figuras y órganos que habría que dotar de elementos y obligaciones desde la propia ley, y no a través de acuerdos parlamentarios, los cuales a fuerza de ser honesto diré que distan mucho de la legalidad. En realidad son muchos los ordenamientos que se necesitan adecuar, otro ejemplo es el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala que la Comisión Jurisdiccional estará integrada por un mínimo de 12 y un máximo de 16 diputados, de entre los cuales cuando así se requiera se conformará la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos, pero no se señala cuáles son las funciones de la comisión jurisdiccional, la cual se entiende que no es especial, ni ordinaria pero a la cual tampoco se le atribuyen tareas específicas.
El Presidente de la República como Sujeto de Juicio Político
En México, el Presidente de la República no es sujeto de juicio político, asunto que ha despertado en diversas ocasiones polémica entre la opinión pública y ha dado origen a interesantes debates en el seno del Congreso.
La razón fundamental que se ha esgrimido para no someter a juicio político a los presidentes de la república es, porque la constitución general no lo establece. El Presidente de la República no está mencionado en el listado de funcionarios públicos del artículo 110 de la ley fundamental.
e) Responsabilidades resarcitorias
La responsabilidad resarcitoria responde a la idea de que el estado pueda exigir al servidor público, el pago derivado de una irregularidad en el ejercicio sus funciones, y que cause daños y/o perjuicios al patrimonio o a la hacienda pública en sus diferentes niveles de gobierno, cuando se detecten irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación, administración de bienes, fondos, valores y de recursos económicos públicos, o bien, cuando se deriven de la sustanciación del procedimiento de reclamación patrimonial en los términos de la ley de la materia.
Sobre la responsabilidad resarcitoria la
Ley señalada mandata que:
En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de la audiencia, ésta se acordará favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita fehacientemente los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los quince días naturales siguientes, dejando constancia de la notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado al promovente.
Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles; son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados, domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre y los días que declare como no laborables la Auditoría Superior de la Federación mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:30 horas. En caso de que se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y sólo podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, caso fortuito o por necesidades del servicio, mediante el acuerdo respectivo.
Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente. Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a aquél en que hayan sido practicadas.
En el procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de previo y especial pronunciamiento ni la prueba confesional de las autoridades, así como tampoco aquellas pruebas que no fueren ofrecidas conforme a derecho, o sean contrarias a la moral o al derecho.
El importe del pliego definitivo de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios, o ambos, causados a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose de contribuciones.
La Auditoría Superior de la Federación deberá solicitar a la Tesorería de la Federación proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva. El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, a satisfacción de la Tesorería de la Federación.
En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la Auditoría Superior de la Federación, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.
La secretaría deberá informar semestralmente a la Auditoría Superior de la Federación y a la comisión, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.
El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta ley, deberá ser entregado, por la secretaría a las respectivas tesorerías de las entidades fiscalizadas de la federación que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Auditoría Superior de la Federación podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando las causas de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de 2000 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que cometa la infracción. Los infractores no podrán recibir este beneficio dos veces y se harán acreedores a un apercibimiento por escrito.
VII. Autoridades Competentes
Objetivo: Analizar las diversas unidades administrativas encargadas de ejercer los supuestos legales de procedimiento, sustanciación, fincamiento de responsabilidades y sanción, con especial énfasis en los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y órganos Superiores de Fiscalización, que conforman un universo administrativo especializado.
La primera disposición es genérica y abarca la diferente gama de autoridades administrativas, comprendiendo las siguientes:
I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;
II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;
III.- La Secretaría de la Función Pública;
IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
V.- Los tribunales de trabajo y agrarios;
VI.- El Instituto Federal Electoral;
VII.- La Auditoría Superior de la Federación;
VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IX.- El Banco de México, y
X.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.
De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, existen dos tipos de autoridades competentes para aplicar la ley.
La segunda disposición es procedimental y se trata de facultar para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la ley a los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación
Del fincamiento de responsabilidades resarcitorias
Artículo 50.- Para los efectos de esta ley incurren en responsabilidad:
Artículo 51.- Las responsabilidades que conforme a esta ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la hacienda pública federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.
Artículo 52.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere este capítulo, se constituirán en primer término, a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales, que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden al servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
Artículo 53.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas y de la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.
La Unidad de Evaluación y Control de la ASF, dependiente de la Cámara de Diputados, establecida
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
La Secretaría de La Función Pública
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VIII. Procedimiento de Aplicación de Sanciones
Objetivo: Analizar el procedimiento administrativo disciplinario al cual pueden ser sujetos los servidores públicos conforme al marco legal existente.
En las dependencias y entidades de la administración pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. La secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

El artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas al respecto mandata lo siguiente:

La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la ley, y demás disposiciones aplicables.
II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;
III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.
IX. Registro Patrimonial de los servidores públicos
Objetivo: Revisar la normatividad vigente sobre el registro patrimonial de los servidores públicos.
Los artículos 79 y 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos señalan a la letra:
ARTÍCULO 79.- La secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3º., en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta ley señala:
I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, Tesoreros y Directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda;
I Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de la misma;
II.- En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de departamentos hasta el de Presidente de la República, además de los previstos en las fracciones IV, V y IX de este artículo;

III.- En la Administración Pública Paraestatal: Directores Generales, gerentes generales, subdirectores generales, subgerentes generales, directores, gerentes, subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos;
IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, incluyendo Delegados Políticos, Subdelegados y Jefes de Departamento de las Delegaciones;
V.- En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción II hasta los de Procurador General de la República y Procurador General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y policías judiciales;
VI.- En el Poder Judicial Federal: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de cualquier categoría o designación;
VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y Secretarios o sus equivalentes;
VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de junta y Secretarios o sus equivalentes; y
IX.- En la Secretaría de la Contraloría General: Todos los servidores públicos de confianza.
IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.
V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.
a) Medios de defensa del
servidor público
Objetivo: Analizar la importancia de los medios de defensa existentes de los cuales los servidores públicos pueden hacerse valer en caso de que le sean fincadas responsabilidades administrativas.
En el artículo 25 de la LFRASP, existen dos procedimientos especializados para la defensa de los servidores públicos ante la imposición de sanciones disciplinarias: uno es mediante el recurso administrativo de revocación y el otro a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
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