Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

TUTELA, ACCION POPULAR, DERECHO DE PETICION,

No description
by

on 4 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TUTELA, ACCION POPULAR, DERECHO DE PETICION,

ACCIÓN DE TUTELA
La acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
¿Qué condiciones debe presentar el derecho que se busca proteger para que proceda la acción de tutela?
Para que la tutela sea procedente deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Que se trate de la violación de un derecho fundamental
2. Que se trate de una violación no consumada definitivamente o de una amenaza de violación

¿Contra quién se puede ejercitar la acción de tutela?
La acción de tutela puede ejercitarse contra las autoridades públicas o contra particulares.

Puede utilizarse la acción de tutela a pesar de que existan otros mecanismos para proteger el derecho fundamental violado?
La tutela es un mecanismo de protección subsidiario, ello significa que procede cuando no se disponga de otros medios de defensa. No obstante, se puede utilizar la tutela aunque haya otro mecanismo cuando:

¿Cuándo procede de forma transitoria la tutela?

Cuando existe otro mecanismo para la protección del derecho, pero la violación de este reviste tal gravedad que es necesario acudir al uso de la tutela por ser un instrumento de protección más ágil para poder evitar un perjuicio irremediable. El perjuicio es irremediable cuando se cumplen las siguientes condiciones:

¿Ante quién se presenta la acción de tutela?:
1. A los jueces de circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan
contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.
2. A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares.
3. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.

¿Qué características tiene el procedimiento por el cual se tramita la acción de tutela?
Es un procedimiento preferente, esto es, el juez debe darle prevalencia por encima de los demás asuntos que tenga a su cargo, salvo respecto del mecanismo de protección de derechos denominado habeas corpus.
El trámite de la tutela también se caracteriza por su sumariedad, lo cual significa que es corto y ágil.

El trámite de la tutela también se caracteriza por su sumariedad, lo cual significa que es corto y ágil.
Además es un procedimiento que se rige por los siguientes principios:
Publicidad Prevalencia del derecho sustancial Economía Celeridad Eficacia Interpretación de acuerdo con tratados internacionales


¿Cuándo se puede interponer una acción de tutela?

Cualquier día a cualquier hora, aún cuando está operando un estado de excepción.

¿Cuál es el término que el juez tiene para resolver la solicitud de tutela?:
TUTELA, ACCION POPULAR, DERECHO DE PETICION,
ACCION DE REPETICION.

¿Cuándo Procede

Cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la constitución, pueden invocarse aduciendo una conexidad con los derechos fundamentales, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

¿Qué derechos protege la acción de tutela?

La acción de tutela protege los derechos fundamentales. Algunos de éstos derechos fundamentales son la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, de religión, de expresión, de circulación, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza y aprendizaje y de investigación y de cátedra, los derechos a la honra y al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y a elegir y a ser elegido. También son derechos fundamentales el derecho de petición (ya estudiado), de asociación y los derechos de los niños.

¿Cuándo no procede la acción de tutela?
- Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales
- Cuando se pueda proteger el derecho invocando el Habeas Corpus
- Cuando se busca proteger un derecho colectivo, excepto que sea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando se presenta conexidad entre el derecho colectivo y uno fundamental del demandante.

En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución

¿Cómo se debe presentar la acción de tutela?:
La acción de tutela se puede presentar tanto de forma verbal como escrita. Puede presentarse en nombre propio o en nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a abogado para presentar la acción.

La tutela puede presentarse verbalmente en los siguientes casos:
Cuando el solicitante no sabe escribir
Cuando sea menor de edad
Cuando exista urgencia de protección.

¿Quién puede interponer la acción?
La persona que considere que sus derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados y/o por intermedio de apoderado judicial, el defensor del pueblo y el personero

¿Qué contenido debe tener la solicitud de tutela??
1. Acción u omisión que la motivan, es decir, acción u omisión que viola el derecho fundamental.
2. Derecho que se considera violado o amenazado.
3. Nombre de la autoridad pública si fuese posible
4. Nombre y lugar de la residencia del solicitante
5. No es necesario citar la norma constitucional
6. Puede presentarse sin formalidades
7. No se requiere actuar a través de abogado
8. Puede presentarse verbalmente.


¿Qué debe disponer el juez en el fallo de tutela?
Para poder garantizar al afectado el pleno ejercicio del derecho vulnerado o protegerlo respecto de la amenaza del derecho fundamental el juez de tutela tiene las siguientes posibilidades.
- Ordenar el restablecimiento del derecho volviendo al estado anterior a la violación, si ello fuere posible.
- Si la vulneración al derecho fundamental proviene de una omisión, se ordenará realizar el acto correspondiente o la acción adecuada. Para lo cual el juez podrá señalar un plazo perentorio no mayor de 48 horas
- Si la vulneración del derecho fundamental proviene de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza el juez ordenará su cesación inmediata y también ordenará evitar toda nueva violación, amenaza, perturbación o restricción.

¿Caben recursos contra el fallo de tutela?
El fallo de tutela es susceptible de impugnación, este recurso podrá ser interpuesto por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente. La impugnación consiste en la solicitud de que el superior jerárquico revise la decisión, además de esto la Corte Constitucional realiza una revisión eventual de los fallos de tutela, esto significa que no todos son revisados por dicho organismo, sólo elige algunos de ellos.
FORMATO ACCIÓN DE TUTELA
Honorable
JUEZ ________ (reparto) de
E. S. D.
Referencia: Acción de Tutela
Accionante:__(Quien(es) son los afectados)
Accionado: __(Quien infringe o es responsable por la violación)
________________, mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi firma, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 86 de la Carta Política, de la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de manifestarle que por medio del presente escrito INSTAURO ACCIÓN DE TUTELA contra el ____________ (institución), señor ___________ , con el fin de que se me proteja y tutele mi derecho constitucional fundamental de petición
Derecho fundamental a tutelar
Artículo, consagrado en nuestra Constitución Política.
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:
Hechos
Primero:
Derechos violados
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:
Procedencia de la acción
La presente acción es procedente porque a la fecha la ___________ autoridad ___________ en cabeza de _________________no ha absuelto la solicitud que respetuosamente interpuse ante su despacho seis (6) meses y veinte (20) días atrás, además de no existir otro mecanismo de protección a mi Derecho Fundamental violado.

Petición
Se me garantice mi derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Declaración
Con el fin de tutelar y proteger mi inherente derecho constitucional fundamental vulnerado, el honorable despacho hace las siguientes declaraciones:
Tutelar el Derecho Fundamental _________ vulnerado a ___________ accionante ___________ por parte de ____________ y en consecuencia, ordenar a dicho funcionario que resuelva la Petición formulada el ___________ dando respuesta concreta a todas y cada una de las preguntas formuladas en dicho escrito.

Fundamento de la acción
Fundamento la presente acción en el artículo 86 de la constitución Política, decreto2591 de 1991, decreto 1382 de2000.
Juramento
Bajo la gravedad de juramento, aseguro que no he interpuesto otra Acción de Tutela por los mismos hechos y pretensiones.
Pruebas
Solicito se tengan en cuenta los siguientes medios probatorios:
Pruebas documentales
Anexos
Con el propósito de sustentar esta acción, me permito anexar los documentos anunciados en el acápite correspondiente a los medios probatorios documentales.
Notificaciones
Cualquier notificación me puede ser enviada a la __________ Teléfonos ____________, en la ciudad de _________________.

DERECHO DE PETICIÓN
¿Qué es el Derecho de Petición?
El derecho de petición es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado.
¿Qué es una petición?
Una petición es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa ante un servidor público o ante ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en su asunto concreto.
¿Quiénes tienen derecho a presentar peticiones?
Cualquier persona lo puede presentar: todo ser humano independientemente de las condiciones de sexo, edad, nacionalidad, estado civil, etc.
¿Ante quién se puede ejercer el derecho de petición?
El derecho de petición se puede ejercer ante:
• Las autoridades

• Los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas.

• El legislador podrá reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

¿Con que finalidad pueden presentarse las peticiones ante las autoridades?
Las peticiones pueden presentarse:
• Para que por motivos de interés general o particular se inicie por las autoridades una actuación administrativa.
• Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas.
• Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan conocer documentos no reservados u obtener copias de los mismos.
• Para que por motivos de interés general o particular se den por las autoridades dictámenes o conceptos sobre asuntos de su competencia.

¿Hay límites al acceso de documentos públicos?
Sí. El derecho de acceso a documentos públicos puede ampararse bajo reserva en los casos que establezca la Ley. Los funcionarios públicos están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos que sean reservados.
¿Se pueden exigir requisitos especiales para dar trámite a algunas peticiones?
Sí. Conforme a la ley, las autoridades pueden exigir algunos requisitos especiales como por ejemplo que ciertas peticiones se presenten por escrito, que se acrediten algunos requisitos para iniciar o adelantar actuaciones administrativas, en cuyo caso la relación de todos estos deberá fijarse en un lugar de la entidad, visible al público, etc.
¿Qué deben contener las peticiones escritas en interés general?
Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos:
• La designación de la autoridad a la que se dirige.
• Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y sus direcciones.
• El objeto de la petición.
• Las razones en que se apoya.
• La relación de documentos que se acompañan.
• La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

¿Qué nombres reciben los diferentes tipos de peticiones?
Las peticiones se denominan:
QUEJAS
, cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.
RECLAMOS
, cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público.
MANIFESTACIONES
, cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.
PETICIONES DE INFORMACIÓN
, cuando se formulan a las autoridades para que estas: Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto; Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder; Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública.
CONSULTAS
, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

¿Qué términos tienen las autoridades para dar respuesta a las peticiones?
Por regla general:
• Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
• Diez (10) días para contestar peticiones de información.
• Treinta (30) días para contestar consultas.
Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público tiene el deber de actuar frente a las peticiones con celeridad y eficiencia.

¿Se puede desistir de las peticiones?
Sí. El solicitante puede desistir de las peticiones: en forma expresa, cuando el peticionario así lo manifieste y en forma tácita cuando, conforme a la ley, opere la presunción de desistimiento.
No obstante lo anterior, las autoridades de oficio podrán continuar con la actuación, si la consideran necesaria para el interés público.

¿Se vulnera el derecho de petición con la ocurrencia del silencio administrativo?
Sí. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la falta de resolución o la resolución tardía son formas de violación del derecho de petición, no obstante las consecuencias jurídicas del silencio administrativo.
¿Qué consecuencias trae para las autoridades el retardo injustificado en la atención de peticiones?
Ese retardo injustificado es motivo de sanción disciplinaria, pues incurren en causal de mala conducta los servidores públicos que sin razones válidas incumplen los términos para resolver o contestar una petición.
¿Qué pueden hacer quienes ven amenazado o vulnerado su derecho de petición?
Cuando, por acción u omisión de las autoridades o de los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas, vulneren o amenacen el derecho constitucional de petición, la persona afectada puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho.
MODELO DERECHO DE PETICIÓN
Formato Modelo para diligenciar un derecho de petición
Ciudad y fecha. _________
Señores: (Nombre y/o cargo de la autoridad o del particular que presta un servicio público o desarrolla funciones públicas a quien se dirige la petición).__________________________
La Ciudad.
Referencia: Derecho de petición.
Respetados señores:
Con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política y 5, ss., del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición (en interés general o particular: de queja, reclamo, información, manifestación o consulta):____________________________Para facilitar la resolución de lo solicitado estoy adjuntando los siguientes documentos: _______________________________ Recibiré correspondencia y notificaciones en: Dirección__________ Teléfono_________ Atentamente,______________
Nombre y apellido Cédula de ciudadanía No.___________________.

Las Acciones Populares
Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.).
Están previstas en el primer inciso del artículo 88 de la Constitución Política de 1991.

¿Cuál es la finalidad de las acciones populares?
Las acciones populares se caracterizan por poseer un carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. "Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anteriores cuando fuere posible"
¿Quiénes pueden interponer una acción popular?
La acción popular es una acción pública, lo cual significa que puede interponerla cualquier persona. La Ley 472 (artículo 12) dispone que son titulares de esta acción, esto es, están legitimados para usarla:
1. Toda persona natural o jurídica
2. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares.
3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia
4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales en lo relacionado con su competencia
5. Los alcaldes y los servidores públicos que den promover la protección y defensa de los derechos e interés colectivos.
Para ejercitar una acción popular no se requiere actuar a través de abogado (artículo 13), cuando se interponga sin la intermediación de abogado la Defensoría del Pueblo podrá intervenir en el respectivo proceso.

¿Contra quienes se puede ejercitar una acción popular?
Las acciones populares pueden ejercitarse contra el Estado o contra los particulares, según sea quien viole o amenace los derechos o intereses colectivos. En este sentido la Ley 472 señala en su artículo 14 que "la acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación y omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o, interés colectivo". E incluso se puede demandar sin que estén determinados los responsables, previendo esta situación la ley agrega: "En caso de existir vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos".
¿Ante quién se puede instaurar una acción popular?
Si se adelanta contra entidades públicas o personas privadas que cumplen funciones públicas conoce la jurisdicción contencioso administrativa, concretamente en primera instancia los jueces administrativos y en segunda el Tribunal Administrativo del respectivo Departamento, hasta tanto no se creen los juzgados administrativos tendrán la competencia en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda el Consejo de Estado. Si se adelanta contra particulares conoce la jurisdicciónordinaria, específicamente los jueces civiles del circuito (artículo 15 y 16). Excepcionalmente puede presentarse ante el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, quien lo remitirá inmediatamente al Juez Civil de Circuito competente.
¿Qué término existe para interponer una acción popular?
La acción popular no tiene término de caducidad, puede emplearse en cualquier tiempo.
¿Qué debe contener la demanda de acción popular?
1. La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado.
2. La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan la petición
3. La enunciación de las pretensiones.
4. El señalamiento de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública responsable de la amenaza o agravio si acaso fuese posible determinarla.
5. Las pruebas que se pretenda hacer valer
6. Las direcciones para notificaciones
7. Nombre e identificación de quien ejerce la acción.

¿Qué características tiene la sentencia que se dicta respecto de una acción popular?
En cuanto a sus efectos, la sentencia es cosa juzgada respecto de las partes y el público en general (artículo 35). En cuanto a su contenido, si es favorable: da una orden de hacer o no hacer. Además se podrá condenar al pago de perjuicios a favor de la entidad pública que cuida del bien protegido para que se realicen las conductas necesarias para el restablecimiento.
Se establecerá además un incentivo para el actor: 10 a 150 Salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se protege moralidad administrativa el incentivo será del 15% de lo recuperado, dicho incentivo es una especie de premio que se otorga al actor popular (artículo 39)

ACCION DE REPETICION
El concepto de Acción de Repetición que dicha ley estableció y su finalidades, así como los presupuestos para que sea incoada por la Entidad Pública, señalando en primer lugar que se reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de dicha acción en la mencionada ley, de la siguiente manera:
Artículo 2. La Acción de Repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex-servidor público que a causa de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (Ley 678 de 2001)
Dicha ley fue consagrada con el fin de que la administración recupere los dineros públicos que han salido del patrimonio estatal, a causa de las actuaciones dolosas o gravemente culposas que han dado lugar a condenas contra el Estado; en ese sentido el tratadista Galindo Vachá expresó la importancia de la implementación de la ley en las siguientes palabras: Acción de repetición en colombia... jurid. Manizales (Colombia), 9(1): 136 - 153, enero-junio 2012 141 “Gracias a la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamentó la determinación patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la Acción de Repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, se le brindaron herramientas a la Administración Pública para que pudiera utilizar esta vía para el reembolso de los dineros pagados con ocasión de las indebidas actuaciones de sus empleados, ocurridas dolosamente o con culpa grave, como también para proteger sus derechos.” (GALINDO, 2006: 77)

Si bien el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 concedió la posibilidad de iniciar la Acción de Repetición por parte del Estado, no realizó un cambio sustancial respecto al manejo jurisprudencial que se le venía dando, pues aunque defirió a la ley su reglamentación, ya la legislación contencioso administrativa se venía aplicando en torno a dicha acción, por lo cual el Estado acudía a esa jurisdicción en aras de iniciarla, a través de la figura jurídica de la acción de Reparación Directa. Tampoco existía el deber por parte del Estado para iniciar dicha acción, teniendo en cuenta que no se reglamentó de manera general, sino 10 años después con la ley 678 de 2001, el Estado omitió el cobro de los perjuicios pagados a los administrados, que eran consecuencia de los actos de agentes estatales, por no haber sido consagrada la obligación expresamente antes de 1984, es decir, antes de la expedición del Código Contencioso
Administrativo, y no existir el procedimiento legal que permitiera la retribución de las condenas pagadas a cargo del Estado y por las cuales debía responder.
Respecto a la definición de la Acción de Repetición el Consejo de Estado a través de la Magistrada Correa indicó: “[…] es una acción de responsabilidad patrimonial que permite recuperar u obtener ante la jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por las entidades públicas en virtud del reconocimiento indemnizatorio impuesto judicialmente al Estado en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como consecuencia de la acción u omisión gravemente culposa o dolosa de un servidor o ex servidor público suyo o de un particular investido de una función pública.” (CORREA, 2006: 14)

La ley 678 de 2001, reglamentó la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex-servidores públicos como de los particulares que desempeñan funciones públicas, permitiendo que el Estado a través del ejercicio de la Acción de Repetición recupere lo pagado en virtud de las condenas por perjuicios causados por los agentes estatales en ejercicio de sus acciones dolosas o gravemente culposas. Dicha norma dio respuesta a las políticas de prevención del daño antijurídico como estrategia de protección a los dineros públicos, pues si bien existen diversas fórmulas para exigir de los agentes estatales la protección del patrimonio público, la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria no permiten una fórmula de reclamación directa contra el funcionario que con su actuar doloso o gravemente culposo haya causado perjuicios.
Full transcript