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Sentencia C 591/05

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Maria Catalina Galofre Acosta

on 1 October 2015

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Transcript of Sentencia C 591/05

Sentencia C 591/05
Artículo 58.
Impedimento del Fiscal General de la Nación. Si el Fiscal General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano.
Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el Vicefiscal General de la Nación.
Artículo 78 y 80
Artículo 78. Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación mediante orden sucintamente motivada.
Si la causal se presentare antes de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.

Artículo 80. Efectos de la extinción.
La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada.
Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.

Artículo 39.
De la función de control de garantías. La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

Parágrafo 1º. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
.
Artículo 127
Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local.
 
Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el sistema nacional de defensoría pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación.
 
El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.

Cargos de la demanda
A juicio de la demandante, la Fiscalía General de la Nación se gobierna por el principio de jerarquía, de tal suerte que todos los fiscales, incluyendo al Vicefiscal, deben acatar las órdenes y directrices del Fiscal General. Si ello es así, agrega, no tiene sentido que norma demandada disponga que de prosperar el impedimento, continúe conociendo el caso el Vicefiscal,
“se estaría cambiando la persona, pero las órdenes las seguiría dando el Fiscal, eso es completamente inmoral”.
Concepto de la Corte
"La demandante no estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad por cuanto se limita a considerar como “inmoral” que en los casos en los cuales el Fiscal General de la Nación se declare impedido o sea recusado para conocer de un asunto, el mismo lo asuma el Vicefiscal. No se trata, por tanto, de un reproche de naturaleza constitucional sino de meras valoraciones subjetivas de la ciudadana"
Subregla
La Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial, y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia, sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración, a fin de que el juez de conocimiento, al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado, y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado, a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia, o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso

Articulo 470
Medidas de seguridad para indígenas. Corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por diversidad sociocultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena de la comunidad respectiva.

Catalina Galofre
Daniel Prada

Cargos de la demanda
Considera la demandante que el artículo es inconstitucional por cuanto vulnera los artículos 1 y 70 de la Carta Política, ya que el mismo parte de la base que hay inimputables por diversidad sociocultural, contrariando además lo dispuesto en sentencia C- 370 de 2002.
Problema jurídico.
Debe examinar la Corte si una disposición que establece que corresponde a los jueces de ejecución de penas disponer lo necesario para la ejecución de medidas de seguridad aplicables a inimputables por diversidad sociocultural, vulnera o no la diversidad sociocultural de Colombia.
Subregla
No parece razonable declarar la inconstitucionalidad de la inimputabilidad por diversidad cultural, por cuanto dicha decisión podría paradójicamente dejar en una situación peor a los miembros de los grupos culturalmente diversos, ya que permitiría que en ciertos casos fueran sancionados penalmente, mientras que la expresión acusada los protege al declararlos inimputables en esos mismos eventos. Debe entonces entenderse que la declaración de inimputabilidad y la eventual medida de seguridad no pueden tener un carácter sancionatorio, ni de rehabilitación o de curación, sino que tienen exclusivamente, en estos casos, una finalidad de protección y tutela de quien es culturalmente diverso.
Artículo 522
La conciliación en los delitos querellables. La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal.

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.
Cargos de la demanda
Alega la demandante que las expresiones acusadas vulneran el artículo 250 Superior por cuanto una de las características que tiene el fiscal en el nuevo sistema es la de ser parte parcial, hasta el extremo de defender los intereses de las víctimas “y entonces no tiene sentido que con esas características sea quien realice la conciliación, toda vez que el conciliador es un tercero imparcial, y aquí le están dando esas facultades a un tercero parcial”.
Problema jurídico.
Le corresponde a la Corte determinar si la expresión acusada, que permite la realización de conciliación ante el fiscal, desconoce o no el artículo 250 Superior, según el cual el fiscal es un sujeto procesal parcial que representa los intereses de la víctima, y no un tercero imparcial que pueda servir de conciliador.
Subregla
En tal sentido, por tratarse de delitos querellables y por ende el contenido de justicia afecta solo la esfera de la víctima y en tal medida admiten desistimiento, consideró el legislador como una medida de política criminal que surtieran una etapa de conciliación, sin que se oponga al nuevo esquema procesal penal que ella se surta ante un fiscal, a fin de que si hubiere acuerdo entre el querellante y el querellado, proceder a archivar las diligencias; y en caso contrario, ejercer la correspondiente acción penal, caso en el cual no podrá ser utilizado en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo conciliatorio.
Cargos de la demanda
La disposición es contraria a la Carta Política por cuanto el constituyente ha establecido que personas que ocupen determinados cargos deben ser juzgados por el máximo organismo de la justicia ordinaria, como lo es la Corte Suprema de Justicia. Carece por tanto de sentido que “el Constituyente eleve las categorías de Ministros, Procurador, Defensor, Gobernadores, Magistrados de los Tribunales, pero que los degrade y decida que el juez de control de garantías será un magistrado del Tribunal Superior, Tribunal Superior que es inferior jerárquico de la Corte Suprema de Justicia”.
Problema Juridico
El legislador vulneró la Constitución al haber establecido que la función de juez de control de garantías en los procesos penales que adelante la Corte Suprema de Justicia la cumple un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Subregla
"El juez de control de garantías es de creación constitucional y por lo tanto cumplen una función determinada por la norma Superior, y en éste sentido no pueden ser considerados subalternos o jerárquicamente dependientes de la Corte Suprema de Justicia".
Cuando la disposición acusada alude a que “En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia”, debe entenderse en el contexto del Acto Legislativo 03 de 2002, es decir, que
la figura del juez de control de garantías interviene sólo en aquellos procesos con características de sistema acusatorio
, es decir, en aquellos en que
la investigación es adelantada por la Fiscalía General de la Nación, para los cuales no está previsto un procedimiento constitucional especial.
Problema Juridico
La Corte debe determinar si la declaración de extinción de la acción penal y el archivo de las diligencias, dictada por un fiscal, mediante orden sucintamente motivada antes de la imputación de cargos, con efectos de cosa juzgada, vulnera o no el artículo 250 constitucional.
Subregla
"Al legislador le está vedado romper las reglas propias de los elementos esenciales del nuevo sistema acusatorio, acordarle adicionales facultades judiciales a la Fiscalía General de la Nación, como es aquella de decretar con efectos de cosa juzgada la ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal y en consecuencia, ordenar el archivo de unas actuaciones, antes de la formulación de la imputación, cuya constatación, como quedó visto anteriormente, no es meramente objetiva o automática, sino que, en todos los casos, requiere de una valoración ponderada"
Cargos de la demanda
Considera la demandante que el artículo 78 de la Ley 906 de 2004 es contraria al artículo 250 Superior, por cuanto la modificación trascendental que se adelantó con el Acto Legislativo 03 de 2002 consistió en quitarle facultades judiciales a la Fiscalía y trasladárselas a los jueces. Si ello es así, el Fiscal no puede tener facultades para decretar y ordenar el archivo de la actuación, y menos, como lo preceptúa el artículo 80 del C.P.P. producir efectos de cosa juzgada “porque si produce dicho efecto es porque es una decisión judicial y la Fiscalía ya no es juez”.
"La decisión de archivar unas actuaciones con efectos de cosa juzgada no puede ser considerada un mero trámite sino que se trata de un asunto de carácter sustancial. De allí que no sea de recibo la distinción que estableció el legislador en el sentido de que si el hecho generador de la extinción de la acción tiene lugar antes de la imputación de cargos el fiscal pueda motuo proprio decretarla; en tanto que si la misma se produce con posterioridad a la mencionada audiencia, únicamente lo pueda hacer el juez de conocimiento, previo requerimiento de la Fiscalía.
De tal suerte que la decisión sobre la extinción de la acción penal, con efectos de cosa juzgada, es de competencia exclusiva del juez de conocimiento, para lo cual el correspondiente fiscal solicitará la preclusión"
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