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Interpretación jurídica

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by

Cristina García

on 21 April 2015

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Transcript of Interpretación jurídica

INTERPRETACIÓN
JURÍDICA
En la cultura jurídica de la codificación y concretamente en la
praxis
, existen
DOS REGLAS
que el operador jurídico necesariamente debe cumplir:
El juez
no puede negarse
a fallar alegando
oscuridad
o
inexistencia
de norma aplicable al caso (
non liquet
).
Artículo 11 del Código Civil para el Estado de Michoacán:
“[…] El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no eximen a los jueces de la obligación que tienen de fallar; pues en tales casos lo harán conforme a los principios generales de derecho”.
Artículo 579 del CPCEM.
“En la redacción de las sentencias se observarán las reglas siguientes: […] III. A continuación, bajo la palabra «Considerando» se hará mérito en párrafos separados y numerados y en forma clara y concisa, de cada uno de los puntos de derecho,
con las razones y fundamentos legales que estime procedentes y citando las leyes aplicables al caso
[…]”.

Además de estar debidamente
FUNDADA
una sentencia, lo cual se concreta en la obligación del juez de mencionar en ella el o los artículos que utilizó, debe estar debidamente
MOTIVADA
; es decir, el juez debe explicar por qué eligió esa disposición y por qué le otorgó el significado que le atribuyó a la norma.
El
juez
representa la boca que
pronuncia
las palabras de la
ley
, nunca un órgano creador de Derecho; por eso toda decisión judicial debe estar fundada en normas jurídicas procedentes de algún mecanismo nomogenético autorizado por el Derecho objetivo.
para asegurar que el juez se halla en condiciones de encontrar siempre la norma aplicable al caso concreto.
Para hacer compatibles las reglas anteriores, es necesario ofrecer al operador jurídico un cuadro de
MECANISMOS NOMOGENÉTICOS
“[…] En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la
letra
o a la
interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los
principios generales
del derecho”.
Artículo 14 Constitucional
Artículo 19 del CCF
Las controversias de orden civil deberán resolverse conforme a la
letra
de la ley o a su
interpretación
jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los
principios generales
del derecho.
“Toda sentencia debe ser fundada en ley; mas cuando la controversia judicial no se pueda decidir ni por el
texto
, ni por el
sentido natural
o
espíritu de la ley
, deberá decidirse según los
principios generales
de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso”.
Artículo 573 del CPCEM
La disposición normativa se aplica conforme a la letra de la ley.

La disposición normativa se aplica interpretándola previamente (caso de duda o controversia).
Falta disposición expresa aplicable: analogía, mayoría de razón (exclusión) y PGD.
Del artículo 14 Constitucional se desprende tres formas para solucionar problemas jurídicos:
supuesto de caso fácil
supuestos de casos difíciles
casos fáciles
casos difíciles
Artículo 14 constitucional.
“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la
letra
[...]
de la ley
[…]”

Se considera un caso fácil, cuando el significado
prima facie
* del enunciado normativo es unívoco, coherente y satisfactorio. No es necesario justificar el significado (
In claris non fit interpretatio)
.
Afortunadamente, en la aplicación del Derecho objetivo, los jueces se encuentran con un buen número de casos que no requieren un especial esfuerzo interpretativo. Lo anterior, porque el
legislador
respeta básicamente
dos reglas:

Se procura que los
términos
usados en el texto legal coincidan con el
lenguaje común
.

Se prevé que, en caso de que sea utilizado un término con un significado diferente al que se maneja en el lenguaje común, el legislador formule una
definición
.
Artículo 14 Constitucional.

“[…] En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme […] a la
interpretación jurídica
de la ley […]”.
LA INTERPRETACIÓN EN LA LABOR EXEGÉTICA DE LOS JUECES:
INTERPRETAR
Cuando se habla de
“interpretación”
, puede referirse a interpretar una actitud, una canción, un escrito filosófico, un mito, leyes, en general, toda expresión que encierre un sentido; luego entonces, la interpretación de la ley es una forma
sui generis
de la interpretación en general.

Desde el punto de vista del juez fiel a la ley, la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento que consiste en
“averiguar el verdadero significado de las leyes o la verdadera intención del legislador”.
Guastini define a la interpretación jurídica desde dos enfoques:
Sentido amplio
Es comprender el significado
prima facie
o inmediato de un enunciado jurídico.
FALCÓN Y TELLA “siempre que el juez aplica una norma jurídica a un caso de la realidad debe, como tarea previa o simultánea ineludible, interpretarla”.

La interpretación de una norma jurídica requiere previamente de una mínima labor hermenéutica por parte del juez para comprender el significado del enunciado jurídico para, en su caso, conocer si el significado prima facie de la norma es claro y no presenta confusiones.
Sentido estricto
Se presenta cuando el significado
prima facie
de un enunciado presenta dudas o confusiones.
Esta interpretación es la segunda técnica, de acuerdo con la Constitución Federal, para que el operador jurídico pueda atribuir un significado a la disposición dudosa.
PROBLEMAS DERIVADOS DEL LENGUAJE JURÍDICO
La interpretación de textos jurídicos no resulta tan fácil, pues en ocasiones existen problemas derivados del lenguaje que utilizan los textos normativos, lo que hacen difícil su comprensión.

Se debe recordar que el Derecho tiene una naturaleza lingüística. En un texto normativo, las palabras o las oraciones que lo integran pueden tener
varios significados
o, incluso, no se sabe cuál es el límite del término empleado. Estos problemas por tanto pueden ser de tipo lingüísticos, lógicos (sistemáticos) e incluso funcionales.
VAGUEDAD
AMBIGÜEDAD
LÓGICOS
Se da cuando un término o concepto es demasiado abierto o indeterminado; se está ante un problema de vaguedad cuando se trata de responder a la pregunta
¿a qué cosas se refiere esta palabra?
Por ejemplo: “conducta deshonrosa”, “proposiciones deshonestas”, “joven”, “adulto”, “anciano”, “alto”, “bajo”, “calvo”.
Ejemplo:

Artículo 4 CPEUM

"[…] Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva
,
suficiente
y de
calidad
. El Estado lo garantizará […]".

¿Cuánto es suficiente? ¿A qué se considera nutritivo? ¿A qué se le considera calidad?

La vaguedad se resuelve tomando una decisión más o menos compartida por la comunidad respecto del término que se considera vago.
Se presenta cuando se ofrece un menú de significados para otorgarle a una palabra o enunciado normativo; el intérprete debe escoger el más adecuado. Existen
dos tipos
de ambigüedad:
Se presenta cuando una misma palabra tiene distintos significado.

Por ejemplo, la palabra
“alimentos”
. La RAE, los define como conjunto cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir.

En el campo jurídico, de acuerdo al art. 226 de CCEM, comprende todo aquellos que es indispensable para subsistir, como la comida, vestido, habitación, asistencia médica, educación, oficio, arte o profesión, etc.
Semántica
Sintáctica
Surge de la estructura u ordenación de las palabras dentro de una oración y de la relación para conectarse entre ellas; es decir, cuando la estructura de una oración permite que sea interpretada en dos sentidos diversos, ambos correctos desde el punto de vista lingüístico.

Ejemplo 1, “los hombres y las mujeres que hayan cumplido sesenta años pueden pedir una pensión”.

Ejemplo 2, “El matrimonio se disuelve:
I. Por muerte de uno de los cónyuges;
II. […]; y,
III. Por nulidad declarada por el Juez de Primera Instancia”.
Antinomias
Cuando
dos normas
del mismo ordenamiento jurídico tienen el mismo ámbito de validez temporal, espacial, personal y material, es decir se requiere que, ambas normas estén
simultáneamente vigentes
, que ambas sean aplicables en el mismo ámbito geográfico, que se refieran a los mismos sujetos o clase de sujetos, que ambas normas se refieran al mismo supuesto de hecho y que las consecuencias asignadas para el supuesto de hecho de ambas normas sean incompatible entre ellas.
¿Qué son?
Clases de antinomias
Cuando ninguna de las normas puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra.

Ejemplo: “Norma X: la bigamia debe ser castigada”. Norma Y: “la bigamia no debe ser castigada”
total
parcial
Cuando una de las normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto, pero también tiene un campo de aplicación en el que el conflicto no se produce.

Ejemplo 1: “Norma X: el homicidio debe ser castigado con la muerte, si el homicida tiene más de 20 años. Norma Y: “el homicidio debe ser castigado con la muerte, si el homicida tiene más de 18 años”.

Ejemplo 2: Norma X: Se permite durante el horario de clase la venta, a profesores y estudiantes, de bebidas alcohólicas de menos de 18 grados. Norma Y: Se prohíbe durante el horario de clase la venta, a profesores y estudiantes, de bebidas alcohólicas de más de 15 grados.
Se da cuando su ámbito de validez es en parte igual y en parte diverso con relación a la otra. Hay antinomia total de la primera norma respecto a la segunda y, sólo parcial de la segunda respecto a la primera. La primera norma no puede ser aplicada en ningún caso sin entrar en conflicto con la segunda; la segunda tiene un ámbito de aplicación que no entra en contradicción con la primera.

Ejemplo 1: “Norma X: la importación de vehículos debe pagar un recargo aduanero”. "Norma Y: la importación de tractores está exenta de recargos aduaneros”.

Ejemplo 2: Norma X. “Se prohíbe durante el horario de clases, la venta a profesores y estudiantes de bebidas alcohólicas. Norma Y. “se permite durante el horario de clase, la venta a profesores y estudiantes de bebidas alcohólicas de menos de 18 grados.
total-parcial
¿Cómo solucionar antinomias?
Si se introduce una cláusula de excepción a una de dos reglas
Ejemplo
X1 “prohíbe abandonar el aula de clase antes del timbre”.
X2 “se permite abandonar el aula de clase antes del timbre,
en caso de que suene la alarma de incendios
”.
V.g.
Art. 126. LA.

“La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento […]”.

Art. 128 LA.

"Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y […]".
V.g.
Art. 4º transitorio de LA.

"El Pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la presencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en los artículos 105, fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, y 107, fracción II, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros".
Criterios tradicionales
Los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias, que permiten mediante la permanencia de una de norma y la desaplicación de la otra, son tres:
Conflictos entre criterios
Se presenta cuando el intérprete se muestra confuso al no saber qué criterio debe prevalecer sobre el otro. Se trata de decidir cuál criterio utilizar; ya no se trata de un conflicto entre normas, si no entre criterios para solucionar antinomias
MÉTODOS PARA INTERPRETAR
Para llevar a cabo la interpretación de las normas jurídicas se utilizan lo que suele llamarse
métodos, reglas, instrumentos o criterios
interpretativos.

Los métodos de interpretación son parámetros, pautas o guías que debe tomar el juez al momento de interpretar las normas; asimismo, cada uno de esos métodos se implementan mediante diversos tipos de argumentos.
En este sentido, y atendiendo a las dimensiones que las normas jurídicas tienen, los métodos pueden ser:
CRITERIOS
1. Gramatical
2. Sistemático
3. Funcional
ARGUMENTOS
3.1. Teleológico

3.2. Histórico

3.3. Pragmático


3.4. Reducción al absurdo

3.5. Principios
2.1.
Sedes materiae

2.2.
A rubrica

2.3. Sistemático (sentido estricto)

2.4.
A cohaerentia


2.5. No redundancia
1.1. Semántico

1.2. A contrario
Si el significado de la ley es claro, la actividad judicial se realiza “conforme a su letra”, pero si el significado es dudoso, se utiliza el criterio de interpretación gramatical para aclarar dicho significado, utilizando los argumentos semántico o a contrario.
V.g.

El delito de lesiones se sanciona… de 2 a 8 años de prisión…, cuando las lesiones dejen al ofendido una cicatriz permanente en la
cara.

CICATRICES. Si la lesión está situada en la región suprahioidea y mentoniana, en el borde inferior del maxilar, tales regiones, según la ciencia médica y nuestro lenguaje común, no quedan comprendidas en las partes que constituyen la cara. Quinta Época, Primera Sala,
Semanario Judicial de la Federación
, CXX, página 1387, Registro 295,925.
V. g.
Art.175 del Código Electoral del Estado de Michoacán.
“[…] en materia electoral todos los días y horas son hábiles […]”. Luego entonces, a
contrario sensu
fuera de la materia electoral no todos los días son hábiles.
V.g.
Art. X:

“en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, sólo la viuda tendrá derecho a pensión de viudedad”.

Este argumento se aplicaría así: “viuda” sólo puede hacer referencia, con arreglo a las reglas y convenciones de nuestro lenguaje, al cónyuge supérstite femenino. Luego entonces, si la norma dice “viuda” no se puede entender que quiere decir “viudo” o “viuda” indistintamente, pues en ese caso habría dicho la norma “viudo o viuda” como denominación genérica, o “viudo” refiriéndose al cónyuge (masculino) supérstite.
Lógico o Sistemático

Es aquel que pretende otorgar un significado a un artículo, atendiendo al contexto del ordenamiento jurídico del que forma parte.
Semántico
Este argumento se utiliza cuando existe una duda lingüística por indeterminación del legislador, como vaguedad o ambigüedad; para resolver la duda lingüística puede ser:
a)

acudiendo al lenguaje ordinario o técnico jurídico,
o
b)
acudiendo a las reglas gramaticales del lenguaje.
A contrario
Este argumento se utiliza para rechazar cualquier otra hipótesis distinta a la expresamente contemplada por el legislador; el legislador ha dicho lo que quería decir, porque si hubiera querido decir otra cosa, lo habría dicho.
a)
Tomar en cuenta la
SITUACIÓN FÍSICA

de un artículo en el texto legal, por medio de dos argumentos:
b)
Tomar en cuenta las
RELACIONES JERÁRQUICAS o LÓGICAS
de un artículo con otros artículos ya sea del mismo texto legal, de otras leyes o incluso tratados internacionales, utilizando tres argumentos:
El método sistemático tiene dos formas:
A
sede materiae
A
rubrica
A cohaerentia
No redundancia
La atribución del significado se realiza a partir del lugar que el artículo ocupa en el código, pues se piensa que la localización topográfica proporciona información sobre su contenido por ser fruto de un plan del legislador y, por tanto, manifiesta su voluntad.
V.g.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. [...] del artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal […], antes de las reformas publicadas el 24 de mayo de 1996, establecía que la caducidad de la instancia operaría por el transcurso de "ciento ochenta días hábiles", en tanto que el texto reformado establece para el efecto "ciento veinte días", los cuales no califica de "hábiles"; de allí no se sigue que tal lapso se deba computar en días naturales, con base en lo siguiente:

a) el argumento SEDES MATERIAE, esto es, por el lugar que ocupa el citado artículo en el contexto normativo de que forma parte, o sea, en el capítulo "De los términos judiciales", lo cual evidencia que la forma en que se ha de computar el tiempo de inactividad procesal para que opere la caducidad, debe ser acorde a lo dispuesto en dicho capítulo […]”.
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Registro 178D44, Tesis I.4º.C.93 C. página 1938.
La atribución del significado de un artículo se lleva a cabo a partir del título o rúbrica que encabeza al grupo de artículos en el que encuentra ubicado, pues se considera que los TÍTULOS proporcionan información sobre el contenido regulado bajo los mismos, por no ser casuales sino fruto de un plan del legislador y, por tanto, también manifiestan su voluntad.
V.g.
Delitos Cometido en el Ejercicio de Actividades Profesionales o Técnicas
Artículo 181.- Cometen este delito:
[…]
IV. Los abogados que teniendo a su cargo la custodia de documentos, los extraviaren por negligencia inexcusable.

DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES. PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL ELEMENTO NORMATIVO "ABOGADO" QUE REQUIERE EL ILÍCITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 181, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO [...], de una interpretación a RÚBRICA y teleológica del tipo penal, se advierte que dicho delito fue creado para sancionar a aquellas personas que realizan una actividad profesional, ya que se ubica en el
título segundo, "Delitos contra la colectividad", subtítulo primero, "Delitos contra la seguridad pública", capítulo III, relativo a los "Delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas";

[…]. En congruencia con lo anterior, se concluye que para la demostración del elemento normativo "abogado" es necesario que el activo del delito posea título de licenciado en derecho debidamente registrado y obtenga la patente de ejercicio por la Dirección General de Profesiones o, en su caso, la autorización de pasante de derecho expedida por la Secretaría de Educación Pública, […], por lo que no basta para su acreditación que el quejoso se haya ostentado y ofrecido sus servicios como licenciado en derecho, sin reunir los anteriores requisitos. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Registro 163487, Tesis II.2o.P.249 P, página: 1437.
Este argumento consiste en que para atribuir un significado a una disposición se tiene en cuenta el contenido de otras normas; por ejemplo, ver que la norma que estamos interpretando se relaciona con la constitución e inclusive con los tratados.
Sistemático
V.g.
“Con base en el artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal, así como en los artículos 64 y 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se deduce que el artículo 137 bis del ordenamiento jurídico último citado, cuyo texto no clarifica si para realizar el computo de la caducidad de la instancia los días deben ser “hábiles” o “naturales”, pues sólo expresa “ciento veinte días”,
de acuerdo a una interpretación sistemática de esta disposición, se desprende que los términos para declarar la caducidad de la instancia no deben incluir los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, esto es, los días inhábiles,
pues uno de los requisitos para determinar la caducidad de la instancia es que no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes, luego entonces, son las actuaciones judiciales las que interrumpen el lapso establecido para que opere la caducidad, y éstas sólo pueden llevarse a cabo en días y horas hábiles, de allí que no se sigue que tal lapso se deba computar en días naturales”.
V.g.
“Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, así como del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de acuerdo a una interpretación sistemática de estas disposiciones,

se desprende que toda sentencia deberá ser fundada y motivada. Además, que la aplicación de la norma jurídica deberá ser conforme a la letra de la ley, en caso de duda se interpretara atendiendo al criterio gramatical, sistemático o funcional, y a falta de norma expresa aplicable, la sentencia se fundara en los Principios generales del derecho”.
Este argumento tiene como base que dos artículos no pueden expresar ideas incompatibles.
Este argumento no sirve para atribuir un significado a un artículo, sino para justificar que no existe incompatibilidad o contradicción de artículos.
V.g.
QUIEBRAS Y CONCURSOS. Las disposiciones de la ley civil, aplicables al concurso, no lo son a las quiebras de carácter mercantil,
porque, según el Código de Comercio, el procedimiento mercantil, preferente a todos, es el convencional, y si no lo hay, deben observarse las disposiciones del expresado código, y sólo en defecto de ellas o de convenio, la
ley de procedimientos local respectiva; y el repetido Código de Comercio tiene establecido un sistema ordenado, coherente y coordinado,
en lo que se refiere a las quiebras. Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, XXVIII, página 1938, Registro 364,653.
V.g.
DEMANDA DE AMPARO. LA NORMA QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA PRESENTARLA NO GENERA UN CONFLICTO NORMATIVO. El principio pro persona, consagrado en el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, presupone la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto.
Sin embargo, tratándose del plazo para presentar la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad,
NO EXISTE UN CONFLICTO NORMATIVO
, ya que la norma que establecía la posibilidad de promover el amparo en cualquier tiempo quedó abrogada, de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la nueva normatividad en la materia, y la norma vigente está contenida en el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, donde se establece el plazo genérico de quince días para instar, por lo que dicho acto procesal debe regirse por esa norma.
[…]. Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, XXVIII, Febrero 2014, Tomo III, página 1938, Registro 2005674, pag. 2328.
Es un argumento que justifica que, entre dos (o más) significados posibles de un enunciado, sea rechazado aquél (o aquellos) que supongan una mera repetición de lo establecido por otra disposición del ordenamiento.
V.g.
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ABANDONO DE EMPLEOS POR LOS. […]
Es erróneo identificar el abandono de empleo con las faltas al trabajo por más de tres días consecutivos, sin permiso ni causa justificada, pues este segundo motivo de cese está previsto en el inciso b) de la fracción V del artículo 44 del Estatuto
,
que resultaría REDUNDANTE si se diera al abandono tal significación
.
Quinta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, CXXX, página 685, Registro 366,316.
V.g.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. [...] b) el principio de la
NO REDUNDANCIA
, por virtud del cual se considera que el legislador, por economía, no repite el significado que ya estableció en otro precepto, de manera que si en los artículos 131 y 64 del propio ordenamiento, el legislador sentó que en el cómputo de los términos no deben incluirse los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, esto es, en días inhábiles,
es evidente que si en el artículo 137 bis no calificó los días de "hábiles", fue por no redundar en un aspecto que ya había establecido

[…]”.Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Registro 178D44, Tesis I.4º.C.93 C. página 1938.
El criterio funcional tiene como base, ya no la literalidad ni la sistematicidad de la ley, sino sus fines, el contexto histórico en el que se produjo, la intención del legislador, sus consecuencias prácticas y normativas, así como los principios que la rigen.
Argumento Teleológico
Consiste en interpretar un artículo de acuerdo con su finalidad.
V.g.
Art. 449 CPPEM.
“El recurso de apelación tiene por objeto que las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia examinen si en la resolución redargüida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos, si se falló en contra de constancias, o no se fundó o motivó correctamente”.

Cuando en segunda instancia una de las partes indica que no pueden analizarse los hechos sino solo el derecho aplicable. ¿Qué respuesta se daría?
V. g.
Art. 104 CFPP.
Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes por conducto del secretario o actuario del tribunal.
Las demás resoluciones -con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, […] y otras diligencias análogas respecto de las cuales el tribunal estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la investigación- se notificarán al detenido o al procesado personalmente y a los otros interesados en la forma señalada en el artículo 107 de este Código.

Art. 105 CFPP.
En los casos a que se refiere la segunda parte del artículo anterior, las resoluciones que deban guardarse en sigilo, solamente se notificarán al Ministerio Público […].
¿Puede notificarse personalmente al ofendido una orden de aprehensión librada contra el inculpado?

V.g.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. […] d) el argumento teleológico relativo a la satisfacción de
LA FINALIDAD DE LA REFORMA que en cuanto al tópico en estudio, consistente en reducir el plazo para que opere la caducidad, para con ello sancionar la falta de interés de las partes, y disminuir los costos que eroga el Estado por el cúmulo de asuntos paralizados en los juzgados, finalidad que se satisface al reducir el término de 180 días hábiles a 120 días hábiles
[…].Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Registro 178D44, Tesis I.4º.C.93 C. página 1938.
Argumento Histórico y Evolutivo
Estos argumentos sirven para otorgar a una norma que plantea dudas interpretativas, uno de dos significados posibles: un significado que sea acorde en la época que se creó (histórico), o bien un significado acorde al momento en que se interpreta (evolutivo)
V. g.

La octava enmienda de la Constitución de 1791 de Estados Unidos prohíbe infligir penas “CRUELES E INUSUALES”.

Hoy en día son “inusuales” y son sentidas como “crueles” sanciones penales que en 1791 no lo eran. Por ejemplo la pena de muerte. Por tanto, la disposición mencionada prohíbe la pena de muerte, si se interpreta de modo “evolutivo”.


Partiendo del fin que la norma tiene de guardar sigilo para que la investigación tenga éxito, en nada se interrumpe ese fin si se le notifica al ofendido…, lo cual se puede confirmar con un
ARGUMENTO HISTÓRICO
diciendo:
“en tanto que los derechos del ofendido, entre ellos de ser informado del proceso, surgieron a raíz de la reforma del año dos mil al artículo 20 Constitucional, en la que se creó el apartado B, en cuyo contenido se indica tal derecho del ofendido, de manera que un
argumento histórico arrojaría que en el artículo 105 el legislador no se refirió al ofendido porque en el momento en que se creó dicha disposición no se habían establecido aún sus derechos.
Argumento Pragmático
Es un argumento a partir de las consecuencias favorables o desfavorables que deriven de un determinado tipo de interpretación, las cuales pueden ser de cualquier tipo: sociales, económicas, morales, entre otras.

Partiendo de un argumento teleológico de que el fin del precepto de guardar sigilo para que la investigación tenga éxito, en nada se interrumpe ese fin si se le notifica al ofendido, lo cual se confirma con un argumento histórico, en tanto que los derechos del ofendido, entre ellos ser informado del proceso, surgieron después de dicha disposición, puede agregarse un argumento PRAGMÁTICO diciendo,
“en tanto que, evidentemente, el ofendido, si es enterado de la resolución,
no le avisará al inculpado de la orden de captura, pues ello interrumpiría incluso su objetivo como parte en el proceso, que es precisamente que aquél sea traído a juicio y probar su pretensión para que se le repare el daño y se castigue al infractor”.
V. g.
Art. 104 CFPP.
Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes por conducto del secretario o actuario del tribunal.
Las demás resoluciones -con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, […] y otras diligencias análogas respecto de las cuales el tribunal estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la investigación- se notificarán al detenido o al procesado personalmente y a los otros interesados en la forma señalada en el artículo 107 de este Código.

Art. 105 CFPP.
En los casos a que se refiere la segunda parte del artículo anterior, las resoluciones que deban guardarse en sigilo, solamente se notificarán al Ministerio Público […].
Argumento por Reducción al Absurdo o Apagógico
Es un argumento que permite rechazar una interpretación de un artículo por las consecuencias absurdas a las que conduce.
V. g.
APELACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO, EFECTO DE LA FALTA DE. Si el Ministerio Público incurrió en la omisión consistente en no apelar de la sentencia de primer grado, el Tribunal de Segunda Instancia no está facultado para juzgar de ella, pues sería
absurdo
que, habiendo apelado únicamente el acusado, resultara empeorada su situación. Localizable en Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, CXXXII, página 119, Registro: 292,598.
V. g.
“RENUNCIA DEL TRABAJADOR. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE DERECHOS INALIENABLES. De la interpretación sistemática de los artículos 123, apartado "A", fracción XXVII constitucional, 5o., fracción XIII, 33 y 35 de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que los derechos establecidos en favor de los trabajadores son irrenunciables; sin embargo, esto no significa que el trabajador carezca de la facultad de dar por terminada la relación laboral [...], pues de sostener lo contrario aduciendo que es un derecho irrenunciable se daría lugar al
absurdo
de obligar al trabajador a prestar sus servicios sin su pleno consentimiento contraviniendo de esta manera ostensiblemente lo preceptuado en el artículo 5o. constitucional [...]. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Agosto 1996, tesis VI.2o.44 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, p. 724.
PRINCIPIOS
DEL
DERECHO

GENERALES
Aristóteles en su obra
Ética Nicomaquea
,
Libro V
, de la Justicia, se dice que es el primer antecedente cuando indica que: “Cuando la ley falte, el juez ha de decir según la norma que el legislador establecería si estuviera presente”.
Antecedentes del término Principios Generales del Derecho
Griegos
La fórmula principios generales del Derecho no existió en Roma, sin embargo los juristas apoyaron sus decisiones a casos no previstos en la
ratio iuris
. Según se desprende de la Ley 13, párrafo 7, del título 1º. Libro 27 del Digesto. En el cual, se acepta que en ausencia de ley expresa podría resolverse según
naturali iustitia.
Romanos
Fue el proceso codificador francés el que llevó a plantear la cuestión de la insuficiencia de la ley. Se necesitaba, entonces –como ahora–, recurrir a una regla subsidiaria y las proposiciones fueron variadas (La equidad natural, la ley natural, los antiguos usos y costumbres, las máximas, las decisiones de los Tribunales, los ejemplos, la doctrina y los principios generales del derecho.) Para algunos juristas, el primer código que se refirió expresamente a los “principios generales del Derecho” fue:
Época Codificadora
Código Civil Napoleónico

El Proyecto del Título Preliminar del Código Napoleónico, en su artículo 11, indicaría:
“En las materias civiles, el juez, a falta de ley precisa, es un ministro de la equidad. La equidad es la vuelta a la ley natural y a los usos aceptados en el silencio de la ley positiva”.
En 1797, se implementó, bajo el imperio de Leopoldo II de Austria, en la Galitzia occidental la realización de un código, el cual fue encomendado a Carlos Antonio Martini, profesor de Derecho natural de la Universidad de Viena y discípulo de Christian Wolff.

En 1811 se presenta el Código Civil de 1811, en su artículo 7º indica:
“Si no se puede decidir una cuestión jurídica ni conforme a las palabras ni según el sentido natural de una ley, se tendrá en cuenta lo que se decida por la ley en los casos semejantes y los fundamentos de otras leyes análogas. Si resultase aún dudoso el caso se decidirá, de acuerdo con las circunstancias cuidadosamente recogidas y maduramente pesadas, según los principios jurídicos naturales”.
Código Civil Austriaco de 1811
Código Civil Albertino de 1837
En el proyecto se habló de los “principi generali del dirito naturale”, posteriormente se reemplaza por el de razón natural.

Discusión en el senado de Piamonte (principio de razón) y de Saboya (principios de equidad).

Posteriormente, y sin explicación alguna, el concepto “natural” o “naturale” se borra del proyecto, quedando redactado el artículo 15 de la siguiente manera:
“Si una cuestión no puede ser resuelta ni por el texto ni por el espíritu de la ley, se tendrán en consideración los casos semejantes que las leyes hayan previsto especialmente y los fundamentos de otras leyes análogas; si a pesar de ello la cuestión es todavía dudosa, deberá de decidirse según los Principios generales del Derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso".
Principios Generales en el Ordenamiento Jurídico Mexicano
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (art. 14, párrafo segundo), la Ley de Amparo (art. 2), el Código Civil Federal (art. 19), el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán( 573), y demás ordenamientos civiles del Estado Mexicano, coinciden al indicar que cuando una situación no se encuentra prevista en la ley –causando, en su defecto, un vacío legal– y que pese a haber aplicado estrictamente la norma, así como la jurisprudencia, la situación aún quedare sin respuesta, se deberá acudir a los principios jurídicos.
Artículo 14 […] "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva se dictara conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y a falta de estos la sentencia se fundará en los
principios generales del derecho
".

Artículo 2 […] "
A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA
se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los
principios generales del Derecho
".
Lagunas Jurídicas

Lagunas normativas (lagunas en sentido estricto) y lagunas axiológicas (falsas lagunas).
V.g.
Caso:
Rigss vs. Palmer
, Tribunal de Apelaciones de Nueva York en 1889. (Equidad vs máxima jurídica “debe ser lo prescrito por las normas”).
V.g.
Art. X. “Los hombres y las mujeres que hayan cumplido sesenta años pueden pedir una pensión”.
Negación de Lagunas (iusposivistas).
¿Qué son los Principios Generales del Derecho?
La gama de opiniones sobre lo que debe entenderse por “principios generales del Derecho” es muy diversa, y unos entienden que consisten en aforismos jurídicos que jueces y abogados invocan retóricamente (
Pacta sunt servanda, audiatur et altera pars
, etc), y otros los entienden como los del derecho romano, los “universalmente admitidos por la ciencia”, o los del derecho “justo o “natural”.
Existen posturas que definen a los principios jurídicos. La mayoría de ellas gira en torno a dos de las corrientes filosóficas más importantes del entramado jurídico:
Son aquellas ideas supremas, provenientes del Derecho natural, que siempre deben preceder a la interpretación y a la aplicación del Derecho positivo y aplicarse directamente en ausencia de normatividad.
Iusnaturalismo
Iuspositivismo
Son enunciados jurídicos que se obtienen por inducción o generalización de las normas jurídicas positivas.
Algunas definiciones
TRADICIONAL:
“son aquellas ideas que fundamentan el ordenamiento jurídico”

ALEXY
define a los principios jurídicos como “mandatos de optimización” que pueden ser cumplidos en diferentes grado”; se trata de normas programáticas.

Diccionario de la Lengua Española

define a los principios como “norma no legal supletoria de ella constituida por la doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y Tribunales”.
DEL VECCHIO
indica que los principios jurídicos “son aquellas verdades supremas del derecho in genere, o sea de aquellos elementos lógicos y éticos que por ser de naturaleza racional y humana, son virtualmente comunes a todos los pueblos”.

DWORKIN:
“son patrones extrajurídicos y vinculantes para el juez y por lo mismo, inclinan la decisión en una dirección”.

ARISTÓTELES:
“La ley es o particular o común. Llamo ley particular aquellas normas escritas según las cuales se gobierna una ciudad; y ley común, a aquellas normas que, sin estar escritas, parecen ser admitidas por todos”.
Naturaleza de los Principios Generales del Derecho
RACIONAL
NORMATIVA
Naturaleza racional

PRECIADO HERNÁNDEZ, afirma que “los principios jurídicos tienen su origen en el Derecho Natural, fundados en la NATURALEZA RACIONAL Y LIBRE DEL HOMBRE, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual”; que son obligatorios no porque estén reconocidos o sancionados por la autoridad política, sino porque definen un comportamiento que la
RAZÓN
descubre como necesario para el perfeccionamiento del hombre. Se tratan de verdades jurídicas universales que el ser humano tiene sobre los actos mediante un razonamiento justo.
PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. […]. Los tratadistas más destacados del derecho civil, en su mayoría, admiten que los "principios generales del derecho"
deben ser verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, mediante procedimientos filosófico jurídicos
de generalización, de tal manera que el Juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiere pronunciado si hubiere estado presente, o habría establecido, si hubiere previsto el caso; siendo condición también de los aludidos "principios", que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse aplicando aquéllos; de lo que se concluye que no pueden constituir "principios generales del derecho", las opiniones de los autores, en ellas mismas consideradas, por no tener el carácter de generalidad que exige la ley y porque muchas veces esos autores tratan de interpretar legislaciones extranjeras, que no contienen las mismas normas que la nuestra. Localizable en
Semanario Judicial de la Federación
, Quinta Época, Libro LV, Marzo de 1938, Tercera Sala, registro: 357113, p. 2642.
Naturaleza normativa


Por otro lado, hay quienes afirman que los principios tienen una naturaleza
NORMATIVA.
Es decir, los principios son esencialmente normas.

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. El artículo 14 de la Constitución General de la República, dispone que en los casos de omisión o deficiencia de la ley, debe acudirse, para resolver la controversia judicial, a los principios generales de derecho, debiendo entenderse por tales, no la tradición de los tribunales que, en último análisis no son más que prácticas o costumbres que evidentemente no tienen fuerza de ley, ni las doctrinas o reglas inventadas por los jurisconsultos, supuesto que no hay entre nosotros autores cuya opinión tenga fuerza legal, ni tampoco la que haya escogido la inventiva de la conciencia privada de un Juez, por ser esto contrario a la índole de las instituciones que nos rigen, sino los principios consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tales no sólo las mexicanas que se hayan expedido después del Código Fundamental del país, sino también las anteriores. Localizable en
Semanario Judicial de la Federación
, Quinta Época, Tomo L, Marzo de 1935, Pleno, registro: 360193, p. 283.
Misión de los Principios Generales del Derecho
Tres son las funciones cumplen los principios jurídicos:

Fundamento del orden jurídico:
implica que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivarlos en normas jurídicas.

Orientadores de la labor interpretativa:
implica que al interpretar la norma jurídica, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación.

Fuente integradora en caso de insuficiencia de la ley y de la costumbre:
significa que quien va a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un sistema hermético.
Posición de los Principios Generales del Derecho
Los ordenamientos jurídicos basados en la tradición romano–germánico, el
orden de prelación
destina a los principios generales del Derecho en último lugar y sólo se aplican en defecto de ley, jurisprudencia y costumbre y, por ende, su posición tiene más bien carácter
subsidiario.
O incluso, pueden tener un
carácter directo.

DE CASTRO afirma: “que los principios jurídicos, por su propia naturaleza, no están sometidos a una clasificación jerárquica, pues “son los inspiradores de todo el ordenamiento jurídico”; han de ser tenidos en cuenta, antes, en y después de la ley y jurisprudencia.
Diferencias entre
PRINCIPIOS
y REGLAS
Casi toda la doctrina, con alguna excepción, coincide en afirmar que los principios jurídicos se tratan de normas jurídicas de carácter general; es decir, no existe diferencia sustancial entre principios y reglas.

La discusión acerca de los principios jurídicos y reglas arranca de un famoso artículo de DWORKIN, publicado en 1967, con el título “Modelo de las Reglas”. La pretensión fundamental de dicho ensayo era impugnar lo que este autor denominaba “la versión más poderosa del positivismo jurídico de HART”, según la cual, el Derecho está formado únicamente de reglas.
HART

Afirma QUE AMBOS SON NORMAS y que su diferencia es solamente de
GRADO
–Teoría débil–; ello significa que las reglas tienen un grado de generalidad bajo y los principios un grado de generalidad relativamente alto, los principios son más generales que las reglas.

V.g.
Un
principio
sería aquel precepto de la Constitución que consigna la libertad de creencia.

Una regla sería una norma que indicará
“todo RECLUSO tiene derecho de apartar de sus creencias a otros reclusos”.
DWORKIN

El norteamericano emplea dos argumentos para explicar la diferencia entre principios y reglas. Afirma que los principios y reglas se pueden distinguir por la forma de
APLICACIÓN.

El primer argumento señala que las
normas se aplican de manera disyuntiva
, esto es, se aplican o no se aplican, en el sentido de que lógicamente no cabe una tercera posibilidad. Caso contrario resulta con los principios, donde no se da la dicotomía de “todo o nada”. Los
principios jurídicos siempre deben ser aplicados.

El segundo argumento que emplea, consiste en que los principios tienen una dimensión que las reglas no tienen. En este sentido, Dworkin habla de una
DIMENSIÓN DE PESO
que se muestra en las
colisiones entre principios
. La regla no tiene esa dimensión, las reglas tiene igual peso o importancia; si existe un conflicto entre principios se habrá de dar más peso o importancia a uno, mientras que si el conflicto se da entre reglas, sólo se aplicará una, la que se considere válida.
ROBERT ALEXY

ALEXY afirma que: “[…] tanto los principios como las reglas pueden concebirse como normas. En tal caso, de lo que se trata es de una distinción dentro de la clase de las normas”.
A juicio de esta autor, las reglas y los principios presentan una diferencia en la forma que deben
CUMPLIRSE:
Los PRINCIPIOS JURÍDICOS
son normas que ordenan que algo sea realizado o cumplido en la mayor medida posible, según las posibilidades fácticas y jurídicas. Son normas que pueden ser cumplidas en diferentes grados. (mandatos de optimización).

Vg.
Artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

Lo prescrito por esta norma: el respeto de la integridad física, psíquica y moral, puede ser llevada a cabo en distintos niveles de cumplimiento. Lo que la norma ordena es que sea observado su mandato específico en la mayor medida posible, en otras palabras, que sea optimizado.
LAS REGLAS

son normas que sólo pueden ser cumplidas o no; debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos, ordena un cumplimiento pleno (mandatos definitivos).

V.g.
Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal […]”.

Ordena algo que no admite distintos niveles de cumplimiento. Puede ser observado o no, no hay puntos intermedios: o el inculpado tiene la asistencia de un intérprete o no la tiene.
Por otro lado, Alexy indica que esta diferencia se manifiesta de manera más clara en la forma que se resuelven los conflictos entre Reglas y la colisión entre Principios.

Los conflictos entre reglas
se solucionan o bien mediante la introducción de una “cláusula de excepción” o mediante la declaración de una ellas como inválida, en virtud de las reglas tradicionales de validez, como el de especialidad, el de jerarquía y el de temporalidad. (dimensión de validez)

El conflicto o colisión entre principios
no es un problema que se resuelve haciendo que un principio invalide a otro, sino
PONDERANDO
a cuál principio se le debe dar un mayor peso específico, de acuerdo a las circunstancias del caso, sin que por ello el otro principio quede invalidado. (dimensión del peso específico de cada uno de ellos).
MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO

Para distinguir los principios y las reglas, ofrecen dos enfoques: el
ESTRUCTURAL
y el
FUNCIONAL
.
Estructural
Ambos autores consideran que los principios y las reglas son
normas
. Las normas se estructuran con dos elementos: un
supuesto de hecho
(condiciones para su aplicación: “el que matare”, “el que robare”, etc.), y una
consecuencia jurídica
(años de cárcel, el precio, etc.).

V.g.
Art. 1740 del Código Sustantivo Civil michoacano: “El que sin causa se enriquece en detrimento de otro (supuesto de hecho), está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido (consecuencia jurídica)”.
Sin embargo, existe una diferencia básica entre principios y reglas, y esa diferencia radica en el
SUPUESTO DE HECHO.
En las
REGLAS
las condiciones de su aplicación se configuran en
FORMA CERRADA.
Cuando resultan claras las circunstancias de tiempo y modo para la aplicación de la sanción prevista en dicha norma.

V.g.
Art. 298 del Código Penal michoacano: “El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y multa hasta cuarenta días de salario”.
Crítica de Atienza y Ruiz Manero a Robert Alexy

ATIENZA y RUIZ MANERO, al referirse a las diferentes acepciones del término “principio” dan cuenta que ALEXY, cuando define a los principios como mandatos de optimización, sólo hace referencia a una clase de principios, a los de tipo programático y no a principios en sentido estricto ya que estos últimos no pueden cumplirse en diferentes grados, porque su cumplimiento es pleno.

Señalan que, tanto los principios en sentido estricto como en sentido programático, aunque tienen un supuesto de hecho estructurado de forma abierta (no se sabe a ciencia cierta cuándo aplicarse), la DIFERENCIA ES QUE EN LOS PRIMEROS SE INDICA LA CONDUCTA PROHIBIDA, su cumplimiento por tanto, es pleno.
V.g.
(Sentido estricto)
Art. 1º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece “[…] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. […].

ESTÁ PROHIBIDA la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. […].

QUEDA PROHIBIDA toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, […]”.

Funcional
Para este enfoque, las normas son vistas como
razones para la acción
; se centra en el papel o función que las normas cumplen en el razonamiento jurídico.

Las
reglas
son consideradas
RAZONES PARA EXCLUIR UNA DELIBERACIÓN
por parte del órgano jurisdiccional al dictar sentencia.

Esto significa que cuando se dan los supuestos de hechos o condiciones para aplicar la norma, el órgano jurisdiccional tiene el deber de aplicarlas y sobre ellas fundamentar su sentencia. Por tanto, el juez debe abstenerse de dictar el fallo atendiendo a su libre albedrío o a cuestiones subjetivas.

Los
principios, NO SON RAZONES QUE EXCLUYEN UNA DELIBERACIÓN
, sino al contrario, la exigen mediante la ponderación en aquellos casos de conflictos entre principios.
Segundo Caso Difícil
Artículo 14 Constitucional, párrafo cuarto:
“[…] En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley,
y a falta de ésta se fundará en los PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
”.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
ANALOGÍA
, y aún por
MAYORÍA DE RAZÓN
, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata […].

En caso de insuficiencia normativa o laguna normativa, la constitución prevé que el juez debe atenerse:
Consiste en trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero.

Luego entonces, dos son las condiciones para aplicar el método de la analogía:
En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos.
Analogía
V.g.
INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN DE HIJOS NATURALES, APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA LEY EN CASO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que los artículos 317 del Código Civil y 406 del de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla se refieren respectivamente a la posesión de los derechos de padre o hijo legítimo, […]
el artículo 14 constitucional permite la aplicación analógica y únicamente la prohíbe en los juicios del orden criminal
; de tal suerte que si el artículo 317 del citado Código Civil protege la posesión de los derechos de padre o hijo legítimo, por igual razón debe proteger la posesión de padre o hijo natural […]. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 151-156, Cuarta Parte, Tercera Sala, p. 183.
V.g.
CESIÓN DE DERECHOS. SE RIGE POR LAS NORMAS DEL CONTRATO DE DONACIÓN, CUANDO EL CEDENTE NO SE RESERVE LO NECESARIO PARA VIVIR. [...] la cesión de derechos objeto de la controversia debe, por
analogía
, ser regulada conforme a lo dispuesto por el Código Civil del Distrito Federal para el contrato de donación, en virtud de existir similitud entre ambos contratos, respecto a sus efectos, y advertirse que los artículos 2029 a 2050 del Código en cita que regulan el contrato mencionado en segundo término, no contemplan el supuesto de que el cedente no se reserve lo necesario para vivir, esto es,
se dan los requisitos para la aplicación de la analogía al Derecho civil como lo son, la semejanza de una figura legal con otra que sí regula lo que la primera omite;
analogía que sí puede aplicarse a lo sustantivo, y no tiene por consecuencia, ni presuntivamente, que se confunda la donación con la cesión de derechos […]. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo IX, Febrero 1992, Tribunales Colegiados del Circuito, p. 150.
 Mayoría de razón
Es aquel argumento en el que si un artículo predica una solución para un supuesto, existen razones para justificar que también se dé, esa solución, para otro supuesto “con mayor razón”. Se presenta en dos formas distintas:
(a fortiori)
A majori ad minus
A minori ad majus
(si la ley autoriza lo más, implícitamente autoriza lo menos)
Se usa cuando se confieren posiciones ventajosas (como derechos o autorizaciones); por ejemplo: Si se permite fijar intereses del 10%, entonces con MAYOR RAZÓN se permite fijar intereses del 5%.
(quien no puede lo menos tampoco puede lo más)
Se usa cuando se confieren posiciones desventajosas (como obligaciones o prohibiciones); por ejemplo: Si se prohíbe tener animales domésticos en un condominio, entonces
con MAYOR RAZÓN se prohíbe tener un tigre.
V.g.
Artículo 32 LA. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes.

Esta disposición establece que se podrá pedir la nulidad de la notificación cuándo ésta no fuera hecha en la forma que establecen las disposiciones del referido ordenamiento,
pero la Ley de Amparo no prevé el caso en el que la notificación no se realizó.

El argumento a partir de principios significa realizar una interpretación tomando como base un principio jurídico, que puede obtenerse de:

Principios Generales
del Derecho
V.g. d) Los principios generales del derecho
MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE "PERPETUAR LA ESPECIE", COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado define la institución del matrimonio a partir de cuatro elementos: a) es un contrato civil; b) celebrado entre un solo hombre y una sola mujer; c) que se unen para perpetuar la especie; y, d) dentro de sus objetivos también está la ayuda mutua que debe proporcionarse la pareja en la vida. […] Por tanto, la porción normativa del artículo 143, párrafo primero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que prescribe "perpetuar la especie" como una de las finalidades del matrimonio [...],
implícitamente genera una violación al PRINCIPIO DE IGUALDAD, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales
, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con el propósito de procreación); de ahí [...] que dicha porción normativa es contraria a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mayo de 2014, Tesis: 1a. CCXV/2014, Primera Sala, registro: 2006534, p. 1255.
V.g. a) Un artículo de la Constitución que se considera que posee un carácter fundamental
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional
-principio pro persona o pro homine-
, […] dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique [….]. Jurisprudencia Localizable en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo 2014, Segunda Sala, registro: 2006485.
V.g. b) De un artículo de la Constitución del cual se deduce o se presupone un principio
JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla [...]
; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, […] y por el otro, [...] de conformidad con el
principio de legalidad

que consagra la primera de las disposiciones [artículo 16] constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia […]. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre 1998, Tesis: XIV.1o.8 K, Tribunales Colegiados de Circuito, registro: 195004, p. 1061.
V.g.c) Los rasgos fundamentales de un sector de la legislación
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [...] se advierte que el
sistema procesal penal acusatorio y oral
se sustenta en el
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos [...]. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Tesis: CCXLIX/2011, Primera Sala, registro: 160184, p. 292.
La incompatibilidad puede clasificarse atendiendo a su grado o nivel de contradicción, así existen antinomias:
Criterios tradicionales
Jerárquico
En el caso de conflicto entre normas de diferente jerarquía, éste ordena preferir la aplicación la norma superior y la invalidez de la norma inferior.

Ejemplo: una norma constitucional sobre una ley ordinaria.
Cronológico
En caso de conflicto entre normas de igual jerarquía y misma especialidad, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada, y por tanto, ceder ante la nueva norma.

Artículo 9 del CCF:
“La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior”.
De especialidad
En caso de conflicto entre normas de igual jerarquía y temporalidad se deberá dar preferencia a la norma que contempla con más detalle una situación, es decir, a la especial.

Por ejemplo, debe aplicarse la norma de la Ley antisecuestros sobre la norma del Código Penal.
Antinomias de segundo grado (Conflicto e Insuficiencia de Criterios)
Por ejemplo: cuando la norma X que es superior y anterior, es contradictoria de la norma Y que es inferior y posterior. De acuerdo al criterio jerárquico, la norma x es aplicables; sin embargo, de acuerdo al criterio cronológico la segunda norma resulta aplicable. O bien, cuando una norma general y superior, es contradictoria de una norma especial e inferior. De acuerdo al criterio jerárquico es aplicable la primera, pero de acuerdo al criterio de especialidad la segunda sería aplicable.
Para resolver este tipo de conflictos, se debe establecer una
jerarquía de criterios
para estar en posibilidad de saber cuál de ellos se debería aplicar preferentemente. Esta jerarquización no viene dada en ningún ordenamiento jurídico, pero la práctica judicial y la propia doctrina suelen mantener el siguiente punto de vista.
El criterio más fuerte es el jerárquico. En caso de conflicto entre el criterio jerárquico con el cronológico, o entre el jerárquico y el de especialidad, prevalece el primero por el principio de jerarquía normativa. El segundo criterio en fortaleza es el de especialidad. El criterio más débil es el cronológico.
Insuficiencia de criterios
Dentro de esta clase de antinomias se encuentran aquellos casos en los que la incompatibilidad se produce entre normas de un mismo cuerpo normativo como un código o una ley general, de modo tal que ambas tienen la misma jerarquía, la misma temporalidad y ambas la misma especialidad, por lo tanto, todos esos criterios antes señalados no son aplicables.
Ante la ausencia de criterios, la solución se confía a la libertad del intérprete y tiene dos posibilidades:

1) Elegir una de las dos normas
a) Haciendo prevalecer la norma favorable antes que la odiosa:

“si de dos normas incompatibles una es imperativa o prohibitiva y la otra es permisiva, prevalecerá la permisiva”.

Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer.
b) Elegir la norma que mejor se corresponda con los principios
que rigen el sector jurídico de que se trate.


2) Conciliar ambas normas mediante una interpretación: sosteniendo que se trata de casos distintos.

Está solución es la que los jueces siguen con más frecuencia, pues el Poder Judicial no tienen poder abrogativo frente al legislativo. Para ello se realiza una interpretación sistemática justificada mediante un argumento a coherentia, que sirve para rechazar posibles significados de una norma incompatible con otra.

DIPLOMADO EN INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Raúl Alvarado Aguilera
La respuesta sería que el alegato es infundado porque ese es precisamente uno de los
FINES
de la apelación, examinar si se alteraron los hechos materia del juicio, conforme a una interpretación funcional, aplicando un argumento teleológico.
De una interpretación gramatical, justificada mediante un argumento a contrario, se respondería que tratándose de una resolución de la que debe guardarse sigilo, sólo se debe notificar al Ministerio Público, y a nadie más.

Sin embargo, mediante una interpretación funcional, justificado con un argumento teleológico, se advierte que
el fin de guardar sigilo es para que la investigación tenga éxito, de modo que en el caso de una orden de aprehensión lo que se pretende es que se ejecute, es decir, que el inculpado no tenga conocimiento de su existencia y pretenda evadirse de la acción de la justicia,
pero precisamente por ello, notificar al ofendido en nada interrumpiría tal fin, porque incluso es el más interesado en que se cumpla con el mandato de captura.
“Si la ley permite promover un incidente de nulidad de notificaciones cuando éstas son irregulares, entonces por MAYORÍA DE RAZÓN, se puede aquel promover cuando la notificación no se practicó”.
El segundo tipo de principios, que sólo exigen lograr un estado de cosas, por tanto su cumplimiento debe ser en la mayor medida posible.
(Sentido programático)
.

V.g.
Art. 4º de la norma constitucional federal mexicana, cuando establece “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia […]”.
Primer Caso Difícil
IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS.
De la interpretación histórica del artículo 13
constitucional, y particularmente del debate que suscitó el mismo precepto de la Constitución de 1857, se desprende que la teleología de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones más evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tribunales especiales y los fueros; de lo que se sigue que la igualdad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto específico: el de la jurisdicción. Así, el artículo 13 constitucional proscribe la aplicación de "leyes" que no sean generales, abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la ley con competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de su situación social. [TA] localizable en 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VI, Septiembre de 1997; Pág. 204.
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU TOTAL HOMOLOGACIÓN A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDE AL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.[…] de una
interpretación literal e histórica evolutiva del orden jurídico aplicable
y de las instituciones del Distrito Federal, concretamente de los artículos 73, fracción VI (actualmente derogada) y 122 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 111 en cuanto a la adecuación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, se advierte que a lo largo de la historia esta entidad ha sufrido modificaciones estructurales importantes […], tanto administrativa como política, […]; también se observa que el Órgano Reformador en ningún momento ha pretendido que el régimen de responsabilidades aplicable a funcionarios locales establecido en el párrafo quinto del mencionado artículo 111 sea aplicable al titular del órgano de gobierno del Distrito Federal […]. En congruencia con lo anterior, se concluye que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no puede homologarse, totalmente, a los Gobernadores de los Estados. [J] Localizable en 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Junio de 2006; Pág. 963.
En los
PRINCIPIOS
las condiciones de su aplicación se configuran de manera
ABIERTA
. Se trata de aquellas normas que, incluso eliminado los problemas de vaguedad o imprecisión, no se sabe a ciencia cierta cuándo aplicarlas. No señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar para su ejecución.

V.g.

Art. 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece: “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”.
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