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CONCEPTOS BASICOS EDITADO

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by

La Caracola Editores

on 11 July 2016

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Transcript of CONCEPTOS BASICOS EDITADO

El Estado es una creación jurídica.
Sólo puede actuar por medio de sus instituciones y de sus servidoras y servidores públicos.

Las y los servidores deben
:
aplicar los
derechos humanos
garantizados en la Constitución, y en los tratados internacionales de derechos humanos que sean más favorables.
aplicar los derechos humanos inclusive si no son expresamente exigidos.
Las y los servidores
no pueden
:
negarse a aplicar los derechos fundamentales alegando falta de norma jurídica;
exigir para su ejercicio requisitos que no se hayan establecido en la norma o en la ley.
Las y los funcionarios del Estado
deben
:

reparar
las violaciones a los derechos por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos.

adoptar medidas de
acción afirmativa
que promuevan la igualdad real de las personas que se encuentren en situación de desigualdad.


Constitución Artículo 11
Aplicar los derechos humanos de manera
directa e inmediata
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Aplicar la norma y la
interpretación más favorable
a las personas.
Principios éticos
de atención a la ciudadanía:
confidencialidad;

imparcialidad; y

no maleficencia.
Ética de atención
Manejo adecuado
de información que ofrecen las personas que recurren a nosotros.

La información solo debe ser compartida para
fines de defensa y promoción de derechos
dentro de la institucionalidad.

Los datos personales y documentos se manejan, de acuerdo con la Constitución y la ley, con
discrecionalidad profesional
y bajo ninguna circunstancia deben ser revelados fuera de la institución.
Confidencialidad
Es una obligación la atención a todas las personas sin
ningún tipo de prejuicio
.

No se deben conceder privilegios o atención especial a personas o grupos sin que medie para ello un sustento de derechos humanos.
Imparcialidad
Compromiso de “
no causar daño
”: es nuestro deber como servidores y servidoras garantizar que la atención ofrecida se dé siempre con respeto absoluto a la dignidad humana y evitando perjudicar a las personas en sus derechos humanos.
No maleficencia
Los y las servidores públicos, responsables de
violaciones a derechos humanos
, en este caso, de derechos de las personas LGBTI, luego de los correspondientes procesos, pueden ser sancionados por haber incurrido en:

Responsabilidad penal;

Responsabilidad civil;

Responsabilidad administrativa.
Responsabilidades
Imaginemos que alguna o alguno de los funcionarios involucrados en un caso de discriminación, fundamentó su negativa en la
“corrupción de la sociedad”, o en cualquier otro motivo
donde exprese abiertamente sus prejuicios respecto de las personas LGBTI.

Sus actos tendrían contenido discriminatorio, y al estar tipificados en el Código Penal Integral como delitos de discriminación o delitos de odio, pueden llegar a estar sujetos a una
pena privativa de libertad
.
Responsabilidad penal
Imaginemos ahora que a causa de las omisiones de funcionarios públicos y de los actos de negativa, las mujeres del caso planteado cayeron en profunda aflicción, perdieron su trabajo, fueron sujeto de rechazo social, vilipendiadas o agredidas por su entorno próximo, en definitiva, que se afectó su proyecto de vida.

Las mujeres tienen derecho a reclamar una
indemnización por daño moral
. En este caso, las y los funcionarios, de así establecerlo la justicia ordinaria, serían
civilmente responsables
.
Responsabilidad civil
Un funcionario o funcionaria puede ser
sancionado/a disciplinariamente
si:
"1. retarda o niega, en forma injustificada, el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio al que está obligado;
2. abusa de la autoridad que le confiere el puesto para coartar garantías constitucionales;
3. paraliza los servicios públicos."
(Ley Orgánica de Servicio Público, Artículo 24)

Las sanciones administrativas pueden ser:

amonestaciones verbales o escritas;
sanción pecuniaria administrativa;
suspensión temporal sin remuneración, o
destitución.
Responsabilidad administrativa
El papel de servidoras y servidores públicos
El Estado debe proporcionar a sus habitantes recursos efectivos y eficaces para proteger y garantizar sus derechos fundamentales o impedir daños irreparables.

Así, las personas LGBTI por ejemplo, igual que cualquier otro grupo de población, pueden las
garantías jurisdiccionales
establecidas en la Constitución Artículo 86.
Implementar Garantías
de derechos
La justicia contencioso-administrativa se encarga de la
revisión y corrección de los actos administrativos
para que se alineen a la Constitución y demás leyes vigentes.

Jurisdicción contencioso-administrativa
También se pueden solicitar
medidas cautelares
conjunta o independientemente de estas acciones constitucionales, para evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.

Cualquier ciudadano, ciudadana o colectivo puede hacer uso del
derecho de petición
, que es la posibilidad de dirigir quejas y peticiones a cualquier autoridad pública, y recibir de la misma una respuesta adecuada y motivada.
Cuando un derecho garantizado en la Constitución es amenazado o vulnerado, la persona o colectivo puede acudir a
mecanismos para restituir de manera eficaz e inmediata
tal derecho, y reparar los daños que la vulneración hubiere ocasionado.
Garantías
jurisdiccionales
1. Acción de
hábeas corpus
: en caso de privación ilegítima de libertad.

2. Acción de
acceso a la información
pública.

3. Acción de
hábeas data
: garantiza acceso, actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos personales.

4. Acción por
incumplimiento
: garantiza la aplicación de normas que integran el sistema jurídico.

5. Acción
extraordinaria de protección
: procede inclusive contra sentencias o autos definitivos violatorios de derechos constitucionales.

• Los derechos son
plenamente justiciables
. No podrá alegarse falta de norma jurídica o desconocimiento.

• Los derechos ejercen de forma
individual o colectiva
ante las autoridades competentes.
Imagen: stockvault.net
Imagen: stockvault.net
Imagen: stockvault.net
En la situación planteada anteriormente, que es un caso emblemático de la Defensoría del Pueblo, se activó la justicia constitucional por medio de una acción de protección.
Según el caso y el tipo de vulneración, la persona tiene además a su alcance las siguientes
garantías jurisdiccionales
:
Para terminar...

El derecho a la
objeción de conciencia
,no es absoluto. Está limitado por los derechos de las y los demás.

Una funcionaria o funcionario público puede
negarse, por escrito, a acatar órdenes superiores contrarias a la Constitución
o a la Ley. El respeto de los derechos fundamentales es razón legítima para negarse a cumplir órdenes superiores (Ley Orgánica del Servicio Público Artículo 22).
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