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Privatizacion del agua

Estos razonamientos llevan a considerar que la mejor manera de obtener los máximos

niveles de abastecimiento de agua es concesionando el servicio a empresas privadas. El punto de vista contrario considera el acceso al agua como un derecho humano, que

no puede restringirse por razones económicas y ha sido expresado en resoluciones

de las Naciones Unidas.

La salud del individuo depende en mayor parte de la calidad de agua que beben

En America Latina y el Caribe de los 510 millones de habitantes,

56 millones no tiene acceso a agua limpia mientras que los

132 millones de habitantes restantes si tienen acceso a agua potable

El Consejo Mundial del Agua, organizador de los Foros Mundiales del Agua, creado

en 1996 por el Banco Mundial y empresas privadas del agua y transnacionales de la

alimentación, impulsa la privatización del agua. Se basa en tres principios:

1. El agua debe ser considerada como un bien puramente económico, una

mercancía.

2. El acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano.

3. El agua debe ser considerada como un recurso precioso como el

petróleo.

En Argentina no sólo se privatiza el servicio de agua y cloacas sino que también se

privatizan de hecho las decisiones políticas sobre dicho servicio. El resultado es que los planes de inversiones (qué se va a invertir y dónde) y las políticas tarifarias termina decidiéndolas la empresa, mientras que el Estado sólo confirma esas decisiones. La empresa concesionaria decidió (y el Estado aceptó) conectar miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires con servicio de agua potable, pero sin proporcionarles cloacas

Siguiendo los principios del Consenso de Washington, la Constitución ecuatoriana de

1998 establece que el agua potable y el saneamiento son responsabilidad del Estado,

pero que podrán ser prestados por el Estado o por empresas mixtas o privadas, las

que no sólo podrán ser concesionarios sino inclusive propietarios de las redes de

provisión de agua. A partir del año 2002, el municipio de Quito proyecta ampliar los

servicios de agua potable y saneamiento de las parroquias orientales de la ciudad,

mediante la contratación de empresas privadas

Un balance del modelo de privatización del agua en América Latina señala que “este

proceso ha ignorado que los mercados necesitan leyes y estructuras para funcionar

adecuadamente y que el regulador más necesario es el Estado. Sin flujo libre de

información, sin competencia y sin control de externalidades los mercados no

funcionan como deben”21. Agreguemos que este mercado monopólico sólo ha

proporcionado beneficios a los grandes operadores del agua, sin mejorar la calidad de

los servicios y empeorando el acceso social al agua.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=UA_In6psWOw

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