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SENTENCIA C 030 DE 2012

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Diana Marcela Giraldo Calle

on 19 August 2014

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SENTENCIA C 030 DE 2012
El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo frente a las expresiones demandadas de los artículos 34 y 48 de la Ley 734 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda.



La Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia coincidieron igualmente en solicitar a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones demandadas contenidas en el numeral 45 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

Cargos Relevantes:


ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 45. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece.


Por su parte, el Ministerio Público, las Universidades Javeriana, de Ibagué, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Academia Colombiana de Jurisprudencia coincidieron en solicitar a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de las expresiones contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, argumentando que estos términos y expresiones (i) no hacen sino reiterar y desarrollar lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual fija los criterios y principios que rigen la función pública; (ii) que en materia disciplinaria es plausible la existencia de términos abiertos o en blanco, y (iii) que estas expresiones deben interpretarse sistemáticamente con las normas jurídicas que fijan las funciones y obligaciones de los servidores públicos.
En las intervenciones:
El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de las expresiones demandadas contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 34 y numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, con base en los siguientes argumentos:

Destaca las diferencias que la jurisprudencia constitucional ha plasmado en lo concerniente al principio de legalidad en cuanto a su aplicación en el ámbito disciplinario y el penal, razón por la cual ha admitido los tipos abiertos o en blanco en asuntos disciplinarios y el otorgamiento de un mayor margen para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios.


Sentencia C-030/12.
Corporación: Corte Constitucional.
Fecha: Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil doce (2012).
Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Normas Demandadas:

Numerales 2 y 6 del artículo 34 y numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.



Problema Jurídico:
Son las expresiones demandadas contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 34 y en el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, vulneradoras del artículo 29 de la Constitución Política, al constituir tipos sancionatorios en blanco que desconocen los principios de tipicidad y de legalidad en materia disciplinaria, y con ello el derecho al debido proceso?
Razón de la decisión – Argumentos:
Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 prevé Las expresiones “diligencia, eficiencia e imparcialidad”, “cualquier acto u omisión”, “servicio esencial”, “abuso indebido” contenidas en el numeral 2 y las expresiones “respeto, imparcialidad y rectitud” contenidas en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 constituyen tipos en blanco que vulneran el principio de tipicidad, legalidad y debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior.
La Sala determina que las expresiones demandadas, constituyen tipos disciplinarios en blanco o conceptos jurídicos indeterminados que se ajustan a la Constitución y a los principios de tipicidad y legalidad en materia disciplinaria. Es claro para la Sala que las expresiones acusadas consagran deberes generales de todo servidor público, en cuanto (i) debe cumplir con “diligencia, eficiencia e imparcialidad” el servicio que le sea encomendado; (ii) debe abstenerse de “cualquier acto u omisión” que cause la suspensión o perturbación injustificada de un “servicio esencial” o que implique “abuso indebido” del cargo o función; y (iii) debe tratar con “respeto, imparcialidad y rectitud” a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Se evidencia que estos deberes y obligaciones de los servidores públicos constituyen un desarrollo de las normas constitucionales que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, los artículos 1º, 2º, 6º, 122, 123, 124, 125, 150-2 y 209 de la Carta Política.
La Sala considera que no son de recibo los argumentos expuestos por el actor sobre la presunta inconstitucionalidad de las expresiones demandadas por esto se concluye que las normas acusadas, no infringen los principios de tipicidad y de legalidad del derecho disciplinario sancionador, pues los deberes consagrados, (a) constituyen un desarrollo de normas constitucionales fundamento del derecho disciplinario; (b) pueden valorarse, interpretarse y determinarse con fundamento en la Constitución, en la ley y en el reglamento, y en las obligaciones asignadas y los deberes de los cargos o funciones de los servidores públicos; y (c) no dejan espacio al libre albedrío del titular de la función disciplinaria para determinar cómo incumplimientos de estos deberes la conducta que no constituya transgresión de los deberes de los servidores públicos y derechos de los administrados.
El numeral 45 del artículo 48 prevé que son faltas gravísimas ejercer actividades o recibir beneficios de “negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución” a la que pertenece el servidor público.
En este caso hallamos un tipo en blanco o abierto que vulnera el principio de tipicidad y de legalidad, y que permite su interpretación discrecional.
En consecuencia debe ser posible analizarlos a través de una remisión normativa, una interpretación sistemática o una determinación del alcance normativo del precepto disciplinario, de manera que el tipo se complemente a partir de otras disposiciones que puedan ser objeto de violación o incumplimiento de una normatividad que ya haya sido aprobada previamente por el legislador, la expresión “negocios incompatibles” debe estar determinada en la ley, la Constitución ó el reglamento de su institución, de esta forma no será discrecional, ni subjetiva la decisión del operador ya que este deberá ceñirse a la remisión normativa que indica la corte.
Con respecto de las expresiones “el buen nombre y prestigio de” la institución, contenidas igualmente en el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
Sí vulneran de manera clara las exigencias constitucionales de tipicidad y legalidad en materia disciplinaria, y por tanto afectan las garantías fundamentales del debido proceso del sujeto disciplinado, estas palabras se tornan claramente vagas y ambiguas y no es posible llevar a cabo la labor de remisión normativa, de interpretación sistemática o de determinación del alcance normativo
En efecto, no permiten la configuración adecuada del tipo disciplinario por parte del operador disciplinario, ya que constituyen conceptos subjetivos que no posibilitan la concreción objetiva, taxativa y específica del tipo de conductas que dan lugar a la afectación de la institución, determinación que queda entonces delegada a la interpretación subjetiva y discrecional de la autoridad disciplinaria, dando lugar a la arbitrariedad, en desmedro del debido proceso del disciplinado.
Además afecta el principio de lesividad de la función pública, dado que su grado de indeterminación, permite que se sancionen conductas que no tienen conexidad directa con el servicio público
DECISIÓN:

PRIMERO.- DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “diligencia, eficiencia e imparcialidad”, “cualquier acto u omisión”, “servicio esencial”, “abuso indebido” contenidas en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; y las expresiones “respeto, imparcialidad y rectitud” contenidas en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002
SEGUNDO.- DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “negocios incompatibles con” y “la institución” contenidas en el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; e INEXEQUIBLE la expresión “el buen nombre y prestigio de” contenida en el mismo numeral
SALVAMENTO DE VOTO: Presentado por la Magistrada MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Argumenta que se necesitaba de un fundamento más claro para declarar la exequibilidad de las normas demandadas, pues se corre el riesgo de una aplicación abusiva de la norma por su falta de claridad. Pues si bien dichas normas son concordantes con los principios constitucionales , en primer lugar porque no se hace un estudio en estricto sentido de cada norma y en segundo lugar no aclara por que las disposiciones legales demandadas sí ayudan a desarrollar los preceptos constitucionales que debe aplicar el derecho disciplinario, en especial porque como precedente constitucional, otras normas que han sido demandadas por inconstitucionalidad, se han considerado exequibles por su literalidad y poca profundidad en materia de aplicación de principios constitucionales. Hubo falencias además, al definir los criterios de interpretación y aplicación del tipo disciplinario para señalar los límites del legislador al establecer los deberes de los servidores públicos y su margen de error, por lo que hay un mayor riesgo de interpretaciones arbitrarias. No hay claridad, ni en el texto legal ni en la jurisprudencia sobre qué se entiende por “diligencia”, “eficiencia”, e “imparcialidad”. Esta era una oportunidad propicia para avanzar en esa precisión, a fin de reducir las posibilidades de arbitrariedades
CONCLUSIÓN Y CRÍTICA POR PARTE DEL GRUPO:
El grupo luego de haber leído y analizado detenidamente la sentencia, se adhiere a la postura del salvamento de voto aducido y presentado por la Magistrada MARIA VICTORIA CALLE CORREA, por cuanto lo compartimos y respetuosamente encontramos que ésta honorable corporación, solo se pronunció acerca de la literalidad de la norma, más no profundizó ni realizó claridad alguna acerca del problema jurídico que se demandaba, así pues la ambigüedad evidente en expresiones como “diligencia”, “eficiencia”, e “imparcialidad”, sólo vulneran de manera flagrante el principio de legalidad y de reserva de la ley, en términos de derecho disciplinario, por cuanto el texto legal no determina ni taxativa ni expresamente que conductas pueden ser consideradas como “Negligentes”, “Ineficientes” o “parcializadas”, dado el espectro tan amplio de posibilidades en las que se puede incurrir dentro del ejercicio de la profesión del servidor público, y en otras se deja totalmente a la interpretación subjetiva de quien acusa, sin que existan criterios claros de interpretación y aplicación en los cuales se puedan soportar las decisiones adoptadas para cada caso concreto
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