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Desde los tiempos prehispánicos Bolivia ha sido un país minero, durante la colonia y desde la creación de la república.
En 1952 se creó la COMIBOL que controló el 75% de la industria minera nacional y se constituyó en la principal fuente de ingresos del país, hasta su cierre tras la caída del precio de los minerales en 1985.
Al exterior del país la minería propiciaba el desarrollo capitalista del país al capital extranjero, inglés. Al interior, el auge de la minería vino de la mano de la segunda época dorada de las haciendas.
La ley de Exvinculación, aprobada por el gobierno
de Frías en 1874, muestra con claridad hasta qué punto se hallaban implicados los intereses terratenientes con los de la minería y la naciente banca.
Una vez concluida la Guerra del Pacífico, la oligarquía, derrotada en una confrontación que no quiso, se mostró altiva al interior y se abalanzó sobre las comunidades indígenas.
El ferrocarril rompió la unidad mina-ingenio. Huanchaca estaba en condiciones de hacer grandes envíos de mineral a menor costo El ferrocarril permitió la exportación de mineral crudo, de la mina de Pulacayo al saco, sin que sea procesado.
El ferrocarril terminó por cambiar las mercancías nacionales por las de la costa aprovechando el Pacto de Tregua (1884).
Los ferrocarriles tecnificaron solamente la economía colonial, acelerando el ritmo
con que se vaciaba de
materias primas el país,
desde tiempos
pre-republicanos.
Durante el periodo de auge, la minería de la plata había dejado al país, como ingresos fiscales,solo un 4% anual del valor total exportado.
Cuando los precios internacionales
tocaron fondo a finales de siglo
se derrumbó la
minería de la
plata.
El mercado fluctuante ha permitido nuevamente la reactivación del sector de la minería.
En la nueva Constitución Política del Estado plantea en su artículo 349 lo siguiente: “Los recursos naturales son de propiedad y de dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.