2016
2017
Se abre una causa judicial a partir de la denuncia realizada por el diputado kirchnerista Norman Darío Martínez por la existencia de dos sociedades offshore (Fleg Trading y Kagemusha). Luego se suma el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que sugiere medidas de prueba. El juez Sebastián Casanello cita a declarar al periodista Hugo Alconada Mon y a Silvia Martínez, ex funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) y abogada especialista en delitos financieros.
El fiscal de la causa, Federico Delgado concluye que, hasta 2015, Macri continuaba teniendo acciones en las dos compañías relacionadas directamente con Fleg Trading (movimientos desde 1998 hasta 2007).
Tras dos meses sin novedades, se incorpora al expediente el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que registró una inconsistencia en conceptos y valores entre las declaraciones juradas presentadas por Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2014.
La Justicia brasileña envió documentación sobre Fleg Trading (Pago Fácil) a la Cámara Federal. Por otra parte, el diputado Darío Martínez amplía la denuncia contra Macri (participación en entramado societario en Brasil, vinculado al grupo Sociedad Macri SOCMA).
Información sobre el “modus operandi” del “clan” Macri durante la época de la estatización de los créditos del sector privado, tomados en el exterior. Se vincula directamente a la denuncia de las sociedades offshore destapadas por la filtración de Panamá Papers.
El juez Casanello ordena citar a testigos claves (por Fleg Trading), aportados por el diputado, Darío Martinez.
Franco, Mauricio y Mariano Macri figuran como directores de Fleg Trading.
Según el diputado Darío Martínez, “Cancillería no colabora ” con la investigación, pero Macri asegura que tanto él como el organismo proporciona datos a la justicia. Sin embargo, la causa continúa igual.
El fiscal Delgado pide acelerar el caso y pone a Franco Macri bajo la lupa. Requiere a juez Casanello buscar más pruebas.
Detienen a los abogados del estudio panameño Mossack & Fonseca.
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) niega la existencia de delito por parte de Mauricio Macri y sólo profundiza en la hipótesis de evasión fiscal ya que se considera un delito menor (el lavado sería sólo por parte de su padre Franco).
El juez Casanello se declara incompetente y abandona la causa al entender que “no hay elementos de que se haya cometido delito”. El fiscal Delgado apela esta decisión y debe resolver la Cámara Federal . Se suma el dato de que el jefe de la Unidad Información Financiera (UIF), Mariano Federici, posee dinero en un paraíso fiscal.
El fiscal Germán Moldes concluye que Macri no incurrió en el delito de lavado de dinero y sostiene que debe investigarse la hipótesis de la evasión de impuestos en la Justicia en lo Penal Económico. Los jueces de la sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deben resolver si la causa cambia de fuero o continúa en la Justicia Federal.
La Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Martín Irurzun y Eduardo Farah, decide que el delito no es lavado sino evasión. La investigación pasa a la Justicia en lo Penal Económico. Por otra parte, la denuncia por la declaración jurada de Macri queda en manos de la Justicia de Instrucción.