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Los derechos económicos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (2000-2011)

Se presentan los criterios interpretativos más relevantes de la Sala Constitucional sobre la libertad económica y la propiedad, en el contexto del concepto constitucional del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (ex 2 CRBV)

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Transcript of Los derechos económicos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (2000-2011)

Los derechos económicos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (2000-2011) JA Berríos Ortigoza jaberriosortigoza@fcjp.luz.edu.ve Argumento El concepto constitucional de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como parámetro interpretativo de los derechos económicos (preámbulo y artículo 2 CRBV) Modalidades de intervención del Estado en la economía (ex CRBV) La libertad económica y la propiedad en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (2000-2011) El concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como «proyecto axiológico político» (1309/2001, de 19 de julio) Sentencia hito: 85/2002, de 24 de enero (pretensión de tutela de derechos e intereses colectivos o difusos, se declaró parcialmente con lugar: decisión activista) El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia es un concepto que la Constitución no define

El Estado Social no propende a un Estado Socialista

El Estado Social es un valor general del derecho constitucional venezolano: es un parámetro interpretativo

El interés social, la solidaridad social y la responsabilidad social son elementos inherentes al Estado Social

El interés general se antepone al interés particular: «los derechos individuales pierden efectividad ante los derechos colectivos»

Existencia de sujetos que deben ser protegidos por el Estado

Existencia de obligaciones no sólo para el Estado sino también para los particulares; las obligaciones serán de mayor exigencia si el sector privado incide en áreas socio-económicas «[…] es necesario apuntar que derechos como el de propiedad o el de la libre empresa no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en ese sentido deben interpretarse las leyes […]» Sentencia hito: 1049/2009, de 23 de julio (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, se declaró sin lugar) «[...] los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado.» Concepción intervencionista del Estado: el Estado como «criterio de interpretación de la Historia irrefutable»

El Estado no sólo debe intervenir en casos de grave afectación al interés general: el Estado tiene el deber de regular la economía

El Estado Social implica la democratización de los «derechos de libertad clásicos»: todos los derechos son «derechos sociales» «[...] los derechos fundamentales relacionados con la industria, el comercio y la producción deben sufrir un proceso de enriquecimiento, de humanización, de socialización (en el sentido de tomar en cuenta el carácter social del hombre). No se trata de que no se sigan reconociendo, se trata de despojarlos de su impronta meramente lucrativa, de su obsesión por la eficacia, de su individualismo excluyente.» 2001 2007 2005 Libertad económica Estado planificador Estado promotor Estado empresario Estado regulador 299 302 305 306 308 309 310 112 112 299 113 114 117 301 302 303 300 Modalidades de intervención del Estado en la economía (ex CRBV) 117/2001, de 6 de febrero 1107/2008, de 10 de julio (reitera 85/2002) 2254/2001, de 13 de noviembre (reiterada en 4795/2005) 2641/2003, de 1 de octubre (reitera 117/2001 y 462/2001) 1798/2005, de 19 de julio (reitera 2641/2003) 1419/2007, de 10 de julio (reiterada en 794/2011) 462/2001, de 6 de abril (reiterada en 794/2011) 2152/2007, de 14 de noviembre (reiterada en 1444/2008 y 794/2011) 192/2008, de 28 de febrero (ver 1049/2009) 1444/2008, de 14 de agosto (reitera 85/2002 y 2152/2007) 1049/2009, de 23 de julio (¿cambio de criterio establecido en 462/2001, 85/2002, 2641/2003, 1798/2005? Ver voto concurrente de Rondón Haaz) 85/2002, de 24 de enero 4975/2005, de 15 de diciembre (reiterada en 794/2011; véase 1318/2011, de 4 de agosto) 2008 2009 2011 2002 2003 (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Privatización, se declaró sin lugar) Libertad económica como «derecho de dedicarse a la actividad económica de preferencia» y como «principio de ordenación económica» que manifiesta la voluntad del empresario de decidir objetivos
La Constitución establece una economía social de mercado (sistema económico intermedio entre la economía de libre mercado y la economía interventora): flexibilidad o versatilidad de las normas constitucionales en materia económica «[...] la Constitución Económica [...] no está destinada —salvo el caso de las constituciones socialistas de modelo soviético— a garantizar la existencia de un determinado orden económico, sino que actúa como garante de una economía social de mercado, inspirada en principios básicos de justicia social y con una "base neutral" que deja abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual sólo se pretende que observe los límites constitucionales.» (amparo en apelación, se declaró con lugar, se anuló sentencia de amparo de primera instancia) Libertad económica como «derecho a dedicarse a la actividad económica de preferencia» en las condiciones que el ordenamiento jurídico establezca «[…] tal derecho tiene como contenido esencial, no la dedicación por los particulares a una actividad cualquiera y en las condiciones más favorables a sus personales intereses; por el contrario, el fin del derecho a la libertad de empresa constituye una garantía institucional frente a la cual los poderes constituidos deben abstenerse de dictar normas que priven de todo sentido a la posibilidad de iniciar y mantener una actividad económica sujeta al cumplimiento de determinados requisitos.» (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, se declaró sin lugar) La libertad económica no es un derecho absoluto ni ilimitado
La actividad económica debe ser regulada por el Estado La cláusula de Estado Social limita el lucro y la autonomía de la voluntad en los contratos «En las áreas de interés social, la plena autonomía de la voluntad de las partes sólo es tolerada si con ella se persigue el bienestar social, lo que significa que una parte no pretenda —fundada en la autonomía— esquilmar a la otra, como puede ocurrir en el Estado de Derecho Liberal.» «Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual pueden lesionar los beneficios que produce el Estado Social, contrariándolo, al contribuir a discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o desigualdades lesivas, por desproporcionadas, para una de las partes del contrato en materias de interés social.» (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Prestación de Servicios de Estacionamiento, Guarda y Custodia de Vehículos Automotores del Municipio Turístico El Morro "Licenciado Diego Bautista Urbaneja" del Estado Anzoátegui, se declaró con lugar) La interpretación restrictiva de las limitaciones a la libertad económica: la libertad como regla, la limitación como excepción (establecida de forma expresa mediante ley)
La regulación de la actividad económica en atención a los fines de interés social previstos en el 112 CRBV (por ejemplo, la garantía de los derechos de consumidores y usuarios) La regulación de precios de los bienes y servicios «esenciales» como limitación a la libertad económica tiene fundamento constitucional (ex 112 y 117 CRBV)
La regulación de precios no debe afectar el «contenido esencial» de la libertad económica: no se debe fijar precios por debajo de los costos de producción Tema específico: regulación de precios (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, se declaró con lugar) La libertad económica como regla, las limitaciones como excepción (expresa y prevista mediante ley, «con fundamento exclusivo en el interés general»)
El establecimiento de limitaciones generales al ejercicio de la actividad económica es inconstitucional, pues atenta contra el principio pro libertatis
La imposición de cargas o tributos no debe afectar el «contenido esencial» de la libertad económica «[...] se desnaturalizaría la libertad económica si se establecen restricciones a su ejercicio, a través de la imposición de cargas, que prescindan de un estudio que se ajuste a los costos reales que el giro de la actividad comercial le acarrea al Municipio, tomando en consideración que el alegato que al respecto sostuvo ese ente para justificar la creación del "tributo" tenía como fundamento el costo que esa actividad comportaba para el Municipio [...]» (revisión de sentencia de la SPA, se declaró ha lugar) Tema específico: información sobre el riesgo crediticio y libertad económica La existencia de un sistema de información de riesgos no vulnera la libertad económica «[...] los sistemas de información de riesgos permiten no sólo una mejor operatividad de las instituciones financieras al momento de otorgar un crédito, sino que a su vez tienen un efecto expansivo con respecto a los usuarios que necesiten el otorgamiento de un crédito y ante el posible agotamiento de la cartera crediticia y su incertidumbre en la recuperación de los mismos se afecte el desarrollo como el mantenimiento económico de los usuarios de la economía financiera del país.
»Vista su necesaria consagración y existencia, se transmuta en aquéllos un correlativo deber de asegurar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la ponderación que debe existir entre la libertad de información y el derecho a la intimidad, honor y confidencialidad de éstos.
[...]
»[...] la no adecuación de los datos con la veracidad e identidad de la situación real por falta de remisión de la entidad financiera, ha menoscabado de manera directa y flagrante el derecho constitucional a la libertad de empresa de la accionante, por cuanto ésta se ha visto perjudicada para la solicitud de otros créditos con otras instituciones financieras, como consecuencia de su calificación dentro del sistema de riesgos crediticios.» (pretensión de tutela de derechos e intereses colectivos o difusos, se declaró parcialmente con lugar: decisión activista) Tema específico: anatocismo, contrataciones bancarias y cobro extrajudicial de deudas Tarjetas de crédito y calidad de vida: las tarjetas de crédito tienen un contenido social que merece la «atención» del Estado
Corresponde a Sudeban y al BCV regular lo relativo a las tarjetas de crédito mientras la AN dicta la respectiva ley (la Sala Constitucional estableció directrices para la regulación)
Se prohíbe todo tipo de coerción extrajudicial al pago mediante llamadas telefónicas reiterativas o comprendidas en el horario de 6.00 pm a 7.00 am, o cualquier otro «medio abusivo de cobro extrajudicial» (nulidad por inconstitucionalidad del artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se declaró sin lugar) Existencia del «principio de regulación» como elemento esencial del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia
Necesidad de un equilibrio entre la libertad económica y la regulación del Estado
La regulación debe ser compatible con el sistema democrático (referencia a los criterios de proporcionalidad en las regulaciones) «Ambos valores esenciales —libertad de empresa y regulación económica—, se encuentran en la base del sistema político instaurado, sin que ninguno pueda erigirse como un valor absoluto, propenso a avasallar a cualquier otro que se le interponga. Antes bien, se impone la máxima del equilibrio según la cual, los valores están llamados a convivir armoniosamente, mediante la producción de mutuas concesiones y ello implica, que las exigencias de cada uno de ellos, no sean asumidas con carácter rígido o dogmático, sino con la suficiente flexibilidad para posibilitar su concordancia.» «[...] la injerencia pública sobre el principio general de libertad de empresa, debe basarse en la salvaguarda del desarrollo humano, la seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social y someterse al comentado principio de racionalidad o test democrático y en este sentido, las telecomunicaciones se encuentran reguladas por un régimen jurídico que responde al interés social inherente a la materia y de acuerdo al cual, el propio Texto Fundamental sujeta a los operadores de dicha actividad a ciertas cargas de servicio, tal como se evidencia del artículo 57 [CRBV], donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión, y de igual forma, al uso de cualquier medio de comunicación para materializar la citada libertad fundamental, estableciendo en consecuencia, el carácter instrumental de los operadores del espectro radioeléctrico en la difusión de opiniones, ideas y pensamientos, sin menoscabo de las condiciones de oportunidad, tiempo, espacio, interés, etc., que pudieran ponderar los medios para otorgar el espacio.» Tema específico: contratos de adhesión (nulidad por inconstitucionalidad del artículo 87.4 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, se declaró sin lugar) «A través de esa propuesta unilateral, los contratos por adhesión persiguen la eliminación de las dificultades que pueden presentarse en la determinación de la voluntad contractual, principalmente en los casos de contrataciones que se realizan en masa en el marco de determinadas actividades económicas, por lo general de prestación de servicios, en las que la eficiencia y, como ya se dijo, la celeridad, son factores fundamentales. Pero además dadhesión,e la eficiencia que persigue incrementar el contrato por la existencia de estipulaciones uniformes y generales para todos los cocontratantes asegura la igualdad de trato y condiciones que se otorga a éstos, lo que redunda en una mejor situación de los consumidores y usuarios de esa actividad de prestación.» (revisión de sentencia de la SPA, se declaró ha lugar) Tema específico: actividad bancaria Atendiendo al principio de la justicia social, en la actividad bancaria o financiera, se deben garantizar no sólo los derechos de los titulares de la actividad económica sino también los de los usuarios
Los usuarios de la banca son sujetos de protección particular (ex 21.2 CRBV) «[...] el juez a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos vinculados al desarrollo de la actividad bancaria, debe tomar en consideración que la realidad de las operaciones y formas jurídicas que en ella se generan y realizan escapan de las previsiones precisas del ordenamiento jurídico, por lo que es necesario a los fines de garantizar los derechos y garantías involucrados, atender a principios generales que sin violar otros derechos o garantías constituciones —vgr. principio de legalidad—, posibiliten la realización del principio de justicia social que se materializa en un sistema financiero seguro y responsable.
»[...] el juez debe en su labor de aplicación de los principios constitucionales y de los criterios vinculantes de esta Sala, [...] adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias sociales y la realidad del sistema financiero [...]» (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, se declaró parcialmente con lugar) «[…] en el contexto del principio de libertad —artículo 20 [CRBV]— que informa como valor fundamental al ordenamiento jurídico venezolano, se desarrolló el derecho a la libertad económica [...] como una situación jurídica bifronte, en tanto se materializa, en [1] una situación de poder, que faculta a los sujetos de derecho a realizar cualquier actividad económica, siempre que ésta no esté expresamente prohibida o que en el caso de estar regulada, se cumplan las condiciones legalmente establecidas para su desarrollo y, [2] en una prohibición general de perturbación de las posibilidades de desarrollo de una actividad económica, mientras el sistema normativo no prescriba lo contrario […]» La libertad económica no está establecida como regla de derecho —cuya aplicación no admitiría grados—: es un principio «aplicable en la medida que las posibilidades fácticas o jurídicas así lo permitan»
La libertad económica no sólo puede ser restringida por razones de interés general: es un principio que siempre está sujeto a ponderación «[…] el argumento esgrimido por los solicitantes, según el cual el derecho fundamental a la libertad económica o de libre empresa sólo puede ser restringido por razones de interés general, no luce correcto. Ni por lo que se refiere a la restricción, ni por lo que atañe al interés general. El derecho bajo examen es, se insiste, un principio. La norma no establece los modos en que tal derecho será satisfecho. Supone que deberá ser combinado con otros derechos también estimables. Por lo tanto, su naturaleza es la de ser aplicado junto con otros, y en tal sentido, siempre estará sujeto a ponderación. Es decir, será susceptible de una aplicación gradual en más o en menos. Por tanto, será el caso concreto el que dirá cuáles elementos habrán de ser tomados en cuenta, y de ello resultarán normas como producto de una actividad combinatoria de derechos.» 1178/2009, de 13 de agosto (reitera 85/2002 y 1107/2008; reiterada en 794/2011) (nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 185 y 187 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, se declaró sin lugar) Tema específico: regulación de la actividad bancaria y derechos de los usuarios «La protección del empresario bancario o financiero, como titular de la libertad económica, no puede menoscabar la protección de los ahorristas o de quienes, en general, les proporcionan sus fuentes de recursos para sus operaciones financieras. Precisamente, ante esa relación desigual nace el deber ineludible del Estado de velar por quienes se encuentren en la situación más débil o desventajosa, que sin duda es el ahorrista o el pequeño inversor. En otras palabras, la protección del interés general (ahorristas) sobre el interés particular y minoritario (los bancos).» La libertad económica es un derecho «sometido a constantes limitaciones» 794/2011, de 27 de mayo (reitera 85/2002, entre otras) (avocamiento, interpretación del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se declaró su ultraactividad: decisión activista) Tema específico: el derecho a la libertad económica en la actividad bancaria «[…] [las] exigencias que se establecen para los organizadores o promotores de instituciones bancarias y el procedimiento de promoción y constitución, capital social y condición de los accionistas entre otros, se reitera, recogen una tendencia legislativa universal que establece la necesidad garantizar que los "banqueros", es decir, los verdaderos sujetos que se beneficiarán por el control de las instituciones que participan en la actividad de intermediación financiera, respondan por los actos del grupo, tengan la solvencia financiera, moral y capacidad técnica para afrontar de forma eficientemente y responsable dicha actividad económica, lo cual se refleja o concreta en la primordial prohibición de que el banquero —no solo al inicio sino a lo largo del ejercicio de sus funciones—, no se apropie o distraiga los bienes de los ahorristas o los inversionistas en general.» El derecho a la libertad económica no sólo implica una dimensión de reacción ante la intervención estatal, sino también de protección de otros derechos constitucionales
Aunque el legislador ostenta libertad de configuración normativa, la regulación de la actividad bancaria —que atiende a circunstancias específicas y distintas a otros ámbitos de la economía— debe realizarse conforme a los parámetros constitucionales
La intervención del Estado en la banca tiende a expandirse: muestra de ello es la regulación del acceso a la actividad bancaria —atendiendo a la condición particular de los "banqueros"— y su posterior desarrollo Tema específico: la legislación penal económica «[...] la primera aproximación al cumplimiento del contenido del artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la obligación del legislador de evitar groseras o escandalosas lagunas de punibilidad, que deberá llenar con la creación de delitos nuevos, perfeccionando los existentes mediante la delimitación de conductas que difícilmente puedan ser sancionadas con los delitos ya existentes, pero que afectan un bien jurídico determinado que requiere de una tipificación de los comportamientos que puedan ponerlo en peligro o lesionarlo.
»Pero también [...] se requiere de una activa participación de los órganos del Poder Judicial y en general de los integrantes del sistema de justicia de conformidad con el artículo 253 [CRBV], que permita la aplicación efectiva de los tipos penales establecidos o que adecue su contenido, en el marco de las competencias atribuidas por el propio Texto Fundamental [...]» El artículo 114 CRBV no sólo establece limitaciones a la función legislativa, también es un parámetro interpretativo para el análisis jurisdiccional de la legislación penal económica
Los delitos económicos previstos en la Constitución lesionan el orden socioeconómico, pues trascienden las situaciones jurídicas particulares que resultan afectadas de forma directa Tema específico: información sobre el riesgo crediticio (ver 1318/2011) «Las consideraciones [realizadas por la Sala en la sentencia 4975/2005] tuvieron eco, en la legislación vigente al consagrar expresamente que el Sistema de Información Central de Riesgos, será utilizado por las instituciones bancarias para realizar consultas automáticas de la información consolidada en el sistema y se prohibió el uso del Sistema de Información Central de Riesgos para fines distintos a los previstos en la Ley de Instituciones Bancarias, incluyendo el ser requerido como requisito para tramitación de préstamos o créditos, aperturas de cuentas de ahorros o corrientes u otros instrumentos o modalidades de captación.» 2001 2005 Propiedad 462/2001, de 6 de abril 3537/2005, de 16 de noviembre 2009 (amparo en apelación, se declaró con lugar, se anuló sentencia de amparo de primera instancia) La función social como parte del contenido esencial del derecho a la propiedad «[...] la Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
»Esta noción integral del derecho de propiedad es la que está recogida en nuestra Constitución, por lo que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos del mismo, serían aquellos que comporten un desconocimiento de la propiedad como hecho social, a lo que se puede asimilar situaciones que anulen el derecho sin que preexista ley alguna que lo autorice.» (nulidad por inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, y otros actos, se declaró sin lugar) Tema específico: zonas de seguridad y limitaciones a la propiedad de los extranjeros La propiedad puede ser limitada mediante ley si existen razones de utilidad pública o interés general «[…] la Constitución no contiene normas concretas sobre la restricción de los derechos sobre bienes inmuebles, pero sí contiene disposiciones que permiten sostener que la condición de extranjero puede ser la base suficiente para imponer limitaciones que guarden relación con los asuntos públicos, entre los que destacan, claro está, el tema de la seguridad de la Nación.» 1178/2009, de 13 de agosto (reiterada en 794/2011) (nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 185 y 187 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, se declaró sin lugar) Tema específico: la propiedad de los depósitos bancarios «[...] en el caso de los depósitos bancarios, los depósitos a plazo y a la vista, por ejemplo, estos son activos en el patrimonio de los bancos destinados a la realización de operaciones de intermediación financiera; y no en cambio, pueden ser utilizados en provecho o con ventaja por los accionistas del banco, pues, el poder de disposición del banco sobre los depósitos bancarios está restringidamente regulado (ius in re aliena).
»De ese modo, es sobre esta facultad restringida de los montos depositados que los entes bancarios y otras instituciones financieras poseen derecho: derecho en cosa ajena, permitiendo que tales depósitos figuren como activos del ente financiero en términos contables, así como también que obtengan ganancias en nombre propio con ellos. En otras palabras, los depositantes son titulares de los montos colocados, aunque con disponibilidad limitada porque las instituciones financieras poseen derechos sobre esos montos una vez depositados, aunque se reitera, se trata de derecho en cosa ajena.» La función social de la propiedad es un criterio de valoración de las situaciones subjetivas con los principios de solidaridad social, utilidad pública, bienestar colectivo y otros de interés general, que hace ceder los poderes del propietario ante las «legítimas demandas» de la sociedad
La función social de la propiedad es un principio general del Derecho
La función social de la propiedad es un principio político: un principio organizador de la sociedad que se inserta en el orden público económico para justificar el contenido y el ejercicio de la propiedad «[...] la actividad de intermediación financiera que cumplen los bancos configura un complejo orden de relaciones jurídicas mediante las cuales se realizan operaciones propias de la actividad financiera con los depósitos de los usuarios. Tal situación conlleva al establecimiento de limitaciones sobre el uso y disposición del dinero tanto para el banco como para los usuarios depositantes del dinero, que, se insiste, no puede basarse en una concepción reduccionista de la propiedad.
»[...] es imposible que se lesione a los entes financieros el derecho a la propiedad sobre bienes, cuando la facultad de disposición de los bancos y otras instituciones financieras sobre los activos del sector, dentro de los cuales se incluye el dinero, se encuentra sometida a la supervisión, regulación y control por parte de las instituciones estatales responsables del mantenimiento y preservación del equilibrio del sistema financiero, en virtud de las complejas situaciones jurídicas que se derivan de la intermediación financiera, cuestión que además está influenciada por las propias previsiones constitucionales, debido al carácter social que reconoce la Constitución vigente de 1999 al modelo económico en Venezuela.» Conclusiones 1. La definición del concepto constitucional de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia es imprecisa —por versátil—, cuestión que ha potenciado el amplio margen de discrecionalidad interpretativa de la Sala Constitucional

2. En el transcurso de los años, la Sala Constitucional ha hecho mayor énfasis en la legitimidad de la expansión de las limitaciones a los derechos a la libertad económica y a la propiedad que en la ampliación de su haz de facultades

3. En algunos casos ha sido notable el activismo de la Sala Constitucional, incidiendo mediante sus decisiones en la configuración de la política económica, favoreciendo el intervencionismo estatal Período I Período II Período III Período IV Período I Período II Período III Período IV «De [los artículos 96 CRV y 115 CRBV] se puede colegir, que [ellos] consagran la libertad económica no en términos absolutos, sino permitiendo que mediante la ley se dispongan limitaciones. Sin embargo, debe destacarse que ello no implica ejercicio alguno de poderes discrecionales por parte del legislador, el cual, no podrá incurrir en arbitrariedades y pretender calificar por ejemplo, como "razones de interés social" limitaciones a la libertad económica que resulten contrarias a los principios de justicia social, ya que, si bien la capacidad del Estado de limitar la libertad económica es flexible, dicha flexibilidad existe mientras ese derecho no se desnaturalice. En este mismo sentido debe entenderse que cuando la norma transcrita se refiere a las limitaciones a dicho derecho, y señala sólo "las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes [...]" no puede interpretarse que la Constitución establezca garantías cuya vigencia pueda ser determinada soberanamente por el legislador ya que todos los derechos subjetivos previstos en la Constitución son eficaces por sí mismos, con independencia de la remisión legal a la que pueda aludir la Constitución.» 329/2000, de 4 de mayo (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Estado Táchira, se admitió y se acordó amparo cautelar) «[Del artículo 112], se desprenden claramente los dos aspectos a cuya observancia debe acogerse cualquier limitación al ejercicio de la libre actividad económica: por un lado, está el elemento objetivo, representación del principio de legalidad que rige la actividad de los órganos del Poder Público, y según el cual dichas limitaciones deben estar previstas expresamente en la Constitución y las leyes; por otro lado, está el elemento teleológico, que obliga a fundar las limitaciones en el bienestar de la sociedad o interés social.» (amparo en consulta, se confirmó declaratoria con lugar) 1339/2000, de 8 de noviembre «[...] esta Sala advierte que la libertad de dedicarse a la actividad económica de su preferencia reconoce, por una parte, [1] el derecho de toda persona de iniciar y sostener cualquier actividad económica con las limitaciones y restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico y, por la otra, [2] la obligación del Estado de abstenerse de imponerle a las personas el desempeño de una determinada ocupación. Así, el Estado no puede obligar a nadie e ser comerciante, agricultor, ingeniero o abogado, sin embargo, la actividad económica que se decida libremente ejercer, puede estar sometida a las limitaciones o restricciones que por razones de interés social se establezcan.» «Por otra parte, [...] la referencia al interés social como elemento estructural de la definición misma de la garantía de libertad de elección de la actividad económica y delimitación de su contenido, evidencia que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de esta garantía como mero ámbito subjetivo de libertad de optar por la ocupación económica que la persona quiere desempeñar, ya que tal libertad, en virtud de su contenido supraindividual o social, dadas las exigencias derivadas de la vida colectiva, está sometida a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos e intereses de terceros o el interés general, que responde a los principios establecidos e intereses tutelados por la propia Constitución, de cuya eficacia normativa no es posible sustraerse.» 1613/2004, de 17 de agosto (nulidad por inconstitucionalidad del artículo 112 de la Ley del Banco Central de Venezuela y otros actos, se declaró sin lugar; ver voto salvado del magistrado García García, y decisiones 2338 y 2345/2001, de 21 de noviembre) Definición del derecho a la libertad económica: el «interés social» como elemento estructural de la definición 266/2005, de 16 de marzo (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Tarifas de Aseo Urbano y Domiciliario en el Municipio Libertador del Distrito Federal, se declaró parcialmente con lugar) Servicio público y libertad económica (reitera 1563/2000, de 13 de diciembre; y 2436/2003, de 29 de agosto)
El cierre de establecimientos por impago de tributos como hecho que vulnera la libertad económica «[...] la norma [impugnada] impone, como sanción, el cierre del establecimiento comercial (lato sensu) como consecuencia de la falta de pago de la tasa relativa a la prestación del servicio público de aseo urbano, sanción que, además, se mantendrá indefinidamente en el tiempo, hasta cuando se pague totalmente el monto adeudado por esa razón.
»En criterio de esta Sala, se trata de una restricción excesiva y desproporcionada, que exorbita los límites de las restricciones que, por causa de interés general, pueden imponerse al ejercicio de dichos derechos fundamentales; limitación excesiva que deviene en violación al contenido esencial del derecho a la libertad económica, pues impide completamente el ejercicio mismo de esa libertad y, por ende, en violación al derecho de propiedad; en otros términos, el precepto no sólo establece restricciones que dificulten o hagan más oneroso el ejercicio de la actividad económica de que se trate, sino que lo proscribe totalmente y de manera indefinida, aunque temporal.» 1422/2005, de 30 de junio (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Mercado de Capitales y otros actos, se declaró con lugar) Definición del derecho a la libertad económica «[...] las perspectivas mínimas esenciales de los elementos vinculados al ingreso, desarrollo y posibilidad de abandono del derecho a la actividad empresarial, [...] deben considerarse en el siguiente orden: [1] en cuanto al acceso, el reducto infranqueable debe ser mínimo, en el sentido de no prohibir de manera absoluta y no imponer el ingreso de forma forzosa, sólo debe matizarse a través de requerimientos pautados para permitir la habilitación al sector; [2] respecto al abandono de la actividad, dicho reducto también debe ser mínimo, no debe imponerse la obligación de continuar, salvo que deban cumplirse determinadas obligaciones que exijan en razón de la actividad, el cumplimiento de un proceso necesario antes de permitir el cesamiento; [3] mientras que, en cuanto al ejercicio, quien ejerza la actividad ha de gozar de un mínimo, pero suficiente reducto infranqueable de autonomía que le permita el ejercicio de la actividad de empresa.» 2153/2006, de 6 de diciembre (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Chacao del Estado Miranda, se declaró sin lugar) Tema específico: constitucionalidad de la «licencia de actividades económicas» como instrumento de control preventivo del cumplimiento de la legislación 2000 2004 2006 1422/2005, de 30 de junio (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Mercado de Capitales y otros actos, se declaró con lugar) Relación entre propiedad y libertad económica «La Constitución también matiza los elementos integradores del derecho de propiedad, en virtud de las posibilidades limitantes establecidas en el artículo 115 constitucional, relativas a la utilidad pública o al interés general. En estos casos, la propiedad puede limitarse obedeciendo a la función social de la misma, pero su restricción proveniente de los agentes externos del Poder Público no puede constreñir su elemento esencial ni generar consecuencialmente la desnaturalización del contenido esencial del derecho a la libertad de empresa, por lo que en el caso de uno de los elementos del derecho de propiedad, como lo es, la disposición de los bienes que sean susceptibles de transacción, como ocurre en el caso de los títulos valores, no puede prohibirse por atentar contra el núcleo de la propiedad y de la libertad de empresa, lo cual no impide que pueda controlarse y regularse de acuerdo a las normas dictadas por los agentes del Poder Público en razón de la protección de los intereses superiores de la colectividad.» 403/2006, de 24 de febrero (reitera 462/2001) (revisión de sentencia de la CPCA, se declaró con lugar) La función social como parte del contenido esencial del derecho a la propiedad «[...] la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva perspectiva subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo.
»La incorporación de exigencias sociales, con fundamento en la utilidad individual y función social al contenido del derecho a la propiedad privada, que se traduce en la previsión legal de intervenciones públicas no meramente ablatorias en la esfera de las facultades y responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido, ya que, en efecto, esa dimensión social de la propiedad privada, en cuanto institución llamada a satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea y, por ende, debe ser rechazada la idea de que la previsión legal de restricciones a las tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al propietario, hagan irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo constitucionalmente descrito, en este sentido, cabe destacar que la incorporación de tales exigencias a la definición misma del derecho de propiedad responde a principios establecidos e intereses tutelados por la propia Constitución.
»No obstante lo expuesto, cabe advertir que la traducción institucional de tales exigencias colectivas no puede llegar a anular la utilidad meramente individual del derecho y, por tanto, la definición de la propiedad que en cada caso se infiera de las leyes o de las medidas adoptadas en virtud de las mismas, por lo que ello puede y debe ser controlado por esta Sala Constitucional o por los órganos judiciales, en el ámbito de sus respectivas competencias.» 2006 «En tal sentido, la garantía constitucional positivizada en el artículo 112 estriba en la libertad de decisión de las personas para dedicarse a las tareas, oficios o profesiones de su elección, sin que los Poderes Públicos puedan forzarlo a actuar en el mercado a través de una ellas con exclusión de cualquier otra.» 307/2001, de 6 de marzo (nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, se admitió y se acordó amparo cautelar) Derecho a la propiedad y no confiscatoriedad de los tributos «[...] si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, siempre y cuando las referidas restricciones no constituyan un menoscabo absoluto o irracional del aludido derecho de propiedad. Esto es, que imposibilite de tal forma la capacidad patrimonial de los particulares que termine extinguiéndola.» 307 307 Los elementos objetivo y teleológico de las limitaciones a la libertad económica El derecho a la libertad económica como «situación jurídica bifronte»
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