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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 20

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Luz Marina Alcaraz Henao

on 9 April 2016

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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002 AL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO.
NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
La constitucionalización del sistema de enjuiciamiento penal colombiano, ha sido desarrollada jurisprudencialmente, especialmente a partir de la Carta de 1991. [JURISPRUDENCIA].

No tuvimos en Colombia hasta 1991 una definición normativa de Constitución Política. [DEFINICION].

En el siglo XIX era más importante y eficaz la Constitución como norma. [HISTORIA]

NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
El artículo 4° de la Constitución Política de Colombia dice que es “norma de normas”, recogiendo con tales expresiones la influencia del constitucionalismo norteamericano y las corrientes de pensamiento que en España encabezó el profesor Eduardo García de Enterría. [BIOGRAFIA]

En el nuevo sentido la constitución, si bien cuenta con una definición, sigue siendo un concepto complejo. Es una norma jurídica con proyecciones políticas y para comprenderla en su integridad no son suficientes los razonamientos jurídicos, sino que es necesario recurrir a otros elementos: políticos, sociológicos, culturales, etc. [FERDINAND LASALLE]
NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
Todo derecho penal permeado por una Constitución Política como la de Colombia, se dirige a garantizar los bienes e intereses de las personas restringiendo los derechos de unas a título de sanción, pero, en ese horizonte, es también promotor de los derechos fundamentales de los asociados. [DERECHOS]

Separa los actos que generan reproche social y los degrada como delitos, de los que las personas realizan para vivir y desarrollarse en términos normales.

La idea de Estado de Derecho Liberal ha evolucionado por la manera como fue precisándose y completándose la concepción sobre los derechos humanos, para avanzar hacia el Estado Social de Derecho. [DERECHO LIBERAL/ESTADO SOCIAL DE DERECHO].


NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
La importancia de los derechos humanos como cimiento del Estado Social de Derecho ha conllevado que a las constituciones modernas se incorporen listas de tales derechos y acciones especiales para protegerlos, tales como las acciones populares y de tutela. [DERECHOS HUMANOS/DIH].

La elaboración o modificación de las leyes y su aplicación están selladas por la determinación de su compatibilidad con la Constitución y, por ende, por su respeto de los derechos humanos.

La tarea del legislador y de los órganos competentes para aplicar las normas penales, destinada a prevenir o solucionar conflictos, se refleja en ponderar los derechos fundamentales en tensión. [LEY ESTATUTARIA LEY 270/96].

NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
La Constitución no es la única cantera de la cual se extraen los bienes o intereses jurídicos que merecen protección penal, porque también emanan de los tratados internacionales. [ART. 93 Y 94 CONSTITUCIÓN POLITICA].

Las relaciones entre Constitución y derecho penal no pueden ser imaginadas separadamente sino inspiradas en la fórmula política que la primera consagra y, por la misma senda, la creación de normas penales, su interpretación y aplicación deben hacerse de conformidad con la filosofía y axiología constitucionales.
NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
El artículo 3 de la ley 906 de 2004 dice que en la actuación procesal prevalece lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad. [BLOQUE CONSTITUCIONALIDAD].

El aludido bloque de constitucionalidad impone interpretar los alcances del sistema penal con tendencia acusatoria introducido en Colombia, a la luz de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de 1991 y en los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario

NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO
Del artículo 29 de la Constitución Política puede deducirse un concepto de proceso judicial. [DEFINICION].

Proceso Judicial es el conjunto de actos que deben agotarse y son necesarios para adoptar una decisión que dirime un conflicto, declara una situación o reconoce un derecho.

Es debido proceso, si existe antes de realizarse el acto que se imputa a una persona, se desarrolla ante juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.
ACTO LEGISLATIVO NRO. 003 DE 2002
El Acto Legislativo número 03 de 2002, introdujo entonces una marcada tendencia acusatoria del proceso penal, que si bien de una parte tiene por objeto la protección de bienes jurídicos de alta consideración en procura de obtener un orden social justo.

Cimienta en la protección y la garantía de los derechos fundamentales del implicado y de la víctima.

El procedimiento penal actual limitó las facultades judiciales de la Fiscalía General de la Nación a eventos eminentemente excepcionales.

ACTO LEGISLATIVO NRO. 003 DE 2002
Frente a los actos de investigación que pudieren afectar derechos fundamentales, estableció controles de legalidad que deben surtirse ante los jueces, guardando el equilibrio necesario entre la eficiencia del procedimiento y el respeto a los derechos del inculpado y de la víctima, materializando de esta forma el bloque de constitucionalidad.

La base del sistema acusatorio colombiano se encuentra en los principios y normas rectoras que integran su estructura.

Las normas rectoras incluidas en el título preliminar explican su razón de ser desde una perspectiva esencialmente constitucional, es decir, su contenido permite afirmar la naturaleza constitucional del proceso penal, en la medida en que marcan los derroteros filosófico y teleológico de los derechos y garantías fundamentales.


ACTO LEGISLATIVO NRO. 003 DE 2002
Se mantiene en la Fiscalía General de la Nación la función de adelantar el ejercicio de la acción penal y en consecuencia le corresponde investigar los hechos que tienen características de un delito, identificar sus autores y partícipes, y promover la acusación ante los jueces competentes.

Crea la figura del juez con función de control de garantías
.

Aunque la persecución penal sigue siendo una obligación constitucional para la Fiscalía General de la Nación, se introduce la posibilidad de suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal en aplicación del principio oportunidad.

Las funciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación se restringieron a eventos excepcionales, específicamente determinados en la Constitución y la ley.

ACTO LEGISLATIVO NRO. 003 DE 2002
Le corresponde asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, solicitando al juez que ejerce funciones de control de garantías la adopción de las medidas de aseguramiento a que haya lugar.

El ente acusador está facultado para ordenar, en el curso de las investigaciones, registros, allanamientos, incautación de bienes e interceptación de comunicaciones, sometiendo a control judicial posterior los motivos fundados que sirvieron de base para decretarlas, junto con la orden y los resultados, dentro de las treinta y seis horas siguientes.

La Fiscalía General de la Nación deberá asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. De ser necesaria la imposición de medidas adicionales que afecten los derechos fundamentales, se debe obtener la autorización del juez de control de garantías.

ACTO LEGISLATIVO NRO. 003 DE 2002
Precluir las investigaciones cuando no exista mérito para acusar.

Le corresponde al juez de conocimiento ordenar, a solicitud de la Fiscalía, las medidas judiciales para asistir a las víctimas, disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con la conducta punible.

El numeral 7º del artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, asignó a la Fiscalía General de la Nación la facultad de velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 116, 250 Y 251 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTICULO   116. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 2002
. El nuevo texto es el siguiente: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.


ARTICULO   116. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 2002.
Adicionado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2012
Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:
1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.
2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.
3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. 
4. Las demás funciones que le asigne la ley. El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedi­miento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.
Parágrafo Transitorio. El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer las funciones asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente.


ARTICULO  250. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 03 de 2002.
El nuevo texto es el siguiente: La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.


ARTICULO  250. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 03 de 2002.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.
Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.

ARTICULO  251. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo No. 03 de 2002
ARTICULO  251. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo No. 03 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:
 Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Modificado por el art 3, Acto Legislativo 006 de 2011. Con el siguiente texto: Investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero Constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.


ARTICULO  251. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo No. 03 de 2002
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.
3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 116, 250 Y 251 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Los administradores de justicia en el artículo 116 de la Constitución Política.

Lo novedoso de esta modificación es la facultad atribuida a los particulares para actuar como jurados en las causas criminales, incluyéndolos en la categoría de quienes administran justicia de manera transitoria.

Reflejo de ese dispositivo es el contenido del numeral 8, artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Si bien en la actualidad no se encuentra reglamentada la intervención del jurado en el proceso penal, las disposiciones comentadas permiten vislumbrar la posibilidad de su futuro establecimiento

MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 116, 250 Y 251 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El Constituyente diseñó el marco general de acción para cada uno de los órganos, asignó funciones y atribuciones expresas para garantizar la efectividad de las funciones que cada uno cumple.

Las funciones constitucionales atribuidas a cada uno no son las únicas que pueden desarrollar estos órganos, como quiera que la ley puede conferirles nuevas atribuciones. El análisis del artículo 282 superior lleva a la conclusión que el numeral 8° de esta disposición señala claramente que la enumeración de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo realizada por el Constituyente, no es taxativa, pues se permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan.

Las funciones especiales del Fiscal General de la Nación El Acto Legislativo introdujo en el numeral 3, modificatorio del artículo 251 de la Constitución Política, la posibilidad de que el Fiscal General de la Nación asuma directamente las investigaciones y procesos, sea cual fuere la etapa procesal en que se encuentren.



MUCHAS GRACIAS
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