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Epígrafe 12.3
LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA. CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES. LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DECONVERGENCIA Y LA CREACIÓN DEL EURO.
Ya en época franquista, el gobierno de Franco solicitó
a la Comunidad Económica Europea la apertura de negociaciones para una futura adhesión. Sin embargo, este organismo había establecido como condición de acceso la existencia de un gobierno democrático. En 1970 se conseguía firmar un acuerdo preferencial limitado al intercambio comercial y con la muerte de Franco en 1975 las esperanzas del europeísmo aumentaron.
Ingreso
La integración de España en la CEE se convirtió en uno de los principales objetivos del primer gobierno de Felipe González, que finalmente conseguía en 1985 firmar el Tratado de Adhesión, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1986.
El proceso de adaptación de los sectores
productivos a las exigencias del mercado y del
ingreso en la CEE comportó una severa
reconversión industrial.
Desde la efectiva integración de España en la Unión se
han sucedido otras ampliaciones y nuevos proyectos que han ido marcando las líneas generales de la Unión Europea. Destacan los siguientes:
Las negociaciones de entrada coincidieron con la crisis de 1979, provocada por la segunda crisis del petróleo, lo que endureció las condiciones de ingreso de España:
En el terreno político la integración en Europa consolidó el recientemente estrenado sistema democrático y reforzó el Estado de derecho español y las relaciones diplomática.
La incorporación supuso también ventajas en cuanto a la política antiterrorista (colaboración policial europea para detenciones
y facilidades de extradición), a través de la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia. Asimismo, España suscribió el Acuerdo Schengen en 1991 lo que supuso la eliminación
progresiva de los controles en las fronteras entre
los Estados miembros.
Los efectos de la incorporación fueron muy notables y se
tradujeron en una época de crecimiento económico sin precedentes para la España contemporánea. En esta dinamización económica tuvo un papel destacado el flujo de capitales invertidos en España, atraídos por la mayor confianza política y económica. España tuvo, entre 1986 y 1992, un crecimiento del PIB superior a los países de la Comunidad Económica Europea (4,8 frente a los 2,9% de la UE).
Para la expansión económica española fue decisiva la aportación de los recursos comunitarios llegados por la vía de los Fondos Estructurales (ayudas regionales, agrícolas y sociales destinados a fomentar el empleo y la movilidad geográfica y profesional de os trabajadores) y de los Fondos de Cohesión (subvenciones y ayudas para reducir los desequilibrios económicos y sociales de la UE).
Sin embargo, otros sectores como el lácteo o el pesquero sufrieron importantes limitaciones. Además, nuestra economía se vio
forzada a adaptarse a un mercado más competitivo
que el español.
Gracias a este crecimiento económico se ha favorecido la consolidación en España del Estado de bienestar, que garantiza a los ciudadanos unos niveles mínimos de protección social (seguro de desempleo, cobro de pensiones) además de la universalización de los servicios básicos como la sanidad y la educación (atención sanitaria universal y derecho a la enseñanza hasta los 16 años).
En 1992, se firmó el Tratado de Maastricht, por el que la CEE pasó a denominarse Unión Europea y por el que se establecieron una serie de reformas para profundizar en la unión económica.
La creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) fue el logro más importante, destinado a sustituir al sistema monetario europeo. Los criterios de convergencia económica que darían derecho a los Estados a formar parte de la Unión Económica y Monetaria:
- La estabilidad de precios: la tasa de inflación no podía ser superior al 1,5% respecto a los tres estados de la Eurozona con menor inflación.
- Las finanzas públicas saneadas: teniendo en cuenta el PIB y el déficit público.
- La estabilidad en los tipos de cambio: el Estado debía participar en el mecanismo de los tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo sin ninguna ruptura durante los dos años precedentes al examen de la situación.
- Las tasas de interés a largo plazo: el tipo de interés nominal a largo plazo no debía ser superior en un 2% a la media de los tres estados con menores
tasas de inflación.
Cuando se aprobó el I Programa de Convergencia, los objetivos parecían factibles para una economía española que ofrecía una inflación descendiente, un crecimiento superior al 2% del PIB, y un déficit y una deuda pública próximos a los límites establecidos. Pero el escenario económico cambió radicalmente en 1992, cuando el boom económico de la segunda mitad de los ochenta terminó de forma abrupta.
En España, la crisis llegó con cierto retraso, pero desde 1993 se instaló con fuerza (el déficit público pasó del 4,4 al 6,78%, la demanda interna cayo cuatro puntos porcentuales y la peseta se devaluó más de un 7%). Pero la rápida recuperación económica mostró los efectos de la incorporación de
España a la Unión Europea. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la crisis fue tan aguda como corta en el tiempo, y en 1994 el crecimiento ya superaba el 2% del PIB.
Esta recuperación acercó a España al cumplimiento de los criterios de Maastricht. Las elecciones de marzo de 1996 dieron el triunfo al Partido Popular, cuyo programa económico continuó intentando cumplir con los requisitos para formar parte de la Unión Económica y Monetaria.