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LEY DE DISCAPACIDAD EN CHILE

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paulina delgado

on 30 July 2013

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LEY DE DISCAPACIDAD EN CHILE
Presentaremos las diferencias entre la ley 19.284 promulgada a principios de los ´90 (1994) y la ley actual 20.422 la que tomó lugar importante en el año 2010 en el periodo presidencial de Michell Bachelet, basada en la Igualdad e Inclusión social para Discapacitados.
En 2004, a 10 años de haber sido promulgado el primer marco legal de protección a las personas con discapacidad en Chile, se aplicó el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC, que reflejó de manera fidedigna la situación de las personas con discapacidad en ese entonces. Pero pese a la relevancia de este Estudio, el primer y único generado hasta la fecha, no ha sido aplicado nuevamente, dejando sin sustento teórico y estadístico confiable la formulación de las políticas publicas a favor de las personas con discapacidad. Otras encuestas como CASEN y CENSO que también consultan por la situación de las personas con discapacidad, no cuentan con el nivel de confiabilidad que se requiere, pues no se basan en las recomendaciones de rigurosidad recomendadas a nivel internacional por las propias personas con discapacidad.
LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL
Ley 19.284: No tiene equivalente
Ley 20.422: “El proceso de calificación de la discapacidad asegurará una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada” (art. 13).
“El COMPIN se integrara además, por un psicólogo, un fonoaudiólogo, una asistente social, y un educador especial o diferencial, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. (art. 13)

ENCARGADOS DE LA CALIFICACION DE DISCAPACIDAD.
TÌTULO I: Derecho a la Igualdad de Oportunidades
El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado.
Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educacional en dichos planes. (Art. 34)
Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la educación. (Art. 36)




INTRODUCCIÓN
TÍTULO II: Calificación y Certificación de la Discapacidad
Ley 20.422
Los encargados de calificar discapacidad son: el Compin, dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio. (Art. 13)

Un reglamento de los Ministerios de Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. (Art. 14)

Una vez que certifique la discapacidad, el Compin remitirá los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. (Art. 17)

El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener inclusión social y eliminar la discriminación. (Art. 1º)

Es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. (Art. 4º)

TÍTULO III: Prevención y Rehabilitación

Prevención de la discapacidad es toda acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. (Art. 19)
La prevención siempre considerará el entorno económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de que se trate. (Art. 19)
Durante la rehabilitación se prestará asistencia en salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la familia. (Art. 22)

TÍTULO IV:
Medidas para la Igualdad de Oportunidades


El Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. (Art. 23)
Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno. (Art. 25)
Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. (Art. 26)

El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, especialmente deberá:
a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación.
b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación.
c) Crear y ejecutar, programas de acceso al empleo para personas con discapacidad.
d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. (Art. 43)

Las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. (Art. 39)
La necesidad de la persona con discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base de los informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá acreditar para estos efectos, los que deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores. (Art. 37)
A los alumnos y alumnas del sistema educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio. (Art. 40)
TÍTULO V: Del Registro Nacional de Discapacidad
El Registro Nacional de la Discapacidad deberá:
a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por el Compin.
b) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad.
c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal, de conformidad con lo que establezca el reglamento.
d) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento.
e) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. (Art. 56)

LEY 20.422
LEY 20.422
“Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que lo hubiera originado, vea obstaculizada en a lo menos un tercio de su capacidad educativa, laboral o de integración social” (art. 3°)
“Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presente en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 5°)
Igualdad de oportunidades
La ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social. (Art. 7º)
En ningún caso, la persona con discapacidad mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos. (Art. 11º)
El Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios (medidas de adecuación) y prevención de conductas de acoso. (Art. 8º)
TÍTULO VI: Acciones Especiales
Toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, ante el juez de policía local competente de su domicilio para que adopte las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado.
(Art. 57)
TÍTULO VII: Del Comité de Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la Discapacidad.
Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las personas con discapacidad. (Art.62)

Para la asignación y financiamiento de los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y debidamente fundados, el Servicio Nacional de la Discapacidad podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información adicional. (Art. 70)

El personal del Servicio Nacional de la Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento expedido por el Ministerio de planificación.
Las evaluaciones servirán de base para la selección del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el término del contrato de trabajo en su caso. (Art. 72)
CONCLUCIÓN
La ley 20.422 tiene como finalidad insertar en la sociedad y asegurar el derecho de igualdad de oportunidades a aquellas personas que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
En Chile la Ley 20.422 señala que el Estado tiene la obligación de fomentar la Inclusión Laboral de las Personas con discapacidad. En este sentido, es el Estado entonces quien debe ser el primero en dar cumplimiento a este principio a través de la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad en la administración pública y desde ahí hacia las otras esferas de injerencia, sin embargo no ha habido avances en esta materia.

La Fundación Nacional de Discapacitados realiza la importante tarea de llevar a cabo acciones de educación y transformación social: acceso al trabajo, justicia, información, redes de apoyo, bienes y servicios, así como también a los derechos electorales y políticos.
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