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Caso Sarayaku

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by

Weedy Berrones

on 15 January 2016

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Transcript of Caso Sarayaku

Antecedentes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRESENTACION DEL CASO
Caso Sarayaku
San Francisco
Budapest
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
Stockholm
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Obtuvo su título de propiedad en 1992, por una extensión de 254.652 hectáreas.
En 1996 se firmó un contrato con la empresa petrolera argentina CGC para la exploración y explotación petrolera de 200.000 hectáreas localizadas en el bloque 23.
Esta concesión fue realizada sin ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento.

Entre el 2002 y el el 2003 la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas.

Los Sarayaku se declararon en emergencia por 7 meses y se movilizó para resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército.

Existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita.

En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento.
1.FUNDAMENTOS DE HECHO
Artículos 21 (propiedad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y 23 (derechos políticos) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma
Solicitud
Conclusiones
videos
fotos
La nacionalidad Kichwa de la Amazonía ecuatoriana comprende el Pueblo Napo-Kichwa y el Pueblo Kichwa del Pastaza.
Los Kichwa de Pastaza habitan la provincia del mismo nombre; se encuentran en las orillas de los ríos Pastaza, Bobonaza, Curaray, Sarayacu, Villano, Corrientes, Conambo y Pindo Yacu.


Sarayaku es uno de los asentamientos Kichwas de mayor concentración poblacional y extensión territorial y está formado por : Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayakillo, Shiwacocha y Chontayacu10 los cuales cuentan con 1,235 habitantes. El Pueblo Kichwa de Sarayaku es considerado uno de los asentamientos más antiguos.
Un 90% de las necesidades alimenticias de las familias y comunidades asentadas dentro del territorio de Sarayaku son satisfechas con productos de la agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y la recolección.

Las decisiones sobre temas graves o de especial trascendencia para el Pueblo se toman en la tradicional Asamblea comunitaria, la cual cuenta con un Consejo de Gobierno integrado por líderes tradicionales, líderes comunitarios, ex dirigentes mayores, shamanes, grupos de asesores y técnicos del Pueblo. Su tarea principal es servir de interlocutor con los actores externos a Sarayaku sobre la base de las decisiones tomadas en asamblea.

El desplazamiento entre Puyo –la ciudad más cercana– y Sarayaku, por vía fluvial a través del río Bobonaza, demora aproximadamente 3 días y por vía terrestre demora aproximadamente ocho días.

1.2Antecedentes sobre las exploraciones de petróleo en el Ecuador
1.1Antecedentes del pueblo indígena de Sarayaku

El 30 de julio de 2001, el Ministerio de Defensa de Ecuador suscribió con las empresas petroleras que operan en el país un Convenio de Cooperación de Seguridad Militar en el cual el Estado se comprometió a “garantizar la seguridad de las instalaciones petroleras, así como de las personas que laboren en ellas”.

1.3Derechos territoriales del Pueblo Kichwa de Sarayaku
. El 12 de mayo de 1992 el Estado del Ecuador entregó el título de propiedad sobre una superficie de 254.652 hectáreas.

•26 de julio de 1996: Celebración y ejecución del contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque 23: con el consorcio conformado por la CGC.

• El espacio territorial otorgado a través del contrato con la CGC comprendió una superficie de 200.000 hectáreas, en la que habitan las siguientes asociaciones y comunidades indígenas: Sarayaku, Jatun Molino, Pacayaku, Canelos, Shaimi y Uyuimi. De las comunidades mencionadas, Sarayaku es la más grande en términos de población y extensión territorial, un 65% del bloque 23 abarca su territorio ancestral y legal.

• El EIA fue aprobado el 26 de agosto de 1997 para la fase de prospección sísmica sin que se haya ejecutado el proyecto.

• El 2 de julio de 2002, fue aprobada la actualización del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Monitoreo para las actividades de prospección sísmica en el bloque 23.
HECHOS ANTERIORES A LA FASE DE EXPLORACION

La empresa CGC ofrecio dinero y atención médica a los Sarayaku a cambio de que éstos firmen un documento de aceptación para el inicio de actividades.

• Tanto la OPIP como la Organización del Pueblo Kichwa de Sarayaku se opusieron a los métodos utilizados por la CGC para obtener su consentimiento.

• Quejas por parte de la Junta Parroquial de Sarayaku respecto a la presencia de la CGC y requisas militares en el territorio de Sarayaku.

• El 10 de abril de 2003, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Pastaza dictó resolución en la que expresa la violación por parte del Ministerio de Energía y Minas y del presidente de PETROECUADOR de los arts. 84 y 88 de la Constitución del Ecuador, Convenio 169 de la OIT y el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (todos relativos al reconocimiento de la consulta para los planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables en territorios indígenas).

• El 29 de noviembre de 2002 el Juez Primero de lo Civil de Pastaza ordeno como medida precautoria la suspensión de actividades por parte de la empresa en respuesta al recurso de amparo interpuesto por el presidente de la OPIP contra la empresa CGC.
ACTIVIDADES DE EXPLORACION
• Se propuso el programa de exploración en una extensión de 633.425 Km durante 6 a 8 meses.

• Entre octubre de 2002 y febrero de 2003, los trabajos de la empresa petrolera en el bloque 23 avanzaron un 29% al interior del territorio de Sarayaku. En ese periodo la CGC cargó 467 pozos con un total de 1433 kilogramos de explosivos y los dejó sembrados en el territorio de los Pueblos indígenas que habitan en el bloque 23.

• El 6 de febrero de 2003, la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador informó que la CGC declaró estado de fuerza mayor y que suspendió definitivamente los trabajos de exploración sísmica.

Consecuencias de la prospección sísmica en el territorio del Pueblo de Sarayaku
• A raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002 y ante el ingreso de la CGC al territorio de Sarayaku, la Asociación del Pueblo Kichwa Sarayaku declaró un estado de emergencia en el cual paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares cotidianas por unos meses.

• Con base en el Convenio de Cooperación militar celebrado entre el Estado y las empresas petroleras, Ecuador ordenó la presencia de agentes de la Fuerza Pública del Estado en el territorio de Sarayaku y sus comunidades, habiéndose agravado las agresiones entre miembros de dicha comunidad, trabajadores de la CGC, y otros Pueblos indígenas ubicados en el bloque.

Hechos relacionados con la libre circulación
• De julio a diciembre de 2003 los moradores del pueblo Sarayaku fueron impedidos de circular libremente por el río Bobonaza, por parte de pobladores especialmente de Canelos y Pacayacu. En los hechos resultaron heridos varios miembros de Sarayaku.
• El 5 de diciembre de 2003 la Defensoría del Pueblo de Pastaza resolvió que los dirigentes y miembros del Pueblo Indígena de Canelos eran responsables de violación del derecho al libre tránsito.
• El 10 de abril de 2005, la Asamblea de Canelos resolvió permitir la libre circulación por su sector del Río Bobonaza a los miembros de Sarayaku.
Hechos relacionados con detenciones arbitrarias
• El 25 de enero de 2003 miembros de Sarayaku fueron detenidos por agentes estatales. Fueron llevados a campamentos de la empresa CGC.

• El 7 de octubre de 2003 el Juzgado Primero de lo Penal de Pastaza emitió órdenes de prisión preventiva en contra miembros de Sarayaku por el delito de plagio y robo agravado.
Afectaciones a la integridad personal de miembros del Pueblo de Sarayaku
• El 29 de enero del 2003, las niñas Marisela Yuri Gualinga Santi y Tatiana Gualinga Dacha, miembros del Pueblo de Sarayaku, fueron interceptadas por una patrulla del Ejército acompañada de trabajadores de la empresa CGC.

• En diciembre de 2004 el señor Marlon Santi, líder del Pueblo Sarayaku y candidato a la presidencia por parte de CONFENAIE fue objeto de llamadas de amendretamiento para que desista de su candidatura.
Destrucción de sitios sagrados
En julio de 2003 la CGC destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida religiosa y espiritual de los miembros del Pueblo de Sarayaku, a saber el terreno del líder espiritual (Yachak) Cesar Vargas.
Reactivación de actividades petrolíferas
• El 8 de mayo de 2009 el Consejo de Administración de PETROECUADOR resolvió levantar la suspensión de actividades en los bloques 23 y 24 decretada el 6 de febrero de 2003 y dispuso el inmediato reinicio de actividades determinadas en los contratos de participación.

derecho a la Consulta previa para realizar la exploración y explotación del bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku  a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina

actividades petroleras en el territorio de su propiedad
Pueblos Sarayakus Vrs. el Estado ecuatoriano
Actores
DEMANDANTES
Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta),
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
DEMANDADO
Estado ecuatoriano
RAZON DE LA DEMANDA
Los pueblos Sarayaku demandan al Estado ecuatoriano por :

Acciones y omisiones del Estado en perjuicio del Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus miembros ,
Permitir que una petrolera privada realice actividades en territorio Sarayaku
NO HA REALIZADO UNA CONSULTA PREVIA ,
Negarles la posibilidad de buscar sus medios de subsistencia en su territorio
Limitación del derecho a circulación
Negación de la protección judicial y el debido proceso a los Sarayaku.
Incumplimiento de las disposiciones del artículo 2 de la Convención Americana
Tipo de acción
Amparo Constitucional 2002
Denuncias penales
Denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003
OBJETO DE LA DEMANDA
Recurso de amparo constitucional, 28 de noviembre de 2002
Solicitar suspensión de actividades de la CGC dentro del territorio Sarayaku
Cesar actos cometidos a partir de noviembre de 2002
El 29 de noviembre de 2002 se ordena la medida precautoria de suspender cualquier acción que afectara o amenazara los derechos materia del amparo.

AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER EL CASO
Juez de Pastaza
CIDH
Corte Interamericana de Derechos Humanos
 
La Corte es competente para conocer el presente caso. El Estado ratificó la Convención Americana el 8 de diciembre de 1977 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
Derecho a la propiedad de los Pueblos indígenas
Reconocimiento constitucional, sobre territorios ancestrales de los Pueblos indígenas
la Corte Interamericana :el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los pueblos , sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.
De esta manera se ha violado el artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio del Pueblo indígena de Sarayaku y sus miembros.
Derecho de los Pueblos indígenas a la consulta previa
Jurisprudencias específica en relación a los pueblos indígenas
En ese sentido CIDH resaltó que uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito que los Estados establezcan consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales
La Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho de acceso a la información es un derechos fundamentales de las personas “comprende:

una obligación positiva del Estado es, brindar a los ciudadanos acceso a la información pública relevante, de forma oportuna, accesible y completa
Para el pueblo indígena , el acceso a la información es vital, es un ejercicio de la democracia respecto de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en sus territorios
La jurisprudencia interamericana ha establecido que la obligación de la consulta existe en todos los casos en los cuales se pretendan llevar a cabo proyectos a gran escala que puedan comprometer seriamente el territorio ocupado ancestralmente por Pueblos indígenas y tribales.
Art 21. de la Convención Americana no prohíbe per se la emisión de concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas o tribales. Sin embargo, si el Estado quisiera restringir, legítimamente, los derechos a la propiedad comunal debe consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas, y realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social.
El Art. 16.2 del Convenio No. 169 de la OIT, toda CONSULTA PREVIA debe adelantarse de acuerdo con los principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. En el mismo sentido,” 
La Corte Interamericana ha señalado enfáticamente que el derecho a la consulta previa “implica una comunicación constante entre las partes […] [que debe] realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y [que debe] tener como fin llegar a un acuerdo.

En Ecuador, los derechos políticos de los Pueblos indígenas se encuentran consagrados en la Constitución Política y en otras normas nacionales. Específicamente, el Art. 84 de la Constitución Política establece que los Pueblos indígenas tienen derecho a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras, a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad y a participar, mediante sus representantes, en los organismos oficiales que determine la ley
Derecho a la Vida
El Art. 4 de la Convención Americana establece lo siguiente:
 
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
 
La Corte Interamericana, con respecto al derecho a la vida, ha establecido los siguientes principios:
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.
Derecho de Circulación y de Residencia.
El Art. 22 de la Convención Americana establece:

Toda persona tiene derecho a circular en su territorio y a residir en él, este derecho será restringido en virtud de ley expresa para prevenir infracciones penales , seguridad nacional, la seguridad pública, la moral o la salud públicas , derechos y libertades de los demás. La Constitución de la Republica del Ecuador Art. 23.14
El artículo 8 de la Convención establece lo siguiente:
 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
 
 
En lo que respecta a Pueblos indígenas, la Corte Interamericana ha señalado que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres
El Art 95 de la Constitución de la Republica del Ecuador dispone, que una vez se interpone el recurso de amparo debe convocarse inmediatamente a una audiencia pública para oír a las partes. El juez las convocará de inmediato para oírlas en audiencia pública dentro de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda traducirse en violación de un derecho
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno
El Art. 2 de la Convención Americana establece lo siguiente:
 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Patricia Gudiño
Paola Gonzalez
Se cumpla la resolución de la Comisión Interamericana que se ordene al Estado ecuatoriano a cumplir lo siguiente :

• Adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger el derecho de propiedad del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros, respecto de su territorio ancestral, garantizado la especial relación que mantienen con su territorio.

• Garantizar a los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia, retirando el material explosivo sembrado en su territorio.

• Garantizar la participación significativa y efectiva de los representantes indígenas en los procesos de toma de decisiones, acerca del desarrollo y otros temas que los afectan a ellos y a su supervivencia cultural.

• Adoptar, con la participación de los Pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.

• Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

• Otorgar una reparación individual y comunitaria plena al Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus miembros, que incluya, no sólo una indemnización por los daños materiales y morales y las costas y costos del litigio, a nivel nacional e internacional, sino también la celebración de ciertos actos de importancia simbólica que garanticen la no reiteración de los delitos cometidos en el presente caso
1.- De acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho y las pruebas presentadas en este caso, la CIDH tendrá que dictar SENTENCIA, misma que creará precedentes y jurisprudencia para casos similares de pueblos indígenas y tribales respecto a los derechos de consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
El Presidente de la República ha declarado que se harán reparaciones económicas y el retiro de la pentolita, se hara la consulta a las comunidades afectadas, lo que significa que el sueño de los Sarayakus de declaracion de "selva viviente", quedara en sueños.

2.- Ninguna legislación nacional o internacional establece el consentimiento libre e informado como una condición vinculante relativa a las decisiones de los pueblos y nacionalidades respecto a las actividades extractivas en sus territorios. En última instancia, el criterio e intereses de los pueblos y nacionalidades están sujetos a la decisión de la autoridad superior.

Por tanto, el límite de los estándares de los derechos humanos internacionales, entre ellos el derechos a la propiedad de los territorios, se encuentra en el “interés nacional”, según lo establece el artículo 407 de la Constitución.

3.- Cabe sin embargo avanzar a la consulta previa -previa, y no limitarla a la consulta de pre ejecución establecida en el Reglamento 1040, de forma a avanzar en la participación en la toma de decisiones antes mismo del otorgamiento de permisos y licencias de exploración, como sucede hasta ahora y que reducen la consulta a un mero hecho informativo, respecto a decisiones previamente tomadas por el Estado y las compañías.
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