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CAPACIDAD PARA CONTRATAR

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by

pedro genes salzar

on 9 February 2015

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Transcript of CAPACIDAD PARA CONTRATAR

CAPACIDAD PARA CONTRATAR
CAPACIDAD Y COMPETENCIA
Un requisito de validez en la celebración del contrato, es la aptitud del sujeto que expresa la voluntad, como principio general debemos sentar que para que pueda hablarse de capacidad para celebrar un acto jurídico, se debe tener personería jurídica o personalidad jurídica, pero no obstante, se le ha dado por parte de la ley 80 esta capacidad a organismos que no tienen personería.

Capacidad-concepto:
Es la facultad que tiene el particular para obligarse válidamente en la contratación estatal, de conformidad con las normas del Código Civil y del Código de Comercio y con las limitaciones de la mima ley 80.

Competencia- concepto:
La atribución de la entidad estatal para celebrar el contrato y del funcionario que expresa la voluntad, la facultad para manifestarla.

Delegación para contratar en los municipios
En la actualidad hay dos formas en las que puede operar la delegación según el articulo 30 de la ley 1551 de 2012:

1. los alcaldes podrán delegar en sus secretarios y jefes de los departamentos administrativos todas las funciones sobre las que no exista expresa prohibición legal.
2. También se podrá delegar para efectos de la celebración y ejecución de los contratos, por lo cual se podrá delegar cualquier parte del proceso de contratación en funcionarios del nivel ejecutivo o directivo.
DESCONCENTRACION.
Es la facultad en la que el superior jerárquico reparte algunas de sus competencias entre sus subalternos, ubicado o no en la sede principal, sin que ello les otorgue autonomía en el cumplimiento de la función.

Diferencia con la delegación se basa en que la desconcentración es mas un encargo que hace el superior a su dependiente en nombre y en dirección de aquel.

En contratación estatal la desconcentración solo se tiene autorizada para la preparación y realización de los procesos licitatorios que posteriormente permitan al titular adjudicar y celebrar el contrato correspondiente.

En la ley 1150 de 2007 que añadió un inicio al articulo 12 de la ley 80 en el que se establece, que “contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso”.

DELEGACION EN LA LEY 1150 DEL 2007

Esta ley trae una estipulación novedosa, la cual consiste en hacer responsable a los jefes y representantes legales de las entidades estatales de las actuaciones que puedan cumplirse en los asuntos que hayan delegado.

La regla general nos dice que el delegante se despoja de la responsabilidad y se traslada al delegatario, pero en el articulo 21 de la ley 1150 de 2007 nos habla que permanece también en el delegante, lo cual se hace para que se mantenga el deber de control y vigilancia del delegante.

Es claro que el delegatario solo será responsable de la actuación a su cargo, asume la responsabilidad propia de la ejecución de la actividad que correspondía aquel.

Corte Constitucional, en sentencia C-693 de 2008, siguiendo el precedente marcado en la sentencia C-372 de 2002, agrego que la responsabilidad del delegante solo se genera cuando ha obrado con dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control.

Contrato celebrado por funcionario con competencia aparente

La celebración de un contrato por un funcionario incompetente, pero que creía que para ese caso tenia competencia, generaría una responsabilidad extra-contractual, ya que el contrato no se celebro realmente, lo cual llevaría a la indemnización de los costos en que ha incurrido el contratista hasta el momento en que considere como valido el vincula obligacional.

Cuando estamos frente a un funcionario incompetente, no cabe duda que se trata de un contrato nulo, que podrán exigir obviamente, el contratista , o el tercero que acredite un interés directo, o el ministerio publico ante juez administrativo.


La delegación para la contratación
No solamente se agiliza la contratación atribuyéndole al jefe de la entidad estatal o a su representante legal la competencia para dirigir los procesos de contratación y celebrar el respectiva contrato, sino además que se concede por parte de la ley 80 autorización para delegar en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, la facultad para celebrar contratos o desconcentrar la realización de licitaciones.

En la actualidad, gracias al decreto 2150 de 1995, se permitió la delegación libre, lógicamente distinguiendo entre los tramites de contratación, la adjudicación y ejecución del contrato, pero colocando generalmente la responsabilidad en cabeza del delegatario, exceptuando caso donde solo se le delega la firma del contrato.
FUNCIONARIOS COMPETENTES EN LOS DISTINTOS ORDENES
a. Por la Nación, en cabeza del presidente quien puede delegar en cualquier funcionario inferior del nivel directivo o ejecutivo.
b. Por el Departamento, en cabeza del gobernador quien también puede delegar los tramites de contratación.
c. Por los municipios. En cabeza del alcalde
d. Los entes descentralizados, en todos los niveles, el funcionario competente para contratar en estas es el representante legal.
e. En los demás organismos o entidades estatales, la cuales no tengan representante legal, la competencia recae en el funcionario que ha designado la ley.

En este sentido las asambleas departamentales, concejos municipales, las personerías y contralorías municipales, en virtud de la autonomía presupuestal que se les asigna, tienen la capacidad para contratar en nombre del departamento o del municipio.

AUTORIZACION PREVIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR ORGANOS COLEGIADOS.
No puede entenderse que con la ley 80 se dio fin a la autorización a que se ha hecho referencia con base en la atribución otorgada al representante o jefe de la Entidad para dirigir las contrataciones, para adjudicar y contratar.

Esta autorización es dada por los órganos colegiados que han sido dotados de la facultad de autorizar al presidente, gobernador o alcalde, lo que quiere decir que debe preceder a la celebración del convenio contractual la autorización dada por el órgano colegiado y es claro que esta no obliga a la celebración del contrato.

LA CAPACIDAD EN LOS PARTICULARES Y LAS INHABILIDADES
1. Personas Naturales.
Se sigue el principio general de la capacidad, establecido en la ley civil, según el cual todas las personas se presumen capaces, salvo aquellas que la ley declare incapaces de manera expresa.

En el articulo 6 del Estatuto Contractual consagra la regla general de la capacidad pero hay que tener en cuenta que la misma norma contractual, en algunas ocasiones, impone limitantes para la celebración misma de un determinado contrato, como es el caso:

a. El contrato de prestación de servicios.
b. En el campo municipal con los concejales.
c. Los servidores públicos (congresistas)

2. tratándose de personas jurídicas, su capacidad para contratar esta circunscrita a su objeto ya que para ellas existe el principio de la especificidad, solamente pueden contratar aquello que su objeto lo permita.
LAS INHABILIDADES EN LA CONTRATACION ESTATAL
CAUSALES DE INHABILIDAD
A. las inhabilidades de la ley 80 de 1993
B. las inhabilidades de la Ley 1150 de 2007
C. las inhabilidades en el acto legislativo de 2009
D. las inhabilidades en la Ley 1474 de 2011.

A. INHABILIDADES EN LA LEY 80 DE 1993
1. Haber sido destituido del cargo o condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones publicas (articulo 8-d)
2. Por razones de parentesco
3. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado
4. La participación de personas con vinculo de parentesco en la misma licitación con ofertas distintas
5. La de los socios de sociedades de personas a las cuales se les haya declarado la caducidad, así como a las nuevas sociedades de esta tipo de las que ellos formen parte y que se hayan constituido posteriormente
6. Por actuar de mala fe ante el Registro Único de Proponentes
7. Condena penal o civil por hecho u omisiones en la contratación estatal
8. Inhabilidad por duración de la sociedad
9. Inhabilidad por falta de pago
10. Inhabilidad por evasión tributaria
11. Inhabilidad por mora en el pago de multas

LAS INHABILIDADES EN LA CONTRATACION ESTATAL
ASPECTOS GENERALES
En el régimen de contratación estatal anterior -Decreto 222 de 1983-, las causales de inhabilidad sólo tenían aplicación al momento de la contratación. Únicamente se miraba su existencia al momento de celebrar el contrato, con lo cual podía darse el caso que la inhabilidad existente al momento de la apertura der proceso de contratación, se extinguiera durante el tiempo que perdurara el trámite, habilitando al oferente para celebrar el contrato.

Pues bien, hoy la Ley 80 de 1993, señala que las causales de inhabilidad o. Incompatibilidad deben ser tenidas en cuenta tanto para celebrar el contrato adjudicado como para participar en el proceso de licitación o de contratación para la escogencia del contratista (artículo 8-1).

Igualmente, la ley 80 de 1993, regula en una misma norma las inhabilidades e incompatibilidad (articulo 8) , dándoles el mismo alcance jurídico a dichos conceptos , no obstante que intrínsecamente son de naturaleza diferente.



A) INHABILIDADES EN LA LEY 80 DE 1993
La Ley 80 de 1993 consagra dentro de sus causales de inhabilidad e incompatibilidad las mismas
que consagran las normas legales constitucionales y legales, pero establece algunas causales que constituían una verdadera novedad en la legislación hasta a ese momento. A continuación se hace referencia, someramente, a algunas de las causales de inhabilidad e incompatibilidad allí reguladas:

1. HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO O CONDENADO A LA PENA ACCESORIA DE
INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS (ARTÍCULO 8-D)
Esta causal la introdujo la Ley 80 de 1993 y aunque en principio parece exagerada frente a las posibles causas de destitución, no cabe duda que con ella se busca la moralización de la Administración y el reconocimiento de que quien no fue capaz de comportarse adecuadamente en el cumplimiento de una función pública, tampoco puede llegar a cumplir funciones como colaborador de 1.a Entidad a través de la contratación.

Esta causal tiene una duración de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena o del acto que dispuso la destitución, de conformidad con el artículo 8 citado.



2. POR RAZONES DEL PARENTESCO
Esta inhabilidad que estaba consagrada en el decreto 222 de 1982 hasta el 4 grado de consanguinidad,
se redujo al 2 grado en articulo 8 de la ley 80 de 1993. Por lo cual en los eventos en el que el grado de parentesco sea determinante para configurar una causal de inhabilidad o incompatibilidad, solo podrá predicarse cuando el sujeto de referencia se encuentre frente:

padres
hijos
abuelos
nietos
hermanos
cónyuge
vinculo civil


3. QUIENES SIN JUSTA CAUSA SE ABSTENGAN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO ESTATAL ADJUDICADO
Esta causal ha de entenderse, para que tenga el alcance lógico, que se trata de los casos en los cuales el proponente se abstiene, sin justa causa, de dar inicio al cumplimiento de la oferta, pues existen contratos que no están sujetos a la suscripción, como los de mínima cuantía que se perfeccionan por la sola aceptación de la oferta por parte de la Entidad contratante (artículo 85-7 del Decreto 1510 de 2013) o cuando en la misma Ley 80 de 1993 se consagraban los contratos con solemnidades menos plenas (por no llamarlos verbales) que no están sujetos a la suscripción.

Ahora, la "justa causa" para no suscribir el contrato puede concurrir en uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, o de un integrante del grupo plural que será la parte contratista, caso en el cual la inhabilidad no se produciría frente a ellos.



4. LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON VINCULO DE PARENTESCO EN LA MISMA LICITACIÓN CON OFERTAS DISTINTAS

Causal que se extiende también a las sociedades en las que el represen
tante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco con el representante legal o con cualquiera de los socios de otra sociedad que luya presentado propuesta (articulo 8-g,h).

Pero cuando varios parientes o sociedades que tengan socios comunes o parientes en los grados señalados por la ley, habían presentado propuesta para una misma licitación o concurso, aunque la norma no lo decía, los interpretes y doctrinantes consideraron que la inhabilidad recaía para el que presentara su propuesta después de haberlo hecho la otra persona frente a la cual se tendrá la prohibición.



5. LA DE LOS SOCIOS DE SOCIEDAD DE PERSONAS A LAS
CUALES SE LES HAYA DECLARADO LA CADUCIDAD, ASÍ COMO A LAS NUEVAS SOCIEDADES DE ESTE TIPO DE LAS QUE ELLOS FORMEN PARTE Y QUE SE HAYAN CONSTITUIDO POSTERIORMENTE.

No cabe ninguna duda respecto a que la sanción más grave que pueda imponerse a un contratista es la de la caducidad, medida que sólo es procedente cuando el incumplimiento de éste es de tal magnitud que afecta gravemente la ejecución del contrato y que evidencia que puede llegar a su paralización.

La Ley 80 de 1993, trajo esta importante innovación. En adelante, no solo quienes dieron lugar a la caducidad, persona natural o jurídica, (art. 8-c), sino también los socios de las sociedades de personas a las que se les ha declarado la caducidad, al igual que las sociedades de personas de las que ellos formen parte después de la declaratoria, ya sea porque constituyan una sociedad nueva o sean admitidos como socios en las ya existentes, estarán inhabilitados.



6. Por actuar de mala fe ante el Registro Único de Proponentes (RUP)
Causal que se presenta cuando se demuestre que el inscrito de mala fe,
presentó documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no concuerdan con la realidad. Inicialmente, en la redacción original del artículo 22, numeral 6, de la Ley 80, la inhabilidad se consagraba por el término de 10 años, sin embargo, después de múltiples variaciones, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, estableció que ésta inhabilidad sería de 5 arios, pero consagró una consecuencia gravísima para los eventos que el proponente reincidiera en el engaño ante el RUP, caso en el cual la inhabilidad pasa a ser permanente.

La nueva regulación del Decreto 019 de 2012, pone en cabeza de las cámaras de comercio hacer la verificación de la información que se considera incorrecta, obligándolas a hacer la calificación subjetiva de la irregularidad al señalar que en el evento en que la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves inconsistencias, se le cancela la inscripción en el registro y queda inhabilitado el proponente.

la inhabilidad permanente
esta fue demandada ante la corte constitucional por considerarse que atentaba contra el derecho al trabajo (articulo 25 c.n), la libertad de oficio (articulo 26 c.n), por ser una sanción irracional y desproporcionada (articulo 28 c.n) y por atentar contra el derecho a accede a cargos públicos (articulo 40-7).



7. CONDENA PENAL O CIVIL POR HECHOS U OMISIONES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL (ARTICULO 58)

Todas las personas que intervienen en la actividad contractual del Estado, están sujetas en la ley 80, por sus actuaciones, hechos u omisiones antijurídicas en material contractual, a sanciones que pueden ser:

a. disciplinarían
b. civiles
c. penales

como opera la inhabilidad en este caso?
a. funcionarios
b. persona jurídicas
c. particular (persona natural)




8. LAS INHABILIDADES SOBREVINIENTES

Fue una novedad importante traída en la ley 80 de 1993. No obstante su
regulación dejo un vacío que impedía manejar la inhabilidad sobreviniente entre la adjudicación y la celebración del contrato, que vino a ser llenado por la ley 1150 de 2007, tal como se verán mas adelante.

Era común que mientras se estaba en la etapa de ejecución del contrato, el contratista fueron nombrado representante legal de la entidad publica, o se posesionara para el desempeño de un cargo publico dentro de la misma, o que lo hiciera un pariente suyo, dentro del grado de parentesco que genera inhabilidad para contratar, existen algunos efectos que son:

a. si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente al contratista es después del perfeccionamiento del contrato
b. cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del procedimiento de licitación o concurso
c. si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal
d. si el hecho generador de la inhabilidad aparece entre el momento de la adjudicación y la celebración del contrato.


9. INHABILIDAD POR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Antes existía una inhabilidad temporal para las sociedades,
consistente en que que debían tener mas de 6 meses de constituidas al momento de la apertura de la licitación, o de la celebración del convenio, según el caso, y acreditar que su duración no seria inferior a la duración del contrato mas un ano mas

ahora, en la ley 80, se exige, únicamente que la duración de la sociedad sea por lo menos igual al tiempo de duración del contrato y un ano mas


10. Inhabilidad por falta de paz y salvo
Era una verdadera inhabilidad, con la virtud suficiente para invalidar el contrato
que se celebrara contraviniendo esta prohibición. Con la finalidad de obtener el pago oportuno de los impuestos, desde la Ley 550 de 1999, se estableció la obligación de estar a paz y salvo por parte de quien pretende ofertar en un proceso de contratación. Sin embargo, el artículo 57 de la ley citada generó algunas dificultades en su aplicación respecto de los procesos de contratación en los cuales era aplicable la norma, pues hablaba de la licitación, con lo cual se pretendió entender que los procesos de selección diferentes a éste estaban excluidos.

Pero la obligación fue restablecida por la Ley 617 de 2000, con una redacción más amplia en cuyo artículo 70 se señalaba que “no podrá contratar con ninguna Entidad Estatal quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la DIAN y en aquellas que las entidades territoriales establezcan a través de sus organizaciones gremiales"


Otras obligaciones que afectan al contratista

la Ley 789 de 2002, cuyo artículo 50 fue modificado por la Ley 828 del 19 de julio del 2003, consagró en cabeza de la Entidad pública la obligación de incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema dc Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e 1CBF), obligando, además, a incluir dicha cláusula en los contratos que ya habían sido celebrados.

Posteriormente, la Ley 1150 de 2007 derogó esta norma, para en su lugar establecer un control más efectivo que las multas, consistente en que para cada pago que haya de hacerse al contratista, éste primero tiene que aportar el paz y salvo de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes al Sena, 1CBF y cajas de compensación familiar.


11. INHABILIDAD POR EVASION TRIBUTARIA
la misma ley 643 de 2001 por la cual se fija el régimen para el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, consagra la inhabilidad para celebrar el contrato de concesión de juegos de suerte y azar u obtener autorizaciones para explotarlos u operarlos, quienes hayan sido sancionados por evasión tributaria, mediante acto administrativo o sentencia judicial, ejecutoriados según el caso.
Entre las sanciones consagradas en el Estatuto Tributario, que buscan disuadir y acatar el problema de la evasión, se hallan:

1. sanción por inexactitud
2. sanción por uso fraudulento de la cedula
3. sanción por no declarar y aforo
4. sanción a contadores públicos
5. responsabilidad por no certificar correctamente los valores retenidos
6. sanción a los retenedores que mediante fraude disminuyen el saldo a pagar o aumenten el saldo a favor en las declaraciones.
7. Sanción por expedir facturas sin requisitos
8. Sanciones por libros de contabilidad
9. Sanciones de clausura de establecimiento o sitio donde se ejerza profesión u oficio, y la imposición de una leyenda que diga “cerrado por evasión”.
10. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión
11. Sanción por proveedor ficticio


inhabilidad por mora en el pago de multas

el articulo 5 de la ley 828 de 2003 establece que si se imponen multas por no cumplir con las obligaciones
frente al régimen de seguridad socias, el ministerio de la protección social o la Superintendencia nacional de salud, según sea el caso impondrá las sanciones previstas en la ley, que tratándose de multas, no podrán ser inferiores al cinco por ciento del dejado de pagar.

LAS INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES ESPECIALES Para evitar el tráfico de influencias, asegurar la moralidad en la contratación, el numeral segundo del artículo octavo, configura unas causales especiales que impiden la celebración de contratos con la entidad respectiva.

a) Los ex funcionarios
Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos contratante, prohibición que se extiende por el término de un (1) año contado a partir de la fecha del retiro. Pero tal inhabilidad -la norma habla de incompatibilidad- sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo.

los funcionarios del nivel ejecutivo quedarán inhabilitados para contratar con su respectiva Entidad, 'para todos los casos, durante dos (2) años, pues su real alcance consiste en establecer dos causales absolutamente diferentes. Es necesario que distingamos con claridad las dos causales de inhabilidad para los funcionarios, la cual opera frente a dos materias diferentes:

A) Una inhabilidad general de un (1) año para todo ex servidor público para 'contratar con cualquier dependencia de la Entidad, y en cualquier materia, menos en el sector donde prestó sus servicios.
B) Una inhabilidad especial de dos (2) años para el ex funcionario quien no podrá contratar con la Entidad donde laboró en el sector en que se desempeñó.
b) Los parientes de los funcionarios de la Entidad

Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante, no podrán contratar con dicha Entidad.

c) ASOCIACIONES, FUNDACIONES O SOCIEDADES QUE HAYAN DE CONTRATAR, O DESEMPENAR CARGOS DE DIRECCION O MANEJO.
las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor publico de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo, no podrán contratar con respectivas entidad.
d) los miembro de las juntas o consejos directivos:

Esta incompatibilidad sólo se predica respecto de la Entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. Es importante tener en cuenta que la incompatibilidad es sólo frente a la Entidad en la cual cumplen sus funciones, pudiendo contratar en los otros niveles de la Administración.

B INHABILIDADES EN LEY 1150 DE 2007

1. INHABILIDA POR CONDENAS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
esta inhabilidad comprende tres aspectos:
a. condena por peculado, concusión, cohecho, prevaricato
b. condena por soborno transnacional
c. fin del vinculo de parentesco y de la inhabilidad

2. inhabilidad sobreviniente
es un acierto de la ley 1150 de 2007 haber traído los efectos de la aparición de un hecho generador de inhabilidad sobreviniente en el lapso comprendido entre el acto de adjudicación y la celebración del contrato, vacío que generaba, como lo vimos al hablar del tema, un contrasentido y que conduce a la revocatoria del acto de adjudicación.


B) INHABILIDADES EN EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no estableció en la redacción original
de la Carta Política inhabilidades para contratar, dejando esa función al Congreso a quien encomendó la creación del Estatuto de Contratación (inciso final del artículo 150 de la C.N). Sin embargo, el legislador, tratando de darle un alcance superior a las normas que promueven la moralidad, la objetividad y la transparencia en la contratación pública, ha producido diversos actos legislativos en los que ha impuesto drásticas limitaciones para contratar a quienes han sido condenados por ciertos delitos.
La primera modificación ocurrió con el Acto Legislativo 01 de 2004, por medio del cual se modificó, entre otros, el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución al introducir que no podían celebrar contratos personalmente, o por interpuesta persona, quienes hubiesen sido condenados, en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afectaran el patrimonio del Estado.

C) INHABILIDADES LEY 1474 DE 2011 LEY 1474 de 2011,.

También conocida como Ley Anticorrupción, nace en el marco de una política
estatal encaminada a fortalecer el ejercicio recto, leal y moral de la Administración pública, con el diseño de estrategias administrativas, penales y disciplinarias que garanticen una lucha efectiva contra la corrupción. En el campo de la contratación estatal, el legislador pretendió con esta norma configurar causales de inhabilidad mucho más rigurosas que aseguren un proceso de selección transparente, erradicando la participación de individuos de dudosa credibilidad moral y proscribiendo toda forma de favorecimiento que afecte la utilidad pública que se persigue con la contratación.

1. inhabilidad para quien financie campanas políticas
2. inhabilidad para celebrar contratos de interventoría
3. inhabilidad para interventores por omisión de información
4. inhabilidad por incumplimiento reiterado

EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
no quedan cobijadas por las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, las siguientes personas:

a. las sociedades anónimas abiertas
b. las personas que contraten por obligación legal
c. cuando la persona lo haga para usar los bienes o servicios que las entidades ofrezcan al publico en condiciones comunes a quienes lo soliciten
d. las personas jurídicas sin animo de lucro, cuyo representante legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario.
e. Quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el articulo 60 de la constitución política
f. La ley 44 de 1993, articulo 1, sobre derechos de autor expresamente excluyen de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, a los servidores públicos, empleados y funcionarios, que sean autores de obras protegidas por el derecho de autor, quienes podrán contratar para disponer de la misma con cualquiera Entidad de derecho publico.
Posteriormente se expidió el acto legislativo 01 del 2009 donde se volvió a estipular otras conductas como inhabilidades, las cuales son:
a. quienes sentenciados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiamiento de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia y el exterior.
b. Los servidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a que el Estado sea declarado patrimonialmente responsable, salvo que asuma con su peculio el valor de la reparación.
Sin embargo cuando la norma trae la excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades, señala que no hay lugar a la prohibición, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor publico, en los niveles referidos, debe desempeñar cargos de dirección o manejo en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, al tenor del parágrafo primero del articulo octavo.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE LOS LITERALES G Y H

Los literales g y h del artículo 8 fueron demandados ante la Corte Constitucional por considerar que con las prohibiciones que consagraban se violaba la libre competencia económica y se desdibujaba la motivación que debe tener el legislador al establecer las inhabilidades, por cuanto sólo se buscaba castigar a quienes se demoraran en presentar la oferta, ya que sólo se habilitaba al pariente que hubiera llegado en primer lugar con su propuesta y además se violaba el principio de la buena fe, pues el legislador estaba presumiendo de entrada la existencia de maniobras fraudulentas entre quienes poseían ese vínculo de parentesco.
El artículo 70 de la Ley 617 de 2000 fue derogado expresamente por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000, pero la prescripción normativa no desapareció. Por el contrario, se amplió en la normatividad que se expidió posteriormente, como el articulo 4 de la Ley 716 de 2001 en cuyo parágrafo 3 se indicaba que no se podrá contratar hasta tanto no se demuestre que se han cancelado las deudas con el Estado. Norma que fue modificada por la Lev 901 de 2004 (artículo 2), en el sentido de exigir la constancia de paz v salvo por deudas a favor del Estado.

La Corta Constitucional, en Sentencia C-1083 de 2005, declaro inexequible esa disposición de la ley 901 de 2004, por considerar que se quebranta el derecho a la igualdad (articulo 13 C.N).
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