Cobro Coactivo en Entidades Territoriales

Características

- Procedimiento especial.

- Definido y regulado en una ley.

- Es una actuación administrativa y no jurisdiccional (Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2000.

Iniciación e Impulso del Proceso

Corresponde al funcionario ejecutor, de oficio, la iniciación e impulso del proceso, con base en los documentos que reciba y que constituyan título ejecutivo, ya que en este tipo de procesos no se requiere que exista demanda. En este proceso no podrán debatirse cuestiones que debieran ser objeto de recursos por la vía gubernativa. (Art. 829-1 E.T.). Los funcionarios ejecutores deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.

Actuación y Representación del Deudor

En el proceso de cobro administrativo coactivo, se siguen las reglas generales de capacidad y representación previstas en los artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario, de tal suerte que cuando el deudor es una persona natural, puede intervenir en el proceso en forma personal, o por medio de su representante legal, o de apoderado que sea abogado. Cuando se trate de personas jurídicas o sus asimiladas, el deudor podrá actuar a través de sus representantes, o a través de apoderados. Dentro de este proceso no es viable la representación por curador ad litem.

Competencia Funcional y Territorial

La competencia es la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo. En relación con el procedimiento administrativo coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional, que está referido al cargo que ostenta el funcionario, y el territorial, referido al área física del territorio nacional sobre el cual se ejerce dicha competencia.

Facultad de Venta de Cartera Coactiva

Con la reforma tributaria de 2016, se dejó abierta la posibilidad de vender la cartera coactiva, es así como la Ley 1819 de 2016 establece en su artículo 370:

Adiciónese un inciso 2° al artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, así:

“Las entidades públicas de que trata el inciso anterior, podrán vender la cartera coactiva que tengan a su cargo a la entidad estatal colectora de activos públicos Central de Inversiones CISA S. A., quien tendrá para el efecto la facultad de cobro coactivo de los créditos transferidos, conforme al procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Los procesos de cobro coactivo ya iniciados que se transfieran a CISA, continuarán su trámite sin solución de continuidad.”

¿A qué entidades CISA le ha comprado paquetes cartera?

CISA le ha comprado paquetes de cartera a: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CREMIL, CASUR, ICA, INCODER, FINDETER, FNG, FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE COMERCIO, MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, SUPERINTENDENCIA SOLIDARIA, Y FIDUCIARIAS COMO FIDUPREVISORA, FIDIAGRARIA, FIDUALIANZA, FIDUPOPULAR, entre otras, como voceras de patrimonios autónomos que manejan recursos o activos provenientes del Sector Público.

Ley 136 de 1994

"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios."

Artículo 91 (Modificado por el artículo 29 de Ley 1551 de julio 6 de 2012), señala las funciones de los Alcaldes así: “Los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

(...) D) En relación con la Administración Municipal:

(...) 6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor de municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso administrativa y de Procedimiento Civil.” (Negrilla fuera de texto).

Ley 387 de 1997

Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.

"Artículo 66. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional".

Ley 788 de 2002

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones

"Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluido su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.”

Ley 1066 de 2006

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.

• Determinó la obligatoriedad del establecimiento de reglamento interno de cartera, para las entidades públicas que entre sus funciones o en la prestación de servicio tengan que recaudar rentas o caudales públicos. (Artículo 2)
• Objetivos de la norma: i) dotar de facultad de cobro coactivo a todas las entidades del Estado, incluyendo a los órganos autónomos y entidades con régimen especial previsto en la Constitución; y ii) unificar el procedimiento de cobro coactivo para todas ellas, utilizando las herramientas de eficiencia y flexibilidad previstas en el Estatuto Tributario. (Artículo 5)
• Se hizo imperativo adoptar el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional (en adelante ETN) para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor, la ley 1066 no estableció ningún criterio de excepción para la aplicación de las normas procesales establecidas en el ETN, por el contrario incluyó a los órganos autónomos y a las entidades con régimen especial constitucional.

Dificultades en la unificación del procedimiento aplicable parta el cobro coactivo de las obligaciones a favor de las Entidades públicas.

Ejemplo: Los entes de control fiscal, atendiendo la especialidad de las normas de control fiscal establecidas por las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, requirieron de un pronunciamiento del Consejo de Estado, quien intento dirimir la disparidad de criterios con el siguiente enfoque “la Contraloría General de la República debería tramitar de forma independiente dos procedimientos de cobro, uno cuyo título estaría constituido por el fallo con responsabilidad fiscal, sometido a lo normado por las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, por su naturaleza especial e inescindible del Control Fiscal, en tanto que los demás títulos base de cobro como por ejemplo multas de carácter disciplinario o más recientemente cláusulas penales a contratistas, estarían cobijados por el procedimiento administrativo coactivo previsto por el ET".

Ley 1819 de 2016 establece en su artículo 370: Adiciónese un inciso 2° al artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, así:

“Las entidades públicas de que trata el inciso anterior, podrán vender la cartera coactiva que tengan a su cargo a la entidad estatal colectora de activos públicos Central de Inversiones CISA S. A., quien tendrá para el efecto la facultad de cobro coactivo de los créditos transferidos, conforme al procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Los procesos de cobro coactivo ya iniciados que se transfieran a CISA, continuarán su trámite sin solución de continuidad.”

Decreto Reglamentario 4473 de 2006

Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.

Estableció el deber de expedir el Reglamento de Recaudo interno y su contenido mínimo y sus artículos 1 y 2 respectivamente.

“Artículo 1°. Reglamento interno del recaudo de cartera. El reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad.

Artículo 2°. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera. El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.

2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva.

3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor entre otras.

Ley 1473 de 2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes."

Reglas de procedimiento establecidas por la ley 1437 de 2011 (Artículo 100)

1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.

2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el Estatuto Tributario.

3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario.

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil ( hoy CGP) en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

Consejo de Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil Consejero ponente: GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR 05 junio de 2014 Rad: 11001-03-06-000-2013-00401-00 (2164).

Del análisis sistemático de las disposiciones que sobre la materia introdujo el CPACA se puede colegir que en los procedimientos administrativos de cobro coactivo se deberán observar las siguientes reglas de conformidad con lo conceptuado por el Consejo de Estado:

i) “ Los procedimientos de cobro coactivo regidos por leyes especiales se seguirán por lo dispuesto en ellas;

ii) En ausencia de tales procedimientos especiales de cobro deberán aplicarse: el título IV del CPACA (artículos 98 a 101), las disposiciones contenidas en el Libro V, Título VIII del Estatuto Tributario, en sus artículos 823 a 843-2, y las normas que lo modifiquen o adicionen, en concordancia con la Ley 1066 de 2006;

iii) En lo no previsto en leyes especiales o en el Estatuto Tributario, se aplicarán las reglas de procedimiento de la parte primera del CPACA, y

iv) En lo no previsto en dicha parte primera, se aplicará el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular. Hoy Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) , se aplicará este último en lo pertinente.”

Ley 1564 de 2012

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

El Consejo de Estado al considerar que para los asuntos que competen a la jurisdicción contenciosa administrativa, el C.G.P., SÍ tiene vigencia plena desde el día 1 de enero de 2014 y no de forma gradual, por considerar que: i) Desde la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 se implementó para la jurisdicción contenciosa administrativa, el sistema mixto con tendencia a la oralidad, ii) El Acuerdo del C.S. de la J., se refiere a la aplicación gradual por distritos judiciales del C.G.P., siendo que la distribución de la jurisdicción administrativa es un esquema de organización departamental; iii) Atendiendo al efecto útil de la norma, no es posible aplicar el Acuerdo cuando a la fecha ya están dadas las condiciones necesarias para la implementación de la oralidad en los procesos administrativos, iv) Esta interpretación es la que mejor acoge los principios de eficiencia y celeridad previstos en la Ley 270 de 1996.

RECIBO Y RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

ESTUDIO DE TÍTULOS Y/O DE LOS DOCUMENTOS

AUTO DE AVOCAR CONOCIMIENTO

Liquidación de costas:

• ¿Qué son las costas?:

Todos los gastos en que incurre la Administración para hacer efectivo el crédito (art. 836-1 E.T.), tales como honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, publicaciones, entre otros.

• ¿Quién debe pagarlas? El ejecutado.

• ¿Cómo se liquidan las costas? Se determinan sobre la suma que el contribuyente realmente debía pagar. Art. 836-1 del E.T.N.

Liquidación de crédito y costas:

- Provisional: Ejecutoriada la Resolución que ordena llevar adelante la ejecución, se procede a liquidar el crédito y las costas, actuación que consiste en sumar los valores correspondientes a cada uno de estos conceptos, con el fin de saber con certeza cuál es la cuantía que se pretende recuperar con el remate.

- Final: Después del remate, se hace una nueva liquidación con los intereses ajustados a a la fecha del remate.