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caso Tibi Vs Ecuador

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by

nelson bravo

on 25 September 2014

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Transcript of caso Tibi Vs Ecuador

caso Tibi Vs Ecuador
Nelson Antonio Bravo Reyes
El señor Daniel Tibi era comerciante de piedras preciosas. Fue arrestado el 27 de septiembre de 1995, mientras conducía su automóvil por una calle de la Ciudad de Quito, Ecuador. Según la Comisión, el señor Tibi fue detenido por oficiales de la policía de Quito sin orden judicial. Luego fue llevado en avión a la ciudad de Guayaquil, aproximadamente a 600 kilómetros de Quito, donde fue recluído en una cárcel y quedó detenido ilegalmente por veintiocho meses.
Agrega la Comisión que el señor Daniel Tibi afirmó que era inocente de los cargos que se le imputaban y fue torturado en varias ocasiones, golpeado, quemado y “asfixiado” para obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico. Además, la Comisión indicó que cuando el señor Tibi fue arrestado se le incautaron bienes de su propiedad valorados en un millón de francos franceses, los cuales no le fueron devueltos cuando fue liberado, el 21 de enero de 1998. La Comisión entiende que las circunstancias que rodearon el arresto y la detención arbitraria del señor Tibi, en el marco de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ecuatoriana, revelan numerosas violaciones de las obligaciones que la Convención Americana impone al Estado.
Resumen del Caso
la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar una reparación efectiva en la que se incluya la indemnización por los daños moral y material sufridos por el señor Tibi. Además, pidió que el Estado adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar el respeto a los derechos consagrados en la Convención respecto de todas las personas bajo su jurisdicción, y para evitar, en el futuro, violaciones similares a las cometidas en este caso. Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que ordenara al Estado pagar las costas y gastos razonables y justificados generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano.

La Corte es competente para conocer del presente caso. El Ecuador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. El 9 de noviembre de 1999 el Ecuador ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención Interamericana contra la Tortura”).
Solicitudes y Competencia
Fecha de interposición de la denuncia ante la Comisión: 16 de julio de 1998.

Fecha de interposición de la demanda ante la Corte: 25 de junio de 2003.
Fechas claves del Caso y Desarrollo
El
16 de julio de 1998
el señor Daniel Tibi, a través de su abogado, señor Arthur Vercken, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana basada en la supuesta violación, por parte del Ecuador y en perjuicio de aquél, de los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.a, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.f, 8.2.g, 8.2.h y 8.3; 10; 11.1, 11.2 y 11.3; 21.1, 21.2 y 21.3; y 25.1, 25.2.a, 25.2.b y 25.2.c de la Convención Americana.

El
7 de mayo de 1999
la Comisión abrió el caso, transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó observaciones, conforme al Reglamento de la Comisión vigente en ese momento.

El
12 de agosto de 1999
el Estado respondió al pedido de información, indicando que no se habían agotado los procedimientos internos, ya que el proceso penal aún se encontraba pendiente, y manifestó que en la jurisdicción interna existían recursos efectivos, tales como la casación, que el peticionario podría interponer contra la sentencia que dictase el correspondiente tribunal penal, y la revisión, que podría intentar en cualquier momento
después de ejecutoriada la sentencia, en caso de que ésta fuera condenatoria.

El
9 de diciembre de 1999
el peticionario, en respuesta a la solicitud de la Comisión, argumentó que no tenía recursos disponibles que agotar. Agregó que ya había sido declarado inocente y que, además, sólo el sistema interamericano ofrece un examen “imparcial y apolítico” de su situación.

El
30 de octubre de 2000
la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa. El
17 de noviembre de 2000
el peticionario indicó que estaba interesado en una solución amistosa. El
28 de noviembre de 2000 la Comisión comunicó al Estado
el interés del peticionario en llegar a una solución amistosa y
le solicitó sus observaciones al respecto. El Estado no expresó interés en procurar una solución amistosa. En consecuencia, la Comisión procedió a preparar el informe sobre el fondo del caso

Pasos realizados
El
3 de marzo de 200
3 la Comisión, durante su 117° Período de Sesiones, aprobó el Informe No. 34/03 sobre el fondo del caso, y recomendó al Estado que:
1. Proceda a otorgar una reparación plena, lo que implica otorgar la correspondiente indemnización y rehabilitación por la tortura al señor Daniel David Tibi, y borrar cualquier antecedente[…] penal[…] en caso de que haya[…].
2. Que se tomen medidas necesarias para hacer efectiva la legislación sobre amparo.

El
25 de marzo de 2003
la Comisión transmitió al Estado el informe anteriormente señalado, y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de la transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. Ese mismo día la Comisión comunicó al peticionario sobre la emisión del Informe No. 34/03 sobre el fondo del caso, y le solicitó que presentara, en el plazo de un mes, su posición respecto a la pertinencia de que el caso fuera sometido a la Corte Interamericana. El plazo
de dos meses concedido al Estado concluyó el 25 de mayo de 2003, sin que éste remitiera sus observaciones. La Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez, y
Hernán Salgado Pesantes, Juez ad hoc
INTEGRANTES DE LA CORTE
QUE ES LA CORTE Y COMO ACTUA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (acrónimo: Corte IDH) es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Básicamente, conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan agotados los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos.
IMPORTANTE !!!!
Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. De todas maneras, la Comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte.
Jurisdicción de la corte
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
La Comisión presentó la demanda ante la Corte el 25 de junio de 2003, desde esa fecha la corte practico diferentes pruebas documentales, testimoniales, periciales y científicas, con el fin de establecer la posible responsabilidad de estado Ecuatoriano en la violacion de los derechos del señor Daniel Tibi, estas se prolongaron hasta el 12 de agosto de 2004.

EXCEPCIONES PRELIMINARES
El Estado interpuso las siguientes excepciones preliminares:
1) falta de agotamiento de recursos internos y
2) falta de competencia ratione materiae de la Corte Interamericana para conocer sobre violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Ambas excepciones fueron desvirtuadas por la corte



Durante todo el proceso se establecieron pruebas irrefutables de las múltiples violaciones al debido proceso y abuso sistemático de los derechos fundamentales del señor Tibi.
Que sucedió?
Compensaciones económicas

REPARACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL
Víctima y familiares Daño inmaterial
Gastos tratamiento médico y psicológico (futuros)
Total
Daniel David Tibi (víctima) €99.420,00
Beatrice Baruet (ex compañera) €57.995,00
Sarah Vachon (hijastra) €12.427,00
Jeanne Camila Vachon (hijastra) €12.427,00
Lisianne Tibi (hija) €12.427,00
Valerian Edouard Tibi (hijo) €12.427,00
TOTAL €207.123,00

Con base en todo lo anterior, la Corte fija como indemnización de los daños
materiales por las violaciones declaradas en la presente sentencia, las siguientes
cantidades:
REPARACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO MATERIAL

Pérdida de ingresos Daño emergente Total
Daniel Tibi (víctima) €33.140,00 €107.705,00 €140.845,00
Beatrice Baruet (ex compañera) €7.870,00 7.870,00
TOTAL

€ 148.715,00

D) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)

a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
b) Publicación de las partes pertinentes de la Sentencia de la Corte: Diarios de Ecuador y Francia
c) Declaración escrita de reconocimiento de responsabilidad internacional y en desagravio de las víctimas

Costas y Gastos
A este efecto, la Corte estima equitativo ordenar el pago €37.282,00 (treinta y siete mil doscientos ochenta y dos euros), que deberá ser entregada al señor Daniel Tibi, por concepto de costas y gastos en el proceso interno y en el procedimiento seguido ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Resoluciones Finales
El Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en euros.
18. Los pagos por concepto de daño material, inmaterial y costas y gastos establecidos en la presente Sentencia no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos
fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 277 de la presente Sentencia.
19. El Estado deberá cumplir las medidas de reparación y de reembolso de gastos
dispuestos en la presente Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la
notificación de ésta, salvo cuando se fijan plazos distintos.
20. Supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por
concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente
fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el
Estado deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas tomadas para dar
cumplimiento a esta Sentencia.
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