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Teo Contratos 2a Parte

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by

Oscar Guerra Becerra

on 30 September 2016

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Transcript of Teo Contratos 2a Parte

PENA CONVENCIONAL. CUAL ES LA OBLIGACION PRINCIPAL EN LA. La interpretación auténtica, lógica y sistemática de las disposiciones legales rectoras de la cláusula penal, en relación con su objeto y naturaleza jurídica, conduce a determinar necesariamente que el concepto "obligación principal", utilizado en el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, se refiere a cada obligación concreta por cuyo posible incumplimiento se pacta la pena convencional, y en modo alguno a la obligación que se estime de mayor importancia, económica o de cualquier otra índole, entre todas las contraídas en un contrato. Las razones específicas que conducen a dicho criterio son las siguientes: 1. De lo dispuesto en el artículo 1840 del citado ordenamiento sustantivo, se advierte que la pena convencional es una prestación pactada para el caso de que cierta obligación no se cumpla, o no se cumpla de la manera convenida. Su objeto esencial, según lo explican magistralmente los autores del Código Civil para el Distrito Federal de 1870, en la parte expositiva, consiste en indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan con la falta de cumplimiento de la obligación, y por esto se fija como límite máximo el valor de la obligación principal, porque si pudiera exceder de éste, se halagaría con un incentivo poderoso al acreedor, para obstaculizar el cumplimiento o ser moroso al exigirlo, por lo menos, con el ánimo de obtener el importe de la pena, que implicaría no sólo una justa indemnización, sino también una considerable ganancia, o bien resultaría un pacto estéril, si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable. En dicha parte expositiva se ve que invariablemente se identificó a la obligación principal con la obligación incumplida. Por otra parte, el objeto descrito de la cláusula penal ha continuado hasta nuestros días, sin variación en la legislación vigente, y esto lleva a la situación siguiente: si no se identificara a la obligación principal con la que por incumplimiento da lugar a la pena convencional, se desvirtuaría absolutamente la finalidad de ésta, porque admitiría la posibilidad de que una pena convencional excediera en valor o cuantía a la obligación cuyo incumplimiento la generó, contrariando así el fin perseguido con la institución. Verbigracia, si un arrendatario incumpliera con el deber adquirido de sustituir el calentador de agua por uno nuevo, cuyo precio no excediera de mil nuevos pesos, y por eso estuviera fijada una pena de tres mil nuevos pesos, siendo la prestación contractual de mayor importancia, el pago de la renta mensual de cuatro mil nuevos pesos, con el criterio que no se admite por este tribunal, sería válida esa estipulación y, consecuentemente, contravendría el objeto explicado, al proporcionar al acreedor, no sólo lo máximo que pudiera obtener con el cumplimiento de la obligación, sino una jugosa ganancia, ajena totalmente a los propósitos de la institución; en cambio, si como obligación principal se entiende la sustitución del calentador, lo convenido al respecto sería nulo, en lo que excediera al valor de este mueble más la mano de obra y materiales para su instalación, logrando así inobjetablemente que el arrendador fuera compensado por lo que perdió con el incumplimiento, sin propiciar una injusta ganancia. 2. Del contenido del artículo 1841 del Código Civil, se desprende el carácter accesorio de la pena convencional, y por tanto, que su existencia, validez y subsistencia siguen la suerte de la obligación con la que se le vincula. Por esto, el precepto dice que la nulidad del contrato importa "la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél", con la sola aclaración de que en este texto, la palabra contrato está usada como sinónimo de la obligación que sirve de base a la cláusula penal, siguiendo con esto una antigua costumbre de los legisladores y los autores. Este carácter accesorio acogido en la ley, permite explicar con claridad que en una disposición inmediata posterior se use el concepto "obligación principal", entendiéndose éste en oposición al de "obligación accesoria" dado a la pena, en seguimiento de una de las clasificaciones tradicionales de las obligaciones, que distingue entre principal y accesoria. 3. En todos los artículos relativos a la cláusula en comento, se regula únicamente la relación existente entre la obligación incumplida y la de pagar la prestación convencional por el incumplimiento, sin involucrar para nada alguna situación distinta. Por ejemplo, en el artículo 1840, donde se establece la posibilidad de pactar esa modalidad; en los artículo 1844 y 1845, referentes a la modificación de la pena por incumplimiento parcial de la obligación; o en el 1846, donde se dispone que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación (incumplida) y el pago de la pena, sino una sola de estas prestaciones, por regla general. Esta constante haría ilógico que cuando a la palabra "obligación" se le agrega la voz "principal", se le diera un significado diferente al de la obligación incumplida, porque con ello se rompería la uniformidad, sin ninguna explicación ni necesidad, e inclusive se alteraría la armonía de las normas y el objeto de la institución regulada, como ya se vio. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 4974/93. Equipos Básicos, S. A. de C. V. 21 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 2434/94. Adán Gutiérrez y González. 19 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 4374/94. Impceco, S. A. de C. V. y otras. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Marcela Hernández Ruiz. Amparo directo 4574/94. Ignacio Rocha González. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 5334/94. María Esther Villalobos Herrera. 27 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley. Secretario: Carlos Arteaga Alvarez.

1o.- La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.

Los representantes “voluntarios” (
apoderados
)
SÓLO
lo que
expresamente
se les autorice
Aptitud reconocida al sujeto
de actuar mediante su propia voluntad.
Dos sentidos:

Amplio:
Equivalente a personalidad
(capacidad de goce)

Estricto: De ejercicio.
Son hábiles para contratar
todas las personas
NO exceptuadas por la ley (1677)
Solemnidades?
No es violar la ley.
La ley impide
su realización
La falta de objeto
constituye un obstáculo
insuperable
II.- Objeto Indirecto HACER o NO HACER debe 1707-I, 1708):

1. Ser físicamente posible.
Imposibilidad objetiva e inicial (1709).
2. Compatible con una norma jurídica.
Sus reglas se aplican a todos los actos jurídicos y convenios (1739).
Efectos del contrato
Obligaciones de las partes (cláusulas naturales).
Aplicable también al objeto hacer/no hacer.
Dar (1897):
Traslación dominio de cosa cierta
Enajenación temp uso/goce de cosa cierta
Restitución de cosa ajena
Pago de cosa debida

Género
Especie? (1883, 1884)
Individual
Calidad?
Directo (crear, transferir D y O) Está en la Ley.
Indirecto (Dar, hacer o no hacer) (1704).
Cosa (lo que se da, se hace o no se hace).




I.- Objeto Indirecto DAR (“cosa”/bien) debe (1705):

1. Existir en la naturaleza.
2. Ser determinado o determinable
3. Estar en el comercio (742).



Legitimación
Si está prevista la legitimación, pero no hay capacidad
el acto está permitido
(previos requisitos o mediante representante, o ambos)
Si no hay posibilidad de legitimación
el acto está prohibido
La falta de capacidad es superable (con la representación); la falta de legitimación, NO.
Capacidad
: Posibilidad de obrar, sea por sí mismo o a través de representante.

Legitimación
: Posibilidad concreta que la Ley otorga a un individuo concreto, de realizar un acto concreto.
Capacidad y legitimación
Natural: Hay uso de razón ("madurez") en la persona.






Legal: La Ley supone e impone el uso de razón (24, 35, 1677, 1678).

Incapacidad: No capacidad de ejercicio (451).
General o especial (2449).

Pleitos y cobranzas (defensa y recuperación)
Actos de administración (conservación e incremento)
Actos de dominio (de disposición) (disminución y riesgo)

¿Contrato consigo mismo?
Válido si no oposición de intereses
Admores de bienes ajenos (569, 2165, 2167)

Representación:

Legal (10, 27 LGSM, 406, 421, 537-V, 1584-VIII…)

Voluntaria (1662, 1663, 2425, 2427).
Error “indiferente”
En cualidades no esenciales
No en MDV

- Dan lugar a rectificación
In quantitate
In qualitate
Error “dirimente”
- Anula el consentimiento (Nulidad)
In substantia
(cualidades esenciales)
En MDV
Error “obstáculo”
- Impide formación del consentimiento (Inexistencia)
In corpore
In negotio
In personae
(En contratos
intuito

personae
)
Teoría
de los
Contratos

Cuatro partes:
1.- El contrato.

2.- Algunas fuentes de obligaciones.

3.- Responsabilidad civil.

4.- Concurso y prelación de créditos.
a) Introducción.
b) Requisitos de existencia y de validez.
c) Estructura del contrato.
d) Efectos e interpretación.
El contrato
Requisitos de existencia
Requisitos de validez
Consentimiento


Objeto


Solemnidades?
Capacidad
Ausencia de vicios

Licitud en el: objeto, motivo
y fin

Formalidades
(1673)
(1674)
El contrato
Requisitos de existencia
Objeto
Dar: (1897)
1. Traslación de dominio de cosa cierta;
2. Enajenación temporal de uso o goce de cosa cierta;
3. Restitución de cosa ajena;
4. Pago de cosa debida.
No está (743, 744):
Por su naturaleza.
Por disposición de la ley.
Incomerciable diferente de inalienable.
Cosas futuras (1706).
El contrato
Requisitos de existencia
Objeto
(Después de formalidades)
El contrato
Requisitos de validez
Capacidad
Representación, poder y mandato
Emancipados (641-I)
Cónyuge
administrador
de la SC
(181-2º)
Albacea (1595)
Extranjeros
en adquisición de inmuebles
"Cláusula Calvo"
(27-I Const)
Copropietarios
Dcho del Tanto (2164)
Administradores de
bienes ajenos (2165-II)
Mujer casada
consentim de su cóny
para ser inseminada
(466 LGS)
Extranjeros en zona prohibida
100Km fronteras, 50km costas
(27-I Const)
Menores de edad
(no donación, remisión, fianza,
renta prolongada, venta a sus padres)
(432, 424-I, 2163)
Administradores de bienes ajenos
(2165-I, III, IV, V, VI)
Funcionarios, abogados, peritos
(2161, 2166)
El contrato
Requisitos de validez
Capacidad de las
personas morales
Está delimitada por (28):
1. La ley
2. Su escritura constitutiva, y
3. Sus estatutos
Se obligan y ejercen sus derechos, mediante sus órganos de representación (teoría organicista) (27).

Este
representante legal
puede hacer
TODOS
los actos relacionados con los fines de la persona moral.
Pueden ejercer todos los derechos necesarios para realizar su objeto (26).
Las PM extranjeras se rigen por el dcho de su constitución (2636 CC y 27- I Constit)
ADMINISTRADORES. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LAS DE UN MANDATARIO SE RIGEN POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. La circunstancia de que al representante legal de una persona moral se le denomine administrador, no significa que sólo tenga atribuciones administrativas, sino que tal vocablo, utilizado por el legislador para designar a quien o quienes habrán de representar a la sociedad, implica que el administrador también tiene las atribuciones inherentes a las de un mandatario general para pleitos y cobranzas, para la administración de bienes e, inclusive, para realizar actos de dominio, salvo lo dispuesto en el acta constitutiva; por lo que sus facultades no se rigen por las disposiciones del Código Civil inherentes al mandato, ya que tales facultades devienen directamente de la ley, sin más limitaciones que las que expresamente se señalen en la escritura social. Amparo directo 65/2002. Fraccionamiento Popular, S. de R.L. de C.V. 25 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel. Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Localización: Tomo XVI, Julio de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: IX.1o.62 C. Pag. 1237.
Ausencia
de vicios
Error (1692)
Dolo (1694)
Violencia (1698)
Lesión (1702)
Error
(1692)
De hecho o de Derecho
1° Recaer en el MDV; y
2° Se declara en el acto (expreso)
o se desprende de las
“circunstancias” (tácito).
Mala fe?

Dolo?

(1694)
Violencia
(1698)
Física
Vis absoluta

Moral (amenazas)
Vis cumpulsiva
Lesión
Elementos:
a) Objetivo (lucro)
b) Subjetivo (aprovechamiento)
Mala fe?
Miedo
Ignorancia
Miseria
Inexperiencia
Calificativos
Necesidad?
Error
Código Civil del D.F.
ARTÍCULO 1796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo siguiente.

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean mas onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente articulo.

ARTICULO 1796 BIS.- En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los treinta días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que esta fundada.

La solicitud de modificación no confiere, por si misma, al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato.

En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un termino de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia. dicha acción deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes.

Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el articulo anterior, la parte demandada podrá escoger entre: I) La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato según lo determine el juez; o II) La resolución del contrato en los términos del siguiente artículo.
Código Civil de San Luís Potosí

ARTICULO 1633.1. En los contratos unilaterales o bilaterales con prestaciones periódicas o continuas, el consentimiento y la voluntad de las partes se entienden otorgados en los términos, condiciones y circunstancias existentes en el momento de su celebración.

ARTICULO 1633.2. Si en cualquier momento de la ejecución de los contratos a que se refiere el articulo anterior varían, por acontecimientos extraordinarios que no se hayan previsto por las partes al momento de su celebración, las condiciones generales del medio en que debería darse cumplimiento a lo pactado, la parte afectada podrá demandar la nulidad relativa del contrato, o bien, una reducción equitativa y justa en razón a la alteración imprevista manifestada, ya que de pretender exigirse el cumplimiento en los términos aparentes de lo convenido, se actualizaría una prestación excesivamente onerosa y carente de equidad, la cual de ninguna manera estaría respondiendo a la causa original del contrato celebrado, ni a la voluntad, ni consentimiento real de las partes.

ARTICULO 1633.3. Se entiende por acontecimientos extraordinarios, aquellas alteraciones imprevisibles que sobrevengan por hechos o circunstancias que alteren la situación económica del país o del estado de San Luís Potosí, de tal manera que de haber sabido el deudor se iban a manifestar en perjuicio de lo pactado por el, no se habría obligado, ni convenido en la forma y términos en que lo hizo.
INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La usura en su sentido gramatical se define como el interés excesivo en un préstamo. Por su parte, el artículo 78 del Código de Comercio consagra el principio pacta sunt servanda, esto es lo estipulado por las partes, en cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto. Empero, esa libertad contractual tiene la limitante prevista en el numeral 77 de la codificación en cita, que se refiere a que tiene que versar sobre convenciones lícitas. En vista de ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve en San José de Costa Rica, que entró en vigor el dieciocho de julio de mil novecientos setenta y ocho, de exigibilidad en México a partir del veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno- establece en su artículo 21, numeral 3, que la usura y cualquier otra forma de explotación humana por el hombre, deben ser motivo de prohibición legal; luego, dicha disposición se trata de un derecho fundamental, pues el artículo 1o. de la Carta Magna amplía el catálogo de éstos no sólo a los contenidos en el ordenamiento supremo del orden jurídico nacional, sino también en los tratados internacionales aprobados por el Estado Mexicano. En ese orden de ideas, se destaca que el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no fija límite para el pacto de intereses en caso de mora en un título de crédito, pues la voluntad de las partes rige -en principio- para dicho acuerdo, en correlación con el mencionado numeral 78 de la codificación mercantil, y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proscribe la usura. De ello se colige que si bien la legislación mercantil contempla la posibilidad de cobrar intereses por los préstamos, basada en el principio de libre contratación, en atención al contenido de los artículos 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1o. de la Constitución Federal, debe reconocerse la protección al deudor frente a los abusos y a la eventualidad en el cobro de intereses excesivos, por constituir usura. De este modo, permitir que la voluntad de las partes esté sobre dicha disposición convencional sería solapar actos de comercio que conculquen derechos humanos. Así, el artículo 77 del Código de Comercio, es acorde con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al regular que los pactos ilícitos no producen obligación ni acción; pero la aplicación del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el sentido de permitir el pacto irrestricto de intereses en caso de mora, es inconvencional, pues tolera que los particulares se excedan en su cobro con la eventualidad de que éstos sean usurarios. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 193/2012. Pedro Rodríguez Cisneros. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria: Adriana Vázquez Godínez. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 67/2013, pendiente de resolverse por la Primera Sala.
Concepto
(1710)
Licitud en el:
Objeto (qué?)

Motivo y fin (por qué?/para qué?)
Francesco Messineo
Orden público son principios fundamentales e intereses generales deducibles de las normas coactivas de la Ley sobre los que descansa el ordenamiento jurídico del Edo y que por ende son imperativos e inderogables.
Licitud
El contrato
Requisitos de validez
"Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres"
(1707-II, 1710, 1711)
SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que
el orden público constituye la máxima expresión del interés social
, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la
armonía social
en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y
no de desorden
o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 225/2012. Consultoría Profesional Mexicana, S.C. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Décima Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1575.
Concepto
(1675, 1712 -1714)
Escrito?
1.- Privado.
2.- Privado ante dos testigos.
3.- Privado ratificado ante fedatario.
4.- Público.
Firma
De los contratantes.
A “ruego”.
Huella digital?
Firmar de manera diferente?
Firma electrónica?
1834 Bis CCFral
Acción
"pro forma"
Actos revocables?
Consensualidad
(1675, 1712, 1713)
Solemnidades?
Formalidades indispensables
El contrato
Formalidades
Forma
: Manera en que se externa la voluntad.

Formalidad
: Adecuación de la voluntad a requisitos externos
(Una formalidad)
(1714)
(Otra formalidad)
1834 Bis. Los supuestos previstos por el artículo anterior (igual al 1714 del CC de Qro) se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta.

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige.
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

El uso que usted haga de los Servicios incluye la capacidad de celebrar acuerdos y/o realizar transacciones electrónicamente. USTED RECONOCE QUE SUS SOLICITUDES ELECTRÓNICAS CONSTITUYEN SU ACEPTACIÓN E INTENCIÓN DE REGIRSE Y PAGAR POR TALES ACUERDOS Y TRANSACCIONES. SU ACEPTACIÓN E INTENCIÓN DE REGIRSE POR LAS INSCRIPCIONES ELECTRÓNICAS SE APLICA A TODOS LOS REGISTROS RELACIONADOS A TODAS LAS TRANSACCIONES QUE REALICE EN ESTE SITIO, INCLUSIVE LOS AVISOS DE CANCELACIÓN, POLÍTICAS, CONTRATOS Y APLICACIONES. Para acceder y conservar sus registros electrónicos, se le puede solicitar que disponga de determinado hardware y software, los cuales son de su exclusiva responsabilidad.

Apple no es responsable por errores tipográficos.
(Otorgamiento de contrato)
(1713, 2118)
"Donde el consenso une, solo el mutuo disenso desune"
En los contratos
las formalidades
NO son
indispensables
(En otros actos jurídicos)
Sus reglas se aplican a todos los actos jurídicos y convenios (1739).
El contrato
Requisitos de existencia
Requisitos de validez
Consentimiento


Objeto
Capacidad
Ausencia de vicios

Licitud en el: objeto, motivo
y fin

Formalidades
(1673)
(1674)

Ineficacias
Inexistencia
Nulidad
Nulidad relativa
Nulidad absoluta
Nulidad relativa
No olvidar la acción
pro forma
(otorgamiento de contrato)
1. Cualquiera la puede hacer valer
2. No convalidable
3. Imprescriptible
1. Solo el interesado la puede hacer valer
2. Convalidable
3. Prescribe
1. Solo Interesado
2. Convalidable
3. Prescribe
Clasificación
Unilaterales
Bilaterales
Solo una parte se
obliga
(donación, depósito gratuito, promesa unilateral).
(1715)
Ambas partes se
obligan
(Obligs. recípr.)
(compraventa, arrendamiento).
(1716)
Gratuitos
Onerosos
El
provecho
es sólo de una parte (donación, mutuo sin interés).
Los
provechos y gravámenes
son recíprocos
(compraventa, arrendamiento).
(1717)
Las prestaciones son
ciertas
para las partes desde que celebran el contrato
(donación, depósito).
Conmutativos
Aleatorios
Las
prestaciones debidas
dependen de un acontecimiento incierto
(renta vitalicia, juego, apuesta).
(1718)
Consensuales
Formales
Reales?
Se perfeccionan con el mero
consentimiento
(todos).
Se requiere
formalidad
determinada (compraventa, donación y permuta de inmuebles).
Se requiere que se
entregue
el bien (prenda, depósito)
Puros (simples)
Complejos
No
sujetos a
modalidades
Sujetos a
modalidades
(condición, plazo, etc.)
Principales
Accesorios
Para existir
dependen de uno principal
(fianza, prenda, hipoteca).
Existen por
sí mismos
.
Tienen un fin propio.
(De garantía)
La prestación se agota
en un solo acto
(compraventa de contado, donación).
Instantáneos
De tracto sucesivo
De
ejecución reiterada
, efectos durante un
periodo de tiempo
(arrendamiento, comodato).
No tienen
regulación específica
en la ley.
De igual a igual
De adhesión
Las partes establecen
libremente
los
derechos y obligaciones
.
Una de las partes acepta el contrato realizado por otro.
Nominados
Inominados
(Típicos)
(Atípicos)
Tienen una
regulación específica
en la ley.
Encabezado
1) Nombre del contrato;
2) Nombre de los contratantes; y
3) Carácter y denominación de los contratantes.
Declaraciones
Antecedentes
(
Información
que da sustento a las cláusulas)
Cláusulas
(Efectos del contrato y
Derechos y obligaciones)
Lugar y fecha
Firmas
(¿Si no saben o no pueden firmar?


(¿Testigos?)
Estructura del contrato
(Datos de
identificación
)
1) Existencia (personas morales);
2) Capacidad;
3) Legitimación;
4) Personalidad;
5) Propiedad;
6) Gravámenes;
7) Determinación individual;
8) Motivo determinante de la voluntad;
9) Domicilios.
1) Cláusula(s) esencial(es);
2) Derechos y obligaciones;
3) Garantías;
4) Cláusula(s) penal(es);
5) Causas de terminación;
6) Procedimiento en caso de controversia;
7) Competencia en caso de conflicto;
8) Modalidades.
(1714)
Configurar
el
Contrato
Judicial
Arbitraje
Otros medios alernativos
CONTRATOS. SU VALIDEZ NO SE VE AFECTADA SI SE TRANSGREDE UNA DISPOSICIÓN LEGAL REFERENTE A UN ASPECTO QUE NO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA VOLUNTAD SUSTANCIAL DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Si se atiende a los principios jurídicos de que siempre debe buscarse la subsistencia y eficacia de los contratos y que lo útil no debe ser viciado por lo inútil, así como a lo dispuesto tanto en el artículo 2132 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza abrogado, como en el 2171 del vigente
(2124 del de Querétaro)
, resulta evidente que cuando se contrae un compromiso que transgrede alguna disposición legal referente a un aspecto que no se relaciona directamente con la voluntad sustancial de las partes, como sucede, por ejemplo, en el caso de que se pacte como vigencia de la obligación un lapso mayor al permitido por la ley, ello
no puede provocar la nulidad de todo el convenio, sino sólo la de aquella parte excesiva
; esto es, no existe razón jurídica para invalidar el resto del contrato que sí se formó válidamente y que puede producir sus efectos de forma independiente al fragmento viciado, a menos, claro está, de que quede debidamente acreditado que la voluntad de las partes se formó precisamente debido a la estipulación anulable, o que se hubiera acordado como limitación que el contrato sólo subsistiera en su integridad. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 792/2004. Javier Múzquiz Cantú y otros. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Ángel Rodríguez Maldonado. Época: Novena Época. Registro: 178215. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXI, Junio de 2005. Materia(s): (Civil). Tesis: VIII.4o.15 C. Pag: 791.
(2124)
CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA CUANDO SON CELEBRADOS POR FALSO REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR EL MANDANTE. Los actos celebrados en nombre de otra persona, cuando exceden los límites del poder conferido, sin haber sido ratificados por parte del representado o por su mandante, están afectados de nulidad relativa. La anterior conclusión deriva de la interpretación armónica de los artículos 2225, 2226 y 2227 del Código Civil para el Distrito Federal, que establecen, respectivamente, que la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto puede dar lugar a la nulidad absoluta o a la nulidad relativa del mismo; que las características que debe reunir la nulidad absoluta es que no desaparece por confirmación ni por prescripción y que puede hacerse valer por todo aquel que tenga interés que el acto no produzca efectos; y, que la nulidad relativa se caracteriza por no reunir todos los datos que distinguen a la nulidad absoluta. Por tanto, el acto celebrado ya sea por el representante o el mandatario extralimitando sus facultades, o sin ser legítimo representante, y sin que dicho acto hubiere sido ratificado por el mandante, está afectado de nulidad relativa, pues aun cuando pudiera estimarse que adolece de ausencia o falta total del consentimiento, como elemento esencial o de existencia del contrato celebrado con el tercero, esta ausencia es susceptible de convalidarse por ratificación, por disposición expresa de los artículos 1802 y 2583 del Código Civil para el Distrito Federal, los cuales, como quedó asentado en párrafos precedentes, establecen, el primero de ellos, que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a menos que los ratifique la persona a cuyo nombre fueron celebrados; y el segundo, que los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos con relación al mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente. Esta ratificación constituye la manifestación de voluntad del mandante de aceptar los efectos del negocio realizado por quien dijo ser su representante y lo perfecciona, porque cuando el representante realiza actos más allá de los que le fueron autorizados, no se compromete la responsabilidad del mandante ni puede obligarlo a su cumplimiento; y es sólo con la ratificación que este último haga del negocio jurídico celebrado en su nombre y representación, que los efectos jurídicos realizados por el mandatario recaerían directa y retroactivamente en él. Contradicción de tesis 54/2006-PS. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito. 10 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 7/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de enero de dos mil siete.
CONTRATOS. EL ARTÍCULO 1688 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO SÓLO EXIGE QUE LA DETERMINABILIDAD DE SU OBJETO SEA EN CUANTO A SU ESPECIE Y NO POR SU INDIVIDUALIDAD O GÉNERO. De la recta interpretación del artículo 1688 del Código Civil para el Estado de Querétaro se obtiene que la determinabilidad del objeto del contrato se realizará sólo en cuanto a su especie, y si bien la determinación individual sería la óptima, por la fijación particular de una cosa que implica hacerla única, sin que exista otra que la reemplace por idéntica, sin embargo, no es esta determinación individual la exigencia constante e ineludible en la contratación que prevé el citado precepto, y menos aún la de género, porque no alcanza la concreción exigida por la ley, pues adolece de una vaguedad que hace que la cosa quede insuficientemente particularizada; por tanto, el requisito legal se colma si la cosa es determinada o determinable en cuanto a su especie, que es el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes y se distinguen de las otras especies. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 738/2004. María de Jesús Dorantes Dorantes. 3 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: José Alfonso Montalvo Martínez.
CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS
DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS
, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA. De acuerdo al contenido de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil para el Distrito Federal, que vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar las condiciones originales en que se estableció un contrato sino, en todo caso, el sistema seguido en el Código Civil referido adopta en forma genérica la tesis pacta sunt servanda, lo que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 246/98. Martha Irene Bustos González. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 1284/98. Industrias Cormen, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 29/2001. Gustavo Parrilla Corzas. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Enrique Villanueva Chávez. Amparo directo 427/2001. Dachi, S.A. de C.V. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox. Amparo directo 2/2002. Restaurante Villa Reforma, S.A. de C.V. y otros. 25 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Enrique Villanueva Chávez.
Y en nuestro Estado!?
(1675 y 1676)
Corte?
SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto.
El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición
, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A (Recurrente: Secretario de Programación y Presupuesto y otras). 8 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en Benito Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes Margarita García Galicia, en funciones de Magistrado por ministerio de ley. Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Vicente Román Estrada Vega.
NORMAS JURÍDICAS. SI LA LEY NO DETERMINA EXPRESAMENTE QUE SEAN DE ORDEN PÚBLICO E IRRENUNCIABLES, CORRESPONDE AL JUZGADOR RESOLVER SOBRE EL PARTICULAR DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE CIERTAS PREMISAS.
El orden público ha sido entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos los particulares
, porque interesan a la sociedad colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados. Funciona, además, como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico. El carácter de orden público de las normas adjetivas o sustantivas se determina de acuerdo al objeto de cada disposición y a su naturaleza. Así,
el legislador puede declarar que una norma es de orden público y, en ese caso, el intérprete debe limitarse a aplicarla
, a menos que se cuestione, desde el punto de vista constitucional, la facultad de hacer esa declaración.
En defecto
de una disposición expresa que establezca que una norma es de orden público e irrenunciable,
la determinación de si tiene ese carácter queda librada al criterio judicial
y para llegar a ello, el Juez debe tener en cuenta dos elementos de juicio: el primero, la intervención del Estado, que sólo es de carácter subsidiario en la composición de los conflictos privados, caso en el que las normas están dirigidas a proteger un interés privado, por lo que ante la duda debe considerarse que no afectan al orden público, debido a que es de suponer que si así fuese, el legislador lo habría previsto; y el segundo, que los principios que informan el concepto de orden público tienen su fuente en la Constitución General de la República y que, por consiguiente, se le viola cuando se desconocen algunas de las garantías que ella consagra. De ahí que para determinar cuándo es posible apartarse de las normas sustantivas o del procedimiento debe establecerse si se halla o no comprometido el orden público en cada caso, es decir, distinguir las normas de orden público de las que solamente afectan los intereses privados de los particulares. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1543/2003. 20 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVIII, Julio de 2003. Página: 1158. Tesis: I.3o.C.64 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común.
Se rigen por:
a) Las reglas generales del contrato;
b)Las estipulaciones de las partes; y,
en lo que fueren omisas,
c) Las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía.
(1738)
Máxima ¿“Nemo Auditur Turpirtudinem Allegans”?
PRINCIPIO LATINO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
NO ES OFENSA DEL JUZGADOR HACIA UNA DE LAS PARTES
, SINO QUE PONE DE MANIFIESTO LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ Y QUE LE PERJUDICA. La historia del latín comienza en el siglo VIII A.C. y llega, por lo menos, hasta la Edad Media; fue en Italia, en la región del Lacio donde surgió el latín. El latín fue utilizado desde la fundación de Roma, hasta el siglo IV A.C., al mismo tiempo que evolucionó el Derecho Romano. Al caer el Imperio Romano, el latín aún fue usado a través de los siglos como la única lengua escrita en el mundo romano. En la Edad Moderna, el latín aún se usa como lengua de la cultura y de la ciencia, pero está siendo sustituida paulatinamente por los idiomas locales. En la actualidad, nuestro sistema legal tiene su fundamento en el Derecho Romano, por lo que aún se recogen principios que surgieron en el idioma latín y que hasta nuestros días son utilizados como latinismos. Un latinismo es una palabra o expresión latina que se usa en otra lengua, sobre todo en contextos científicos y académicos, se explica porque el apogeo del Imperio Romano y, por ende, el Derecho Romano abarcó un extenso territorio. Por lo que en la terminología española clásica del derecho es frecuente el uso de latinismos como: codex, corpus (por ejemplo en habeas corpus, corpus iuris civilis), dictum, exequatur, forum, incipit, in fraganti, index, ivre pronunciese iure (por ejemplo en de iure -por lo derecho, por lo iudiricum o por lo jurídico- en contraposición al de facto -por la fuerza de los hechos-) ius, quorum, reo, res, tractatus, verbigracia (de verbi gratia -gracias a las palabras- con el significado de "por ejemplo"), simplex, cápita. En ese contexto, en la actualidad en nuestro derecho civil, se utilizan máximas escritas en latín, en el caso, la frase: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, la cual puede entenderse, como
"nadie puede ser oído a invocar su propia torpeza", "nadie puede alegar su propia torpeza" o "nadie podrá ser escuchado, el que invoca su propia culpa"
. En la sentencia se aplica cuando alguna de las partes omite en su demanda o contestación narrar hechos precisos para que proceda su acción o excepción toda vez que los hechos no pueden estar sujetos a pruebas si no forman parte de la litis, por lo que al no hacerlo, debe soportar la consecuencia jurídica. En ese contexto,
la frase Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, no resulta ser punzante ni hiriente, cuando sólo se invoca para poner de manifiesto la conclusión del juzgador en el sentido de que una de las partes omitió hacer algo que le incumbía para su beneficio
. Amparo directo 647/2011. Operadora Intergasolineras, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos. Época: Décima Época. Registro: 2000426 .- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C.1 K (10a.).- Página: 1323.
ARRENDAMIENTO. PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE DE LA ARRENDADORA. RECONOCIDA TACITAMENTE AL CELEBRARSE EL CONTRATO NO PUEDE DESCONOCERSE EN EL JUICIO BASADO EN EL. Si al celebrarse el contrato de arrendamiento, el arrendatario no exigió que quien firmó como representante de la actora acreditara su personalidad, ésta debe subsistir, aunque sólo sea para ese negocio exclusivamente, porque se entiende que el inquilino dio por probada la personalidad del representante de su contraparte, bien porque estuvo seguro de ella, o bien porque
la aceptó así con tal de alcanzar los beneficios que de ese acto obtuvo
, como son la posesión y disfrute del inmueble arrendado, ya que si es lo primero, o sea que el arrendatario conocía perfectamente que la persona que suscribió el contrato ejercía la representación que ostentaba, nada tiene que objetar, y si es lo segundo, esto es que el inquilino sólo aceptó tal representación
con el fin de obtener un beneficio
, entonces es el caso de aplicar el apotegma jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans, es decir, que
nadie escucha al que alega su propia torpeza
, puesto que el arrendatario se colocó en esa situación a su propio riesgo. Amparo directo 1648/88. Juventino Chong Yong. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Taboada González. Amparo directo 1978/88. María del Refugio Nieto. 8 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Taboada González. Amparo directo 2068/88. Rodolfo Pérez Márquez. 11 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo directo 33/89. Nathan Gutman Fermon. 2 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells. Amparo directo 303/89. Blanca Azucena Hernández Zamudio. 9 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez.
Ley Federal de Protección al Consumidor

85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.
Todo contrato de adhesión
celebrado en territorio nacional,
para su validez
, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además,
no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley
.

86.- La
Secretaría
, mediante
normas oficiales mexicanas
podrá sujetar contratos de adhesión a
registro previo ante la Procuraduría
cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento. Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio.
Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia
que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos.
Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado
por la Procuraduría.

2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: … II. Proveedor: la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.
CONTRATO DE ADHESIÓN. ANÁLISIS DE SUS CLÁUSULAS CONFORME A SU NATURALEZA PARA PREVENIR ABUSOS. El contrato de adhesión contiene cláusulas esenciales establecidas previa y unilateralmente por un proveedor de bienes o servicios sin que la contraparte consumidora tenga oportunidad de discutir su contenido. Indiscutiblemente es un contrato aun cuando no contenga todas las cláusulas ordinarias de uno tradicional. Consta en formatos uniformes en los términos y condiciones para la adquisición de productos o servicios. Entre sus elementos destacan que: la oferta se hace a una colectividad; el convenio es obra exclusiva de una de las partes; la reglamentación del contrato es compleja; la situación del oferente es preponderante; la oferta no puede ser discutida; y, el contrato oculto es regularmente un servicio privado de utilidad pública. Por sus características las cláusulas que puede contener están sujetas a los requisitos que la ley impone para la protección del consumidor; por ejemplo, contra prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de la ley que lo regula. Así, constituye un microsistema en el que no priva de la misma manera la autonomía de la voluntad que rige en los contratos en que las partes pueden pactar bilateralmente las cláusulas. En ese contexto, para analizar su validez o nulidad debe atenderse, en primer lugar, a su naturaleza. Por lo tanto, es un error la declaración respectiva con base en las normas que regulan los contratos en general, cuando éstas son incompatibles con las características propias del contrato de adhesión. Además, en segundo lugar, su interpretación debe ser conforme a los principios protectores como el favor libertatis (en caso de duda, una cláusula debe interpretarse contra quien han estipulado algo y en liberación de quien ese ha obligado), el favor debilis (protector de la parte débil, deudor o acreedor) y aquellos que sean favorables al consumidor. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 513/2010. Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A de C.V. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.
CONTRATO DE ADHESIÓN. CLÁUSULAS ABUSIVAS. Dada la naturaleza de los contratos de adhesión el estudio sobre la validez o nulidad de sus cláusulas en sede judicial debe tener presente que la falta de participación de quien adquiere un bien o servicio,
no debe significarle
la suscripción o aceptación de
cláusulas abusivas
que menoscaben sus derechos básicos como consumidor, consistentes en: el
derecho a la información, a elegir, a no ser discriminado, a ser protegido, a la educación sobre los derechos de los consumidores y el consumo inteligente, a la seguridad, a la calidad y a la compensación
. De modo que si por virtud de esas cláusulas establecidas unilateralmente, pese a las exigencias legales y derivadas de la buena fe, se
causa
un detrimento en esos derechos que origine un
desequilibrio
importante entre las partes para hacer efectivos sus derechos, entonces,
debe declararse su nulidad
, con las consecuencias que de ello se deriven y que sean competencia de la autoridad judicial. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 513/2010. Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A de C.V. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.
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