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Responsabilidades de los servidores públicos

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by

Lucero García Mendoza

on 29 April 2016

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Transcript of Responsabilidades de los servidores públicos

Responsabilidades de los servidores públicos
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
¿Quién es un servidor público?
Representantes de elección popular
Miembros del Poder Judicial de la Federación
Funcionarios y empleados
Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía
El funcionario decide, representa la voluntad del Estado
El empleado ejecuta, realiza comportamientos materiales para cumplir las decisiones de los funcionarios
¿Qué diferencia hay entre un funcionario y un empleado?
Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público.
Recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
RESPONSABILIDAD
Presupone un deber que constituye la conducta, que de acuerdo con el orden jurídico, se debe de hacer u omitir

Supone una obligación
Huertado Cisneros
Capacidad de un sujeto de derecho de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos realizados consciente y libremente
Fernández Ruiz
La responsabilidad se entiende como el surgimiento de una obligación o sanción en un caso determinado o determinable, como resultado de un
acto específico

Carlos Santiago Nino
Obligaciones o funciones derivadas de cierto cargo
Responsabilidad
Responsabilidad
Sentido de factor causal
Responsabilidad
Capacidad y estado mental
Responsabilidad
Punible o moralmente reprochable
Responsabilidad
La Responsabilidad Política
Se constituye cuando el servidor público, específicamente, aquel cuya función tiene trascendencia en el colectivo y por su evidente nivel jerárquico superior, en el ejercicio de sus actividades incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales
Se determina mediante el Juicio Político
Cualquier ciudadano puede denunciar
conductas
de un funcionario público que afecten al interés público
Su condición no se cierne sobre la comprobación de la existencia de un delito , si no a la identificación de determinadas conductas cometidas por los servidores públicos que atentan contra el Estado de Derecho

¿Qué procede una vez generada la denuncia?
Juicio Político
Establrcido den el art. 7° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Art. 110 Constitucional

Juicio Penal
Sí se trata de bienes y personas al servicio del Estado; mientras que si se considera a este como un proceso meramente político las cuestiones formalmente legales se verán desplazadas
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos
Publicada en 1982

En ella se establecen los intereses públicos fundamentales, los actos punibles y el procedimiento para el juicio político
Artículo 47° de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en la función pública
Actos sancionables por juicio político
Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones
Cualquier omisión al punto anterior
El ataque a las instituciones democráticas
El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal
Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales
El ataque a la libertad de sufragio
La usurpación de atribuciones
Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal
1. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la Cámara de Diputados. Toca a Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.
2. La Cámara de Diputados actúa como órgano instructor y de acusación y a la Cámara de Senadores como Jurado de Sentencia
3.La Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, al proponer la constitución de Comisiones, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar el procedimiento
4.El escrito de denuncia se presenta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y ratificarse dentro de los 3 días hábiles siguientes por el ciudadano demandante
Después dicha Secretaría lo turna a la Comisión que corresponda; la Subcomisión de Examen Previo procede en un plazo no mayor de 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos previstos en la Ley
5. La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado
6. La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones
7.Si la denuncia es procedente, la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara
8. la Sección Instructora informando al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer o informar por escrito (30 días)
9. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado, la Sección formulará sus conclusiones, donde se justifique la terminación o la continuación del procedimiento
10. De ser inocente el inculpado se declarará que no ha lugar a proceder en contra de él, en caso contrario se citará en las conclusiones de la Sección Instructora:

• Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;
• Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado;
• La sanción que deba de imponerse; y
• Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores en concepto de acusación para los efectos legales respectivos.

Procedimiento del Juicio político
art. 110° Constitucional y art. 8° LFRSP
 Funcionarios del poder ejecutivo federal
 Administración centralizada
 Los secretarios de Estado
 Jefes de Departamento Administrativo

 El titular del órgano u órganos del gobierno de la Ciudad de México
 El Procurador General de la República
 El Procurador de Justicia de la Ciudad de México

 Directores de organismos descentralizados, empresas públicas y otras entidades de la administración para-estatal Directores Generales o equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, y fideicomisos públicos

 Miembros del Poder Legislativos y Representantes electos de la Ciudad de México
 Senadores y Diputados Federales, así como la asamblea de representantes de la Ciudad de México

 Miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial de la Ciudad de México
 Miembros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de circuito y jueces de distrito; y los magistrados y jueces del fuero común de la CDMX

 Funcionarios de las Entidades Federativas
 Gobernadores de los Estados, diputados locales y los magistrados de los tribunales superiores.

SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO
Responsabilidad Administrativa
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto
Las sanciones administrativas previstas para este tipo de infracciones son la suspensión o la destitución del puesto, la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, la amonestación pública o privada de los servidores públicos y sanciones económicas.
¿A quén aplica la ley?
I.-Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;
II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal
III.- La Secretaría de la Función Pública
IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
V.- Los tribunales de trabajo y agrarios
VI.- El Instituto Federal Electoral
VII.- La Auditoría Superior de la Federación
VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
IX.- El Banco de México;
X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones
XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y
XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.
Guido Pincione
RESPONABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil del servidor público se traduce en la obligación de reparar el daño por parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada, a diferencia de la penal, en la que responde frente a la sociedad representada por el Estado
Voluntariedad
El sujeto activo realizó el acto por una manifestación de su voluntad

Intencionalidad
Esta vinculada a la descripción de la acción
La diferencia entre ambas recae en que la voluntad no varía con las distintas descripciones posibles de la acción, en tanto que la intencionalidad sí
Sistema actual de responsabilidades
Es un sistema diseñado a partir de un compromiso de campaña de Miguel de la Madrid
Programa de Renovación Moral de la Sociedad
Dicha demanda no requerirá declaración de procedencia o desafuero y se regirá por los principios del derecho común. El sistema de regulación de este tipo de responsabilidad se encuentra contenido, esencialmente en los artículos del Código Civil Federal
Posibilita:
La reforma constitucional al Título IV de la CPEUM
La expedición de la Ley Federal de Responsabilidades
Código Civil Federal Art. 31, 1913, 1927 y 1928
Se permitió establecer el contenido normativo de las siguientes responsabilidades:
Responsabilidad administrativa
Responsabilidad política (Juicio Político)
Responsabilidad penal (Declaración de Procedencia)
Responsabilidad civil
Juicios políticos en México
Se encuentran reflejados en los artículos 108 -104 del Título IV Constitucional
¿Qué fue lo más detacado?
Todo servidor público queda obligado a servir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia los intereses del pueblo, sin importar su rango
Se establece la distinción entre delitos oficiales y delitos del orden común
Responsabilidad Penal
La responsabilidad penal deriva de alguna acción u omisión realizada por algún servidor público
La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación personal
Art. 109 constitucional
En el Código Penal Federal se establecen
11 diferentes delitos
, los cuales el sujeto activo, es decir, el que las realiza, deberá de tener la calidad de servidor público. Sin embargo, también otra cualquier persona que las realice o participe de ellas, deberá de ser sancionado aunque no sea servidor público
I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin
satisfacer todos los requisitos legales.
II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha
revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar
gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la
administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados,
empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y
fideicomisos públicos, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o de
los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no
informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente
información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de
la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los
que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los
mismos, y
VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o
dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier
forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o
sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
1. Ejercicio indebido de servicio público
2. Abuso de autoridad
Desaparición de personas
I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o
el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese
objeto;
II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin
causa legítima o la vejare o la insultare;
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga
obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;
IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de
obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente
ante él, dentro de los términos establecidos por la ley;
V. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad
competente para que le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente.
La misma previsión se aplicará tratándose de peritos.
VI.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las
sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y
rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que, sin los requisitos
legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada
de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida,
si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;
VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase
inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto
estuviere en sus atribuciones;
VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y
se los apropie o disponga de ellos indebidamente.
IX.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas
u otro servicio;
X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o
comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de
cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio
para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;
XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad
competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que
lo haga con conocimiento de tal situación;
XII.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier
persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en
dicha identificación;
XIII. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura;
XIV.- Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, del Código Federal
de Procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su
actividad.
XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a
disposición de la autoridad correspondiente, y
XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad.
3. Coalición de servidores públicos
Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se
coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.
4. Uso indebido de atribuciones y facultades
I.- El servidor público que indebidamente:
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y
uso de bienes de dominio de la Federación;
B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre
los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o
prestados en la Administración Pública Federal, y del Distrito Federal.
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos
económicos públicos.
II.- Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos
de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas, y
III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación
pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
5. Concusión
6. Intimidación
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba
o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte
información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
II.- El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la
fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las
personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún
vínculo familiar, de negocios o afectivo.

7. Ejercicio abusivo de funciones
I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue
por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias,
exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios
económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos,
económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o
las personas antes referidas formen parte;
II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o
comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por
interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca
algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la
primera fracción.

8. Tráfico de influencia
I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o
resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o
comisión, y
II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción
o gestión a que hace referencia la fracción anterior.
III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva
cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro
servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que
hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.
9. Cohecho
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o
para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar
un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u
omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

10. Peculado
I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor
público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor
público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del
ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Cohecho a servidores públicos extranjeros
I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores,
fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un
particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra
causa.
II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a
que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover
la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin
de denigrar a cualquier persona.
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se
refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados
de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y
IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada
legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los
distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les
destinó.
11. Enriquecimientos ilícito
Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio
público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público
no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su
nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor
público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta
circunstancia.
Para estos delitos se asignan penas de privación de la libertad, sanción económica, destitución e inhabilitación para desempeñar cargos, cargos o comisiones políticas, así como el decomiso de bienes cuya legal procedencia no se logre acreditar
Fuero
Este está reservado para servidores públicos de alta jerarquía . Esta
protección constitucional
no protege como tal a la persona sino el
ejercicio de la función pública
, por lo cual es un
privilegio procesal
, el cual consiste en que no se puede procesar penalmente contra el servidor, sin la autorización previa de la cámara de Diputados, autorización denominada
Declaración de procedencia
Los sujetos que gozan de este privilegio procesal son: en primer término están los
senadores
y
diputados
al Congreso de la Unión, los
Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
secretarios del Despacho
y el
Procurador
General de la Republica, quienes son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. La segunda categoría de funcionarios está compuesta por los
gobernadores
de los Estados y los diputados a las legislaturas locales, mismos que son responsables por violaciones a la Constitución Federal y leyes federales. Finalmente, la tercera categoría comprende al
presidente
de la Republica, quien, durante el tiempo de su encargo, solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común
Declaración de procedencia
El procedimiento para la declaración de procedencia es semejante al empleado para un juicio político en su etapa ante la Cámara de Diputados
Por lo que la Sección instructora tratará de establecer:
a) La subsistencia del fuero constitucional;
b) La existencia del delito y
c) La probable responsabilidad del culpado
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