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Free to try, no credit card requiredMecanismos de proteccion de derechos humanos
Legislación y politicas educativas
¿Qué es?
Acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento. Se encuentra consagrada en el Art. 86 CN y ha sido reglamentada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.
Cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la constitución, pueden invocarse aduciendo una conexidad con los derechos fundamentales, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Cuando no haya ningún otro medio que permita proteger el derecho. Aunque es procedente la tutela en aquellas circunstancias en las cuales se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otros medios de protección.
Cuando por acción u omisión de un particular en el caso que éste preste un servicio público, o cumpla funciones públicas.
Cuando el actor se encuentre en situación de indefensión o subordinación respecto del particular contra quien se interpone la acción de tutela.
Procede cuando
Qué derechos protege
La acción de tutela protege los derechos fundamentales. Algunos de éstos derechos fundamentales son la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, de religión, de expresión, de circulación, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza y aprendizaje y de investigación y de cátedra, los derechos a la honra y al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y a elegir y a ser elegido. También son derechos fundamentales el derecho de petición (ya estudiado), de asociación y los derechos de los niños.
Como presentar la acción de tutela
La acción de tutela se puede presentar tanto de forma verbal como escrita. Puede presentarse en nombre propio o en nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a abogado para presentar la acción.
La tutela puede presentarse verbalmente en los siguientes casos:
ü Cuando el solicitante no sabe escribir
ü Cuando sea menor de edad
ü Cuando exista urgencia de protección.
A quién sepresenta la accion de tutela
La acción de tutela se puede interponer, en principio, ante cualquier juez que tenga jurisdicción en el lugar de los hechos que causan la amenaza o la vulneración del derecho. Sin embargo existen unas reglas de competencia establecidas por el Decreto 1382 de 2000, que durante algún tiempo fueron inaplicadas por la Corte Constitucional, pero que ahora son de obligatorio cumplimiento.
Dichas competencias se establecen de la siguiente manera: Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial/ administrativo y consejos seccionales de la judicatura.
A los jueces de circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.
2. A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares.
3. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de un
funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo
superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía
General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al
que esté adscrito el fiscal.
La persona que considere que sus derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados y/o por intermedio de apoderado judicial, el defensor del pueblo y el personero.
Quién puede interponer la accion de tutela
Origen
Luego, y una vez expedida la Constitución, la acción de tutela fue desarrollada por el decreto con fuerza de ley número 2591, de noviembre 19 de 1991, expedido por el Presidente César Gaviria, en virtud de la facultades otorgadas por el literal b) del artículo 5 transitorio de la Carta Política; y, posteriormente, este decreto-ley fue reglamentado por el decreto presidencial 306 del 19 de febrero de 1992, dictado, con base a las facultades otorgadas por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución.
Acciones de tutela hasta el 2017
Según cifras del alto tribunal conocidas este miércoles, en 25 años la entidad ha decidido sobre más de 18.000 tutelas, y solamente en lo corrido de 2017 la Corte ha emitido sentencias sobre 318 de estos procedimientos.
El Habeas Corpus
Es un derecho fundamental, que se tramita a través de un procedimiento especial, que busca garantizar la protección al derecho a la libertad, que se instaura en favor de aquella persona que ha sido privada de la libertad, en aquellos casos en que la detención haya sido de manera violatoria a las garantías constitucionales, el derecho fundamental del habeas corpus, como norma principal está amparada por la constitución política de Colombia en su artículo 30. Y como norma especial la regula La ley 1095 del año 2006, en el cual también la interpreta el derecho de la siguiente manera ARTÍCULO 1o. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
¿Quién est´a legitimado para hacerlo?
Toda persona que esta privada de la libertad de manera ilegal, o tercero en su nombre sin necesidad de mandato alguno además podrá reclamar el derecho fundamental la Defensoría del pueblo y la Procuraduría general de nación en su nombre, así mismo dicha acción podrá ser invocada en cualquier tiempo mientras persista la privación o detención ilegal.
¿Qué contenido debe tener la petición de habeas corpus?
La petición deberá contener el nombre y documento de identidad y lugar de residencia así como, las principales razones por las cuales la persona se considera que la privación a su libertad a violando las garantías constitucionales, la fecha de retención y el lugar en el que se encuentra, si la persona conoce el nombre y el cargo del funcionario que ordeno la privación podrá enunciarse y la afirmación bajo la gravedad de juramento que ningún otro juez ha conocido de la solicitud de habeas corpus, no obstante, en caso de contener la información anteriormente señalada el Juez podrá valor si le da tramite a la petición o no
En Colombia
En Colombia la primera consagración del Habeas Corpus se encuentra en la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832, en cuyo título X Disposiciones generales, artículo 186 se dispuso que:
"..Dentro de doce horas, a lo más, de verificada la prisión o arresto de alguna persona, expedirá el juez una orden firmada en que se expresen los motivos del arresto o prisión si debe o no estar o continuar incomunicado el preso, y se le dará copia de ella. El juez que faltare a esta disposición, y el carcelero que no reclamare la orden, pasadas las doce horas, serán castigados como reos de detención arbitraria. Ni uno ni otro podrán usar de más apremios o prisiones que los necesarios para la seguridad del preso o arrestado."
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La Constitución de 1886 consagró en su artículo 23, el fundamento de la garantía constitucional de la libertad personal, base del Habeas corpus, al manifestar que nadie podía ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales, y por motivo previamente definido en la ley. Lo anterior no obsta para conceder el recurso de Habeas corpus consagrado en la ley, pues él no contraría la disposición constitucional, sino que, antes bien, sería la mejor garantía de su cumplimiento.
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El primer estatuto sobre Habeas corpus fue implantado en Colombia a través del decreto 1358 de 1964 que desarrolló en sus artículos 56 a 64 el recurso al Habeas corpus. De la regulación de la figura cabe resaltar, la denominación de .recurso. que se le confirió; que sólo procedía después de haber permanecido por lo menos cuarenta y ocho horas privado de la libertad, y que el funcionario competente era el juez municipal (art. 56); que el agraviado o cualquier persona, incluso el ministerio público, podían solicitarlo (art. 57); que el juez debía resolver el recurso después de veinticuatro horas de haber recibido la solicitud y que podía interrogar personalmente al agraviado (art. 58); que el recurso no era admisible contra autos o sentencias judiciales (art. 60), y era inoperante frente al artículo 28 arriba mencionado.
Posteriormente, el Código de Procedimiento Penal de 1971 en sus artículos 417 a 425 reguló el Habeas corpus, conservando gran parte de los elementos consagrados en el decreto 1358 de 1964. Sin embargo, introdujo nuevos cambios, pues lo denominó indistintamente .derecho. (art. 417) o .recurso. (art. 419);estableció la inimpugnabilidad del auto que decide el Habeas corpus (art. 422), y abrió la posibilidad de solicitarlo vencido el término previsto en el artículo 28 (art.425).
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El Código de Procedimiento Penal de 1980, mediante el decreto 50 de 1987, regulaba el Habeas corpus en los artículos 454 a 466 introduciendo como elementos característicos nuevos, la denominación específica como derecho (art. 454); la consagración de que el derecho procedía contra todo tipo de acto arbitrario cometido por cualquier autoridad y en contra de la libertad personal (art. 455); el plazo concedido al juez para resolver las peticiones de Habeas corpus se limitó a un máximo de cuarenta y ocho horas (art. 462); la ampliación de la competencia a todos los jueces penales del lugar donde se encuentre el aprehendido (art. 456), y la garantía de las personas puestas en libertad, de no ser afectadas con medidas restrictivas de ésta mientras no se les hubieran restaurado plenamente las garantías quebrantadas (art. 463).
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El artículo 85 de la Carta, señala que el derecho de Habeas corpus es de aplicación inmediata, lo que significa que no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía. El artículo 152, literal a) de la misma, establece que la regulación de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, debe hacerse mediante ley estatutaria. Así, el Habeas corpus fue regulado por la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal en los artículo 382 a 389. Sin embargo, en sentencia C-620 de 2001, se declararon inexequibles tales disposiciones por cuanto el Habeas corpus había sido objeto de una regulación exhaustiva, íntegra y completa por el legislador ordinario, que afectó el núcleo esencial del derecho fundamental
De esta forma, se invocó al legislador para que expidiera una ley estatutaria que regulara el derecho fundamental del Habeas corpus, los procedimientos y recursos para su protección antes del 31 de diciembre de 2002, pues de no ser así, las disposiciones mencionadas desaparecerían del ordenamiento a partir de ese momento. La sentencia C-620 de 2001 señala que uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, expuso el doble carácter del Habeas corpus así:
"…Una de las garantías más importantes para tutelar la libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el derecho de Habeas corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna circunstancia. La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad…"
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Con la expedición de la ley 1095 de 2006 se dio un paso necesario en el ordenamiento colombiano, en tanto que si bien ya estaba reglamentado el derecho fundamental de hábeas corpus en la legislación de procedimiento penal, la Corte Constitucional derogó sus normas y ordenó al legislador expedir una ley estatutaria que fuera aprobada y sancionada conforme a los requisitos exigidos en la Carta Constitucional para tal efecto, en tanto que derecho fundamental.
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¿Qué es?
EL Habeas data
De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política, el habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
De acuerdo con la Corte Constitucional, el núcleo esencial del habeas data está integrado por el derecho a la autodeterminación informática -entendiendo por esto la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación- y la libertad, especialmente la económica, porque esta podría ser vulnerada en virtud de la circulación de datos que no sean veraces o cuya circulación no haya sido autorizada
De no ser por este valioso instrumento de defensa la persona se encontraría inerme ante
el poder de las entidades que se dedican a la mencionada actividad, las cuales, independientemente
de que a su vez ejercen el derecho constitucional fundamental a recibir y suministrar
informaciones (artículo 20 CP), controlan elementos técnicos, organizativos e informativos
suficientes para disponer en la práctica del dato que concierne a aquélla, y que la puede
perjudicar, sin fundamento, en el núcleo esencial de sus derechos individuales o familiares.
El Decreto 090 del 18 de enero de 2018, modificó el Decreto 1074 del año 2015, que desarrolla la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante la cual se reglamenta la protección de datos personales. Dicho Decreto impone diferentes obligaciones a las personas, dependiendo de su naturaleza y de sus activos totales, que manejen bases de datos que contengan datos personales.
Derechos que se protegen
Ya se ha dicho que además de ser un derecho fundamental de rango constitucional,
constituye un instrumento o mecanismo de defensa de otros derechos como el
derecho a la intimidad, a la honra, al buen nombre y a la información.
Se reitera entonces que la Carta política, en su artículo 15, incluye dentro de los
varios conceptos que lo conforman el relativo al buen nombre y al habeas data, y
que este derecho adquiere una doble dimensión, cuando se configura como derecho
fundamental y, además, cuando es herramienta fundamental para la debida
defensa por parte de los particulares en relación con la divulgación de informaciones
que tengan relación con su buen nombre, su intimidad personal, familiar y su
honra. Por ello, la información que se encuentra contenida en bases de datos, sin
importar si quien maneja dicha información es una entidad pública o privada,
deberá obedecer de manera estricta a la verdad, y los datos allí contenidos se caracterizarán
también por su dinamismo, es decir, podrá ser actualizada, para ajustarse
a la realidad y a la verdad en la cual se sustenta.
¿Qué es?
El derecho de petición es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado.
Es un derecho fundamental, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y es un deber de obligatorio cumplimiento para la administración pública. El Derecho de Petición puede ejercerse en interés, general o particular u obrando en cumplimiento de una obligación o deber legal. También, puede tratarse del Derecho de Petición de Informaciones y del Derecho de Formulación de Consultas
El Derecho de peticion
¿Quiénes tienen derecho a presentar peticiones?
Cualquier persona lo puede presentar: todo ser humano independientemente de las condiciones de sexo, edad, nacionalidad, estado civil, etc.
En Colombia tienen derecho a presentar peticiones todas las personas, sean nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas.
Sin embargo, a los militares y policias está prohibido constitucionalmente formular como tales, ante las autoridades de la fuerza pública, peticiones que no se relacionen con el servicio y la moralidad del cuerpo respectivo. Lo anterior no impide a militares y policías ejercer libremente el derecho de petición en otros ámbitos y materias, pues todos ellos son titulares de ese derecho fundamental.
¿Ante quién se puede ejercer el derecho de petición?
El derecho de petición se puede ejercer ante:
· Las autoridades
· Los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas.
· El legislador podrá reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Con que finalidad pueden presentarse
Las peticiones pueden presentarse:
· Para que por motivos de interés general o particular se inicie por las autoridades una actuación administrativa.
· Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas.
· Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan conocer documentos no reservados u obtener copias de los mismos.
· Para que por motivos de interés general o particular se den por las autoridades dictámenes o conceptos sobre asuntos de su competencia.
¿Qué nombres reciben los diferentes tipos de peticiones?
Las peticiones se denominan
QUEJAS, cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.
RECLAMOS, cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público.
MANIFESTACIONES, cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.
PETICIONES DE INFORMACIÓN, cuando se formulan a las autoridades para que estas: Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto; Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder; Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública.
CONSULTAS, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.
Cuando, por acción u omisión de las autoridades o de los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas, vulneren o amenacen el derecho constitucional de petición, la persona afectada puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho.
¿Qué pueden hacer quienes ven amenazado o vulnerado su derecho de petición?
¿Qué es?
La acción de cumplimiento
Mediante ella toda persona a quien afecte el incumplimiento de una norma con fuerza de ley (leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos) o acto administrativo puede reclamar ante la autoridad judicial su cumplimiento.
Leyes: Expedidas por el congreso.
Decretos extraordinarios: Expedidos por el Gobierno con autorización del congreso.
Decretos legislativos: Expedidos por el Gobierno en estados de excepción.
La acción de cumplimiento se solicita porque una ley o acto administrativo no esta siendo cumplido por la autoridad encargada de hacerlo.
Ante quién se interpone
Ante el juez administrativo del domicilio del accionante. Mientras entran en funcionamiento los
Jueces administrativos se adelanta ante el tribunal contencioso administrativo del departamento.
Término para decidir
El tribunal tiene 20 días para decidir, después de la admisión de la solicitud.
Término para cumplir la decisión
La autoridad o el particular tendrán 10 días para cumplir lo resuelto, a menos que el tribunal de un plazo mayor.
La acción de cumplimiento está orientada a darle eficacia al ordenamiento jurídico a través de la exigencia a las autoridades y a los particulares que desempeñen funciones públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las leyes y lo ordenado en los actos administrativos, sin que por ello deba asumirse que está de por medio o comprometido un derecho constitucional fundamental. En efecto, la misma Ley 393 de 1997 en su artículo 9o. señala que la acción de cumplimiento es improcedente cuando de lo que se trate sea de la protección de derechos fundamentales, pues de acudirse a dicha acción con este propósito a la respectiva solicitud debe dársele el trámite prevalente correspondiente a la acción de tutela.
¿Quién puede demandar en ejercicio de la acción de cumplimiento?
El artículo 4º de la ley 393 indica que podrá ser instaurada por cualquier persona. No obstante que la norma se refiera a cualquier persona, puede inferirse que la acción de cumplimiento tiene un carácter mixto, es pública pero en algunos casos es privada. Si el incumplimiento versa sobre una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo de carácter general la acción obviamente puede instaurarse por cualquier persona, pero si se trata de un acto administrativo particular habría que precisar, pues cuando el incumplimiento de un acto administrativo produce perjuicio para una persona determinada no tiene sentido que cualquiera esté legitimado para reclamar su cumplimiento, sólo ella tiene un interés directo en el cumplimiento de dicho acto (salvo que se trate de un menor o de una persona que no se encuentra en capacidad de instaurar la acción). Cosa contraria sucede si el referido acto, a pesar de ser particular entrañara beneficio para la colectividad y contrario sensu su incumplimiento perjuicio al interés público, en ese evento si puede hablarse de la acción de cumplimiento como una acción pública a pesar de que verse sobre un acto particular.
¿Qué es?
La Acción Popular
Son acciones que se interponen con el objeto de exigir la protección de los derechos e intereses colectivos y están reguladas por el artículo 88 de la Constitución Nacional.
Sirven para evitar un daño, hacer cesar el peligro y restituías cosas a su estado anterior, cuando éste daño o peligro sean ocasionados por acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenazado violar los derechos o intereses colectivos.
¿Quien la interpone?:
Cualquier persona natural o jurídica organizaciones no gubernamentales; populares, cívicas o de índole similar; e
ntidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración de derechos se ha
ya originado en su acción u omisión; el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y las Personerías
; los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.
¿Qué derechos se protegen?:
El patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa el ambiente sano, libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulara las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Se interpone ante los jueces administrativos en primera instancia, cuando las acciones sean motivadas por actos u omisiones de entidades públicas o personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
Ante los jueces del circuito cuando las acciones se originen en actos u omisiones de los particulares y cuyo conocimiento no corresponda a la jurisdicción contenciosa administrativa.
La segunda instancia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso administrativo y a la Sala civil del tribunal de distrito judicial, respectivamente.
Donde no exista juez del circuito o contencioso podrá presentarse ante cualquier juez civil municipal o promiscuo.
Los tribunales contencioso administrativos y el consejo de Estado conocerán estás acciones mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos, y será competente el juez del lugar en donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular.
¿Cuál es la diferencia con la acción de grupo?
Existe una diferencia fundamental con la “acción de grupo” ya que en esta ultima la vulneración al derecho ya ocurrió y lo que se busca es indemnizar mientras que en la acción popular que es la que nos ocupa en el presente artículo la vulneración no ha ocurrido y lo que se busca es prevenirla.
¿Qué es?
La Acción de Grupo
Es una judicial para reclamar la reparación del daño, causado a un derecho o interés colectivo o a un derecho de cada uno de los miembros de un grupo social, siempre y cuando el daño ocasionado sea para todos o por una misma causa. Esta acción igual que la de grupo, protege los derechos colectivos.
Quiénes pueden ejercer la acción de grupo:
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Este mecanismo debe ser ejercido por un número mínimo de 20 personas (naturales o jurídicas), que hayan sufrido un perjuicio individual por una misma causa, frente a las cuales se dan todos los elementos configurativos de la responsabilidad. Esta acción se ejerce por intermedio de abogado, sin embargo el defensor del pueblo y los personeros también pueden instaurarla en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de desamparo o indefensión.
¿Dónde encontramos el sustento legal de esta figura jurídica?
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¿Dónde encontramos el sustento legal de esta figura jurídica?
Esta acción se encuentra desarrollada por la ley 472 de 1998 en el artículo 3°. Su principal característica es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, el artículo mencionado define la acción de grupo de la siguiente manera:
“Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
¿Qué tipo de derechos protege las acciones de grupo?
Todos aquellos derechos relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.
¿Cuáles son las principales características de la acción de grupo?
Es muy importante que no confundas la acción de grupo con la acción popular, ya que en la acción popular la finalidad es preventiva, mientras que la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo.
El número plural de personas debe ser mínimo de 20 para que sea procedente.
Deberá presentarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o ceso la acción vulnerante que lo genero.
Deber presentarse por intermedio de abogado.
Puede ser presentada tanto porpersonas naturales como jurídicas que hayan sufrido de manera individual perjuicios, incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales podrán interponerla en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado o se encuentre en situación de desamparo o indefensión.
Deberán ser presentadas ante el juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o por una entidad privada que desempeñe funciones administrativas, en las originadas en razón de actividades de otros entes será competente el juez civil del circuito.
Pese a que el conjunto de personas deber ser mínimo de 20 quien presenta la demanda representa a las demás personas afectadas.
Referencias
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=144
https://www.lanacion.com.co/2017/10/15/que-es-el-habeas-corpus/
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=148
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/habeas-data-obligaciones-dependiendo-del-tipo-de-persona-2706972
https://www.monografias.com/trabajos41/habeas-corpus/habeas-corpus2.shtml
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=181
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