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Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servido

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jessica terriquez

on 23 November 2015

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Transcript of Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servido

COMPETENCIA
ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Con la Reforma Constitucional del 28 de diciembre de
1982
se publicó en el DOF el decreto de reformas al
Título Cuarto de la Constitución
en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Se estableció un sistema federal de
responsabilidades

de los servidores públicos, clasificándose en
penales, políticas, administrativas y civiles
, cuya diferencia esencial radica en los distintos bienes jurídicos que respectivamente tutelan. Lo que confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente:

A) La responsabilidad política
para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;

B) La responsabilidad penal

para los servidores públicos que incurran en delito;

C) La responsabilidad administrativa
para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública,

D) La responsabilidad civil
para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales.
La Reforma Constitucional sustituyó la denominación de
funcionarios públicos por servidores públicos
que son todas aquellas personas que desempeñas un empleo, cargo o comisión en los poderes u órganos del Estado o Federación. Asimismo estableció un sistema federal de responsabilidades de los servidores públicos, entre las que destaca la administrativa que por primera vez se considera y se reglamenta en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
de 1982 reglamento que creó el poder disciplinario de la Administración Pública Federal al instaurar órganos disciplinarios, así como el procedimiento administrativo.


Cuya vigencia en la materia de responsabilidades administrativas
se derogó en el ámbito federal
con la expedición de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el 2002,
solo
está vigente en el ámbito federa
l para los títulos segundo y quinto, relativos
al Juicio Político y la Declaración de Procedencia
. Para los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del
Distrito Federal
, las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
se aplican en su totalidad
.

BASE CONSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS
Art. 108
Los sujetos a las responsabilidades por el servicio público.

Art. 109
La naturaleza de dicha responsabilidad y la base de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito.

Art. 110
El juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones correspondientes.

Art. 111
La sujeción de los servidores públicos a las sanciones penales

Art. 112
La
base para que no se confunda su aplicación con represalia política.

Art. 113
La naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos para aplicarlos.

Art. 114
Los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores públicos.

El principio de presunción de inocencia
ARTICULO 4.
- Para la
investigación, tramitación, sustanciación y resolución
, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley,
serán autoridades
competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría,
de quejas y de responsabilidades de los
órganos internos de control de las dependencias
y
entidades de
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la
República.
SANCION ECONOMICA
Otra parte importante y que va íntimamente relacionada con esa responsabilidad que tiene el Estado, esa responsabilidad patrimonial, es el
artículo 33
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que
contempla
precisamente, q
ue el particular tiene derecho a exigir el pago de daños o perjuicios
de
que haya sufrido
con motivo de la conducta irregular del servidor público.

Aquí, si la
autoridad competente
ya
determinó
que el servidor público
es responsable
, el particular podrá acudir ante la Secretaría de la Función Pública o ante el Titular del Órgano Interno de Control para que elabore el dictamen respectivo de daños y perjuicios.

Las sanciones
económicas que sean impuestas por la Secretaría, por el Titular del Órgano Interno de Control o por el Titular del Área de Responsabilidades,
serán ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Al particular este derecho
le prescribe en dos años
para poder reclamar el pago de los daños o perjuicios contados
a partir de la notificación de la resolución administrativa.
Las garantías de seguridad jurídica
El Art. 14 Const.
La
garantías de audiencia
, consiste en la oportunidad que se le concede a todo individuo de defender sus derechos dentro de un procedimiento,
El Art. 16 Const.
Ampara la
garantía de legalidad
, otorga mayor protección a los gobernados frente a los actos de molestia emitidos por las autoridades.
El Art. 17 de la Const.
derecho público subjetivo que tiene toda persona dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión.
El procedimiento administrativo contenido en el
Art. 21 de la LFRASP
, al final del desahogo el legislador busca una resolución a la situación jurídica del servidor público así garantizar un estado de seguridad jurídica, tanto para el ente público, como para el mismo servidor público
El párrafo primero del
artículo 30
de la LFRASP
es inconstitucional
al vulnerar el
principio de presunción de inocencia
previsto en el
artículo 20 de nuestra Carta Magna
, al prever la inmediatez de la ejecución de la sanción sin que haya adquirido el carácter de firme la resolución, ya que lo resuelto aún no es concluyente; y el derecho que presuma la inocencia opera hasta que la resolución adquiera firmeza, al ser inmutable, en virtud de que
no existe ningún medio de impugnación que tenga la capacidad de afectarla,
entonces el precepto
está otorgando consecuencias privativas de derechos a una persona que aún no es responsable,
por tanto no es merecedor de las mismas, al exigirse la certeza plena y absoluta respecto de la responsabilidad.
Articulo 8 LFRASP
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
“ARTÍCULO 30.-

La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato
, una vez que sean impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva.”

La ejecución inmediata, sin esperar a que la resolución que las impone sea definitiva, esto es,
sin esperar a que se agoten los recursos
, permite que se le imponga al servidor público una sanción sin que su responsabilidad esté determinada definitivamente.

En el derecho procesal existen
dos tipos de resoluciones
, según la autoridad de la que se encuentren investidas:
la sentencia definitiva
, que es aquella que decide la controversia en cuanto al fondo del asunto, pero
admite medios de impugnación
, a través de los cuales
se puede revocar, confirmar o modificar
la decisión y, la
sentencia firme
, que es aquella que
no admite ningún medio de impugnación
o que ha sido consentida por no combatirse y que por ello ha adquirido la autoridad de
cosa juzgada
(es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoria. Se entiende por la necesidad jurídica de que lo fallado en las sentencias se considere como irrevocable e inmutable).
Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Publicos
El principio de presunción de inocencia
vincula a la actividad legislativa
, obligando al legislador a que lo respete y
emita normas
que hagan efectiva su operación
, a través de reglas que no otorguen consecuencias privativas de derecho propias de un condenado,
a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme.

La ejecución de
las sanciones en la LFRASP
se prevé la
ejecucion inmediata
, una vez impuestas en la resolución definitiva, a diferencia de la ley anterior que ordenaba la ejecución por resolución firme.

El párrafo primero del
artículo 30 de la LFRASP
, que permite que la sanción administrativa se ejecute de inmediato,
sin que la responsabilidad
del servidor que se le atribuye,
sea cierta y sin lugar a dudas,
conculca el principio de presunción de inocencia, pues
otorga el trato de culpable a quien aún no lo es
de forma plena y concluyente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación

sostuvo la constitucionalidad del artículo 30
de la LFRASP a la luz de las garantías de tutela jurisdiccional, audiencia y seguridad jurídica.
La resolución
a que se refiere el párrafo primero
del artículo 30
en comento, es aquélla con que
concluye el procedimiento administrativo
de responsabilidad y
carece de firmeza
, en tanto que no ha fenecido el término para impugnarla o los recursos no se han resuelto, no obstante ello, se ordena la inmediata ejecución de las sanciones impuestas.

Por otro lado, es contradictorio ya que el
artículo 27
de la misma ley
prevea la suspensión de la ejecución
con la interposición del
recurso de revocación
y, por otro, que el
artículo 28
señale que las
resoluciones anulatorias firmes dictadas por el TFJFA
tendrán el efecto de que se
restituya
al servidor público en el
goce de los derechos de que hubiese sido privado
por la ejecución de la sanción anulada.

ARTICULO 27.-
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si
lo solicita el promovente
, conforme a estas reglas:
I.- En tratándose de sanciones económicas,
si el pago de éstas se garantiza
en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y
II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:
a) Que se admita el recurso;
b) Que la ejecución de la resolución recurrida
produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente
, y
c) Que la suspensión
no traiga como consecuencia la
consumación o
continuación de actos
u omisiones
que impliquen perjuicios al interés social
o al servicio público.

ARTICULO 28.-
En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien
tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada
.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.
No procederá la suspensión
de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.
ARTICULO 3.-
En el ámbito de su
competencia
, serán autoridades
facultadas
para aplicar la presente Ley:
Articulo 109
EL 27 DE MAYO DE 2015.
En 2015 (D. O. del 27-V) se agrega:
LOS SERVIDORES PUBLICOS SERAN SANCIONADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:
I
. Juicio Político.
Mediante él se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 (destitución e inhabilitación) a los servidores públicos que señala el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.
No procede juicio político por la mera expresión de ideas.
II. Comisión de Delitos
, por parte del servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal. (En el caso de los servidores públicos enumerados en el artículo 111, para proceder penalmente contra ellos, se requiere que la Cámara de Diputados declare si ha lugar a proceder contra el inculpado, esto es, la Declaración de Procedencia).
Las leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilicito a los servidores publicos que durante el tiempo de su encargo.
DICHAS SANCIONES CONSISTIRAN EN AMONESTACION, SUSPENSION, DESTITUCION E INHABILITACION, ASI COMO EN SANCIONES ECONOMICAS.
III. Sanciones Administrativas
Se aplicarán a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
SERAN INVESTIGADAS Y SUBSTANCIADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL,
O POR SUS HOMOLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SEGUN CORRESPONDA, Y
SERAN RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
QUE RESULTE COMPETENTE.
PARA LA INVESTIGACION, SUBSTANCIACION Y SANCION DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
, SE OBSERVARA LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 94 DE ESTA CONSTITUCION
.
LOS ENTES PUBLICOS FEDERALES TENDRAN ORGANOS INTERNOS DE CONTROL CON LAS FACULTADES QUE DETERMINE LA LEY PARA PREVENIR, CORREGIR E INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; PARA SANCIONAR AQUELLAS DISTINTAS A LAS QUE SON COMPETENCIA DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES; ASI COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS POR HECHOS U OMISIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO ANTE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION A QUE SE REFIERE ESTA CONSTITUCION.

IV. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA IMPONDRAN A LOS PARTICULARES QUE INTERVENGAN EN ACTOS VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES,
CON INDEPENDENCIA DE OTRO TIPO DE RESPONSABILIDADES, LAS SANCIONES ECONOMICAS; INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PUBLICAS; ASI COMO EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA HACIENDA PUBLICA O A LOS ENTES PUBLICOS FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES. LAS PERSONAS MORALES SERAN SANCIONADAS EN LOS TERMINOS DE ESTA FRACCION CUANDO LOS ACTOS VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES SEAN REALIZADOS POR PERSONAS FISICAS QUE ACTUEN A NOMBRE O REPRESENTACION DE LA PERSONA MORAL Y EN BENEFICIO DE ELLA

Los procedimientos para la aplicación de sanciones se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su estricta responsabilidad y mediante presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de las conductas a que se refiere el presente artículo.

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION Y SANCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCION
NO LES SERAN OPONIBLES LAS DISPOSICIONES DIRIGIDAS A PROTEGER LA SECRECIA DE LA INFORMACION EN MATERIA FISCAL O LA RELACIONADA CON OPERACIONES DE DEPOSITO,
ADMINISTRACION, AHORRO E INVERSION DE RECURSOS MONETARIOS. LA LEY ESTABLECERA LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE LES SEA ENTREGADA DICHA INFORMACION.

LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y LA SECRETARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO,
PODRAN RECURRIR LAS DETERMINACIONES DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION Y DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
LOS DAÑOS
QUE, CON MOTIVO DE SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, CAUSE EN LOS BIENES O DERECHOS
DE LOS PARTICULARES, SERA OBJETIVA Y DIRECTA.
Artículo 110
Primer Párrafo Enumera a quienes se reputan
servidores públicos
señalando
que
son:
a) Los representantes de elección popular
b) Los miembros de los poderes judicial federal y judicial del Distrito Federal.
c) Los funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal.
En 2007 (D. O. del 13-XI) se agrega:
d) Los servidores publicos de los organismos a los que esta constitucion otorgue autonomia, Los servidores del Instituto Federal Electoral. (Se debe destacar que no se menciona a los servidores públicos de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).
Segundo Párrafo
a) El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común.
Tercer Párrafo
a) Los Gobernadores de lo Estados
b) Los Diputados a las Legislaturas Locales
c) Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales.
“Serán responsables”: - Por violaciones a la Constitución y a las Leyes Federales, así como - Por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En 2014 (D.O. 14-VI) se agregó:
d) Los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales.
Cuarto Párrafo
e) Los integrantes de los ayuntamientos,
f) Asi como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el estatuto de gobierno del distrito federal les otorgue autonomia
En 2015 (D.O. 26-V) se agregó:
Las Constituciones de los Estados deberán precisar, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para efecto de sus responsabilidades:
- El carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;
II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;
III.- La Secretaría de la Función Pública;
Fracción reformada DOF 26-12-2005
IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
V.- Los tribunales de trabajo y agrarios;
VI.- El Instituto Federal Electoral;
VII.- La Auditoría Superior de la Federación;
VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IX.- El Banco de México;
Fracción reformada DOF 14-07-2014
X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones;

Fracción adicionada DOF 14-07-2014
XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y

Fracción adicionada DOF 14-07-2014
XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen
las leyes.
Articulo 108
En 2014 (D. O. del 10-II) se agrega:
- Los senadores y diputados al congreso de la union,
- Los ministros de la suprema corte de justicia de la nacion,
- Los consejeros de la judicatura federal,
- Los secretarios de despacho,
- Los diputados a la asamblea del distrito federal,
- El jefe de gobierno del distrito federal,
- El fiscal general de la republica,
- El procurador general de justicia del distrito federal,
- Los magistrados de circuito y jueces de distrito,
- Los magistrados y jueces del fuero comun del distrito federal,
- Los consejeros de la judicatura del distrito federal,
- El consejero presidente,
- Los consejeros electorales, y
- El secretario ejecutivo del instituto nacional electoral,
- Los magistrados del tribunal electoral,
- Los integrantes de los organos constitucionales autonomos,
- Los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados,
- Empresas de participacion estatal mayoritaria,
- Sociedades y asociaciones asimiladas a estas
- Y Fideicomisos publicos.
Segundo Párrafo
a) Los Gobernadores de los Estados
b) Diputados Locales
c) Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales
d) En su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales,
e) Asi como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el estatuto de gobierno del distrito federal les otorgue autonomia,

Sólo podrán ser sujetos de juicio político en
los términos de este Título por:
-
Violaciones graves a esta Constitución
y a las
-
Leyes Federales
que de ella emanen, así como por
- El
manejo indebido de fondos de recursos federales
pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde.
Tercer Párrafo
Las sanciones consistirán en
- La destitución del servidor público y en
- Su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.


Cuarto Párrafo
Procedimiento para la aplicación de las sanciones:
La Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella cámara, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.



Quinto Párrafo
La Cámara de Senadores, conociendo de la acusación, erigida en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción correspondiente, mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y en audiencia del acusado.


Sexto Párrafo
Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables.


Artículo 111.
Ante quien se puede proceder penalmente y sera ante el Congreso de la union, si la Camara de Senadores solicta suspencio de proceso se concedera.
Artículo 112.
No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados
cuando alguno de los servidores públicos a que se hace referencia el párrafo primero del artículo 111, c
ometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
Artículo 113.
ARTICULO 113. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION ES LA INSTANCIA DE COORDINACION

I. EL SISTEMA
CONTARA CON UN COMITE COORDINADOR
QUE ESTARA INTEGRADO POR LOS TITULARES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION; DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION; DE LA SECRETARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO; POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO GARANTE, ASI COMO POR UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y OTRO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA;

II. EL
COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEL SISTEMA DEBERA INTEGRARSE POR CINCO CIUDADANOS QUE SE HAYAN DESTACADO POR SU CONTRIBUCION A LA TRANSPARENCIA, LA RENDICION DE CUENTAS O EL COMBATE A LA CORRUPCION Y SERAN DESIGNADOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY, Y

III. CORRESPONDERA AL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA, EN LOS TERMINOS QUE DETERMINE LA LEY:

A) EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACION CON LOS SISTEMAS LOCALES;

B) EL DISEÑO Y PROMOCION DE POLITICAS INTEGRALES EN MATERIA DE FISCALIZACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS, DE PREVENCION, CONTROL Y DISUASION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCION, EN ESPECIAL SOBRE LAS CAUSAS QUE LOS GENERAN;

C) LA DETERMINACION DE LOS MECANISMOS DE SUMINISTRO, INTERCAMBIO, SISTEMATIZACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE SOBRE ESTAS MATERIAS GENEREN LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DE LOS ORDENES DE GOBIERNO;

D) EL ESTABLECIMIENTO DE BASES Y PRINCIPIOS PARA LA EFECTIVA COORDINACION DE LAS AUTORIDADES DE LOS ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIA DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS;

E) LA ELABORACION DE UN INFORME ANUAL QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DE LA APLICACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS EN LA MATERIA.

Artículo 114.
El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que se hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
LA LEY SEÑALARA LOS CASOS DE
PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y CONSECUENCIA DE LOS ACTOS Y OMISIONES
A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION III DEL ARTICULO 109. CUANDO DICHOS ACTOS U OMISIONES FUESEN GRAVES LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION NO SERAN INFERIORES A SIETE AÑOS.

LFRASP
ARTICULO 1.
Esta Ley tiene por
objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:

I.- Los sujetos de
responsabilidad administrativa
en el servicio público;

II.- Las
obligaciones
en el servicio público;

III.- Las r
esponsabilidades y sanciones administrativas
en el servicio público;

IV.- Las
autoridades competentes y el procedimiento
para aplicar dichas sanciones, y

V.- El
registro patrimonial
de los servidores públicos.
ARTICULO 6.
-
Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las quejas o denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo
109 Constitucional
,
los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza
y
por la vía procesal que corresponda
, debiendo las autoridades a que alude el artículo 3 turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
LFRASP

ARTICULO 7
.

Será responsabilidad
de los sujetos de la Ley ajustarse, en el
desempeño de sus empleos
, cargos o comisiones, a las
obligaciones previstas
en ésta, a fin de
salvaguardar los principios de l
egalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y
eficiencia
que rigen en el servicio público.
Principios que rigen la función pública y obligaciones en el servicio público
I.-
Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.-
Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia,
y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;
III.-
Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo
, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;
IV.-
Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones
que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
V.-
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo
, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
VI.-
Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisió
n, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
VII.-
Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios
, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;
VIII.-
Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período
para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;
IX.-
Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificad
a a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;
X.-
Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XI.-
Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XII.-
Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación
en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de
cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo
, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta
un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

XVII.-
Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones
de este artículo;
XVIII.-
Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna,
los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;
XIX.-
Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos.
En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;
XIX-A.-
Responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos,
y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
XIX-B.
- Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente,
a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIX-C.-
Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral
y cualquiera de sus órganos, conforme lo establezca la legislación electoral aplicable, proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea requerido por dichas autoridades electorales;
XIX-D.-
Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral,
de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;
XX.-
Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública
o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XXI.-
Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias
o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;
XXII.-
Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo
, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI;
XXIII.-
Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condicione
s, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y
XXIV.-
Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa
relacionada con el servicio público.
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,
sin perjuicio
de las normas específicas que al respecto
rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

XIII.-
Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado
le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;
XIV.-
Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción
, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;
XV.-
Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial
, en los términos establecidos por la Ley;
XVI.-
Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría,
del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
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